Matilde Fernández: “Después de lo que ha hecho Ferraz, me he convertido en forofa de Gómez”.
Matilde Fernánez, ex ministra de Asuntos Sociales (EFE).
@Daniel Forcada.- 10/08/2010 (06:00h)
Matilde Fernánez, ex ministra de Asuntos Sociales (EFE).
@Daniel Forcada.- 10/08/2010 (06:00h)
Las comunidades autónomas de régimen común (todas salvo País Vasco y Navarra) deberán ingresar 5.502 millones de euros al Estado como resultado de la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2008, en la que se establece la diferencia entre el rendimiento definitivo de los diferentes recursos y las entregas a cuenta efectuadas, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda.
La única excepción fue la de la Comunidad de Madrid, a la que el Estado debe más de 15 millones de euros, pese a que en el caso de la recaudación por IVA, consta una deuda de 641,1 millones de euros a favor del sistema.
El resto de las comunidades y ciudades autónomas estaban en deuda con el Estado, siendo la más abultada la de Andalucía, con un saldo negativo de 1.475,9 millones de euros, seguida de Cataluña (690,7 millones de euros), la Comunidad Valenciana (635,6 millones de euros), Galicia (573,7 millones de euros) y Castilla y León (443,6 millones de euros).
El resto de las comunidades, por orden de mayor a menor deuda, son Canarias (340 millones de euros), Castilla-La Mancha (265,1 millones de euros), Extremadura (252,3 millones de euros), Aragón (171,8 millones de euros), Asturias (171,1 millones de euros), Baleares (162 millones de euros), Murcia (160,5 millones de euros), Cantabria (125 millones de euros) y La Rioja (46,3 millones de euros).
Por otro lado, el Estado deberá ingresar a las comunidades autónomas 2.460,4 millones de euros en concepto de recaudación por IRPF, además de otros 12,1 millones por impuestos especiales.
En el primer caso, la principal beneficiada será Madrid, que recibirá 618,2 millones de euros, por delante de Cataluña (463,4 millones de euros) y Andalucía (303,8 millones). En el caso de los impuestos especiales, 19,3 millones irán a parar a Madrid, 16,2 millones a Galicia y 14,4 millones a Extremadura.
Por el contrario, en el caso del Fondo de Suficiencia, que cubre las necesidades de ingresos regionales, la cantidad a pagar por las comunidades autónomas es de 4,264,3 millones de euros, que se sumarán a otros 4.211 millones de euros, por IVA.
Los pagos en el caso del Fondo afectarán especialmente a Andalucía (1.186 millones), Castilla y León (396,6 millones) y Cataluña (367,3 millones). Por otro lado, los mayores pagos por IVA corresponderán a Cataluña (839,2 millones),
Desarticulada una red de tráfico de cocaína que camuflaba a sus correos entre los peregrinos a Lourdes
· La red enviaba la droga desde Suramérica por vía aérea utilizando como a personas que la portaban en el interior del organismo o en equipajes de mano
10 de Agosto de 2010.-
También se ha desmantelado un laboratorio para el procesamiento de las drogas, así como dos talleres para su preparación y acondicionamiento para la venta.
Las investigaciones se iniciaron en el mes de agosto del pasado año, cuando se tuvo conocimiento de que un grupo organizado, establecido en Barcelona, estaba realizando operaciones de tráfico de cocaína entre Suramérica y la ciudad condal, que luego era distribuida por el resto de Cataluña.
Modus operandi
La droga llegaba a Barcelona vía aérea mediante “correos”, que eran captados en Suramérica (Paraguay) entre hombres jóvenes y con escasos recursos económicos para que actuasen como “boleros”.
También captaban a mujeres jóvenes de
Detenciones y registros
Las detenciones se realizaron en el aeropuerto de El Prat (B), Cervello, Hospitalet y Barcelona y los siete registros domiciliarios en Barcelona y Hospitalet (B), lugares donde se procedió a la incautación de drogas, productos químicos, vehículo utilizado, diverso material y dinero.
DIAGONAL MAR, CAN RICART, CASO PRETORIA.
8. ESPERANDO LA SENTENCIA DEL CASO HACIENDA DE BARCELONA.
Rafael del Barco Carreras
Barcelona 10-08-10. Si la Barcelona del Alcalde franquista Porcioles pasará a la historia por cutre, la del dúo Jordi Pujol-Narcís Serra (la llamada de la Democracia) salvando las Olimpiadas, pasará por la del mayor fraude especulativo-inmobiliario de su historia.
La realidad se descubre con la Crisis provocada por la Gran Burbuja, que estalla en 2008, aunque de antes avisaban infinidad de voces, apagadas por la avaricia y nulos escrúpulos de político-financiero-inmobiliarios. Y no pararon hasta vaciar las caixas y agotar el crédito exterior.
Reproduzco en www.lagrancorrupcion.blogspot.com un escrito del periodista Félix Martínez, otro que me envía la plataforma “okupa” CAN RICART, o la noticia de la “desokupación” en Diagonal Web en plena burbuja (donde aparecen Narcís, el alcalde Hereu y Josep Montilla) que uniéndolos a lo oído en el juicio del caso Hacienda de Barcelona, y a mi anterior “John Rosillo, la primera piedra de Diagonal Mar” conforman una parte del puzzle que debe completarse con más estafas que surgirán. La empresa municipal 22@ o el Caso Pretoria, los hombres de Pujol al alimón con los de Narcís Serra, prometen tantas noticias como desgracias de gente hipotecada y sin piso, o expropiada y robada. Y además inútilmente en apariencia porque sueños de parques tecnológicos y miles de pisos no tienen comprador, y que las caixas abocadas a la ruina han debido tragarse acabados o no. Insisto, el verdadero negocio, el expolio a las caixas.
Ver las promociones de ESPAIS (socio de Caixa Cataluña, imputado en caso Pretoria, y citado en el escrito Can Ricart por sus convenios con el Ayuntamiento) paradas estos tres últimos años, y que encima cambia los letreros prometiendo la entrega inmediata, y a su lado el edificio Telefónica (consejero Narcís Serra) donde ya ha desaparecido la publicidad como una promoción del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, también “asociado” con Caixa Cataluña. ¿Necesitaba Telefónica semejantes y arruinados socios?
Si se escribe que John Rosillo era una mala compañía para los Pujol, vista su vida y muerte yo diría que los Pujol fueron fatales para un alocado joven aventurero que compró todo lo que le marcaban, y que “recalificaban” Generalitat y Ayuntamiento. Porque ésta es otra, el inicial Plan de la Rivera de Narcís Serra se modifica tantas veces como operaciones sobre terrenos se dan en el tiempo. Rescribir la historia con la Prensa y Tele a su servicio, una de tantas habilidades de convergentes y socialistas barceloneses.
Recuerdo a Narcís Serra despotricar contra los inmobiliarios del último franquismo, los del desarrollismo. Pagamos caro nuestros errores, o los que se inventaron los charlatanes del progresismo como él, para acabar haciendo lo mismo pero elevado a la enésima potencia.
Algunas perlas de los escritos añadidos en www.lagrancorrupcion.blogspot.com:
Los familiares más directos de Pujol se han enriquecido durante sus 23 años de mandato.
“EXPROPIACIÓN ERRÓNEA O PELOTAZO PRIVADO?”
“JUAN 92 AÑOS Y TERESA 83 AÑOS. TENÍAN CASA + TERRENO DE 108 M2.AHORA TIENEN: HIPOTECA HASTA LOS 117 AÑOS. TRIBUNAL SUPREMO: HÁGASE JUSTICIA”
La ministra de Economía, Elena Salgado (EFE).
@Eduardo Segovia - 09/08/2010 06:00h
Es la eterna canción del Gobierno de Zapatero: se anuncia una medida muy llamativa con un gran impacto mediático, cuando se plasma en papel se rebaja bastante su contenido y, al cabo de unos meses, nadie se acuerda de ella. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con la figura del "facilitador financiero". Seguro que recuerdan la historia: en octubre de 2009, ante el cierre del grifo del crédito por parte de la banca, la vicepresidenta Elena Salgado anunció que Economía iba a contratar a un grupo de prejubilados de banca para examinar los préstamos que denegaban las entidades financieras.
Obviamente, este anuncio sembró la inquietud en el sistema financiero: parecía que el Gobierno iba a crear una especia de comisarios políticos para examinar la actuación de bancos y cajas, y para obligarles a abrir la mano con el crédito pese a la falta de liquidez y al fuerte crecimiento de la morosidad. Sin embargo, una vez conseguido un tremendo impacto mediático, que es lo que se pretendía -en el Ministerio lo niegan y aseguran que los medios se quedaron sólo con un ejemplo-, su contenido quedó descafeinado casi de inmediato.
Según fuentes del sector, el ICO tranquilizó enseguida a las entidades negando que los "facilitadores" fueran a valorar si las solicitudes de crédito debían concederse o rechazarse, ni siquiera que fueran a pedir el nombre de la entidad que las hubiera denegado. Según Salgado, las funciones de esta figura iban a ser mejorar la comunicación entre la empresa y el sector financiero, asesorar a la empresa en el proceso de tramitación del crédito y revisar expedientes de crédito denegados. Por tanto, la tercera de estas tareas, la que temían bancos y cajas, se cayó de inmediato.
Pero la cosa no quedó ahí. Economía decidió, en vez de utilizar personas para las otras dos funciones, crear un sistema informático para que las empresas pudieran facilitar sus datos directamente al ICO a través de Internet sin necesidad de pasar por una entidad financiera, que es el sistema que funciona en la actualidad.
Además, tampoco es necesairio que una entidad haya denegado un crédito a la empresa para que ésta lo pueda pedir directamente al ICO a través de este sistema. El instituto público evalúa esos datos y decide si la empresa cuenta con suficiente solvencia para acceder a alguna de sus líneas de crédito y entonces se lo comunica al banco o caja de elección de la empresa para formalizarlo.
Con este sistema, la función de los prejubilados quedaba reducida a ayudar a las pymes y autónomos que no estuvieran muy duchos en el uso de Internet a enviar la información al ICO. Es decir, una tarea más propia de informáticos que de profesionales de la banca. Y ni siquiera eso, porque las fuentes aseguran que todavía no se ha contratado a nadie para realizar esta tarea, 10 meses después del anuncio de dichas contrataciones.
Un portavoz de Economía no confirmó que se hayan producido estas contrataciones y fue imposible contactar con el ICO en referencia a esta información.
Un sistema poco eficaz
El 'facilitador virtual' tampoco ha dado los frutos esperados, puesto que el porcentaje de denegaciones directas del ICO a través de este sistema es muy superior al de los bancos y cajas cuando las empresas se dirigen a ellos para solicitar las líneas del instituto público, según las fuentes citadas. Esto se debe a que los criterios de evaluación del riesgo del ICO, aunque algo más laxos que los de la banca comercial, también son bastante estrictos para limitar al máximo la morosidad potencial.
Ante estos pobres resultados, el Gobierno decidió en febrero poner en marcha una nueva línea llamada ICO Directo en la que el instituto oficial asumía el 100% del riesgo de impago; en las líneas anteriores, este riesgo era compartido al 50% con la entidad financiera que lo concedía. Pero esta nueva línea, que comenzó a operar en junio, tampoco está consiguiendo que las empresas con menor solvencia accedan al crédito, tal como explicaba el viernes El Confidencial.
Un jaleo de líneas y procedimientos
La última medida en este sentido, anunciada el viernes, es la puesta en marcha de una línea conjunta del ICO con las Sociedades de Garantía Recíproca, en la que el riesgo es compartido de nuevo y que eleva el importe máximo de los préstamos de los 200.000 euros del ICO Directo hasta 600.000. Ya se han firmado acuerdos con sociedades como Avalmadrid o Iberaval para su lanzamiento en distintas comunidades autónomas.
En todo caso, la banca cree que el Ejecutivo está creando una maraña excesiva de líneas y procedimientos que únicamente causa confusión entre las empresas y las propias entidades financieras."El pequeño empresario desesperado lo que quiere es el préstamo y le da lo mismo que se llame Liquidez, Directo o Emprendedores, o que se lo dé su banco, el de enfrente o el facilitador financiero", concluyen en una entidad. Y son numerosos los casos de empresarios que solicitan todas las líneas del ICO, aunque no les correspondan (por ejemplo, piden la de Exportación aunque no exporten), por incrementar las probabilidades de que en alguna haya suerte.
PARA LIBERAR A TRINIDAD JIMÉNEZ Y OTROS MINISTROS
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega (EFE).
@D. Forcada / Ana I. Gracia.- 09/08/2010 (06:00h)
Los alcaldes más morosos podrán ver peligrar sus bienes personales si no pagan en 30 días las deudas que hayan contraído con el sector privado los ayuntamientos que rigen. El auto de una sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) ha optado por esta contundente medida ante la negativa del primer edil de Castilleja de Guzmán (Sevilla) a hacer frente a las deudas que tenía contraída con la empresa Aroa S. L.
Según la sala de lo contencioso-administrativo de este Tribunal, el Ayuntamiento se verá obligado a pagar en 30 días las obras, como obliga la nueva Ley de Morosidad que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados. Si no, el alcalde y el secretario general del consistorio tendrán que responder con sus propios bienes personales. El juez les comunica la “advertencia expresa de imposición de multas coercitivas en sus respectivos patrimonios personales en el caso de incumplimiento de las obligaciones estipuladas”.
El artículo 112 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa dejaba la puerta abierta a esta medida, aunque los jueces no necesitaban recurrir a ella. Los consistorios podían cumplir con los compromisos de pago con créditos municipales.
Sin embargo, este caso cobra especial relevancia hoy día ante las crecientes dificultades financieras que atraviesan los consistorios por culpa del despilfarro de dinero público y de la caída de la recaudación de los principales impuestos ligados a la construcción. Tienen un acceso al crédito limitado. Las deudas de los más de 8.000 municipios que hay en España superaron en el primer trimestre de 2010 los 36.000 millones de euros, según datos del Banco de España.
La decisión del TSJA ha llamado la atención de los abogados que habitualmente trabajan con problemas de impagos de las administraciones públicas. Expertos que trabajan habitualmente en este tipo de casos consultados por este periódico señalan que “habitualmente se embargan los fondos propios de los ayuntamientos” cuando un juez dicta sentencia contra un municipio por impagos. “No me he encontrado en toda mi carrera profesional con ningún caso parecido”, destaca uno de ellos.
En esta misma línea, un portavoz del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local señala que en toda su carrera profesional sólo se ha encontrado casos en los que se “ha obligado a embargar fondos del propio ayuntamiento y bienes patrimoniales que no son de dominio público”.
A su juicio, si esta sentencia se repite en los numerosos pleitos que hay actualmente abiertos por impagos municipales, muchos responsables de los municipios se verían en la tesitura de elegir entre dejar de pagar las nóminas o dejar de pagar a las empresas acreedoras.
Sin embargo, Antonio Díaz, el gerente de Aroa S. L., la empresa que ha ganado la demanda, opina que las víctimas no son los alcaldes, sino los trabajadores que ven peligrar su puesto cuando una Administración no paga.
Díaz, al que el primer edil planteaba pagar en 10 años después de cerca de 10 de retraso, recuerda que una de las novedades del auto del TSJ andaluz es que los alcaldes no podrán recurrir a endeudarse más si no incluyen los compromisos de pago que ya habían adquirido. En cualquier caso, a partir del próximo 1 de enero los ayuntamientos ya no podrán endeudarse más en el largo plazo, según el Real Decreto que aprobó el Gobierno en mayo para acelerar el recorte del déficit público.
EXPANSIÓN contactó con el alcalde de Castilleja de Guzmán, Carmelo Ceba (PSOE), para conocer su versión sobre el auto de la sentencia del TSJA, aunque declinó hacer declaraciones porque el consistorio lo ha recurrido.