La corruPPción by Marisa Babiano

El arte del "PPoderío" Ya es habitual en España escuchar noticias sobre “corruPPción”, es decir asociadas al oficio de ejercer la PPolítica, tal es así que han creado la Escuela del Berenjenal, experta en aclararlo todo…

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La nómina de La Casta y el entramado político-financiero by Félix Población

Las leyes de transparencia se adoptaron en los países nórdicos a partir de 1776 (Suecia), si bien no se generalizaron hasta la segunda mitad del siglo XIX en Noruega, Finlandia, Dinamarca y Estados Unidos.

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'Procura', que algo queda

LORENZO B. DE QUIRÓS

El teórico objetivo de los colegios profesionales es la defensa gremial de los intereses de sus miembros. El del Gobierno, proteger los derechos de los individuos, del ciudadano-consumidor. En este contexto se sitúa el debate sobre la reforma de los servicios profesionales en España y el compromiso del Ejecutivo de abordarla en esta legislatura. Si bien es cuestionable, y de hecho se cuestiona, la necesidad de colegialización obligatoria en gran parte de las actividades de una sociedad y de una economía modernas, es inaceptable la concesión a las instituciones colegiadas de un estatus legal que las concede una posición monopólica. Esta cierra el mercado a la competencia a costa de aquellos a quienes deberían servir y cuyos derechos el Gobierno está obligado a proteger, los consumidores. El ejemplo más escandaloso de esta situación es el de los procuradores de los tribunales.

La profesión de procurador tal como existe en España es un fenómeno único e inédito en las sociedades y en las economías desarrolladas. En los países europeos en los que existía una figura similar se ha tendido a eliminarla. Estados tan poco neoliberales o símbolos del corporativismo como Italia y Francia suprimieron en 1997 el primero y en 2011 el segundo la institución de la procura. Por su parte, desde hace años, la Comisión Europea ha planteado a los gobiernos españoles dos preguntas elementales: ¿por qué está prohibido el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y de procurador? y ¿por qué existe un arancel en lugar de libertad de precios por el cobro de esa última actividad?

La separación entre representación y defensa en juicio vigente en España carece de justificación. Un abogado puede cumplir perfectamente ambas funciones sin que exista ninguna razón objetiva para impedirlo. El escenario actual eleva de manera artificial los costes de transacción, esto es, en los que se incurre para realizar un intercambio económico; en este caso, la prestación de servicios legales. Como el sistema imperante no cumple los mínimos requisitos de racionalidad y de eficiencia económica ni cabe atribuirle aportación sustancial alguna al mejor funcionamiento de la justicia, su pervivencia sólo tiene una explicación: la creación de un nicho de mercado monopólico en beneficio exclusivo de los procuradores. Por tanto, el presente marco regulatorio es contrario e incompatible con las reglas básicas de la competencia.

Si resulta evidente que la incompatibilidad entre ser procurador y abogado es insostenible, la remuneración de la actividad de la procura mediante un régimen arancelario es, permítase la licencia, un impuesto revolucionario. No existe ningún argumento en virtud del cual la fijación de los precios para representar a una persona física o jurídica ante los tribunales no sea totalmente libre, como sucede en el caso de los abogados.

No se entiende porqué misteriosa razón los procuradores han de tener garantizados unos ingresos mínimos y fijos, los proporcionados por el arancel, en vez de financiarse a través de tarifas negociadas con sus clientes en un régimen de libertad contractual. El resultado de este mecanismo de fijación de precios es evidente: impide la competencia y, por tanto, se traduce en un encarecimiento del servicio suministrado a los consumidores. Lo dramático es que esa práctica extractiva, que incumple la directiva de servicios de la UE, reciba el amparo de la ley y, por el momento, ningún Gobierno se haya planteado acabar con ella. Pero la historia no termina ahí...

En estos momentos, el problema no es la preservación de un statu quo privilegiado para los procuradores, sino el riesgo de que sus prebendas aumenten. Esto sucederá si se aprueba el proyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este texto legal, en su artículo 26 atribuye a la procura funciones de secretario judicial. Hasta la fecha, los procuradores realizan actos de comunicación judicial y diligencian oficios de investigación de bienes y de embargos.

Ahora, el Ministerio de Justicia pretende concederles la condición judicial cuando realizan actos de ejecución. En definitiva lo que ellos entreguen a las partes sería como si lo entregase el juzgado. Ante su incapacidad de racionalizar y hacer eficiente el funcionamiento de los juzgados, el departamento encabezado por Ruiz Gallardón pretende resolver ese problema reforzando la posición monopólica de los procuradores.

Desde esta perspectiva, uno de los elementos centrales de la non nata reforma gubernamental de los servicios profesionales debería ser terminar con el anacronismo que supone la institución de la procura. La mejor opción sería hacer desaparecer la figura del procurador, concentrando en los abogados las funciones de asistencia y de representación ante los tribunales como se ha hecho en Francia y en Italia. Un subóptimo consistiría en permitir a los abogados realizar de manera simultánea tareas de procurador y, eso sí, eliminar la colegialización obligatoria en este caso. Es decir, los colegios de procuradores, de existir, serían asociaciones de carácter privado fundadas en la participación voluntaria de sus miembros en ella. Por último, los aranceles han de ser suprimidos y sustituidos por la determinación libre de los honorarios profesionales a través de las fuerzas de la oferta y de la demanda.

El Colegio de Procuradores de España es una muestra paradigmática de las élites extractivas conceptualizadas por Acemoglu y Robinson en su monumental libro, Why Nations Fail. Atrincherados tras una ley que les protege de la competencia y mantiene viva una actividad profesional cuya razón de ser ha desaparecido, disponen de los recursos necesarios para preservar sus privilegios. Su comportamiento es el descrito por los teóricos de la Elección Pública, esto es, los costes de su statu quo se distribuyen entre muchos, los usuarios obligados a consumir sus servicios, mientras sus beneficios se concentran en pocos, los procuradores. En este contexto, sus incentivos a movilizarse para salvaguardar sus prebendas son muy altos. Ante la ofensiva de un grupo de interés y ante la pasividad de sus víctimas, la tentación de cualquier gobierno es no meterse en líos o a cambiar algo para que todo siga igual

La trama Púnica destapa corrupciones judiciales by Espía en el Congreso

Enrique Molina. Armengol y Carmen Valcarce: jueces y fiscales en el ojo del huracán de la Púnica

La jueza Carmen Valcarce, el ex juez Armengol y el ex fiscal Enrique Molina son los protagonistas del programa de “Espía en el Congreso” en Radio 3w.com: un monográfico sobre la “mafia Púnica” pero en su relación con jueces y fiscales, pues esta trama ha destapado diversas corrupciones judiciales. “Si algo asombra del sumario del caso Púnica son las inquietantes relaciones de Francisco Granados, ex número dos de la Comunidad de Madrid, y su capacidad de influencia sobre algunos jueces, fiscales, abogados o policías” ha escrito la periodista Julia Pérez. Y es que las grabaciones al dirigente del Partido Popular (PP) encarcelado afloran sus nombres: la principal, la de la jueza Carmen Valcarce (de la que lograron que archivara el caso del espionaje a Ignacio González, Alfredo Prada y Manuel Cobo en Madrid) y que es la más llamativa: “La jueza del caso espionaje besó a Granados y le dijo que estaba “para servirle”, según explicó él a su mujer. Las conversaciones telefónicas del ex número dos de la CAM grabadas por la Guardia Civil muestran su influencia sobre algunos jueces, fiscales, abogados y policías. Un enviado quiso comentarle “una cosa en persona de Lesmes” que no era oficial sino “una consulta estratégica”, según consta en el sumario del caso Púnica. Con ella, José Luis González Armengol, ex decano de los jueces de Madrid y Enrique Molina, ex fiscal de la Audiencia Nacional y defensor de Francisco Granados, hoy encarcelado en la prisión de Estremera (Madrid). Leer más de esta entrada

Lesmes: el juez vendido al ”pasteleo” PP-PSOE by Espía en el Congreso

Lesmes y Maribel Mora (arriba); Sexmero y Gallardo

Las asociaciones Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han denunciado que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ejerce "un presidencialismo más propio de otros tiempos que de una democracia moderna inserta en el mundo occidental y europeo". Y es que ha convertido el CGPJ es un "Consejo Nacional del Movimiento", llegan a decir en unas entrevistas radiofónicas que traerán cola. Y es que este durísimo comunicado ha sido refrendado en Radio 3w.com por Marcelino Sexmero, portavoz de la centrista asociación Francisco de Vitoria y por Conrado Gallardo, portavoz del moderado Foro Judicial Independiente, que en sendas entrevistas con “Espía en el Congreso” suspenden al magistrado Lesmes, cuestionan seriamente la escasa división de poderes en España y reclaman "y exigen" un cambio político que suscite a su vez una reforma institucional de la Justicia en España. Constituye aún un atavismo que los magistrados sean sancionados o promocionados por políticos o por los jueces que han sido designados por ese mismo poder partidista. O que simplemente se distinguen por su arribismo o cercanía al poder, como es el caso de Lesmes. Leer más de esta entrada

Apología del franquismo: Con Franco vivíamos mejor. Creo que este artículo, sin tener nada que ver, es una buena continuación del que escribí ayer sobre el cambio de nombre en Madrid de las calles con reminiscencias franquistas. Me da la sensación de que en nuestra sociedad estamos perdiendo el norte y existe una involución que no sé si acabará o no en implosión, pero desde luego pinta muy mal. Precisamente cuando más problemas hemos tenido y seguimos teniendo a causa de la crisis (exista esta o no y tenga la culpa quien la tenga), más iluminados nos aparecen con «problemas» imaginarios. Ahora parece ser que quieren introducir un nuevo delito en el código penal: Apología del franquismo.

Apología del franquismo, el nuevo delito en el horizonte

Apología del franquismo, el nuevo delito de moda

Esta vez es el grupo parlamentario de la Izquierda Plural el que ha registrado una nueva iniciativa (para sacarnos a todos de la crisis de una puñetera vez y hacer de España un referente internacional) para que el Gobierno incluya en el nuevo Código Penal un nuevo delito al que han venido en llamar apología del franquismo.

Existirá apología del franquismo cuando se destaquen los logros del régimen anterior en el campo que sea. Ojo con decir eso de que con Franco se hicieron buenos pantanos, o que gracias a la Seguridad Social (recordemos que no existía antes de Franco) España mejoró en cuanto a garantías sociales porque nos pueden llevar a la cárcel por ello. Hay que decir (alto y claro, o en negrita si es por escrito) que todo lo que hizo Franco fue nefasto y renegamos de ello, así que, queridos autónomos... dejemos de cotizar a la Seguridad Social desde hoy mismo para mostrar nuestro apoyo a la nueva ley y darle un respaldo sin precedentes a los nuevos iluminados que nos van a sacar de la crisis.

El señor Llamazares por lo visto quería llamar la atención y no se le ha ocurrido otra que esta. ¿Cuándo dejaremos de mirar al pasado para querer borrarlo? El pasado, y la historia, hay que estudiarla para ver lo bueno y lo malo, para copiar lo bueno y para evitar repetirse en lo malo, pero las cosas no se solucionan cambiando el nombre de las calles, cerrando el museo Dalí (esto es una tontería que se me ocurrió a mí ayer), o metiendo en la cárcel a quien diga que con Franco vivíamos mejor.

¡Ah!, y a ver cuándo prohibimos la Guardia Civil.

Dice Llamazares:

Refiriéndose a fotografías mostrando banderas preconstitucionales:  «estos actos de apología de la dictadura franquista y del fascismo son intolerables e injustificables desde cualquier punto de vista». Según él, hay que adoptar medidas drásticas para luchar contra «la apología de la dictadura franquista y el fascismo, de forma más eficaz». Digo yo que si al mostrar las banderas ha habido violencia, o se ha roto algo, se tendrá que perseguir, pero si es simplemente por mostrar una opinión personal y hacerse una foto con una bandera, tendremos que aprender a respetarlo. Yo no tengo ninguna bandera expuesta en casa, pero me tiene sin cuidado la que quiera colgar el vecino. Y si alguna vez me apetece colgar una fotografía de Franco en el comedor, solo mi esposa tendrá algo que decir al respecto; a los demás nada les importa.

Llamazares nos recuerda que Gallardón (otro gran ejemplo a seguir sin duda alguna) ya dijo que la negación o trivialización del holocausto debería ser considerada delito. A lo cual añade Llamazares que «resultaría incomprensible regular la negación del Holocausto e ignorar la exaltación de la dictadura franquista o del fascismo».

Ramón Cerdá

Bruselas quiere implementar una Tarjeta Europea de Discapacidad by Ana María De Luis Otero

La Comisión Europea pedirá apoyo a los Estados para la puesta en marcha de una tarjeta europea de Discapacidad; un documento pensado para reconocer la condición de discapacidad a sus titulares en cualquier parte de la Unión Europea y por ello, otorgarles beneficios en ámbitos como el transporte, la cultura o el ocio.

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