La Guardia Civil detiene a cinco presuntos narcos en Verín y les interviene cocaína y una pistola
El supuesto cabecilla ingresa en prisión y otros tres quedan en libertad con cargos
La Guardia Civil destapa una trama entre subasteros lucenses y detiene a un industrial.
El imputado está acusado de dañar material que se adjudicó una persona que no quiso llegar a un acuerdo.
La Guardia Civil lucense puso al descubierto una trama que presuntamente llevarían a cabo algunos subasteros lucenses. La investigación permitió detener a un industrial, acusado de dos delitos.
Todo apunta a que algunos profesionales de las subastas supuestamente se ponían de acuerdo para lograr bienes muy por debajo del precio de salida y los investigadores no descartan que, cuando una tercera persona ajena por completo al grupo, pretendía alguna adjudicación la obligaban a pagarles alguna cantidad a cambio de no participar ellos en la puja. Eso parece que fue lo que le sucedió a un industrial de Vilalba que, al parecer, no quiso colaborar económicamente con un grupo de subasteros, rompiendo las reglas establecidas. Participó en la subasta, se llevó lo que quería, pero lo recibió con cuantiosos daños. Supuestamente se los ocasionó el apresado en la operación.
El detenido es J.L.G.A., de 54 años, vecino de Vilalba. Su apresamiento fue llevado a cabo por un equipo de la policía judicial de la Guardia Civil lucense. Le imputan los delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas, así como también daños. Después de haber prestado declaración en el juzgado fue puesto en libertad, pero con la obligatoriedad de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea citado.
Aunque la Guardia Civil guarda mutismo sobre la trama y se limitó a informar solo de la detención del empresario chairego, diversas fuentes reseñaron que el grupo de subasteros que formaría parte de la trama controla absolutamente todo lo que, vía judicial o por otro medio, se pone a la venta, ya sean vehículos, pisos, casas, tierras o cualquier otro bien. Después de estudiar los requisitos establecidos, constituyen el correspondiente depósito que les posibilita la participación en la puja, ingresándolo en la entidad bancaria que fija el juzgado.
Llegada la primera subasta tratan de que en la misma no se presente ninguna persona y, es más, ninguno del grupo suele acudir a la misma. Con esta actitud, consiguen que se vuelva a convocar una segunda subasta en la que el precio de salida del bien ofertado al público desciende de forma considerable, por lo menos un veinte por ciento, según algunas fuentes. En este convocatoria uno de ellos trata de quedarse con el bien a un precio muy por debajo de su valor real, señalaron varias personas.
Miguel Ángel Curieses, secretario de org. de UGT en RTVE
"La productora de Roures cobra un capítulo de 'Águila Roja' al doble de su coste real"
Sindicatos y empleados protestan por la descapitalización del ente
"La gente que está dirigiendo RTVE no cree en lo público. Y los vamos a echar. Vamos a echar a todos los directivos externos"
RTVE se ha convertido en la gallina de los huevos de oro para Roures. El proceso de externalización de los servicios ha puesto de uñas a los trabajadores al ver que hasta 55 productores externas se están haciendo de oro con los programas de RTVE. Sindicatos y empleados protestan ahora por la descapitalización paulatina de la casa y los dedazos en la dirección del ente público.
Una huelga está convocada para el próximo 3 de marzo. Miguel Ángel Curieses, secretario de organización de UGT para RTVE, habla en Periodista Digital, sobre lo que está sucediendo puertas adentro de la corporación.
¿Sus propuestas?
- Que RTVE se convierta en noticia por ser una empresa al servicio de la ciudadanía, para el desarrollo de la democracia y de las libertades civiles. Y es que hablamos de la televisión pública, la misma que nació hace más de medio siglo en blanco negro.
Una televisión en el ojo del huracán por presuntos casos de corrupción.
- "La productora de Roures cobra cada capítulo de 'Águila Roja' al doble de su coste real"
ESCUCHE EL AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA AQUÍ.
"LOS VAMOS A ECHAR"
Curieses sentencia:
"La gente que está dirigiendo RTVE no cree en lo público. Y los vamos a echar. Vamos a echar a todos los directivos externos"
Respecto al presidente de la corporación, Alberto Oliart, éste ha admitido no ver la televisión.
"Debería verla más a menudo para saber de qué hablamos respecto a la producción propia interna y otras cosas"
El sindicalista asegura que "se están falseando los datos de producción propia interna y así lo ratifica el informe de auditoría de Hacienda"
"Hay más de 100 directivos externos. Son demasiados. Hay que sentarse y hacer una buena dimensión de la plantilla que tenemos porque contamos con grandes profesionales que gozan de calidad y prestigio"
AMIGOS EN LA POLÍTICA
Para el miembro de UGT, la situación en TVE:
"Es muy triste...Tener que convocar una huelga en un ente público para pedir trabajo es muy triste..."
Los sindicatos denuncian que existan 55 productoras externas.
"No sólo la de Jaume Roures. Se está produciendo una descapitalización de RTVE para capitalizar otras empresas externas"
"En RTVE hay que tener amigos en el PP y en el PSOE para conseguir contratos"
Y critica que RTVE parezca una guardería donde:
"Papá Oliart, que nos quiere mucho, nos dice cómo hay que hacer las cosas para reinvindicar nuestros derechos"
LO QUE DIGA EL INFORME
El informe de auditoría de Hacienda (año 2008) consta de 246 folios donde se recogen muchas cosas. Sindicatos y empleados piden que se tomen decisiones con cáracter inmediato.
Para ello, denunciarán ante la Fiscalía unos hechos que merman el espíritu con el que nació RTVE: una empresa al servicio de los ciudadanos. En colores. Fuente Periodista digital.
La reforma de ley del aborto entrará en vigor dentro de cuatro meses
Concluye su tramitación parlamentaria tras ser rechazados en el Senado los vetos y las enmiendas.
El pleno del Senado aprobó ayer de manera definitiva la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como ley del aborto, por 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención. Como el texto es el mismo que salió del Congreso de los Diputados, no tendrá que volver a él, y esta semana será publicada en el Boletín Oficial del Estado ( BOE ), para que entre en vigor dentro de cuatro meses.
La nueva normativa tuvo que superar ayer tres vetos generales, presentados por PP, Unió y UPN, y 88 enmiendas parciales de diferentes grupos. Y al final contó con el apoyo de socialistas, Entesa Catalana de Progreso (PSC, ERC e ICV), PNV, BNG y de algunos senadores del Grupo Mixto y de CDC-CiU.
A partir de finales de junio, cualquier mujer podrá abortar libremente durante las primeras 14 semanas del embarazo, y en casos excepcionales el plazo se amplía hasta las 22. Pasado este tiempo, solo podrá interrumpirse la gestación por anomalías fetales incompatibles con la vida diagnosticadas por un médico o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave o incurable.
Respecto al aspecto más polémico de la nueva norma, el referido al aborto de las menores de 16 y 17 años, la ley establece que podrán decidir por sí mismas la interrupción, pero deberán informar al menos a uno de los padres o tutores. Se les permitirá que no lo comuniquen si alegan fundadamente que esto les provocará un conflicto grave, con peligro de violencia familiar, amenazas, coacciones, malos tratos o cuando se produzca una situación de desarraigo o desamparo.
La nueva ley supone la despenalización del aborto, que desde 1985 estaba considerado un delito, que no estaba castigado en tres casos: riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformación del feto.
El número de mujeres que abortaron en España en el 2008 fue de 115.812, un 3,2% más que en el 2007, frente a las 63.756 que lo hicieron en el 2000
Investiga una trama, porqué no investiga todas y el rápido enriquecimiento de nuestra casta política
La Justicia investiga una supuesta trama de prevaricación con contratos de la Xunta.
Cultura se adhiere como acusación a una causa contra técnicos suyos por adjudicaciones irregulares de obras.
En calidad de perjudicada, la Consellería de Cultura acaba de personarse como acusación particular en una causa que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago abrió hace 11 meses para esclarecer posibles delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias cometidos en el seno del mencionado departamento autonómico. Los hechos en sí, ocurridos esencialmente durante la etapa del bipartito al frente de San Caetano, salpican no solo a personal de la Administración, sino también a miembros de la Iglesia y del sector de la construcción. Entre los imputados, 12 en principio, hay quien ha conseguido amasar un volumen de propiedades que la policía considera «desorbitado».
A raíz de una denuncia formulada por la Fiscalía del área de Compostela en base a testimonios que previamente había recabado de varios funcionarios, el tribunal inició el 13 de marzo del 2009 «una investigación acerca de presuntas irregularidades en la concesión y adjudicación de obras para la restauración y rehabilitación, en la mayor parte de los casos, de piezas de arte y retablos de iglesias [...] en las provincias de Pontevedra y Ourense», describe el sumario. Entre otras acciones, se han intervenido teléfonos, efectuado interrogatorios, revisado documentos, cotejado datos tanto bancarios como registrales e incluso realizado detenciones.
La unidad de delincuencia económica y fiscal del Cuerpo Nacional de Policía cree haber destapado una trama urdida por trabajadores de la Xunta para, con la anuencia de algunos párrocos, lucrarse favoreciendo a determinadas empresas en la concesión de contratos relacionados con la Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Al frente de dicha organización, siempre de acuerdo con la versión inicial de los investigadores, se situarían sendos técnicos pertenecientes a los dos citados organismos: José Manuel Pichel Pichel, arquitecto del primero actualmente apartado del servicio, y Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, supervisor de proyectos en el segundo desde 1999 hasta que el verano pasado cambió ese empleo por otro en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, en Cartagena. Las imputaciones se extienden a otro integrante de Patrimonio, tres religiosos y seis cargos de cinco compañías beneficiarias de las operaciones.
Con diversas pruebas periciales aún pendientes de práctica, el procedimiento se encuentra hoy en fase de diligencias previas. O sea, se desconoce si finalmente va a terminar siendo sobreseído o bien derivará en la convocatoria de un juicio al uso. Adoptar dicha decisión corresponderá al titular de la sala encargada del expediente, Luis Aláez, el cual no resolverá nada al respecto, como poco, hasta finales de marzo, dado que apenas han transcurrido un par de semanas desde que tomó posesión del cargo y ponerse al día en este tema -ha de estudiar más de dos mil folios- le requerirá su buen tiempo.
Diez motos y 69 inmuebles
Cuando lo lea en profundidad, en el sumario hallará sorprendentes pasajes referidos a las posesiones que atesoran los supuestos cabecillas de la red. Acerca de Pichel, los expertos policiales subrayan: «Llama poderosamente la atención el desorbitado patrimonio que el mismo y su entorno familiar poseen, ya que entre los dos cónyuges tienen un total de 69 inmuebles, [...] constándoles además dos urbanos a nombre de la empresa de ambos, AAD Arquitectura y Urbanismo». «Le constan también -añaden- diez motos de gran cilindrada de precio muy elevado y un vehículo».
El dosier contiene igualmente un detalle de 39 ingresos de efectivo de entre 1.000 y 15.250 euros -suman 122.471,65- en una cuenta corriente cuya titularidad comparten Gómez-Gil y su mujer. El primero se remonta al 6 de octubre de 1998, mientras que el último se efectuó el 20 de abril del 2009, la jornada en que Roberto Varela (PP) relevó a Ánxela Bugallo (BNG) como conselleiro de Cultura. «Se sospecha que dicho dinero pueda proceder del pago de comisiones por la adjudicación de obras de restauración. Es de resaltar que no proviene del salario percibido a través de la Xunta», concluyen los agentes para luego precisar que los abonos «aumentaron de forma ostentosa en número y cuantía en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, el período que en la denuncia presentada por el ministerio público se hacía constar la existencia de anomalías».
Se sospecha que los partidos políticos prepararán proceso concursal debido a la crisis de la construcción.
Fomento pondrá coto a los sobrecostes en las obras.
Los recortes que prepara el ministerio en las infraestructuras.
Recorte de altos cargos, hacer más con menos, ejecutar solo los proyectos prioritarios y limitar al máximo los sobrecostes que tienen más que ver con la picaresca de algunas constructoras que con la necesidad real de realizar modificados de proyectos. Estas consignas, aderezadas con el plan de colaboración público-privada que aún no ha visto la luz, componen la estrategia del ministro de Fomento, José Blanco, para resolver su particular sudoku: el inevitable recorte del gasto.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, se lo puso muy claro a los representantes de Tecniberia, la patronal de empresas de ingeniería: no habrá grandes recortes en la licitación siempre y cuando no haya un exceso de modificados de proyecto que dispara el sobrecoste de la obra.
Fomento quiere erradicar la práctica de las empresas que reducen al máximo el presupuesto para hacerse con la adjudicación y después presionan con modificados que deberían haber sido previstos en el plan de obra. «Solo aceptaremos aquellas modificaciones de proyecto que son estrictamente necesarias», aseguraban ayer en el ministerio.
Habrá que meter a las constructoras en cintura, pero también se tendrá que decir la verdad a algunos Gobiernos autónomos, incluido el gallego. Ayer, Blanco ya le dijo al presidente cantábro que tenía que elegir entre la conexión de alta velocidad por Bilbao o por Reinosa pues, en buena lógica, una comunidad que no llega a los 600.000 habitantes, no debería tener más accesos ferroviarios que Cataluña o Andalucía.
A Galicia ya se le ha dicho que no tendrá AVE transcantábrico y Fomento medita qué hará en el eje Ponferrada-Monforte, con el que no hay que hacerse ninguna ilusión. Quizás habría que aclarar, porque en este caso sí que hay más expectación, qué plazos tendrá la conexión directa con Vigo

