Es sobradamente sabido que en relación a la solvencia de nuestros bancos y cajas de ahorros hemos asistido durante años a la fabricación de un engaño masivo. Zapatero presumía hace pocos meses de que teníamos el sistema bancario mas seguro del mundo. Hay una responsabilidad de banqueros, de las autoridades políticas y de los supervisores que temo que no se va a dirimir. Y han tenido que pasa largos años hasta que el fiscal general del Estado, Torres Dulce se haya atrevido, por fin, a dar instrucciones a los fiscales para que acusen penalmente a gestores, políticos, ex políticos, sindicalistas, concejales etc. que han tenido responsabilidad por su sillón en consejos de administración de las entidades de crédito ahora intervenidas hayan malversado o se hayan abusado de su posición al frente de las mismas. Les aseguro que hay una larga lista de espera.
En cualquier Estado de derecho fuerte ya habríamos visto a una partida de banqueros y/o funcionarios públicos desfilar por los tribunales. ¿Por qué aquí no pasa esto?
Es sobradamente sabido que en relación a la solvencia de nuestros bancos y cajas de ahorros hemos asistido durante años a la fabricación de un engaño masivo. Hay una responsabilidad de banqueros, de las autoridades políticas y de los supervisores que no sé si va a llegarse a dirimir. Es probable que se nos vayan de rositas aquellos que han generado una fantasía y han propalado, presuntamente, una mentira que ahora los españoles de infantería vamos a pagar con nuestro dinero.
¿Nunca habian tenido conocimiento Zapatero ni Solbes ni Salgado de que se hayan podido falsear documentos públicos?
¿Nunca ha tenido conocimiento Fernández Ordóñez de que se haya alterado un documento oficial en alguno de sus elementos esenciales, o de que se haya simulado un documento en todo o en parte de manera que haya inducido a error sobre su autenticidad?
¿Nunca han tenido conocimiento ni en el Ministerio de Economía ni en el Banco de España de que estaban manejando información procedente de las entidades bancarias, relativa a su solvencia, que no era ni fiable ni completa ni profesional ni independiente?
¿Corresponde a los ciudadanos de una nación pagar en su totalidad una imprudencia grave, cometida por un conjunto de autoridades en el ejercicio de sus responsabilidades, que han generado por acción y omisión extraordinarios perjuicios al erario público, a la economía nacional, a los depositantes y a los accionistas de las principales entidades financieras del país?
A los ciudadanos nadie nos ha preguntado si queremos salvar cajas de ahorros quebradas vía FROB. ¡Que las dejen hundirse en su miseria y que arresten a sus gestores! Eso es lo que pide la ciudadanía. No se trata de poner más impuestos de patrimonio demagógicos que al final van a acabar pagando unos cuantos desgraciados que han comprado su casa con el fruto de su trabajo.
Si quienes han perpetrado presuntos y gravísimos delitos con su conducta no son sometidos a un proceso penal por sus infracciones y atentados continuados contra el Derecho, entonces tendremos que pensar que España es una democracia sumamente imperfecta. Con una minoría de compatriotas de primera categoría y una mayoría de parias de segunda. Nosotros veremos.
Si tanta prisa se han dado en algunas ocasiones para meter en la cárcel a algún alcalde por presuntos delitos de corrupción, aunque a veces luego sean falsos, ¿por qué no se dan la misma prisa para meter en la cárcel a quienes han provocado auténticos desfalcos en las entidades financieras y en las cuentas públicas? Empecemos por ahí, y habremos empezado, de verdad, a regenerar la vida y la convivencia de este país que se desangra y se desespera por sus cuatro costados.
