El último informe policial de Gürtel destapa la financiación ilegal del PP
Correa organizó, según el documento remitido a Pedreira hace seis días, actos de los populares en Boadilla y se los facturó a las concesionarias de la basura
TONO CALLEJA
El acto celebrado el 6 de marzo de 2003 en Boadilla del Monte por la entonces candidata del PP a la presidencia de la Comunidad, Esperanza Aguirre, con el fin de presentar su propuesta para construir el metro ligero hacia el oeste de la Comunidad de Madrid y que tuvo un coste de 11.449 euros, fue pagado al 50% por las empresas Sufi y FCC, concesionarias del contrato de la basura en Boadilla del Monte. Las dos firmas abonaron en total a Special Events, propiedad del presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, cinco facturas de eventos que había organizado este para el PP en el municipio. El coste de estos actos fue de 24.901 euros, según indica el último informe realizado por la Policía Judicial y que fue remitido el pasado martes al magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en la democracia ligada a un partido político: el PP.
El folio de la izquierda es un manuscrito interceptado a la red, en el que aparecen los gastos generados en Boadilla por el PP y González Panero. También se ve el reparto que se hace entre las empresas. Los otros dos documentos son facturas de Correa al PP, cuyos datos coinciden con la cantidad que abonan FCC y Sufi.-
Además del acto de Esperanza Aguirre, las empresas a las que el Ayuntamiento de Boadilla les adjudicó la gestión de las basuras pagaron a Special Events por otros trabajos que hizo el PP, como la realización de carteles (2.405 euros); el montaje de la reunión celebrada en el hotel Convento de Boadilla el 27 de abril de 2002 (1.637 euros); la organización de un evento el 4 de junio de 2002 (2.504 euros) y un acto de "alcaldía", del 25 de febrero de 2003 ( 4.475 euros).
La organización de Correa, según las conclusiones de la policía, actuó como "canalizadora" y "ejecutora" de la operación mediante la que el PP evitó pagar los actos que celebró en Boadilla, uno de ellos el que encabezó la entonces candidata del PP a la presidencia de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Así lo explica su informe: "Correa presta los servicios turísticos al alcalde a través de su empresa Pasadena Viajes, realiza las compras de prendas de vestir para González Panero mediante facturas emitidas a través de su empresa Special Events, anotando la indicación de facturar a Sufi por publicidad, al mismo tiempo que organiza los eventos del PP de Boadilla, que cobra de las sociedades Sufi y FCC mediante cuatro facturas emitidas por Special Events por unos supuestos servicios prestados".Las facturas por el pago de los servicios, según la policía, son "ficticias"y su "único fin es el de hacerse cargo de distintos servicios de carácter particular [...], así como a gastos relativos a distintos actos efectuados para el Partido Popular en dicha localidad pendientes de cobro, por un importe total de 98.389,42 euros".
En el registro efectuado en una nave de un polígono de Alcorcón, en donde se almacenaba la documentación de la sociedad de Correa Easy Concept, se encontró un documento manuscrito que la policía considera "especialmente significativo", ya que en él se refleja la suma del importe de los regalos realizados a González Panero (33.074 euros), el pago por los actos del PP (24.901 euros) y el coste de un vídeo (26.843 euros). La suma de los tres conceptos asciende a 84.818 euros. En el mismo folio se calcula el IVA, que eleva la cifra final hasta los 98.389 euros. Pero una vez establecido el importe final, según indica el informe policial, este se divide en dos, a nombre de Sufi (49.149,71 euros) y FCC (49.149,71 euros). A continuación, estas dos empresas facturan a Special Events por la cantidad indicada.
Para enmascarar el pago de los actos del PP -uno de ellos protagonizado por Esperanza Aguirre- y de los regalos que la trama hizo a Arturo González Panero, el Consistorio de Boadilla del Monte ideó una forma de hacer pasar como legales los abonos realizados por las empresas privadas a Correa. Así, un apartado de los pliegos de condiciones de la adjudicación de la basura obligaba a las empresas que se hicieran con el servicio a realizar campañas de comunicación por el 2% del total del dinero que recibían del Consistorio. Y en todos los casos eran las empresas de Correa las que cobraban por estas campañas de publicidad, que tampoco se llegaron a realizar. De esta forma, Correa facturaba a FCC y Sufi los actos que le organizaba al PP, lo que demostraría la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
El modus operandi de los populares madrileños es muy parecido al del PP valenciano, que desde el Gobierno presidido por Francisco Camps adjudicaba obras a empresas que pagaban los actos de este partido organizados por la sociedad de Correa Orange Market.
El informe policial que tiene el juez sobre la mesa destaca, además, que en otro folio encontrado en una carpeta azul durante la inspección efectuada en el domicilio particular de José Luis Izquierdo, el contable de Francisco Correa, se registra la entrega de la cantidad de 157.800 euros por parte del presidente de la sociedad Sufi, Gonzalo Naranjo, tres meses después de que se le adjudicara el contrato de las basuras en Boadilla, a Arturo González Panero, José Galeote, Tomás Martín Morales, todos ellos de Boadilla, y al propio Correa.
El informe de la Policía Judicial también indica que el exalcalde del municipio Juan Siguero, que dimitió el mes pasado tras ser imputado por Pedreira, fue quien promovió la modificación del contrato de la basura de FCC y Sufi. Siguero, que fue tesorero del PP de Boadilla del Monte, también formó parte de la mesa de contratación, según la policía.
Asimismo, los investigadores consideran que Correa utilizó el importe de las distintas prendas de vestir compradas a González Panero para aumentar el coste de los eventos que le cobraba a las instituciones públicas y privadas, con la finalidad de que estas fueran las que finalmente pagaran el producto. Como pasó con facturas que Correa cobró al PP por el acto de cierre de la campaña de 2003 y por un evento de 2004 para celebrar los ocho años de Gobierno de José María Aznar.
Una empresa de la trama de la construcción de Gerona fichó a un implicado en el ‘caso Millet’
Una vidriera del Palau de la Música (Súnion vía Flickr) @A. Fernández.
Paralelamente, Hacienda descubrió supuestas facturas falsas de entrega de material. Resulta quelos bloques de piedra que se habían comprado eran tantos que podrían dar para “varias pirámides”, según manifestaron a El Confidencial fuentes del Puerto de Barcelona. De ello se deducía que no habían comprado realmente ese material, sino que habían utilizado empresas pantalla para confeccionar las facturas y simular la entrega de los bloques. El tema está todavía bajo investigación.
Adjudicación de la T1 del Prat
Según la documentación del juzgado número 5, Construcciones Rubau recibió, sólo en los dos últimos años, unos 10 millones de euros en obras públicas de la demarcación de Gerona. Pero eso es una bagatela para lo que se ha embolsado en esta última década. Para empezar, también formó parte de la UTE -junto a Ferrovial y FCC Construcción- que se adjudicó el edificio de la terminal 1 del aeropuerto del Prat (525.500 metros cuadrados más 12.000 plazas de aparcamiento, 1.285 millones de presupuesto), que comenzó en el 2004. Allí trabajaron también otras dos UTES en las que se encuadraban, entre otras, Necso, OHL, Copcisa, Dragados y Comsa.
En Gerona, se adjudicó la construcción de la Audiencia Provincial en mayo de 2009 por más de 2 millones de euros, la construcción del Polígono industrial Sur de Figueres, en la misma provincia o la construcción del colegio La Draga en Banyoles. Pero su actividad no se circunscribe a la capital catalana y a Gerona, sino que se extiende más allá: en febrero de 2009, el Ayuntamiento de Reus (Tarragona) le encargó la construcción del instituto Pi del Burgar por 4,76 millones de euros y en esta localidad también edificó el año pasado el centro de asistencia primaria, presupuestado en más de 5 millones. También remodeló la carretera de Reus a Salou por 735.000 euros. Recientemente, se hizo con el proyecto de nuevas áreas infantiles y la pista de patinaje del Parque Güell en Barcelona, contrato concedido por el Ayuntamiento de la ciudad, por algo más de medio millón de euros.
A FAVEC pídelle ao Alcalde que rectifique as medidas que dificultan o acceso de público aos Plenos.
O movemento veciñal oponse á prohibición de acceso ao Pleno a quen porte carteis ou a quen tivera participado presuntamente en incidentes previos.
- Descarga: Carta da Comisión Permanente da FAVEC ao Alcalde (PDF)
A Federación de Asociacións Veciñais de Vigo “Eduardo Chao” ven de remitirlle, a través do rexistro telemático do Concello, unha carta ao Alcalde na que lle demandan que proceda á rectificación urxente das medidas que se teñen adoptado dun tempo a esta parte e que dificultan o acceso da cidadanía ás sesións plenarias.
Na misiva, o colectivo veciñal denuncia filtros policiais obxectivamente excesivos, rexistros abusivos e a identificación no acceso. Así mesmo rexeita con especial énfase a recente prohibición de acceder ao Salón de Plenos a quen porte carteis ou a quen presuntamente participase dalgún incidente no desenvolvemento dun Pleno anterior, medidas que cualifican de “arbitrariedades fondamente antidemocráticas que vulneran dereitos fundamentais”.
Nese senso desde a FAVEC afirman que a Casa do Concello debe ser a casa de toda a cidadanía viguesa, e que nela ademais de escoitar o que se debata a veciñanza ten que poder expresarse, sen que iso altere o desenvolvemento das xuntanzas, tanto para manifestar adhesión a través do aplauso como rexeitamento portando consignas en carteis ou camisolas. “Só se pode discrepar deste extremo desde concepcións de escaso ou nulo compromiso democrático” conclúen.
Así mesmo lémbranlle ao Alcalde “a natureza pública desas sesións así como o dereito da cidadanía a asistir ás mesmas”, acrecentando que “non se trata de concesións graciosas nin potestativas, senón de dereitos esencias sobre os que se debe asentar unha xenuína democracia no ámbito municipal”.
Empleo detecta 70 intrusos en 19 empresas de 35 investigadas por ahora
RAÚL BOCANEGRA SEVILLA
El 54% de los expedientes de regulación de empleo (ERE) que la Junta de Andalucía ha rastreado hasta ahora 19 de 35 investigados están contaminados por la presencia en ellos de falsos prejubilados. Los funcionarios de la Consejería de Empleo han comprobado nombre a nombre 1.569 exempleados, y el resultado, según anunció ayer el consejero Manuel Recio, es que 70 de ellos, el 4,4%, aparecen como beneficiarios de prejubilaciones financiadas por la Junta de Andalucía sin haber trabajado jamás en las empresas que se habían visto abocadas a un ERE. Empleo, que ha ordenado enviar los resultados de sus pesquisas al juzgado que investiga el caso, tiene aún otros 35 expedientes vivos (los que aún está pagando) por analizar.
Hasta ahora, la Junta ha circunscrito la responsabilidad de la colocación de falsos prejubilados al ex director general Javier Guerrero (1999-2008), pero ayer, a la pregunta de si se habían detectado irregularidades después de la salida de Guerrero en la primavera de 2008, el consejero respondió: "Sí, ha habido". En una larga rueda de prensa, Recio, que gestiona un problema heredado, no quiso especificar más. Juan Márquez, ex delegado de la Junta en Huelva, fue quien sustituyó a Guerrero. Este diario trató ayer sin éxito de hablar con él.
Las irregularidades prosiguieron tras la salida de Guerrero de Trabajo
En 2008 el consejero de Empleo era Antonio Fernández, nombrado en 2004 y ahora presidente del consejo regulador del vino de Jerez. Fernández fue finalmente sustituido, junto a todo su equipo, en abril de 2010. Era viceconsejero de José Antonio Viera en 2001, cuando se aprobó el sistema de reparto de ayudas sociolaborales, dotado con 647 millones hasta 2010 y que cuestiona la Policía. El PP reprocha además a Fernández su presencia en el ERE de González Byass, mientras que él y la empresa defienden que tenía derecho a ello al estar en situación de excedencia forzosa. Ayer, el expresidente Manuel Chaves, preguntado por Fernández, admitió que desconoce "lo que han hecho los consejeros" en torno a los ERE investigados, porque carece de "esa información en estos momentos", informa Efe.
Ayudas para ayuntamientos
Recio se comprometió además a enviar al juzgado un análisis de otras subvenciones que, con cargo a la partida de 647 millones de euros gestionada por la dirección general de Trabajo, se han destinado a empresas. Según explicó Recio, Empleo destinó 130 ayudas por un importe de casi 87 millones de euros a empresas. Sin embargo, 13 de estas subvenciones, un 10%, fueron a parar a ayuntamientos socialistas, que percibieron 3,3 millones: diez consistorios de la provincia de Sevilla, dos de Cádiz y uno de Jaén.
Chaves dice que no sabe qué han hecho los consejeros con los expedientes
Además, Empleo pagó 22.000 euros a la Universidad de Sevilla para un curso de prevención de riesgos y otros 380.000 euros a la Fundación San Telmo por un curso de alta dirección. "Será la juez la que determine si hay irregularidades" en el desvío de ayudas previstas para "mejorar la gestión, el desarrollo tecnológico y la comercialización de las empresas andaluzas", según reza el convenio de 2001 que daba, según la Junta, cobertura al reparto de ese fondo.
"Es impresentable que alguien se haya aprovechado de estos recursos haciendo un daño tremendo al conjunto de trabajadores, a empresas honestas y ocasionando un dañotremendo a la imagen de Andalucía", aseguró el consejero. "Los fondos con carácter general agregó están bien aplicados y hay que lanzar un mensaje de tranquilidad a todas las personas que se han visto afectadas por procesos de ERE y están recibiendo una ayuda por parte de la Junta". Ahora mismo, son 6.096 personas.
El PSOE evita otra vez que la Cámara investigue el caso
El PSOE rechazó ayer de nuevo una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. En la sesión de control al presidente, José Antonio Griñán, este replicó a Javier Arenas, quien le había reprochado que el ex director general Javier Guerrero señalara la responsabilidad de los consejeros de Empleo en una entrevista con el diario ‘El País': "Si hubiera que dar más credibilidad a un imputado -Guerrero aún no lo está- que a una persona honorable, cosa que yo no hago, habría que convenir que el señor Correa -cerebro de la ‘trama Gürtel'- entró en el PP de su mano. Usted lo negó y yo le creí".
El Caparazón
Aunque solamente sea para variar, es genial encontrar investigación en el sentido de esta: un nuevo estudio muestra que chequear nuestro perfil en Facebook aumenta la autoestima.
Publicado en el Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking journal, el estudio en cuestión, de dos investigadores de Cornell parte de las siguientes premisas y llega a las siguientes conclusiones:
“Pienso que decir que Facebook es bueno o malo es simplista, comenta Amy Gonzales. Pero tanto internet como facebook son lugares importantes para la psicología humana actual. Este es solo un pequeño estudio de toda una serie que irá en ese sentido.”
El estudio consistió en reunir a 63 estudiantes frente a ordenadores, mostrando en algunas pantallas sus perfiles de Facebook mientras que en otras no se mostraba nada y en otros casos existía un espejo en lugar de la red social. Durante 3 minutos los que pudieron hacerlo surfearon su perfil en FB e inmediatamente después, todos respondieron a un cuestionario de autoestima.
Así, los estudiantes que editaron sus perfiles durante los tres minutos reportaron los niveles más altos de autoestima. En el caso del espejo nos recuerda quienes somos realmente, pudiendo generar efectos negativos en la autoestima si la imagen no cuadra con nuestro ideal. En cambio, Facebook, creado a imagen y semejanza de lo que pensamos puede que nos refleje, si no de forma engañosa, sí de forma sesgada hacia lo positivo.
Aunque puede tratarse de algo generalizable a otras redes sociales, el equipo comenta que investigará si el tema se produce al editar fotos, presentarse o al recibir comentarios en el muro. También pretenden ir más allá y analizar si el uso de los medios, en general, nos hace más o menos felices. Por último parece que también es ya objeto de investigación si son más o menos significativas las relaciones que establecemos en redes sociales o la vida real.
Vamos tomándonos internet en serio…
En fin… sea como sea no quería terminar el artículo sin dejaros un vídeo que encontraba hace poco. El mundo está obsesionado con Facebook:
Gonzales AL, & Hancock JT (2011). Mirror, Mirror on my Facebook Wall: Effects of Exposure to Facebook on Self-Esteem.Cyberpsychology, behavior and social networking, 14 (1-2), 79-83 PMID: 21329447
PROMETEN UNA AUDITORÍA DOS AÑOS DESPUÉS DE 'GÜRTEL'
El PP presume de combatir la corrupción mientras pasea a Camps en sus actos
Mariano Rajoy y Francisco Camps charlan durante un acto del PP (EFE) @Alberto Mendoza.-
El PP pretende presentarse a las elecciones autonómicas y municipales como el partido de la “regeneración”. Para ello, los populares han elaborado un documento en el que aseguran que “la lucha contra la corrupción es uno de los objetivos principales del Partido Popular, ya que el funcionamiento del sistema democrático no debe quedar nunca en entredicho por actitudes permisivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos”. El problema es que esta declaración se ha hecho pública con motivo de la Convención de Palma de Mallorca, donde participa como estrella invitada Francisco Camps.
El partido de Mariano Rajoy ha comenzado a perfilar su alternativa política desvelando el programa marco para los comicios del 22 de mayo. El texto hace hincapié en que el PP está “comprometido con la transparencia y la lucha contra la corrupción”, y desgrana una serie de medidas para fiscalizar a los cargos públicos. Así, llama la atención que los populares se comprometan ahora, cuando se cumplen dos años del estallido del caso Gürtel, a crear “un sistema de auditoría interna en el seno del partido para velar por el cumplimiento del código de buenas prácticas, de los compromisos asumidos por nuestros candidatos y para realizar investigaciones de cualquier supuesto de malas prácticas, uso indebido de recursos públicos o del partido, o presuntos delitos”.
“Actuaremos ante cualquier supuesto de denuncia o de incoación de procedimientos judiciales”, añade el documento. No obstante, cabe recordar que la trama Gürtel, que le costó el puesto al tesorero nacional Luis Bárcenas, y que implica a los populares de Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Madrid, no ha sido objeto de una investigación exhaustiva por parte de la cúpula de Rajoy.
Asimismo, en contra del código ético del partido y de esta apuesta por escrito por la regeneración, los cargos públicos valencianos imputados, desde Carlos Fabra a Joaquín Ripoll, conservan el apoyo de Génova. Camps fue ratificado la semana pasada como candidato e intervino este viernes en la Convención. El presidente de la Comunidad Valenciana, que fue ovacionado y vitoreado por sus compañeros de partido, siguió fiel a su estilo de fingir que no está a un paso de sentarse en el banquillo. Así, destacó que los integrantes del PP han demostrado ser “buenos gestores sin complejos”, y acusó al Gobierno central de actuar en su contra.
Sanciones “ejemplarizantes” para los cargos públicos
Pese a todo, el PP trata de liderar las demandas de transparencia de la sociedad proponiendo nuevas medidas de control sobre los políticos. Entre ellas, destaca el compromiso para “publicar las retribuciones íntegras de los cargos públicos y electos, directivos y personal de confianza de las instituciones y de sus gastos de representación”. De ponerse en práctica, se podría conocer de forma oficial el sueldo real de Rajoy, Federico Trillo, Soraya Sáenz de Santamaría,José Antonio Alonso o José Bono. Actualmente, los miembros del Gobierno ya están obligados a publicar sus bienes en el BOE.
Y, para aquellos que metan la mano en la caja, los populares abogan por endurecer el Código Penal, “adecuando las sanciones para cargos y empleados públicos para que sean ejemplarizantes, proporcionadas y disuasorias”. También reclaman ampliar los plazos de prescripción de este tipo de delitos, y endurecer las penas por denuncias falsas. En definitiva, un conjunto de propuestas para la regeneración que bien podría comenzar a aplicarse en Génova sin esperar al 22 de mayo.

