La condena en costas a Tráfico es una burda payasada

No hace mucho hablaba en este blog de la sentencia que había ganado a la Jefatura Provincial de Tráfico y por la que había sido condenada en costas. Ahora, tres meses después y como era de prever, ni han pagado lo que deben ni me han devuelto los CUATRO PUNTOS que me robaron y que por sentencia están obligados a reintegrar. Para más inri y tal y como denuncié en otro artículo, me envían una cartita diciendo que debería ir a un cursillo de reeducación para recuperar los puntos.

La condena en costas a Tráfico… de vergüenza.

Lo último es que mi abogado presentó una minuta de 574,75 euros y ahora le contestan que solo deberían pagar 66,67 euros porque la cuantía de la multa era de 200 euros. Lo mejor de todo es que en el propio escrito denegatorio del juzgado se dice que las pretensiones inestimables se valorarán en 18.000 euros, salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa.

Parece que tendría que estar claro que aquí lo más importante no eran esos 200 euros de multa sino el hecho de que, de manera ilegal me han quitado cuatro puntos, lo cual no tiene una tasación económica en concreto.

Es evidente que lo único que busca toda esta gente (y en este saco meto a muchos) es hacer desistir al ciudadano de entrar en pleitos porque, gane o pierda, al final siempre le va a costar dinero del bolsillo.

Vivimos en una vergüenza de país, sin que por ello diga que no hay otros países peores, que los hay y muchos, pero yo vivo en este y me avergüenzan sus leyes, sus procedimientos, y muchos de sus funcionarios. Lo siento pero me han dado muchos motivos para pensar de ese modo a lo largo de los años.

Pero me da igual, sea como sea, este tipo de cosas no hará que deje de pleitearme cuando deba defender alguna causa.

Ramón Cerdá

Caso Bankia-Caja Madrid: 1 muerto, 7 ceses de 370 y 225.300 euros devueltos de 38 millones robados by Espía en el Congreso

La impunidad del saqueo bancario comienza a resquebrajarse también en España y las "torres" más altas comienzan a inclinarse

Paisaje después de la batalla de las tarjetas “black” de Caja Madrid-Bankia. Parte del primer día de guerra contra la corrupción en la banca: un muerto (Mercedes de la Merced (287.900 euros) y 7 ceses: 4 PP, 1 PSOE, 1 UGT y 1 CC.OO (Cafranga, Abejas, Buenaventura y Rodríguez (PP), Pulgar (PSOE), Martínez (UGT) y Benito (CC.OO). Un herido: Beltrán, gerente del PP madrileño, despedido como asesor de Ana Botella pero “mantenido” aún por Esperanza Aguirre. ¿Mucho o poco? Juzguen ustedes mismos: número de consejeros de Caja Madrid: 320. Número de directivos de Bankia despedidos: 50. Coste de las “indemnizaciones” de directivos: 300 millones. Coste de las “tarjetas black”: 15,5 millones. Rescate público de Bankia: 36.000 millones ((más de medio billón de las antiguas pesetas, concretamente 5.989.896 millones). Dinero devuelto: 225.300 euros. Leer más de esta entrada

Pérdida indebida de puntos, indemnización al conductor Ayer hablaba de una sentencia contra Hacienda y manifestaba por ello mi alegría. Siempre me alegro de cualquier sentencia que frene, aunque sea mínimamente los abusos de Hacienda contra el contribuyente, aunque sean sentencias que no me afecten directamente. Con mis amigos de Tráfico me ocurre otro tanto; es tan grande la aversión que me provocan cuando veo la prepotencia con la que actúan, que no puedo menos que alegrarme (y celebrar) cualquier sentencia o dictamen que los ponga, aunque sea un poquito, en su sitio. Indemnización de 2000 euros por pérdida indebida de puntos. No hace mucho hablaba en este Blog de que estos señores de Tráfico me habían quitado indebidamente cuatro puntos, y de la epopeya que tuve que vivir a base de recursos y de tribunales hasta que me dieron la razón (no ellos, sino el tribunal). Los condenaron a las costas (otra cosa de risa que también comenté porque me resulta muy injusta la forma de calcular las costas que tiene nuestra justicia) y a devolverme los puntos. Pasaban los meses y más meses y no me los devolvían; luego me quitaron otros dos (que tengo recurridos), y como eso sumaba 6, me enviaron una amable carta diciéndome que fuese al cole a recuperarlos. Eso, insisto, cuando tenían una sentencia que los obligaba a devolverme cuatro de esos seis puntos. En fin, una vergüenza. Ahora un amigo que conoce de mi inquina sobre el asunto me envía una de esas buenas noticias; por lo visto han condenado a Tráfico a pagar una indemnización de 2.000 euros a un conductor al que le habían robado los puntos. Sí, digo robado a sabiendas, porque cuando a uno le quitan los puntos sin un motivo correcto... pues eso, que es un robo, no una detracción. La diferencia entre el caso de este señor y el mío es simplemente de matiz, pero un matiz que a mí me impidió pedir una indemnización puesto que, aunque había por ahí cuatro puntos que eran míos y no figuraban en mi cuenta, yo podía seguir conduciendo porque me quedaban más, cosa que no hubiera sucedido de ser esos cuatro puntos, mis últimos puntos. Eso es lo que le ha pasado a este señor, que se los han ido quitando hasta que se ha quedado sin carnet. Ha sido el Ministerio del Interior quien ha dictado la resolución que indemniza con 2.000 euros a este conductor, canario para más señas. Pérdida indebida de puntos por no leerse los recursos El asunto venía por el hecho de que este conductor manifestaba tener permiso de conducción expedido en el Reino Unido que le permitía conducir en España, pero la policía lo sancionaba reiteradamente con multas de 450 euros y retirada de cuatro puntos por «conducir un turismo sin licencia que le habilitara para ello». Según manifiesta la AEA: «Tráfico, en lugar de hacer alguna gestión para verificar que el conductor canario efectivamente disponía de un permiso de conducir válido para conducir en España, se limitó a descontarle los puntos, declarándole al final la perdida de vigencia de su carné por agotamiento de su saldo de puntos en dos ocasiones». El Consejo de Estado ha recordado a los cabezas pensantes de Tráfico «que el derecho a presentar alegaciones no es un simple trámite que permite acopiar folios en un expediente». Vamos, en román paladino: que tienen que leérselos y actuar en consecuencia y no limitarse a archivarlos y desestimarlos de oficio como tan bien saben hacer. Ramón Cerdá

El derecho a saber by Ileana Alamilla

Diversas fuentes recordaron que durante un encuentro internacional en 2002 de organizaciones no gubernamentales de Europa, Asia y América, que tenían como común denominador  promover el acceso a la información pública, se propuso el 28 de septiembre como el día internacional del “derecho a saber”. Leer más de esta entrada

¿Tongo o profeta?: Enríquez será el magistrado del TC que inclinará el “caso Cataluña” 7-5 a favor de Rajoy by Espía en el Congreso Artur Mas esperó 7 meses a que Ricardo Enríquez jurara su cargo en el TC para convocar el 9-N y que no se celebrara Hace 7 meses, un periodista se arriesgó a ejercer de profeta: el magistrado Ricardo Enríquez Sancho, conocido como “Enríquez”, que fue propuesto a toda prisa como candidato al Tribunal Constitucional por los parlamentos de Andalucía (PSOE-IU), Aragón           (PP), Cantabria (PP), Castilla-La Mancha (PP), Extremadura (PP), La Rioja (PP) y Comunidad Valenciana (PP), a propuesta del Grupo Popular pero previo pacto con el PSOE, que debía votar en blanco para “enmascarar” el acuerdo, ascendería a esta alta magistratura y desde allí inclinaría la votación del “caso Cataluña” para que Rajoy pudiera ganarla 7-5. ¿Magia? ¿Adivinación? ¿Misterio? Para que esto se produzca, el Pacto de Gobierno CiU-ERC ha tenido que esperar 7 meses para redactar su decreto con el “derecho a decidir” y facilitarle tiempo a Mariano Rajoy para colocar a Enríquez en el alto tribunal. Estábamos en febrero y el Gobierno catalán debía elegir una fecha para la consulta lo suficientemente distante para que diera tiempo a Rajoy a recomponer el TC y a Artur Mas y Oriol Junqueras a poner en escena de la discrepancia. El "amaño" es de libro. No hay que olvidar que el TC cuenta con magistrados afines a CiU y PNV con información privilegiada sobre el día a día de lo que allí ocurre y debía prepararlo todo bien. Puede entonces que la fecha del 9-N no haya sido tan casual como pudiera parecer. Si seguimos el guión de la “película” que han “cocinado” en la trastienda CiU (informando a ERC) y PP (haciendo lo mismo con PSOE e IU de Andalucía), ahora el TC resolverá 7-5 a favor de Rajoy, Artur Mas convocará elecciones anticipadas y no habrá referendum. Tras la pantomima, la partitocracia catalana seguirá 4 años más (o 40, como hasta ahora lograron los Pujol y Mas), pero esta vez discutiendo no como llenar “el Estatut” sino como articular “el Derecho a Decidir”. ¡Voilá! Jueces y políticos: (izq. a dcha.): Gallardón, De los Cobos, Rajoy, Felipe VI, Posada, Lesmes y Narváez El anónimo periodista que ejerció de adivino no quiso dar su nombre pero dejó escritas sus palabras en febrero de 2014 en Diario Crítico: “El Pleno del Constitucional no tomará ninguna decisión sobre el recurso presentado por el Gobierno de Rajoy contra la resolución del Parlament catalán respecto al “derecho a decidir” en tanto el Senado no elija al magistrado que debe sustituir al fallecido Francisco José Hernando. El sucesor, seguramente, será Ricardo Enríquez Sancho, el magistrado más veterano de lo Contencioso del Tribunal Supremo y quien ya formó parte de la Sala del 21 que decidió sobre la impugnación en 2007 de las listas de los abertzales de izquierda de ANV. El Gobierno quiere una proporción en la votación de al menos 7-5. Es lo que quiere también el Gobierno de Mariano Rajoy, porque ahora mismo el Tribunal se halla muy dividido: seis magistrados están a favor de las tesis planteadas por el Gobierno en su recurso de inconstitucionalidad, pero cinco lo están en contra. Lo que quiere el Gobierno es que se mantenga la relación de 7-5, en vez de 6-5, y eso sólo se obtendrá cuando el Senado elija al sucesor de Hernando”. ¿Tongo? ¿Biscotto? ¿Amaño? Según este pronóstico, además           del presidente, los otros componentes del TC que participarían en la “resolución” con la “victoria ajustada pero algo más holgada” del PP sobre CiU por 7-5 son los siguientes: Andrés Ollero Tassara Andrés Ollero Tassara: conocido en el TC como “Ollero” este diputado del PP durante 17 años fue “ascendido” al tribunal con su confesa adscripción al Opus Dei. Militante en contra de la regulación del derecho al aborto, su imparcialidad fue severamente cuestionada al enjuiciar esta ley, pero ni se abstuvo ni dimitió. “¿Debería existir la prohibición de que quienes han sido diputados o senadores pudieran ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Es razonable que quien ha participado como parlamentario en la elaboración de la ley pueda ser posteriormente miembro del órgano que tiene que decidir sobre la constitucionalidad de la misma?”, se preguntó el catedrático Pérez Royo. Ollero dio la callada por respuesta. Aunque al reflexionar sobre el mundo gay sí que se le suelta la lengua: “hablar de matrimonio homosexual no tiene sentido alguno en términos jurídicos; es algo inconcebible. Se está imponiendo desde el poder una opción moral y con esta medida           a lo único que se aspira es a que la sociedad deje de considerar determinadas conductas íntimas -faltas de toda relevancia jurídica- como inmorales”. Homófobo de libro. Luis Ignacio Ortega Álvarez Luis Ignacio Ortega Álvarez: Conocido como “Ortega” y reconocido socialista manchego, se queja sin embargo de que “por razones políticas de otros profesores del departamento, pasé a ser interino en agregaciones y adjuntías”. Lo cierto es que quien a hierro mata, a hierro muere y su acreditada “dependencia” es un secreto a voces que él mismo confiesa, pues sus "padrinos" son Felipe González y Alfonso Guerra: “En 1983, cuando ya saco la titularidad, se me planteó la posibilidad de entrar en el Gabinete del presidente del Gobierno como director del departamento de asuntos institucionales, que de facto era como una suerte de asesoría jurídica de presidente y vicepresidente”. Su concepto de la amistad no conoce límites: “me vuelvo a la universidad en el año 1987 para, entre comillas, fundar, como amigo íntimo de Luis Arroyo, la universidad de Castilla-La Mancha”. Y así, de amigo en amigo, llega hasta el TC. Pedro José González-Trevijano Sánchez Pedro José González-Trevijano Sánchez: conocido simplemente como “Trevijano”, llegó hasta el TC tras unas elecciones fraudulentas en su universidad y llevando como medalla haber sido el rector que más profesores había despedido en toda España. De su “pedrigrí” democrático da cuenta el hecho de que convocara elecciones en verano para que no votaran los estudiantes, que se presentara a un tercer mandato, cuando la ley expresamente lo prohibía, y que la candidatura de su “delfín” en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) fue apoyada por numerosos profesores acusados de corrupción o claramente desprestigiados: Francisco Marhuenda, director de “La Razón”, Enrique Arnaldo, letrado del Congreso que fue imputado en el “caso Palma Arena”, Jesús Calvo, imputado en el “caso Gürtel”... Bajo su mandato se colaron como profesores varios ex políticos y sus familiares: el socialista Rafael Simancas, una prima de Ruiz Gallardón, el consejero de Esperanza Aguirre, Fernando Becker, que fue sorprendido tras dar un “pelotazo” de 200.000 euros al vender acciones de Iberdrola aprovechando su condición de ejecutivo de la compañía eléctrica… Como guinda, durante el gobierno de Trevijano, la URJC invitó a Ruiz Mateos, Jesús Gil, Julián Muñoz y Juan Hormaechea a impartir un curso de verano sobre corrupción, que tuvo que suspender por el escarnio nacional suscitado y la riada de bromas, sarcasmos y pantomimas que provocó entre los humoristas españoles. Menos sonrisas y bastantes más muecas de horror originó su decisión de investir “doctor honoris causa” a Rodrigo Rato, en un pomposo acto al que asistió Mariano Rajoy. Trevijano despidió a 200 profesores, gastó 475.000 euros en atenciones protocolarias y de prensa y se negó a entregar a los jueces documentación oficial  a pesar de tres requerimientos recibidos. Todo un ejemplo de “virtudes” judiciales. Juan Antonio Xiol Ríos Juan Antonio Xiol Ríos. Conocido como “Xiol”, lo mejor que se puede decir de él es que se pronunció en contra de la “cláusula suelo” con que los bancos han esquilmado fraudulentamente a centenares de miles de ciudadanos españoles engañados, hipotecados y           desahuciados. Asesor del ministro Ledesma (PSOE), se negaba a que las sentencias fueran accesibles a todos los ciudadanos: ““La única cuestión”, objetó a los periodistas, ”es quién va a pagar las fotocopias”. “Porque”, añadió, “el pago de fotocopias no está consignado en el presupuesto del Tribunal, y si corren por nuestra cuenta podríamos incurrir en una desviación presupuestaria”. Los informadores se miraron entre ellos y creyeron ver el cielo abierto. “Si ese es todo el problema, por supuesto que cada uno de nuestros medios pagará su fotocopia”, respondieron. “Déjenme que lo piense”, concluyó Xiol. “Porque si las pagan los medios, podríamos estar creando una tasa ilegal”. Así les tomó el pelo, como también respaldó la prohibición de acceso de los medios audiovisuales al Tribunal Supremo, medida impugnada por los periodistas especializados y que revocó después el Tribunal Constitucional. En la etapa de Felipe González, impidió que una juez de Bilbao, Elisabeth Huertas, ante las trabas puestas a una investigación sobre torturas a un presunto etarra, citara a 90 guardias civiles para reconocimiento en rueda. El Gobierno vetó la comparecencia y el ministro Fernando Ledesma mandó a Xiol, a la sazón director general de Relaciones con la Justicia, para que compareciera a dar explicaciones. Asociaciones judiciales y juntas de jueces descalificaron el “intolerable” veto del Gobierno y Jueces para la Democracia exigió su dimisión. Juan José González Rivas Juan José González Rivas: conocido como “Rivas”, denegó a una magistrada de Cantabria una licencia de 15 días tras inscribirse en el registro de parejas de hecho, al considerar que no hay previsiones legales que contemplen esta posibilidad y que el matrimonio y este tipo de uniones no son situaciones equivalentes. Como miembro de la Junta Electoral Central, también prohibió las "concentraciones y reuniones" que el Movimiento 15M convocó para la jornada de reflexión de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Fue elegido a propuesta del PP, aunque con la anuencia del PSOE. En rueda de prensa, Rubalcaba llegó a expresar su "satisfacción" por cómo habían concluido las negociaciones con los 'populares’ para su nombramiento: "Es un buen acuerdo porque respeta lo que yo mismo negocié con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al arranque de la legislatura”. Rajoy coloca a Enríquez porque quiere ganar 7-5 en el “caso Cataluña” Pérez de los Cobos tampoco aclara si facturó al PP desde su empresa privada El presidente del Constitucional instala a un policía en su casa del barrio gay de Chueca Voz Populi se hace eco de la noticia de “Espía en el Congreso” “Amiguismo” en la designación de los jueces del TC Una sentencia desvela que el “magistrado” Trevijano (profesor de la URJC) hizo trampas en la Universidad El “magistrado” Ollero (diputado del PP), contra el aborto y contra los gays Xiol, el asesor del ministro Lesdesma (PSOE), alcanza la meta Así "examinan" los políticos del régimen a sus "candidatos" al Tribunal Constitucional Xiol, contrario a la publicidad de las sentencias y el acceso de los media a los tribunales

Grabación de una conversación como medio de prueba

Por Francisco Sevilla Cáceres

La grabación de una conversación como medio de prueba viene siendo aceptada por los Tribunales al no infringir el derecho al secreto de las comunicaciones.

¿Sería legal la grabación de una conversación como medio de prueba, si se ha efectuado de manera oculta ? Seguro que la mayoría nos hemos hecho alguna vez esta pregunta, pero llegado el momento de responderla seguro que también nos habrá asaltado la duda de si la grabación de una conversación privada sin que nuestro interlocutor lo sepa, puede infringir el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones reconocido en la Constitución Española.

Es cierto que el artículo 18.3 de la Constitución, incluido dentro de la Sección 1ª de los derechos fundamentales y de las libertades públicas,  “garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. Pero esta garantía al secreto de las comunicaciones a cuyo amparo puede acudir cualquier ciudadano,  no tiene nada que ver con la grabación de una conversación como medio de prueba para aportarla en un juicio e intentar demostrar unos hechos.

La mayoría de las veces en las que se ha presentado una grabación de una conversación como medio de prueba, sobre todo en vía penal, para demostrar que el acusado cometió el delito por el que se le acusa, la defensa del imputado ha alegado que se ha conseguido dicha prueba de forma ilegal y que por tanto no sea tenida en cuenta la grabación como prueba en contra del inculpado. Posiblemente además, el Abogado defensor alegue en defensa de sus pretensiones que se habrá operado con engaño, y, al utilizar como prueba las manifestaciones de aquel obtenidas de ese modo subrepticio, se vulneraría su derecho al silencio del imputado, con vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución y, evidentemente infracción del citado artículo 18.3 del mismo Texto legal.

Pues bien, al respecto es doctrina consolidada del Tribunal Supremo (valga entre otras la de fecha reciente, 19 de abril de 2013) la que considera que aunque la grabación se haya realizado sin autorización del interlocutor, y por tanto se grabó ocultándoselo y sin ser advertido de ello, tiene validez como medio de prueba.

Las razones que se argumentan de forma general para considerar la grabación de una conversación como medio de prueba válido y eficaz, son a modo de reseña las siguientes:

1ª.-  Dicha grabación no produce ninguna afectación del derecho al secreto del art. 18.3 Constitución Española , ya que no hay interferencia de alguna de las comunicaciones técnicamente habidas del acusado, por parte de un tercero ajeno a las mismas.

2ª.-  La grabación supone el simple registro de una conversación presencial por quien tenía acceso legítimo a lo hablado.

3ª.-  Se trataría de una conversación en la que la persona que la ha grabado ha participado, y que por pertenecer ya al secreto, el mismo podría hablar, difundiéndolo, con idéntica legitimidad jurídica en cualquier otro contexto. (Al respecto, en este sentido, puede verse igualmente la STS de 13 de marzo de 2013).

4ª.-  No cabe entender producida la supuesta vulneración del derecho a no “declarar contra sí mismo” ni “a declarase culpable“, art. 24,2 Constitución , porque este solo juega en las relaciones directas con autoridades como la judicial o la policial, donde la cautela representada por el derecho a guardar silencio busca preservar, frente a la acción de aquellas, la integridad moral de quien está siendo objeto de indagación procesal-penal.

5ª.- Concluye la STS 19 abril 2013, declarando que si lo grabado fueron manifestaciones del posteriormente acusado, en un ámbito extra-procesal, prestadas voluntariamente y sin haber sido forzado ni obligado a prestarla, la grabación será tenida en cuenta como medio de prueba debiendo ser valorada junto con el resto de pruebas por el Tribunal.

CASO PUJOL O CASO MAS

“Raúl del Pozo acusa a Mas de compartir con los Pujol una cuenta en Suiza con 2.300 millones".

Rafael del Barco Carreras

Barcelona 24-09-2014. La dimisión de Gallardón arrincona en los noticiarios a Artur Mas. Uno o dos días de alivio. El Caso Pujol, que condiciona su “habilidad y astucia” ante Rajoy, volverá ser portada pasado mañana en la comparecencia de Pujol ante el Parlament. Pero tampoco esa comparecencia en si misma condiciona la firma y dudas de Mas.   

Los titulares y portadas no varían la dirección del viento. Dicen que Gallardón ha dejado redactado el recurso al Tribunal Constitucional paralizando, y de hecho anulando, la Ley de Consultas aprobada por el Parlament de Cataluña. Un recurso, que bien sabe Mas, no necesita catedráticos de Derecho Constitucional, cualquier becario ha podido redactarlo.

Sus reticencias o habilidades se amalgaman ante la posibilidad de que el Caso Pujol, cuyo guión parece que cree que tiene más o menos controlado, se convierta en el Caso Artur Mas.

El día de ayer se inició peligrosamente para Mas con el escrito de Raúl del Pozo en EL MUNDO y comentado por ANTENA 3.

1.                              Raúl del Pozo acusa a Mas de compartir con los Pujol una ...

elplural.com ‎- hace 8 horas

Raúl del Pozo va a por todas. Acusa este martes a Artur Mas de ser cómplice de los Pujol en sus negocios suizos, una actividad que le habría ...

“Raúl del Pozo acusa a Mas de compartir con los Pujol una cuenta en Suiza con 2.300 millones

El borrador de la UDEF que vinculó a los líderes de CiU con el desfalco del Palau y la cuenta en Liechtenstein del padre del presidente, en el trasfondo…”

 “Raúl del Pozo va a por todas. Acusa este martes a Artur Mas de ser cómplice de los Pujol en susnegocios suizos, una actividad que le habría reportado la nada desdeñable cantidad de 2.300 millones, (entendemos que de las antiguas pesetas):

El Gobierno, por fin, en vez de vigilarnos tanto, ha mirado las cuentas secretas del clan de los Pujol y ha descubierto que Artur Mas tenía depositada en la Unión de Bancos Suizo la cantidad de «2.300 m., sin poder justificar el origen de dicho efectivo ni declarar actividad alguna, salvo la de realizar gestiones esporádicas a Jordi Pujol y a Lluís Prenafeta».”

Si cuando me advirtieron de la tertulia de ANTENA 3, escribí: “Añado a mi artículo anterior... sin poner ni quitar sobre mi opinión que los "tiempos" de Artur Mas vienen más condicionados con el CASO PUJOL que por su "habilidad y astucia" con RAJOY y el Tribunal Constitucional...”  Hoy me reafirmo, las firmas y dudas de Mas se revuelven con la más que posibilidad de que el Caso Pujol se convierta en el Caso Mas.

Artur Mas no puede dimitir como Gallardón, ni siquiera si su jefe Pujol se lo recomendara u ordenara. Se ha convertido de “chico de los recados”,  ¡recados chantajeando a Madrid!, en implicado en el mayor escándalo de la Europa actual.

Tenía razón Mas pidiendo a la Unión Europea que interviniera en el “problema catalán”. Europa debería intervenir, con todos sus medios Anticorrupción, para esclarecer rápidamente un tema que amenaza la credibilidad y estabilidad del Euro. La Generalitat, el Caso Pujol, Catalunya Caixa y ocho caixas más, la quiebra de centenares de municipios y entes públicos, no únicamente afectan al Estado Central, diría que le sobrepasan…

  

"Mas es un zombi. Se le ha ido la olla"