¿Son suficientes las normas actuales para luchar contra la corrupción en España?
Desde
hace un par de semanas, escribir sobre corrupción en España se ha convertido,
desgraciadamente, en un lugar común. Es verdad que no es nada nuevo, y que
algunos de los asuntos que colean ya acumulan varios años de
investigación policial y judicial y se apilan en sumarios de miles y
miles de páginas. Pero este 2013 ha empezado con un brote muy preocupante de
nuevos casos de corrupción que, para algunos políticos como Albert Rivera, han prendido la mecha que llevará a dinamitar
el actual sistema político español. Pese a que todavía tardaremos
bastante en ver pronunciamientos judiciales definitivos sobre los múltiples
escándalos de los que la prensa va llena, parece relevante plantearse si
tenemos las normas adecuadas para luchar de manera efectiva contra la
corrupción.
En este sentido, creo que el marco de referencia a tener en cuenta es el que
nos da el Derecho internacional. Por una parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de
2003—que es vinculante en España al haber sido ratificada para toda la Unión Europea en 2008—y, por otra
parte, la Convención de la OCDE contra el cohecho internacional de
2000, ratificada por España en 2006.
Ambas convenciones requieren el establecimiento de normas penales
contra la corrupción (en el caso español, en el Código Penal) y la creación de órganos
especializados para su investigación y aplicación (la Fiscalía Anti-Corrupción). Aunque pueda resultar
sorprendente, conforme a los principales indicadores de cumplimiento con el
contenido de ambas recomendaciones, España cumple (en buena medida) las
exigencias derivadas de estas normas internacionales, al menos según el informe de seguimiento de la OCDE y el perfil de Estado parte de la ONU. Por tanto, sobre
el papel, sí tenemos las normas y mecanismos de aplicación adecuados
para una lucha efectiva contra la corrupción de conformidad
con los estándares internacionales.
Sin embargo, desde una perspectiva práctica, parece claro que estas normas
penales de último recurso son insuficientes si no se
complementan con mecanismos de transparencia, autocontrol y disciplina
interna de los partidos políticos. La efectividad de la investigación
penal sólo será real si los partidos políticos adoptan una actitud de verdadera
colaboración y respetan escrupulosamente el compromiso de fidelidad y servicio
al interés público que justifica su existencia. Una posible reforma de
la Ley de Partidos Políticos (de mucho más calado que la tímida reforma de 2012) puede ayudar, pero en gran medida parece
un problema que requiere autorregulación y compromiso efectivo por parte de los
partidos y, en particular, por parte de los dos mayoritarios.
Adicionalmente, los medios humanos y materiales necesarios para la
tramitación de casos complejos de corrupción también son insuficientes, como
han denunciado una y otra vez los magistrados
de la Audiencia Nacional, entre otros.
En definitiva, creo que la respuesta es tan clara como inconcluyente. Muy
probablemente tenemos las normas necesarias, pero nos siguen faltando
los medios y el compromiso político necesarios para luchar de manera
efectiva contra la corrupción en España
