JULIO PÉREZ - VIGO La polémica alrededor de las prejubilaciones millonarias en la fusión de las cajas gallegas está ya en manos oficialmente de la Audiencia Nacional, que ayer admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra cinco de los antiguos directivos ante los posibles delitos de administración desleal o de apropiación indebida como alternativa. El magistrado Ismael Moreno Chamorro, titular del juzgado de Instrucción número 2, considera que existen indicios de que José Luis Pego, Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, con Julio Fernández Gayoso como "cooperador necesario" pudieron disponer "fraudulentamente" de los fondos de la entidad para elevar sus prejubilaciones y opta por abrir una causa contra ellos.
El auto abre la puerta a que tanto el Estado, como el FROB y el particular que denunció la situación –Pablo Arangüena, abogado y líder de la corriente Izquierda XXI, que se presenta como una tercera vía dentro de las dos posiciones oficiales que hasta ahora se movían en los socialistas coruñeses– a que se personen en la causa, además de pedir a Novagalicia que remita la información sobre las prejubilaciones que ya le solicitó la Fiscalía el pasado 1 de junio y al FROB la suya, correspondiente a la suscripción de preferentes de los 1.162 millones de euros de la primera inyección pública y "toda la que posea" con los 2.622 millones de la segunda aportación.
Desde la Audiencia Nacional recuerdan que Anticorrupción alega en su querella "la grave repercusión para la economía nacional" que se deriva del posible "daño patrimonial por medio de engaño o fraude!, ya que, "en parte", los 7.875.474 euros que, según la Fiscalía, se cobraron irregularmente venían de las arcas públicas. A Javier García de Paredes, ex director adjunto procedente de Caixa Galicia –y el único que salió de la entidad cuando ya estaba creado el banco y José María Castellano ocupaba la presidencia– se le reclaman 5.266.014 euros. El Ministerio Fiscal reclama a José Luis Pego, que fue director general y pilotó la unión desde Caixanova, otros 1.443.917 millones. Al exresponsable de la división inmobiliaria, Gregorio Gorriarán, con origen de la caja viguesa, se le reclaman 913.602 euros. Y a Óscar Rodríguez Estrada, también de Caixanova y encargado de la oficina de la integración, 260.940 euros.
La querella de Anticorrupción sostiene que los cambios en las prejubilaciones para adecuarlas supuestamente a miembros de alta dirección justo antes de formalizar el matrimonio de las dos cajas se hicieron de espaldas al Banco de España y a los respectivos consejos de administración. Dos acusaciones que los denunciados siempre negaron y que, según la Fiscalía, contó "con la necesaria cooperación" del copresidente de Novacaixagalicia y anterior presidente, Julio Fernández Gayoso. Ninguno de ellos se ha pronunciado, aunque en el entorno de Pego se agarran al comunicado que, junto con Gorriarán y Rodríguez Estrada, lanzó en noviembre pasado mostrando su "total" colaboración con Anticorrupción y la defensa de su inocencia.
La Audiencia Nacional ha remitido a la Fiscalía otra denuncia de un particular, el presidente del Sindicato de Guardias Civiles para la Democracia –un movimiento presente en otros polémicos casos como la Operación Carioca– contra Gayoso, Pego, José Luis Méndez –el anterior director general de Caixa Galicia, que Anticorrupción no incluyó en su querella pese a cobrar más de 16 millones brutos por jubilación y al que el Banco de España culpó de la situación a punto de intervenir de la caja coruñesa– y sus dos hijos, con alta responsabilidad en Caixa Galicia. La organización les acusa de delitos societarios, administración desleal y fraudulenta y apropiación indebida, entre otros.
El nuevo presidente de la caja gallega saldrá del actual consejo
Teóricamente, en este momento Novacaixagalicia, orientada solo a la gestión de la obra social tras la segregación del negocio financiero al banco NCG, está sin presidente. La dimisión de Mauro Varela ante la oleada de críticas que levantaron sus declaraciones sobre las preferentes –dando por hecho que los compradores, miles de pequeños ahorradores, estaban "al tanto" de su inversión– deja en una situación realmente sorprendente a la gestión, aunque a punto de solucionarse con el consejo de administración ordinario previsto para mañana jueves.
Según fuentes de la todavía caja de ahorros, la legislación obliga a que el nuevo máximo responsable salga de entre los consejeros que actualmente integran el máximo órgano de decisión y a propuesta de ellos. Además, y para seguir el protocolo que guió la fusión, le correspondería a uno de los miembros que proceden de Caixa Galicia para agotar el segundo turno de alternancia previsto, como ocurría con Varela. Los dos actuales vicepresidentes ligados a la entidad coruñesa son el empresario Alfonso Paz Andrade y el político, antiguo presidente de la Diputación de A Coruña, Salvador Fernández Moreda. En la entidad, en todo caso, sostienen que no es obligatorio que sea uno de ellos.
