Consuelo Madrigal comunica a todos los
fiscales que 16 delitos menos graves pasarán a ser delitos leves por un efecto
no deseado
El país.
La Fiscalía General del Estado ha detectado los errores en el Código Penal que entrará en vigor el próximo 1 de
julio después de un año y medio de tramitación parlamentaria. Esta institución
ha dictado una circular en la que informa a todos los fiscales de que por ese
efecto no deseado o error 16 delitos menos graves tendrán que considerarse
leves.
El
ministerio público entiende que la voluntad de los legisladores no era
“degradar estos delitos menos graves”. Sin embargo, recuerda que una vez
promulgada la ley lo que importa es la letra de la norma no la intención de los
políticos que la redactaron.
"Hay
razones para sospechar que la voluntad del legislador no era degradar estos
delitos menos graves, pues nada se dice al respecto en el
Preámbulo y las penas
nominalmente asignadas a cada tipo no sufren mutación con el cambio
legislativo, pero lo cierto es que una vez promulgada y publicada la ley, ésta
adquiere vida propia y es su voluntad inmanente y no la intencionalidad de su
autor la que conforma el nuevo ordenamiento jurídico y vincula con sus mandatos
objetivos y al intérprete y aplicador", asegura la Fiscalía.
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Es decir,
que debe entenderse que esas faltas menos graves bajan de grado, según admite Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado,
en la "Circular sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en
relación con los delitos leves" a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
El error
se refiere a la tabla de penas que para los delitos leves llega a tres meses y
la de los delitos menos graves es desde tres meses, en lugar de tres meses y un
día.
Eso que
puede parecer un mínimo error provoca problemas técnicos notables, según
explica la Fiscal General en la circular. Por ejemplo, alguno de esos delitos
son competencia del jurado y, sin embargo, esa intervención no está contemplada
en el procedimiento para instruir y enjuiciar los delitos leves.
El Ministerio
de Justicia estudia
estos días cómo salir del error y del embrollo. La circular de la Fiscalía es
importante porque el Gobierno confiaba que el ministerio púbico hiciera una
interpretación que le permitiera salvar un error. Ahora el Departamento que
dirige Rafael
Catalá solo tiene dos
opciones: dar por cierta la degradación involuntaria de los 16 delitos menos
graves o intentar buscar soluciones técnicas con reformas exprés a través de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal que se tramita en este momento. Según grupos de
la oposición sería insólito cambiar de esta forma una norma que se publicó en
marzo y que entra en vigor en unos días.
Los
dieciséis delitos afectados son la sustracción de cosa propia, la ocupación de
inmuebles, la alteración de lindes y el uso de un terminal de
telecomunicaciones ajeno, entre otros. Es decir, el Gobierno del PP ha bajado
de grado sin querer y a su pesar la consideración penal de la ocupación, lo que
tiene efectos directos en la prescripción y la acumulación como antecedentes
penales.
Revisar
millones de causas
La entrada
en vigor del Código Penal el 1 de julio está provocando un seísmo en los profesionales
de la Justicia y, a partir de esa fecha, una carga sobrevenida en los juzgados.
Especialmente, porque se eliminan las faltas porque una parte de ellas pasan a
ser infracciones administrativas sancionadas sin intervención judicial en la
Ley de Seguridad Ciudadana y una parte mínima de ellas se convierte en delitos
leves.
Esto
obligará a revisar todos los procesos pendientes en los juzgados unos tres
millones según el Gobierno. La ley, según remarca la circular de la Fiscalía
obliga a aplicar la pena más favorable y, por tanto, deben archivarse todas las
faltas que estén en procedimiento, salvo las que lleven aparejada
responsabilidad civil que solo se seguirán a efectos de dirimirla.
Un ejemplo
es el de la concejal de Madrid Esperanza Aguirre que podrá pedir el archivo de
su causa, si no lo hace el fiscal en cumplimiento de la circular.
Este nuevo
tipo de delitos tiene un procedimiento específico que, en todo caso, será
preciso aplicar con el consecuente riesgo de caos en los juzgados.
