Carlos Sánchez
Se cuenta que una de las primeras decisiones que tomó Kenneth Kaunda cuando llegó a la presidencia de Zambia fue comprarse un avión. Pero al contrario de lo que pudiera parecer, no era para uso privado. Kaunda, uno de los dirigentes africanos que dirigieron la lucha contra el colonialismo, sospechaba de la oposición. Y no se le ocurrió otra cosa que adquirir una aeronave de buen tamaño para que sus adversarios políticos lo acompañaran en sus viajes de Estado. No por deferencia, sino para evitar que le dieran un golpe de Estado. Teniendo en cuenta que Kaunda estuvo 27 años en el poder -algo inusual en el continente- todo indica queacertó en su decisión de desplazarse con la oposición.
Zapatero todavía no viaja con Rajoy en el mismo avión, pero lo que está fuera de toda duda es que la estabilidad política está asegurada en términos de partido. Otra cosa bien distinta es si esa aparente ‘normalidad’ de la vida política en un país con casi cinco millones de parados es la que más interesa a la nación. Las dos formaciones mayoritarias han creado un sistema político ad hocque monopoliza la vida pública de manera exclusiva y excluyente, lo que explica su escasa permeabilidad a la influencia exterior. Más del 70% de los elegidos el 22-M serán del PP o del PSOE, lo cual es un hecho extraordinario en un sistema electoral que constitucionalmente se define como proporcional. En esta partida no cabe un jugador más (salvo Bildu).
Con todo, lo peor es que los partidos se nutren exclusivamente de sus militantes, y de ahí nace la apatía con la que la ciudadanía acoge cada convocatoria. Ya se sabe que la democracia es aburrida, pero no debe confundirse la acción política con la paz de los cementerios. Si no fuera por los medios de comunicación y las vallas publicitarias, nadie creería que la semana que viene se van a elegir más de 47.000 concejales y centenares de diputados autonómicos o miembros de los cabildos. En feliz definición del sociólogo Víctor Pérez Díaz, estamos ante unas elecciones que se celebran en una habitación oscura en la que nadie ve ni escucha nada.
La desidia tiene que ver con la existencia de un sistema electoral que desincentiva la participación. Da lo mismo que concurra el 50%, el 60% o el 90% de los electores, al fin y al cabo se asignarán los mismos escaños o concejalías. Incluso existen determinadas estrategias electorales tendentes a rebajar el número de votantes, lo cual es una evidente perversión de la democracia. Rajoy no entra al trapo de las provocaciones -y mira que lo intenta Rubalcaba- porque sabe que la desmovilización perjudica al PSOE.
Esta especie de incentivo adverso a la participación puede explicar mejor que ninguna otra cosa el continuismo político con el que los dos grandes partidos afrontan la campaña. Es obvio que en España existe una creciente preocupación por el modelo territorial, pero precisamente en las elecciones autonómicas y locales (su sitio natural) nadie habla de cambiarlo. No para reventarlo, sino simplemente para ponerlo al día después de una experiencia de tres décadas que ha demostrado importantes agujeros y también, por qué no decirlo, notables aciertos. No hay sin embargo, una visión de conjunto de lo que está en juego. Los partidos mayoritarios han afrontado las elecciones de manera fragmentada y se echa en falta una visión colectiva de la España autonómica. Sólo si España fuera un estado confederal se podría entender esta forma de afrontar unas elecciones territoriales.
Debilidad de los aparatos estatales
Lo curioso del caso es que esta visión sesgada y parcial de los problemas no es fruto de la fortaleza de los aparatos estatales de ambos partido. Al contrario, es consecuencia de su debilidad. Precisamente por la existencia de lo que muchos han llamado ‘reinos de taifas’. Castas de nuevo cuño impiden que incluso Ferraz o Génova tengan una voz determinante. El caso deFrancisco Camps -repudiado en privado por el aparato del PP- refleja hasta qué punto los partidos están en manos de sus barones territoriales.
PSOE y PP han creado un sistema político ad hoc que monopoliza la vida pública de manera exclusiva y excluyente, lo que explica su escasa permeabilidad a la influencia exterior. Más del 70% de los elegidos el 22-M serán del PP o del PSOE
Este despropósito probablemente tenga que ver con la enorme capacidad que tienen las regiones para dar empleo a quienes Michels denominaba ‘funcionarios de partido’. Ese séquito de afiliados y adláteres que han encontrado su razón de ser bajo el paraguas de unas siglas. Muchos de ellos lo hacen de manera honesta en coherencia con su compromiso con la sociedad. E incluso a costa de su proyección profesional y económica; pero otro mucho han convertido los meandros de la política en una forma de ganarse la vida como otra cualquiera. No es para menos teniendo en cuenta el inmenso caudal de empleo que poseen las comunidades autónomas. Cuyo concurso es, además, determinante a la hora de elegir el líder del partido, y por eso ni Rajoy ni Zapatero se atraven a plantar cara al partido en Valencia o Cataluña.
Hay un dato que a menudo se olvida, pero no estará de más recordarlo. El inventario autonómico está compuesto por 2.386 entes de todo pelaje y condición (organismos autónomos, agencias, fundaciones, consorcios….). Un número importante que, sin duda, determina la capacidad de supervivencia del partido en el Gobierno, y que en el fondo explica que mientras en las elecciones generales existe mayor volatilidad de voto, en las autonómicas los cambios son menores.
El hecho de que el PSOE lleve gobernando en Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura tres décadas, o que el PP barra de forma sistemática en sus feudos desde hace 20 años, o que haya todavía alcaldes con varias décadas de poltrona, sólo refleja las dificultades para cambiar el mapa político. En Cataluña, por ejemplo, existen 451 entes públicos diferentes, mientras que en Andalucía el sector público lo configuran 369 sociedades, más del doble que Madrid o cuatro veces más que en las dos castillas. Como se ve, un océano de empleos-a los que hay que añadir los de la administración general- que de forma recurrente se reparten arbitrariamente en función de los intereses internos de cada partido.
Burocracia frente a ideas
En las listas de las principales formaciones no aparezcan ciudadanos que merecen la pena: emprendedores que han creado puestos de trabajo, investigadores, profesionales de éxito o simplemente ciudadanos que desde su independencia de criterio y sus ganas de mejorar la cosa pública quieren contribuir a enriquecer las candidaturas electorales
Esta endogamia laboral – que permite concentrar el poder en manos de muy pocos- no tendría mayor importancia si no fuera porque impide abrir el partido de la política a nuevos concursantes.Es curioso que en las listas de las principales formaciones no aparezcan ciudadanos que merecen la pena: emprendedores que han creado puestos de trabajo, investigadores, profesionales de éxito o simplemente ciudadanos que desde su independencia de criterio y sus ganas de mejorar la cosa pública quieren contribuir a enriquecer las candidaturas electorales.
Los grandes partidos ni siquiera lo han intentado, y así es como se ha llegado a unas eleccionesmediocres y discretas en las que prima el aparato frente a la inteligencia. El líder burócrata frente al carisma y el tirón de las ideas. Y que recuerdan aquello que dijo Ortega en las Cortes constituyentes: “España tiene que ser más rica para que vosotros los obreros podáis ser menos pobres”. La política es de unos pocos y más de dos son multitud.
Una especie de despotismo ilustrado que socava la democracia. Particularmente al rodearse los jerifaltes autonómicos de élites económicas locales que no son más que la prolongación del poder político y de unos medios de comunicación suficientemente regados con publicidad institucional. No hay resquicio ni oxígeno en unas elecciones planteadas como una especie de competencia entre líderes, pero sin contenido programático de fondo por ausencia de aire fresco.
Todo el mundo sabe que las comunidades autónomas gestionan dos tercios del gasto público a través de la sanidad, la educación o las políticas sociales, pero en lugar de plantearse estas cuestiones como un todo nacional -articulado regionalmente- se plantea de forma parcial. Y así es como se ha llegado al absurdo de que Tomás Gómez critique a Esperanza Aguirre porque quiere privatizar mientras que el Gobierno socialista prepara la enajenación de dos buques insignia: las loterías y la navegación aérea. Todo un ejercicio de coherencia política.
