Policía destapó en 2009 fraudes a la Seguridad Social por más de 88 millones.
Madrid, 12 mar (EFE).- La Policía Nacional destapó el pasado año fraudes a la Seguridad Social por un montante total superior a los 88 millones de euros y que supusieron la detención o imputación de 599 personas.
Según datos del Ministerio del Interior, los agentes hicieron más de 609 investigaciones a 815 personas jurídicas y 1.635 personas físicas que concluyeron con las citadas detenciones o imputaciones.
Asimismo, la sección de investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría General de Policía Judicial, ha instruido más de 370 atestados y 695 informes remitidos a autoridades judiciales y entidades de la Seguridad Social.
El año pasado, según Interior, se produjo una importante caída en las irregularidades en materia de afiliación cometidas por ciudadanos extranjeros -bajaron el 53%-, tanto en lo que afecta a la falsificación de documentos, como a la usurpación del estado civil.
Además, no se tuvo conocimiento de irregularidades en materia de formación continua durante 2009.
La mayor parte de las actuaciones en esta materia tuvieron que ver con infracciones cometidas contra la Seguridad Social por empresas que "incumplen sistemáticamente" la obligación de cotizar, tratan de ocultar la verdadera titularidad de las mercantiles o utilizan empresas interpuestas o testaferros para elidir las acciones ejecutivas de la Seguridad Social.
El Código Penal, recuerda Interior, sanciona todas esas conductas como delito específico contra la Seguridad Social cuando la deuda alcanza la cantidad de 120.000 euros en un mismo ejercicio.
También se actúa sobre la insolvencia punible, cometida por aquellas personas jurídicas que, tras acumular deuda con la Seguridad Social por incumplir la obligación de cotizar, cambian la denominación de la empresa o la descapitalizan mediante el traslado patrimonial a otras sociedades, de forma que la deudora queda en situación de insolvencia.
Según Interior, otras actuaciones se dirigen a la falsificación de documentos de cotización a cargo de responsables de empresas, sobre todo subcontratas en la construcción o en los servicios.
Existen además otras falsedades documentales relacionadas con el alta y la afiliación de los trabajadores llevadas a cabo en algunos casos para simular una relación laboral inexistente con el objetivo de obtener prestaciones, subsidios u otros beneficios.
A través de estas últimas actuaciones se estima que se ha evitado la mitad del fraude investigado.EFE
