REFLEXIONES DE UN JUBILADO QUE SON VERDADES COMO TORRES.
- EXCLUSIVA
La Benemérita aconsejó en un informe investigar las llamadas que hizo Presidencia el día del chivatazo. También alertaron sobre la posible inculpación de cargos del PSOE.
Garzón apartó del Faisán a la Guardia Civil cuando los agentes implicaron a Moncloa
Rodrigo Gavilán. Madrid
El juez Baltasar Garzón, instructor del caso Faisán de julio de 2006 a mayo de 2010, apartó de la investigación del chivatazo a ETA a la Unidad Especial de Información nº 1 de la Guardia Civil cuando esta le emplazó a seguir indagando las llamadas mantenidas el día del soplo entre el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, Manuel Risco, un teléfono asignado a Presidencia del Gobierno y otro a cargo del PSOE.
Grande-Marlaska
El origen de los hechos se remonta a mayo de 2006. El día 9 de ese mes, cinco días después de producirse el chivatazo a ETA, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska dictó un auto por el que ordenaba la apertura de dos investigaciones paralelas sobre el caso. En concreto, Marlaska quería “constituir sendos grupos de investigación, uno constituido por los miembros del Cuerpo Nacional de Policía” y otro formado “por los miembros pertenecientes al Servicio de Información de la Dirección General de la Guardia Civil”.
Los primeros días de la investigación fueron frenéticos. Con la orden expresa de no informar a sus superiores, desde la calle Guzmán el Bueno de Madrid –donde está ubicada la sede de la Jefatura de Unidades Especiales de la Guardia Civil– se cursaron decenas de órdenes a las compañías telefónicas para que informaran de todas las llamadas producidas en las proximidades del Faisán durante la mañana del soplo a ETA. Además, se creó una base de datos en la que se registraron 2.095 contactos telefónicos, tanto salientes como entrantes, susceptibles de ser investigados. Los agentes de la Guardia Civil agruparon esas llamadas en conjuntos menores para su posterior estudio. El primer filtro dejó un registro total de 1.284 números a investigar.
Regreso de Garzón
Mientras se iban llevando a cabo esas pesquisas, Baltasar Garzón regresó a la Audiencia Nacional tras su excedencia de 16 meses en Estados Unidos y se puso al frente del caso. Fue el 3 de julio de 2006, casi dos meses después de producirse el chivatazo, cuando Garzón relevó definitivamente a Marlaska. Su primera decisión la tomó el 10 de julio, cuando exigió a la Policía y a la Guardia Civil que “antes de 5 días” le hicieran llegar un “resumen con todo” lo que hubieran recabado desde que Marlaska les ordenó investigar. Cuatro días después, llega a la sede de la Audiencia Nacional el informe número 28/2006 de la Unidad Central Especial nº 1 de la Guardia Civil, remitido por el coronel jefe Pablo Martín Alonso, donde el servicio de información refleja sus avances y no deja lugar a dudas sobre sus conclusiones. Dicho informe, al que ha tenido acceso en exclusiva LA GACETA y que se reproduce en esta página, ha permanecido cinco años oculto, bajo secreto de sumario.
Apuntan a Ferraz
El escrito remitido por la Benemérita a Garzón señala la pertinencia de seguir investigando las llamadas que, el día del chivatazo, intercambiaron el comisario Risco, el Palacio de La Moncloa y la sede socialista de Ferraz. La mañana del soplo, recoge el informe, “el jefe de la Unidad Territorial de Información de San Sebastián, Manuel Risco, se ausentó de una reunión de coordinación entre las unidades que iban a desarrollar la operación, hasta una hora después de haberse concretado”.
Esta ausencia tan notoria hizo que los agentes pusieran especial atención al tráfico de llamadas del móvil de Risco, que arrojó importantes conclusiones. “Realizada una investigación entre las llamadas emitidas y recibidas a través de su número de teléfono 62924XX32, se ha detectado una realizada al número 65040XX63 del cual es titular el PSOE, a las 10.01 del día en que se produjeron los hechos”. Los agentes de la Guardia Civil alertaron al juez también de “una llamada realizada” la tarde del soplo “a un teléfono móvil cuyo titular es Presidencia del Gobierno”. La Benemérita concluyó que “se está pendiente de la recepción de información complementaria”, instando al juez a seguir investigando.
Cuando el informe llegó a Garzón, la decisión del juez fue apartar a la Guardia Civil y dejar la responsabilidad de la investigación exclusivamente en las manos del entonces inspector jefe Carlos Germán, encargado de las pesquisas policiales.
- EL FUTURO DEL FAISÁN
Fuentes jurídicas apuntan que debería abstenerse de participar en el Pleno que el martes decidirá el futuro del Faisán. Rubalcaba le otorgó tres medallas en dos años.
Bermúdez no se inhibe y votará a favor de la cúpula del ministerio que le condecoró
David Martínez. Madrid
El destino del caso Faisán se resolverá definitivamente el próximo martes 20 de septiembre, justo dos meses antes de las elecciones generales. Ese día, 15 de los 18 magistrados que componen el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolverán si mantienen o no la imputación por colaboración con banda armada a los tres procesados, el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros. Si la imputación se levanta, el caso saldría de la Audiencia rumbo a un juzgado de Irún, tal y como reclaman los encausados.
La decisión final sobre el destino del Faisán la tomará el Pleno y no la Sección Tercera –competente y que hasta la fecha había avalado todas las tesis del juez instructor, Pablo Ruz– porque así lo ordenó de manera unilateral el presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez. Este magistrado será, pues, uno de los 15 que participará en la votación, pues aún no ha anunciado su intención de inhibirse ni está previsto que lo haga en las escasas horas que quedan para que el Pleno se celebre. Y razones para hacerlo no le faltan, tal y como apuntan fuentes jurídicas consultadas por LA GACETA.
Agasajado
Bermúdez fue condecorado por el Ministerio del Interior –cuya cúpula es la que está procesada en el Faisán– hasta en tres ocasiones en un plazo de dos años. Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba estaba al frente de la cartera, mostró una especial predilección por este juez. En el año 2008 y con apenas 15 días de diferencia, Bermúdez recibió primero la medalla al Mérito Policial y después otra al Mérito Penitenciario. Dos años después, Interior volvía a acordarse de su magistrado favorito y le condecoraba de nuevo. Esta vez se le otorgó la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo.
El hecho de haber recibido tantos agasajos por parte del Ministerio del Interior, cuya cúpula se encuentra ahora en la encrucijada, no parece haber hecho a Bermúdez dudar de su imparcialidad. Lejos de mantenerse al margen del caso y dejar a Ruz y a la Sección Tercera que que hicieran su trabajo, el juez triplemente condecorado irrumpió el pasado mes de julio en el Faisán para elevar la última y trascendental decisión sobre él al Pleno de la Sala que preside.
Después de eso, ni siquiera se ha planteado abstenerse de participar en el mismo, pese a las fundadas sospechas de parcialidad que se ciernen sobre él.
IU y PP se ponen de acuerdo para quitarle a Ibarra su oficina y sus coches La oficina del ex presidente ha costado dos millones de euros a los extrem
IU y PP se ponen de acuerdo para quitarle a Ibarra su oficina y sus coches
La oficina del ex presidente ha costado dos millones de euros a los extremeños.
Ambas agrupaciones parlamentarias tienen desde este jueves dos meses para decidir cuáles serán los artículos y disposiciones que se suprimirán de la ley que regula el citado estatuto, aprobada en el parlamento autonómico en marzo de 2007 con los votos a favor de PSOE y PP y en contra de IU.
La iniciativa ha partido del Grupo IU-Verdes-Siex, cuyo diputado Víctor Casco ha arrancado su intervención ante el hemiciclo calificando la citada ley de 2007 como un acto de "piratería" y un "robo al bolsillo de los ciudadanos con nocturnidad y alevosía".
Para Casco han sido un "gasto obsceno" los dos millones de euros que hasta la fecha ha implicado la puesta en marcha de la oficina del ex presidente Rodríguez Ibarra y los sucesivos costes derivados de su funcionamiento.
En su turno, el portavoz socialista, Valentín García, ha tachado de "indigna" la intervención de Casco, al que ha calificado como "sin duda el mejor portavoz de la caverna mediática de Madrid".
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, ha presentado una enmienda a la propuesta original de IU, de modo que el estatuto del ex presidente no se derogará en su totalidad, como reclamaba la agrupación izquierdista, sino que por un lado se mantendrán los aspectos protocolarios y de tratamiento, al tiempo que sí se modificarán o suprimirán aquellos que impliquen privilegios de orden material, tales como la oficina y su dotación de personal.
Así mismo se eliminarán el sueldo, la pensión y la pensión de viudedad a los que pueden acogerse los ex presidentes, si bien cabe indicar que tanto Juan Carlos Rodríguez Ibarra como Guillermo Fernández Vara han rechazado la percepción de tales retribuciones.
El debate parlamentario sobre este asunto tuvo momentos de notable aspereza entre los representantes de Izquierda Unida y PSOE. La intervención inicial de Víctor Casco fue vehemente, toda vez que el parlamentario no escatimó en epítetos para la ley que regula el estatuto del ex presidente ni para la oficina que amparaba dicho marco legal. Para el diputado de IU-Verdes-Siex se trata todo ello de una "degradación de la política" que afecta a la "dignidad" de la institución parlamentaria, así como una "carta a los Reyes Magos" para el "viejo jefe" por parte del PSOE.
Casco se ha referido algunos de los gastos de la oficina, desde alusiones al sueldo de algunos de sus trabajadores, que ha dicho superan en 10.000 euros anuales lo que cobraban en la asamblea, hasta la compra de mobiliario diverso, como "1.800 en una alfombra que ni siquiera vuela". "Casi estoy por pedir que mantengamos la oficina y pongamos un cartel que diga 'pasen y vean: Museo de la Austeridad'", ha bromeado Víctor Casco.
Valentín García descalificó la intervención de Casco, a cuya formación política, Izquierda Unida, acusó de tener representantes que "se aprovechan de las instituciones y luego son los primeros que las atacan". Así, recriminó a Víctor Casco por haberse manifestado junto al movimiento 15-M y la Plataforma Refinería No el pasado día 7 frente a las puertas del Teatro Romano, justo antes del acto institucional del Día de Extremadura. "¿Eso es fortalecer la vida pública o contribuir a la indignidad de los indignos?, ustedes no utilizan las instituciones de manera democrática", ha exclamado García, quien considera que IU busca "revancha" y "venganza" contra el PSOE.

En la Categoría | Corrupción
Comunicado: Denuncia de la Coordinadora Masby ante la Fiscalía Anticorrupción
La Coordinadora Masby presentará el próximo viernes 16 de Septiembre ante la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada (Fiscalía anticorrupción) en Madrid una denuncia con la documentación que nos han hecho llegar distintos miembros de Masby sobre los posibles delitos de la Generalidad Valenciana y una entidad financiera para que se investiguen los hechos.
Los posibles delitos son: Vulneración legal en cuanto a la protección de datos, posible malversación de caudales públicos e investigación sobre posible agujero económico de la Generalidad de 18.000 millones de euros.
A las 10.30 de la mañana y después de la entrega de la documentación a la Fiscalía, daremos todo tipo de información a los medios de comunicación en las misma puerta.
Desde la Coordinadora Masby entendemos que son similares practicas que concurrieron en el Caso Rumasa y esperamos que la Fiscalía del Estado investigue y practique las auditorias como si de una empresa privada fuera. Si los hechos fueran constitutivos de delito, confiamos que se expropie la Comunidad Valenciana y pase a ser gobernada por la Administración del Estado, a parte de las responsabilidades personales que hubiera lugar.
Juan Vte. Santacreu – Coordinador Movimiento Masby
- LA DOBLE MORAL NACIONALISTA
Líderes de CiU, PSC y PP optan por la enseñanza bilingüe y privada. Los representantes de ERC e ICV llevan a sus hijos a escuelas públicas. Algunos amenazan con salir de la política por la lengua.
Mas matriculó a sus hijos en una escuela elitista de cuatro idiomas
Julia Urgel. Barcelona.
Mientras la mayoría de los políticos catalanes defiende la inmersión lingüística en catalán en las escuelas, en su casa opta por lo contrario y lleva a sus hijos a colegios privados o concertados donde tienen asegurado no sólo aprender castellano y catalán, sino también inglés, francés o alemán.
La Generalitat no quiere que el castellano sea lengua vehicular y considera que el modelo actual resulta todo un “éxito pedagógico”. De hecho, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha llegado a amenazar al Partido Popular ante posibles pactos políticos si juegan con la inmersión lingüística. “Nadie les toca las narices a los españoles con el castellano ni a los franceses con el francés ni a los alemanes con el alemán. ¿Y por qué a los catalanes nos tienen que tocar las narices con nuestro idioma?”, se preguntó.
Mas mantiene: “Con la lengua no se juega”. Sin embargo, mientras impone el catalán en la enseñanza, en la Administración y en las relaciones con los ciudadanos, lleva a sus hijos a uno de los mejores colegios de Barcelona –Aula– el mismo centro en el que él estudio.
‘In english’
Aula es de las escuelas más elitistas de la Ciudad Condal. Cuentan que no sólo Mas ha llevado allí a sus hijos, sino diversos dirigentes políticos. Fue fundada por el pedagogo Pere Ribera, ya fallecido, yofrece una educación muy disciplinada y en cuatro idiomas: catalán, castellano, inglés y francés, como cuarta lengua. Tan elevado es el nivel de exigencia, que si no se cubren las expectativas del centro se invita al alumno a marcharse. De esto saben los hijos de Mas, que según cuentan fuentes cercanas, terminaron sus estudios en un centro privado de monjas.
En un artículo en La Vanguardia publicado esta semana, el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras se refería a Aula para explicar la doble moral que practican algunos políticos catalanes en materia lingüística. En la web de la escuela se explica que su objetivo no sólo es que los niños se expresen oralmente y por escrito en las cuatro lenguas, “sino que dominen su uso en el ámbito académico e intelectual”.
Por la enseñanza en inglés optó el alcalde de Barcelona, Xavier Trías, el mismo que votó “sí” a la independencia de Cataluña en un referéndum realizado en la Ciudad Condal en abril. Sus hijos, ya mayores, recibieron su educación en la escuela Santa Claus. Su fundadora, de nacionalidad inglesa, “le dio una huella de pluralidad lingüística y cultural que, junto con el currículum oficial, forma parte del carácter propio de nuestra escuela”, señala su página web. Y añade: “Pretendemos que nuestros alumnos, al acabar la Educación Primaria, tengan el mismo conocimiento en las tres lenguas: castellano, catalán e inglés”.
Mayores son también los hijos de Josep Antoni Duran i Lleida, el portavoz de CiU en el Congreso, que acudieron a un colegio concertado y católico, situado en el barrio de San Gervasio en Barcelona. Fuentes cercanas a Duran aseguran que fue el Jesús María. De colegios concertados sabe también la líder del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, que lleva a su hijo de cinco años a una escuela en la que aprende inglés, castellano y catalán.
Plurilingües
Pocos idiomas, en cambio, podrán aprender los hijos de Oriol Pujol i Ferrusola, el presidente del grupo parlamentario de CiU. Su fama de nacionalista catalán está bien justificada, pues fue de los que también votó “sí” a la independencia de Cataluña, junto a Trías. Además, fuentes consultadas por la GACETA cuentan que el pequeño de los Pujol lleva a sus hijos a la escuela Thau de Barcelona, un centro privado que abre su portal de Internet con las palabras: “Una llengua, una escola, un país” (“una lengua, una escuela, un país”, en catalán).
José Montilla, impulsor de la Ley de Educación que ahora rige en las escuelas lleva a dos de sus trillizos, Anna y Hèctor, al Colegio Alemán, una escuela subvencionada por el Gobierno de Alemania, cuyas cuotas rondan los 400 euros mensuales.
La mayoría de los estudiantes que acude a esta escuela son hijos de alemanes que viven de manera temporal en Cataluña. “Muchos padres están de paso y, como regresarán a Alemania, los niños no reciben clases de catalán. Los otros, una hora a la semana. Mis hijos saben catalán perfectamente, a pesar de que escriben con muchas faltas de ortografía. Dan poco catalán, esta es la verdad, una hora a la semana es poquísimo. Pero bueno, ya lo supliré yo más adelante. Prefiero que sepan alemán”, explicó Anna Hernández, la mujer de Montilla en febrero de 2010. El tercero de los trillizos, Víctor, va a otro colegio y “sí que sabe mucho” catalán, añadió la mujer de Montilla en el libro Descubriendo a Montilla de Gabriel Pernau.
Y del alemán al francés. Los hijos de Joan Laporta, ex presidente del FC Barcelona, el mismo que se declara independentista y que sueña con una “nación catalana organizada en un Estado propio”, lleva a sus hijos al Liceo Francés, el centro escolar al que acuden los niños y jóvenes de las familias más acomodadas de la ciudad, que evitan la inmersión lingüística.El Liceo Francés está situado en el corazón del barrio de Pedralbes y cuenta con 2.700 alumnos. De hecho, hasta que se marcharon a Estados Unidos, la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín también llevaban a sus hijos a ese centro. Muchos jugadores del Barça siguen ese mismo ejemplo.Enseñanza pública
En la línea de lo que prodiga el presidente de Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, va la escuela a la que lleva a su hijo. La escola Proa, que se define como “catalana, laica, democrática, pluralista y activa”. Puigcercós defiende desde su partido la inmersión lingüística y se ha alineado “incondicionalmente” con el Gobierno catalán para defender la inmersión lingüística. Además, ha denunciado el acoso al idioma catalán desde “un consenso español que ha puesto en la proa a la lengua catalana”.
Por su parte, Joan Herrera, el líder de ICV y diputado en el Congreso, lleva a su hijo a un colegio público en Poblenou, un barrio industrial de la ciudad de Barcelona.
Educación superior
Del colegio a la Universidad… La GACETA ha podido saber que la hija de Felip Puig, el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, estudió su licenciatura en la Universidad Abat Oliba CEU, un centro que se rige bajo inspiración católica.

