sponsor
Cambiar tamaño del texto
SEGÚN DENUNCIA UN GUARDIA CIVIL
Intxaurrondo acumula denuncias por posible fraude y robos a etarras
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Perez Rubalcaba (EFE). J.Chicote.
Un guardia civil destinado en el cuartel de Intxaurrondo ha denunciado verbalmente y por escrito ante sus mandos de la Comandancia de Guipúzcoa y ante el Ministerio del Interior una lista de delitos cometidos presuntamente por cinco miembros de la Benemérita dedicados a la lucha antiterrorista. Entre las denuncias presentadas hay una fechada el 11 de marzo de 2010 a la atención de Alfredo Pérez Rubalcaba. En este escrito, el guardia civil asegura que existe “cobro irregular de dietas y de otros beneficios económicos relacionados con la Comandancia de Guipúzcoa por parte del Sgto. J.G.U. y utilización de los fondos reservados y de la remuneración de las fuentes para fines irregulares”.
Según fuentes de la Comandancia de Guipúzcoa consultadas por El Confidencial, hay agentes de la Benemérita que todos los meses cobran distintas cantidades en concepto de dietas “pese a que no han salido del cuartel”. En cuanto a la remuneración de las fuentes, se trataría al menos del sargento J.G.U., que, según la acusación, se queda con dinero destinado al pago de informantes.
Cuando un agente capta a un confidente, lo da de alta en los archivos de la Dirección General de la Guardia Civil, que autoriza los pagos en función de la información que suministra el colaborador. Según fuentes conocedoras del caso, el procedimiento sería el siguiente: el agente envía una información atribuida a un confidente, solicita el dinero y se lo queda “porque la información ha sido elaborada gracias a otra fuente distinta, de las que no cobran, pero él la atribuye a un confidente remunerado, al que ningún mando de la Guardia Civil va a ir a preguntarle si le han entregado el dinero”.
El mismo agente también se embolsa, presuntamente, dinero de gastos de su unidad inexistentes, pero que él justifica mediante facturas falsas. Las distintas irregularidades de índole económica no quedan ahí. Uno de los escritos presentados refleja que otro guardia, el sargento J.S.R., el mismo que facilitaba datos de otros guardias a ETA a través del diario Gara, roba en los registros en domicilios de etarras o de sus familiares: “J.S.R. coincide desde hace años en los registros que se realizan con motivo de las detenciones de miembros de ETA y que luego los familiares de ETA denuncian públicamente en los medios de comunicación social la sustracción de dinero de sus domicilios”. Además, algunos agentes se habrían quedado con material incautado en una operación contra ETA, como “bicicletas y remolques”.
En un escrito entregado al coronel jefe de la Comandancia de Guipúzcoa, el denunciante asegura que todos los mandos están al tanto de infinidad de irregularidades y pone en conocimiento del Ministerio del Interior que los cinco denunciados -un capitán, dos sargentos, un cabo y un guardia (las graduaciones actuales pueden ser diferentes por los ascensos)- “usan los vehículos oficiales para llevar a sus esposas al trabajo, los hijos al colegio, a la familia de rebajas, a disfrutar de fines de semana en Salamanca, alguno también a pasear a alguna amiga que conoce en su día libre por la noche”.
Permisividad de los altos mandos
Las denuncias inciden en la pasividad de los jefes del cuartel ante estas conductas. Fuentes de la lucha antiterrorista han revelado a El Confidencial que los mandos han sido tradicionalmente permisivos con este tipo de conductas y no han vigilado excesivamente todas estas irregularidades o posibles delitos “debido a la presión a la que están sometidos los guardias civiles de Intxaurrondo, que se juegan la vida a diario y que tantos éxitos han logrado contra ETA”.
Entre los agentes denunciados hay tres que, según refleja uno de los escritos presentados,“estuvieron en la época de actuación de los GAL y uno de ellos estuvo presente en el calabozo cuando FALLECIÓ, por un ataque al corazón, la miembro de ETA Miren Gurutze Yanci el 24 de septiembre de 1993 en Tres Cantos (Madrid)”. El entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, tuvo que dar explicaciones tras el fallecimiento de la etarra detenida que, según la autopsia, murió a causa de una insuficiencia cardiorrespiratoria.
El denunciante también informa de un suceso protagonizado por uno de los denunciados, J.G.U., que “mantuvo una discusión con su hija, salieron al pasillo de la planta 3, del bloque 205 de su acuartelamiento, allí la esposa del sargento llamó a los timbres de las puertas de los vecinos para pedir ayuda y la frase de su esposa fue que le quiten el arma a mi marido (Sgto. J.G.U.), que quiere matar a mi hija”.
Un juzgado militar investigó todos estos hechos en un mismo caso y lo sobreseyó, según fuentes oficiales. El denunciante acudió a la justicia ordinaria, que consideró que el caso es competencia de los tribunales militares, decisión que está recurrida por la acusación, informa la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Guardia Civil. Ni el denunciante ni los demandados han contestado a las llamadas de El Confidencial.
¿Es la prohibición de entrada una consecuencia de la orden de expulsión?
Otra novedad que se incorpora a
La duración de la prohibición de entrada se determinará atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso y su vigencia no será superior a cinco años, aunque, excepcionalmente, cabe imponer un período de prohibición de entrada de hasta diez años, cuando la persona extranjera suponga una amenaza para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública. El plazo de prescripción de la sanción impuesta no empieza a contar hasta que haya transcurrido el período de prohibición de entrada fijado en
EL DESENLACE DEL CASO FAISÁN (II)
El misterio del 68512132X, el segundo de los móviles entregado a los negociadores de ETA
Carlos Fonseca.-
Víctor García Hidalgo junto a Rubalcaba (Efe).
La detención de los etarras Juan Carlos Yurrebaso y Pedro María Suárez el 20 de marzo de 2007 en Francia facilitó la primera pista que relacionaba el chivatazo a ETA con la negociación con la banda terrorista en el frustrado proceso de paz. En aquella fecha los contactos estaban oficialmente rotos tras el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas, pero ambas partes mantenían en secreto una vía de comunicación. Yurrebaso entregó a los agentes galos dos números de teléfono españoles para que comprobaran que formaba parte del equipo negociador de la banda y le dejaran en libertad. Uno de esos teléfonos era el 648147190, que utilizaba Víctor García Hidalgo, director general de la Policía, del que este diario ha informado ampliamente. El segundo teléfono era el 68512132- de la operadora Orange, cuyo usuario no pudo ser identificado porque al número de móvil le faltaba un dígito.
La Guardia Civil, primero, y el equipo policial que seguía la pista a los autores del chivatazo, después, abrieron sendas investigaciones para desvelar la identidad de la persona que lo utilizaba. La Benemérita elaboró dos informes, de fechas 15 y 27 de junio de 2007, en los que daba por sentado que el dígito que faltaba era el último, y pidió a Orange los titulares y el tráfico de llamadas del 68512132- con las diez posibles terminaciones, de 0 a 9. Con los datos en su poder, los agentes llegaron a la conclusión de que ninguno de ellos guardaba relación con los hechos y se olvidó del tema.
Las nuevas pistas de la Policía
El equipo policial que investigaba el chivatazo a ETA (4 de mayo de 2006) consideró que no tenía sentido investigar tan solo la citada combinación de diez números, porque el dígito que faltaba podía no ser el último, lo que incrementaba el número de combinaciones posibles a 73 tras discriminar el primer dígito, el 6, por el que comienzan todos los móviles españoles. Tras obtener la titularidad de todos los teléfonos citadosexcluyeron diecisiete porque o no habían sido asignados o no habían sido activados.
De las 56 opciones restantes las compañías de telefonía móvil aportaron información sobre 39 personas. Su identidad fue cruzada con las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social en busca de un perfil que fuese similar al ya citado 190. Setenta de ellos fueron descartados porque se trataba de personas con ocupaciones sin relación lógica con los hechos que llevaban años cotizando.
De los tres restantes, uno estaba a nombre de una joven de 21 que no había iniciado su vida laboral; otro estaba titularizado por un ama de casa (razones por las que ninguna de ellas aparecía en la base de datos de la Seguridad Social), pero el tercero levantó las sospechas de los agentes. Se trataba del número 628512132 de la compañía Movistar a nombre de Francisco Camarote Camarote, una identidad con la que no existe ningún DNI expedido en nuestro país, y el DNI que se había consignado en el contrato correspondía a una persona ya fallecida. La investigación sobre el tráfico de llamadas de dicho número demostró que los teléfonos con los que comunicaba eran en su gran mayoría de Córdoba y sin aparente relación con los hechos, razón por la que finalmente se descartó.
A estos 39 teléfonos descartados hasta ese momento se sumaron otro ocho titularizados por personas jurídicas. Uno de ellos correspondía a la Generalitat de Catalunya y era utilizado por los Mossos como medio de seguimientos electrónicos (baliza). Restaban, pues, nueve números por investigar, entre los que debía estar el que fue facilitado a los negociadores de ETA, junto al citado 190, como “salvoconducto” por si tenían problemas en sus desplazamientos por Francia.
Cinco números sospechosos
Los nueve números correspondían a tarjetas prepago. Uno de ellos había sido dado de alta el 14 de junio de 2007, lo que lo descartaba (los etarras fueron detenidos el 29 de marzo de 2007). El tráfico de llamadas de tres de ellos evidenciaba que no existía conexión, siquiera indirecta, con ninguno de los terminales utilizados por policías que estaban siendo investigados y fueron igualmente descartados. Las sospechas quedaban centradas en los cinco números restantes, de los que los investigadores no consiguieron datos relativos a la existencia de tráfico de llamadas, lo que no permitía identificar indirectamente a sus usuarios e impedía descartar o confirmar su relación con el proceso negociador y el chivatazo.
Por último, el equipo investigador comprobó si a través de alguno de los 73 números investigados, o de sus contactos, existían relaciones, directas o indirectas, con alguno de los vinculados al 190, con resultado negativo.El usuario del 68512132- sigue, a día de hoy, siendo un misterio