El derecho al olvido: borrar los datos personales de Internet
El derecho al olvido consiste en poder eliminar de la Red los datos personales que afectan a la privacidad del usuario
Una persona a quien se juzga o se multa en un momento dado genera una información asociada a este hecho que, según la relevancia alcanzada, puede publicarse en medios de comunicación, junto con los boletines oficiales correspondientes. El problema viene cuando estos datos permanecen asociados al nombre de la persona a lo largo del tiempo y aparecen al realizar una simple búsqueda de su nombre en Internet. El denominado derecho al olvido busca evitar estas situaciones.
La Agencia Española de Protección de Datos mantiene una batalla en los tribunales con Google España, con motivo de varias denuncias llegadas al organismo por parte de personas que quieren eliminar datos suyos publicados en Internet. Los mismos no están alojados en las páginas de Google, sino que gracias a los sofisticados algoritmos del buscador pueden localizarse de forma inmediata al teclear un internauta el nombre y apellidos de estas personas. En la actualidad, el caso se analiza en la Audiencia Nacional, pendiente de resolución.
Un problema de enfoques
El conflicto consiste en que estas personas consideran que se les perjudica cuando una noticia o un documento oficial, del BOE o los datos sobre una sentencia ya cumplida, relacionados con su vida pasada siguen presentes en Internet, aunque sus circunstancias han cambiado. Es decir, se hace referencia a un momento de su vida pasada, que puede afectar a su vida en el presente y en el futuro. Por tanto, estas personas solicitan la retirada del enlace.
Algunas personas consideran que se les perjudica cuando una noticia o un documento oficial relacionados con su vida pasada siguen presentes en Internet
La Agencia de Protección de Datos tiene un enfoque distinto del problema: afirma que estos datos no pueden borrarse de las fuentes donde se encuentran, como la hemeroteca de un periódico o un organismo oficial, ya que se altera el historial de estas fuentes y, en algunos casos, se atenta contra la libertad de expresión. Según la Agencia, deben ser los buscadores como Google los que deben dejar de presentar esos enlaces, ya que son los responsables de que estos documentos sean accesibles de forma rápida y sencilla a lo largo del tiempo.
La Agencia considera que los motores de búsquedas no son una actividad amparada por la libertad de expresión y que, por tanto, deben atender a estas reclamaciones de cancelación y oposición de datos personales por parte de los usuarios. De igual forma, las informaciones públicas sobre ciudadanos anónimos que no tengan relevancia, y su disponibilidad en Internet, pueden complicar la vida a quienes quieran pasar página de un suceso puntual ocurrido en el pasado.
Sin embargo, Google defiende la postura de que su trabajo consiste en indexar todos los documentos de la Red y presentarlos. Por tanto, la fuente original deberá retirar o bloquear el acceso al contenido mediante el uso de mecanismos como el fichero "robots.txt". Este fichero, aceptado por los principales buscadores, permite determinar qué directorios y páginas web pueden indexarse y cuáles no por los buscadores al rastrear una página. Según Google, eliminar enlaces es una forma de censura.
La CE quiere regular el derecho al olvido
Mientras este caso se resuelve en los tribunales, en un debate entre la libertad de expresión frente a la privacidad de las personas, la Comisión Europea lleva a cabo un proceso legislativoreferente a la protección de datos de los ciudadanos europeos. Esta nueva legislación pretende resolver las situaciones que se dan en el entorno digital respecto al almacenamiento de datos personales por parte de las empresas, como poder exigir que cuando un usuario abandone una red social, todos los datos se borren de forma completa, algo que hoy en día pocas plataformas sociales permiten. La Comisión Europea tiene previsto presentar antes del verano una propuesta legislativa para proteger el derecho al olvido en Internet.
La CE pretende que los usuarios tengan un control sobre qué datos personales hay en las redes sociales y cuáles pueden utilizarse por terceros
Además, según la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, también se va a presentar una propuesta para exigir a las redes sociales que la configuración de las mismas garantice un nivel de privacidad por defecto, de forma que los datos de los usuarios no puedan utilizarse para otros fines si estos no han dado su consentimiento expreso. De esta manera, los usuarios tendrían control sobre qué datos personales hay en estas redes y cuáles pueden utilizarse por terceros para otros fines. Estas reglas no solo afectarán a empresas que operan desde la Unión Europea. La Comisión quiere que las situadas fuera, sobre todo en Estados Unidos, y que procesen datos de los ciudadanos europeos, también cumplan con esta legislación.
Francia abrió el pasado año una consulta pública para recabar la opinión de empresas y ciudadanos sobre la necesidad de regular en el país galo el derecho al olvido
Otros países también estudian legislaciones al respecto. Francia abrió el pasado año una consulta pública para recabar la opinión de empresas y ciudadanos sobre la necesidad de regular en el país galo el derecho al olvido. Junto con Google, otra de las empresas que consideran un error este tipo de legislación es Facebook. Según el responsable de Privacidad de Facebook en Europa, Richard Allan, la creación de una ley de tipo genérica para regular casos concretos es un error. Allan aduce que este tipo de legislaciones se desarrollan a partir de denuncias concretas de usuarios y no porque sean una necesidad común de todos ellos. Para él, lo que realmente preocupa a los internautas es que "sus datos personales y fotografías se mantengan, en lugar de ser eliminados".
Tanto buscadores como servicios y plataformas con base social destacan que les sería imposible optimizar su servicio al consumidor si no retuvieran de él una serie de datos sensibles. Tengan o no razón, la norma que resulte deberá ponderar ante todo los intereses del ciudadano, tanto en intimidad como en eficacia en los servicios que contrata.
