PUNTUALIZACIÓN A PILAR CERNUDA POR UN PERIODISMO Y POLITICA DE JUEGO LIMPIO.
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ANDALUCÍA CELEBRA SUS 30 AÑOS DE AUTONOMÍA
Andalucía lidera, tras 30 años de autonomía, el desempleo y los subsidios en Europa.
Parafraseando al revés la famosa sentencia de Alfonso Guerra, Andalucía la sigue conociendo la madre que la parió: jamás ha gobernado otro partido que no sea el PSOE, la Junta (con Escuredo, con Borbolla, con Chaves, también ahora con Griñán) consolida un sistema clientelar con el imparable reparto de subvenciones, ayudas y subsidios. Y faltan emprendedores. Los andaluces ¿celebran? el 30 aniversario del referéndum en medio de una grave crisis económica y laboral: un millón de desempleados, en la cola del PIB por habitante y liderando las estadísticas de fracaso escolar. Otro dato revelador: el 53,1% de la población mayor de 65 años es analfabeta o carece de estudios…
Fue el 28 de febrero de 1980 cuando la comunidad autónoma más poblada de España votó sí (en Almería triunfó el no) al Estatuto, reformado hace tres años tras empeñarse Manuel Chaves que si Maragall sacaba adelante su Estatut –aún pendiente del dictamen del Tribunal Constitucional– Andalucía también tenía que ejecutar un Plan Renove de la Carta Magna blanca y verde. El catedrático Bernardo Díaz Nosty acaba de valorar, en un artículo publicado en los diarios del grupo Joly, la salud del Estatuto: “Según parece, lo mandaron muy pronto a dormir la siesta”.
“En Andalucía nos falta mucho por hacer”, relata a El Confidencial Manuel Clavero Arévalo. Este abogado sevillano fue quien acuñó la frase ‘Café para todos’. “No quería que sólo ganaran Cataluña, País Vasco y Galicia. Reivindiqué el derecho a que el resto de territorios lograran ser comunidades autónomas”, detalla este ex ministro de Cultura, también ex ministro adjunto para las regiones en la UCD de Adolfo Suárez. El ex político, que a sus 84 años sigue yendo a diario a su bufete del número 3 de la Plaza de Cuba, dimitió de su cargo y abandonó el partido ucedista. La UCD se negaba a la autonomía andaluza.
El fin de las subvenciones europeas
Clavero Arévalo contabiliza las tareas pendientes. La más importante: reducir los gastos ordinarios de la Junta de Andalucía y aumentar las inversiones “porque eso es lo que genera riqueza y bienestar”. En su opinión, las infraestructuras de la comunidad (el AVE, la red de autovías y los aeropuertos) son el mayor logro estos 30 años. Y luego va directo al horizonte 2013. En ese año está previsto que cesen las subvenciones de Europa a Andalucía. “Esas ayudas trajeron a la comunidad un gran desarrollo, pero su retirada nos creará problemas”, avisa.
Tres décadas después, Andalucía cuenta con un millón de funcionarios, una losa para las cuentas del Gobierno andaluz, que Griñán quiere cambiar. Pese a ello, sigue aumentado plantilla… Y es que ser empleado de la Junta continúa siendo el sueño laboral de la mayoría de los andaluces. Además, las iniciativas empresariales no abundan. “Siempre se ha dicho que nos faltan empresarios. Los hay muy buenos, sin embargo, no contamos en el número suficiente. También carecemos de una industria potente”.
Joaquín Aurioles, profesor titular de la Facultad de Ciencias de Económicas de la Universidad de Málaga y presidente del Observatorio Económico de Andalucía, observa que el Sur está herido. “Andalucía está cansada. Es una comunidad exhausta tras 30 años de desarrollo. Por primera vez desde que entramos en la Unión Europea estamos dando pasos atrás en convergencia. Esta situación puede hacer resucitar el sentimiento de territorio periférico de Europa”, explica en declaraciones a este diario.
Aurioles se preguntan para qué han servido estos 30 años. “Tenemos que volver a hacer frente a los mismos problemas de hace tres décadas; habíamos llegado a convencernos de que los grandes problemas se habían conseguido erradicar. Se me cae la moral al suelo”, precisa. Este docente, que en los noventa fue director general de Planificación Turística de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, cuando la controlaba el Partido Andalucista, observa la botella medio llena cuando compara la situación de 1980, “con parámetros del Tercer Mundo”, y ahora en la que la renta per cápita se ha duplicado en términos reales. “En infraestructuras y equipamiento nos hemos puesto en vanguardia, al nivel de cualquier sociedad avanzada”.
Los “perversos” incentivos
El excesivo peso del sector público, cuenta este experto, ha acabado contaminando a toda la economía andaluza. “Todo está muy intervenido, los incentivos se convierten en incentivos perversos. Si como empresario quiero realizar una gran inversión me doy cuenta que si recibo ayudas de la Junta no me hace falta invertir. Al final una administración tan próxima te disputa el oxígeno que respiras y eso también llega a la sociedad civil: todo el movimiento asociativo tiene demasiada cercanía política y partidista”.
La imagen de un territorio subsidiado, con el PER como gran reclamo para la población rural, ha acabado perjudicando cómo se observa a Andalucía al norte de Despeñaperros. Aurioles, contrario a este sistema, también ve algún punto positivo: “Seguramente el PER ha permitido que algunos pueblos no quedaran descolgados. Cuando este sistema ya llevaba rodando mucho tiempo sea imposible quitarlo porque si no hubiera habido un colapso”. También quiere resaltar que las políticas de asistencia a los desempleados “no han servido para nada”. Y se pregunta cómo existe un “clamoroso silencio” ante el exitoso (para la Junta, los empresarios y los sindicatos) y el fracaso, según Aurioles, “de la política de concertación social. “Suena demasiado escandaloso que nadie hace autocrítica”, lamenta.
En Andalucía, en provincias como Cádiz, con una tasa de desempleo del 29%, ocurren casos como el que relató S. McCoy el pasado 13 de enero: Yo, ¿estudiar? ¡Si gano 3.000 pavos en el tajo! En la misma línea de denuncia lo ha dibujado, en un reportaje del 21 de febrero de este año, el prestigioso diario estadounidense The New York Times: Persistent Unemployment, Without Lingering Pain. “Hay un asombroso 29% de desempleo en Cádiz a pesar de que en la euro zona es de un 19%”, certifica. Continúa el periódico norteamericano: "En otros lugares de Europa estas altas cifras llevarían a profundas tensiones sociales, pero en Cádiz, no. Aquí la vida continúa misteriosamente cómoda y confortable gracias a una compleja red segura en la que la economía sumergida, el apoyo familiar y los subsidios aseguran una relativa alta calidad de vida". A la inversa, Guerra sigue teniendo razón. Fte el confidencial.
EL SUMARIO DEL POETA MIGUEL HERNÁNDEZ
"Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado a la pena de muerte"
Carlos Fonseca.- 28/02/2010
El poeta Miguel Hernández
Un golpe de suerte. Fue eso, un error burocrático, el que hizo que la mañana del 15 de septiembre de 1939 las puertas de la prisión madrileña de Torrijos se abrieran para Miguel Hernández como una bocanada de libertad, cuando la maquinaria del nuevo Estado ultimaba los trámites para la celebración del consejo de guerra que habría de juzgarle. Tras visitar a varios amigos en la capital, que recibieron con sorpresa su inesperada liberación y le recomendaron que se marchara de España, Miguel regresó una vez más a Cox (Alicante) en busca de Josefina y de su hijo, el pequeño Miguelillo, que aún no había cumplido un año. El poeta estaba convencido de que todo se había aclarado, y que tras cuatro meses de encierro la justicia ya no tenía nada contra él.
El 6 de octubre el director de la prisión recibió el escrito ordenando la entrega del poeta a la fuerza pública para ser juzgado al día siguiente por el Consejo de Guerra Permanente número 6. Sólo pudo informar de su libertad. Descubierto el error que había excarcelado a tan significado enemigo de la causa nacional, el juez del Tribunal Especial de Prensa, Manuel Martínez Gargallo, ordenó su inmediata detención. Para su tranquilidad, ésta ya se había producido en Orihuela el 28 de septiembre anterior a manos de conocidos fascistas de la Orihuela, que no podían entender que se encontrara libre.
El acta de la declaración prestada ese mismo día a manos de sus captores, que figura incorporada a la causa, dice así:
“Interrogado convenientemente dice: que al estallar el movimiento el 19 de julio de 1936 se encontraba colocado en la editorial Espasa en Madrid; que una vez que se reanudaron las comunicaciones vino a esta ciudad hasta el día 22 ó 23 de septiembre, y que durante dicho lapso de tiempo no intervino en ningún acto revolucionario, regresando a Madrid por dichas fechas para continuar trabajando. Ante la inminencia del llamamiento de su quinta ingresó voluntario en un batallón de fortificaciones y después, a mediados de noviembre, en un batallón móvil de choque que mandaba El Campesino, donde prestó servicios como fusilero de infantería y más tarde, al difundirse su profesión de escritor, lo destinaron a jefe de Propaganda en un periódico del batallón. Que durante este tiempo también escribió poesías”.
Víctima del odio
Una vez más se veía obligado a repetir, como en una letanía, su devenir durante la guerra, convencido, ahora sí, de que su puesta en libertad había sido un capricho del destino que no supo aprovechar. Días después de su captura, dos vecinos se encargaron de añadir más leña al fuego del odio. Hermenegildo Riquelme, de 31 años, casado y empleado de profesión, que en el primer interrogatorio al poeta figura reseñado en la diligencia como subinspector, y Luis Tormo, de 33 años, escribiente, dejaron constancia en sendas declaraciones de que no sólo les constaba su ideología izquierdista, sino que después de iniciada la guerra se convirtió en uno de sus valedores “más avanzados”. Los dos testigos abundaban en su conocimiento de que el acusado había sido comisario político y que había viajado a Rusia “comisionado por el Gobierno marxista para hacer propaganda de la España roja”. Una deducción obvia para ellos “por cuanto a su regreso escribía artículos hablando de las delicias del paraíso soviético”.
El 3 de diciembre, Miguel Hernández ingresó en la prisión madrileña del Conde de Toreno, en la que coincidió con el también escritor Antonio Buero Vallejo, al que había conocido años atrás en el hospital militar de Benicasim, donde habían estado ingresados durante la guerra. Abatido por el desánimo, sólo le quedaba esperar a ser juzgado.
Consejo de guerra
No tuvo que esperar mucho. El 18 de enero de 1940 el Consejo de Guerra Permanente número 5, presidido por el comandante Pablo Alfaro Alfaro, del que formaban parte como vocales los capitanes Francisco Pérez Muñoz e Ignacio Díaz Aguilar, y el alférez Miguel Caballer y Celis, actuando como ponente el también capitán Vidal Morales, firmaban una sentencia dictada de antemano, minutos después de que se celebrara una vista oral carente de cualquier garantía legal. La causa permaneció secreta para el abogado defensor (un militar que no tenía por qué ser letrado) hasta la noche anterior a la vista. Ni siquiera conocía a su defendido, al que veía primera vez cuando se sentaba frente al tribunal. Su labor se limitada a solicitar clemencia y pedir la pena inmediatamente inferior a la solicitada por el fiscal, tras una larga disertación de éste en la que no faltaron los insultos. El periodista Eduardo de Guzmán, juzgado esa misma mañana junto a Miguel Hernández y otros 28 republicanos, aporta en su libro Nosotros los asesinos un fiel testimonio de lo ocurrido.
“El fiscal habla durante veinte minutos en tono duro, agresivo, hiriente. Nos llama canallas, chacales, analfabetos, ladrones, cobardes, resentidos e infra hombres. A Miguel y a mí nos acusa de todo lo anterior, pero resalta nuestra máxima responsabilidad porque no somos analfabetos, incultos ni ignorantes y tenemos capacidad de comprender dónde está el bien, y pese a ello habernos inclinado resueltamente por el mal”. Esa misma mañana, el tribunal hizo pública la sentencia:
“RESULTANDO probado, y así lo declara el Consejo, que el procesado Miguel Hernández Gilabert, de antecedentes izquierdistas, se incorporó voluntariamente en los primeros días del Alzamiento Nacional al Quinto Regimiento de Milicias, pasando más tarde al Comisariado Político de la 1ª Brigada de Choque, interviniendo, entre otros hechos, en la acción contra el santuario de Santa María de la Cabeza. Dedicado a actividades literarias, era miembro activo de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, habiendo publicado numerosas poesías, crónicas y folletos de propaganda revolucionaria y de excitación (sic) contra las personas de orden y contra el Movimiento Nacional, haciéndose pasar por el ‘poeta de la Revolución”.
“CONSIDERANDO que los hechos que se declaran probados constituyen un delito de adhesión a la rebelión (…) de cuyo delito es responsable en concepto de autor el procesado por participación directa y voluntaria”.
“CONSIDERANDO que el Consejo, haciendo uso de los facultades (…) estima oportuno imponer la pena en su máxima extensión”.
“FALLAMOS que debemos condenar y condenamos al procesado Miguel Hernández Gilabert, como autor de un delito de adhesión a la rebelión, a la pena de MUERTE, accesorias legales para caso de indulto”.
De prisión en prisión
Se abrieron meses de zozobra y angustia, a la espera del “enterado” del Caudillo que diera vía libre a su ejecución, que los buenos amigos del poeta empeñaron en mil gestiones para evitar su asesinato. Una biografía Miguel Hernández escrita por el también poeta y novelista José Luis Ferris, atribuye a José María de Cossío buena parte de las mismas, aunque la intervención del escritor falangista Rafael Sánchez Mazas resultó decisiva. “Mi general, quiero pedirle gracia para un poeta”, le dijo al Caudillo durante un encuentro en su despacho. Para entonces, Franco ya había sido advertido de que matar a Miguel Hernández después del asesinato de Federico García Lorca podía ser una publicidad muy negativa para el régimen.
Las gestiones surtieron efecto y el 24 de junio de 1940 el dictador conmutó la pena por la inmediata inferior en un “acto de generosidad”. Miguel Hernández tenía por delante treinta años y un día de reclusión, con un nuevo periplo carcelario que le llevó de Madrid a la prisión de Palencia, donde la humedad y el frío hicieron que su salud se deteriorara notablemente. De aquel penal pasó al Reformatorio de Adultos de Ocaña y, finalmente, al de Alicante, al que llegó ya gravemente enfermo.
A las 5,30 horas del 17 de marzo de 1942, Miguel Hernández fallecía en el recinto penitenciario a consecuencia de “fimia pulmonar”, según consta en su certificado de defunción. Al día siguiente su familia le daba tierra en el camposanto alicantino de Nuestra Señora de los Remedios.
La burocracia del nuevo Estado hizo que la Comisión Provincial de Madrid solicitara el 10 de diciembre de 1943, más de año y medio después de la muerte del poeta, la conmutación de su pena de treinta años por otra de veinte y un día. Solicitud que fue aceptada en enero de 1944.
- Lea los documentos de las indagaciones sobre Miguel Hernández
Muy tarde puede ser que le llegue su hora, y el legislador tiene que aprender, de que un Juez, si se dedica a la política no debe volver a la carrera judicial.
Las tres cruces del juez Garzón, un gran artículo de Jesús Cacho.
Jesús Cacho - 28/02/2010
“Más que la crisis en sí, me preocupan los síntomas de descomposición que se advierten por todas partes”. La frase no pertenece a un moralista al uso, ni a un político con ansias redentoras. Fue pronunciada esta semana por un presidente de empresa del Ibex, asustado por las cosas que estaba viendo desfilar por su despacho. Sobre el fango de una crisis económica que va camino de los 5 millones de parados empiezan a emerger situaciones de escandalosa corrupción típicas de sistemas en fase de desguace, de momentos de “sálvese quien pueda”, o de irónicas despedidas tipo “el último, que apague la luz”. Dos casos de ahora mismo para ilustrar la profunda crisis política y de valores que está en la base de la decadencia económica de España: Los estertores en la carrera judicial del dizque juez Baltasar Garzón, defendido a capa y espada por el Gobierno y su imponente aparato mediático, con Prisa a la cabeza, a pesar de las tres querellas tres admitidas a trámite por el Tribunal Supremo (TS). Y la operación de lobby sobre Moncloa puesta en marcha por Florentino Pérez (ACS, los March), para meter la mano en la caja de Iberdrola -como muy bien relata hoy aquí Escudier- so capa de acabar con las limitaciones de voto en los Consejos, un tren al que se ha subido Luis del Rivero (Sacyr), que aspira a lo mismo en Repsol. “Esto lo lleva directamente Zapatero, y está sobre su mesa de trabajo”. Hedor inconfundible de corrupción al por mayor.
Tiempo habrá para abordar este asunto, cuyo análisis remite por derecho a algunos de los más sonoros escándalos del felipismo. Centrémonos en el inmarcesible juez Garzón, a quien el TS ha aplicado aquello de “si no quieres caldo, toma tres tazas”. Tres querellas tres. Es lo que tiene echarle un pulso al Poder, aunque sea el judicial. Mucho tiempo lleva echándoselo el juez campeador a través de su abogado, Martínez Fresneda, y de su íntimo amigo el también letrado Gómez Benítez –incurso en el caso Faisán, que el propio Garzón guardó en un cajón durante meses-, con la ayuda de sus amigos mediáticos de la izquierda, incluida TVE, y el respaldo total del Gobierno, con la Fiscalía General del Estado y el ministro Rubalcaba en primera línea de fuego. Una ofensiva formidable contra quienes claman por una regeneración del Justicia, que trata de enmascarar los desmanes del Campeador y salvarlo del trance, con prácticas que se acercan a la más pura y dura mafia. Parece, sin embargo, que la estrategia de intimación no ha funcionado esta vez. ¿Por qué?
La línea Maginot se ha fundido porque al juez le han pillado in fraganti en el lugar más inadecuado y en el instante más inoportuno. Justo en el cruce de caminos de varias corrientes de aire que, simultáneas en el tiempo, han provocado la tormenta perfecta capaz de expulsarle de ese planetario jurídico del que siempre soñó ser considerado astro rey. Una ha sido el caso Gürtel, cuyo damnificado es el PP. Otra, el caso Faisán, cuyo beneficiario es el PSOE, partido al que el damnificado sirve ahora con ejemplar dedicación. Una tercera, el llamado caso Pretoria, que ha puesto contra las cuerdas a ilustres catalanes sacando los colores a CiU. Y, en medio, un frente frío llamado causa abierta contra el franquismo, que choca abruptamente con el cálido de los 300.000 euros que el juez bonito pidió al Banco Santander, Querido Emilio, para sufragarse unos meses sabáticos en Washington. La confluencia de tanto meteoro jurídico ha surtido el efecto del barril de pólvora presto a explotar de forma inmisericorde en las partes pudendas del “Príncipe de la Magistratura”, como en su día lo calificara el director de El Mundo (“Baltasar Garzón ha guiado con destreza la relampagueante trayectoria del arma justiciera, dibujando en la pizarra de la Historia uno de los más memorables guiones torcidos de Dios”), en los días en que ambos compartían vino y rosas.
Un juez con muchos padrinos
Lo que parecía imposible, lo que no consiguieran tantas querellas interpuestas durante tantos años, lo ha logrado ahora la tenacidad de dos abogados, Mazón y Panea, enzarzados con Emilio Botín por el caso de las cesiones de crédito; un ex fiscal de la Audiencia Nacional cabreado hasta la médula tras haber sido espiado, Ignacio Peláez, y una asociación que se creyó lo de la ley de punto final sobre la guerra civil. En El Profeta, la película de Audiard de reciente estreno, el protagonista, un joven magrebí analfabeto y frágil que acaba de ingresar en la cárcel, es acogido en el clan de los corsos que controla la prisión después de superar la prueba que le impone el capo del grupo: asesinar a otro recluso. “A partir de ahora estás bajo la protección de Luciani”. Garzón también pasó a estar bajo la protección de Polanco (“que me lo meten en la cárcel, José María [Aznar], que me lo meten…”) después de que el juez bonito le salvara del trance Sogecable, matando a su mejor amigo, el también juez Liaño. Garzón pasó a ser Uno de los nuestros. El padrino de Prisa resolvió su futuro y lo blindó de toda acechanza. Nada ni nadie podría contra él. Desde entonces, muchos han sido los cadáveres insepultos dejados en su camino hacia el poder y la gloria. Pero, con Polanco muerto y Prisa al borde de la tumba, Garzón ha cometido un error capital de última hora, solo explicable por su infinita soberbia: se ha atrevido a arremeter cual toro embolado contra sus propios compañeros de carrera, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo. Y no hay peor cuña que la de la propia madera.
La frase que un día dirigiera Miquel Roca a Alfonso Guerra, “es que a usted le tenían ganas…”, se ha vuelto a reproducir aquí y ahora. A cuenta de su condición de aforado, Garzón se ha encontrado con una Sala Segunda del TS presidida por un Juan Saavedra, candidato outsider en su día al cargo, que se cree su función. Se la cree y la ejerce sin notoriedad, con eficacia y rigor, porque es un judicial de los de toda la vida, sin tentaciones políticas ni ambición de cargos. Y con él, un conjunto de magistrados de impecable trayectoria profesional –Colmenero, Maza, Monterde, Andrés Ibáñez, Barreiro, Varela, etc.-, que con él han decidido pasar página de una de las épocas más oscuras de la Justicia española, la representada por Bacigalupos, Villarejos, Ancos y algún otro de la misma especie, y restituir a la suprema instancia penal el prestigio perdido. Hasta 14 magistrados han visto en el TS las tres querellas interpuestas contra el Campeador, y las tres han sido aceptadas por unanimidad, y ello a pesar de que entre esos 14 hay gente, como el citado Andrés Ibáñez, muy cercana a Prisa.
Garzón ha arremetido contra los dos frentes de los que hoy por hoy depende su estatus de inmune ante la Ley: El CGPJ, en la persona de Margarita Robles, impulsora principal de su inmediata suspensión de funciones, y contra los Magistrados de la Sala Segunda, amenazados por El País con salir en portada cualquier día de estos. “Nunca se nos ha ofendido tanto”, aseguraba días atrás un juez del TS. “Estamos ante un tipo disparatado, un bárbaro que cada día que pasa hace más insostenible la situación. Así no podemos seguir trabajando”. Para recuperar ese prestigio, cualquier tribunal –mucho más el Supremo- está obligado a hacer gala de una imparcialidad exquisita. El error de la acorazada mediática que en las últimas semanas trata de amedrentar a los magistrados mediante una campaña frontal de apoyo de Garzón ha tenido, por eso, un efecto boomerang. Cualquier gesto realizado por la Sala Segunda en beneficio del juez hubiera sido interpretado por la ciudadanía como señal de que los Magistrados del TS son bizcochables -exactamente lo que piensan de la Fiscalía-, en feliz expresión del fallecido Joaquín Navarro, una de las personas que más hubiese disfrutado viendo la estrella del campeador acercándose a su ocaso.
Un Gobierno decidido a rescatarlo del trance a toda costa
Los casos Gürtel, Faisán, franquismo y Pretoria son arquetípicos del mal hacer, en lo que a prepotencia y sectarismo se refiere, del juez de marras. El caso del Banco Santander, Querido Emilio, evidencia, por lo demás, su ánimo de lucro. Todos son episodios salpicados de trampas. Trampa es grabar las conversaciones que en la cárcel mantienen los imputados con sus abogados sin conocimiento de los afectados, una de las más graves tropelías que, desde el punto de vista de un Estado de Derecho, se pueden cometer en el ámbito judicial. Trampa es sobreseer y archivar precipitadamente un procedimiento porque de él se pueden desprender gravísimas responsabilidades jurídicas para el presidente del Gobierno y su ministro del Interior. Trampa es eludir el deber de cumplimiento de la legalidad -Ley de Amnistía de 1977-, sin instar la cuestión de inconstitucionalidad de la misma antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento, dispuesto como estaba el juez bonito a abrir heridas que la gran mayoría de la sociedad española consideraban cerradas, todo ello ad maiorem gloriam suam. Y trampa es usar fraudulentamente de la técnica de las piezas separadas para arrogarse la competencia -sin pasar por reparto- de asuntos que ni siquiera son materia de la Audiencia Nacional, ello para aflorarlos cuando al libre albedrío del narcisista juez interese.
Dando por sentado el cabreo supino de una mayoría en el CGPJ y TS, el deseable final de la anomalía Garzón no hubiera sido posible, con todo, sin el hartazgo de unos ciudadanos cada vez más escandalizados con la situación de una Justicia sumida en el mayor de los descréditos por casos como el comentado. Es cierto que la estrella del campeador parece a punto de apagarse. “Está muerto”, dicen en el despacho de Rubalcaba. Es cierto, también, que el susodicho ha pretendido jugar a tantas cartas que, al final, su castillo se ha derrumbado. Y es cierto, en fin, que nadie está por encima de la ley, aunque ese nadie viva adosado al Poder, identificado en el Ministro de la policía de turno. Pero no lancemos las campanas al vuelo. A Garzón no lo salvará Prisa, tan arruinada como desacreditada, pero sí podría rescatarlo del barro un Gobierno dispuesto a poner en jaque toda la maquinaria del Estado para mantener vivo a un juez que, por encima de todo, es útil al Poder, tanto para tener a la oposición permanentemente en jaque como para solventar de un plumazo –firma y rúbrica, nunca mejor dicho- el trabajo sucio de Policía y Guardia Civil en la lucha antiterrorista. La pelota, en mi modesta opinión, sigue en el tejado. Si finalmente se estampara contra el suelo, sería un motivo de gran alegría porque, a pesar de los pesares, habría margen para pensar que la regeneración democrática aún es posible en España.
LA CORTE CONSTITUCIONAL SE OPUSO A UN REFERÉNDUM
Álvaro Uribe no podrá optar a un tercer mandato en Colombia
@Europa Press. Bogotá.- 27/02/2010 (13:54h)
Álvaro Uribe (Efe)
La Corte Constitucional de Colombia falló este viernes en contra del referendo que hubiese permitido optar a un tercer mandato consecutivo al presidente del país, Álvaro Uribe, en las elecciones del próximo mes de mayo.
Con 9 votos a favor y 2 en contra, los magistrados de la sala plena del Tribunal se postularon en contra del procedimiento con el que el Parlamento colombiano aprobó la consulta popular y recordó que su celebración habría requerido "un trámite tan exigente" como la reforma de la Constitución, informó Caracol Radio.
El ponente del fallo del Constitucional sobre la legalidad del referéndum, el magistrado Humberto Sierra Porto, en una ponencia de 400 páginas, se había pronunciado en contra de la legalidad de su celebración por graves irregularidades cometidas durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de consulta pública.
La decisión del Tribunal Constitucional supone el inicio de una ardua campaña para la sucesión de Uribe, en cuyos ocho años de Gobierno gozó de una alta popularidad por su agresiva campaña contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y su alianza con Estados Unidos en la lucha antiterrorista.
El que fuera ministro de Defensa de Uribe durante muchos años y defensor de la estrategia implantada por el mandatario desde su llegada al poder, Juan Manuel Santos, parte como principal favorito.