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FÉLIX MILLET Y JAVIER DE LA ROSA.

CASO PALAU DE LA MÚSICA VS. CASO CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.

Rafael del Barco Carreras

24-06-10. Ayer contemplando el ramillete de fotografías publicadas en e-noticies incidí en la similitud y encuentro entre los dos casos. La jet set del Palau, dice el título, lo bueno y mejor de la burguesía catalana en los órganos de control, traducido del catalán.

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Han pasado 30 años y !siempre los mismos! Y entonces como ahora los responsables del comité ejecutivo (órganos de control) se disponen a salir sanos y salvos, de hecho continúan. Otro ente civil o público, al igual que en el Consorcio, con su comité ejecutivo (órganos de control) al que por el momento nadie cita oficialmente. Ya tienen a Millet y Montull, y máxime los tiros apuntan a segundones del Ayuntamiento y Generalitat. Son una especie de impunes jerarcas del Régimen a los que ni a jueces o fiscales se les ocurre pedir responsabilidades civiles subsidiarias por acción u omisión, o !encubrimiento!. Citar a Samaranch (cuando aun vivía y muy activo) o a Narcís Serra, sería una inutilidad o el ¿traslado del juez o fiscal?, lo mismo con Marta Ferrusola, o sea, Jordi Pujol. Y tienen tanta experiencia en desfalcos, y !tanto capital! para embargar, que me cuesta creer que durante treinta años vieran pasar dinero ante sus narices sin tender la telaraña de sus intereses. De hecho, y de ahí el actual rifirrafe entre el PSE y CIU, la tendieron.

Conocían a Millet desde antes del Palau, y sabían se trataba de otro Javier de la Rosa, quizá menos histriónico y más moderado. Sin escrúpulos y repartidores. Y si sobre De la Rosa conocían su actuación en el Consorcio y se cobraron su silencio y salvación hasta quebrar el Banco Garriga y Nogués, o incluso KIO-Torras y Gran Tibidabo, ¿dejarían que Millet robara durante 30 años sin cobrarle el raquet o impuesto mafioso o participar? Por el momento se sabe que fue generoso en sus repartos, y nadie es tan pródigo si no le reporta como mínimo tranquilidad e impunidad.

Se impone un repaso de las vidas y milagros de quienes hace 30 años encontramos en el Ayuntamiento de Narcís Serra o Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, y gozaron ellos o sus grupos políticos del dinero de Javier (ver en “Barcelona, 30 años de corrupción” publicado en www.lagrancorrupcion.blogspot.com donde además añado los currículums) por el mismo tiempo que Felix Millet, después de salir de la cárcel por el caso Renta Catalana (una considerable estafa muy comentada y afectando a esa jet set de Barcelona que !oh casualidad! afectó al Banco Garriga Nogués y a la Banca Catalana) se hace cargo de la administración del Palau de la Música. “Lo sabía el TODO Barcelona”. ¿Quién propuso para el cargo al entonces ya muy conocido Millet?

Es evidente que los currículums de Marta Ferrusola-Jordi Pujol, Samaranch y Narcís Serra son innecesarios aunque los oficiales y publicados, tan edulcorados y maquillados, deberían ser revisados.

Quizá hasta el incendio del Liceo (tan cercano en nombres y actividad al Palau) tenga algo que ver como sospechan varios malpensados. Créditos, presupuestos, subvenciones, dinero. En Barcelona se han repetido los incendios a cines y viejas salas de espectáculos.

Concentración en Povisa para reclamar a readmisión da delegada sindical despedida durante unha folga

Arredor dun cento de delegados/as participaron na mobilización convocada pola CIG para denunciar a represión patronal

Arredor dun cento de delegados/as das CIG participaron este mediodía na concentración convocada diante de Povisa para reclamar a readmisión de Consuelo Martínez, representante sindical despedida durante unha folga convocada o ano pasado no centro médico privado vigués. Un milleiro de persoas xa participaran o pasado día tres nunha manifestación que percorreu as rúas da cidade para denunciar o que a central nacionalista considera un acto de represión sindical contra a traballadora despedida.

Durante a concentración, que se desenvolveu de 11.30 a 12.30 horas, despregouse unha faixa co lema “Polo dereito á folga. Contra a represión sindical en Povisa e berráronse consignas a favor da readmisión da operaria e contra a política laboral de Povisa. Entre os presentes atopábase a propia Consuelo Martínez e o secretario comarcal da CIG de Vigo, Serafín Otero.

A central nacionalista considera un ataque contra a liberdade sindical a sentenza do TSXG que ratificou o despido de Consuelo Martínez despois de que un xulgado vigués o declarase nulo nun primeiro momento. Así o manifestara o secretario nacional da CIG, Suso Seixo, ao remate da manifestación celebrada polo mesmo motivo o pasado día 3 na cidade. Suso Seixo criticara entón a sentenza do TSXG por supoñer “un atentado contra o dereito á folga e ao traballo sindical nas empresas”. Tamén deixou claro que a central seguirá a confrontar todas as agresións da patronal contra a clase traballadora e salientou a labor feita durante 20 anos pola compañeira despedida en defensa dos intereses de todos os empregados/as de Povisa.

Principais argumentos

Entre os principais argumentos que esgrime a CIG para rexeitar o despido e a sentenza que o declara procedente salienta o feito de que a resolución xudicial supón “un grave punto de inflexión no alcance da garantía de indemnidade que a doutrina xurisprudencial mantiña ate agora respecto da actuación dos representantes sindicais no exercicio das súas funcións, singularmente en situacións de conflitividade ou exercicio do dereito de folga”.

Contra o que viña resolvendo o propio TSXG, en sentenza de 29.6.09, e a través tamén de reiteradas sentenzas do Constitucional (STC 17/2003, 17/2005 e 38/2005, entre outras moitas no mesmo sentido), esta sala do TSXG decide revogar a sentenza que declarara a nulidade do seu despido, e declarar agora a procedencia, sen atribuír a esta representante sindical despedida mais que terlle chamado “esquirol” a un traballador que previamente a empuxara, falar polo megáfono e criticar puntualmente a outros esquirois. E todo nunha situación de “grande tensión” -como recoñece a propia sentenza- provocada pola actuación empresarial claramente “antifolga”, mesmo no establecemento unilateral dos servizos mínimos.

O tribunal valora, contra toda a xurisprudencia anterior e avalando os argumentos de Povisa, o dereito a traballar durante a folga (o dereito ao “esquirolaxe”) en moita maior medida que o propio dereito constitucional á folga e a adoptar as medidas tendentes ao seu normal exercicio, fronte ás graves presións empresariais sufridas.

A traballadora despedida era a portavoz do Comité de Folga, non tivo ningunha actuación individualizada (segundo os feitos probados da propia sentenza) distinta da de outros membros do Comité ou demais traballadores folguistas durante o conflito. Non obstante, a empresa decide despedila unicamente a ela, como clara consecuencia da súa inflexible firmeza anterior, durante 20 anos nada menos no Comité, na defensa dos traballadores da empresa, o que constitúe unha clara discriminación, conforme a unánime doutrina, non aceptada pola antixurídica e criticable actuación deste tribunal
Palabras estrella en un cielo enmarcado


“Cuando le pido a una palabra que haga trabajo de más”, dijo Humpty Dumpty, “siempre pago un extra”. Las palabras, bien lo sabía Lewis Carrol, pueden jugar con nosotros si nosotros no jugamos con ellas. Palabras clave, palabras estrella, palabras que funcionan el doble si las combinas bien. Por ejemplo, en el Scrabble de la comunicación, qué vale más: ¿un profesional o un colegiado? George Lakoff, lingüista y analista político, avisa a navegantes: “Si el lenguaje está alejado del proyecto, solo estamos contando mentiras”. Dicho de otra forma, para que el discurso cale debemos escoger las palabras que se adecuen a nuestra escala de valores. Como recordó Lakoff a su paso por nuestro país, la razón poco tiene que ver con la comunicación. La inconsciencia reina; es por esto que “hay que enfocar en las emociones”, apelar a la empatía, pisar el asfalto y ablandarlo. El lenguaje da de comer a los marcos; refuerza el contexto, le da forma y lo mantiene. “La realidad no es. La realidad se construye desde el lenguaje”. Esta es la certeza que ha de empujarnos a ejercitar un discurso que apele a la empatía; ésta activará tanto el sentido de la responsabilidad como el principio de excelencia personal. Y es que, conseguir este grado de compromiso es capital. Sin él las dos misiones del Colegio Profesional se diluyen, pierden fuelle. ¿Qué dos misiones? Las mismas a las que debería aspirar cualquier gobierno democrático: la protección y el empoderamiento de la ciudadanía. Porque sin protección no hay seguridad y sin educación los potenciales se estancan. Porque el marco de valores ha de ser nuestro principal guía. La suerte no está echada. Siempre que haya proyecto, habrá esperanza.

Operación Carioca

El tráfico de mujeres es uno de los negocios ilegales más prósperos en todo el mundo. En España, también. Miles de mujeres llegan cada año a nuestro país traídas por las mafias de la prostitución, que las retienen en condiciones de semiesclavitud. Los proxenetas ganan mucho dinero a su costa y, en ocasiones. Estas mafias alcanzan, como otras muchas, partes vitales del Estado: fuerzas de seguridad, políticos… La operación Carioca, puesta en marcha por la Guardia Civil en los últimos meses, es un buen ejemplo de ello, como vamos a ver ahora.

La operación Carioca comenzó en el año 2008, hace casi dos años, y es una de las operaciones más ambiciosas llevadas a cabo jamás contra las redes de la prostitución. Se llamó así porque los locales de alterne investigados, todos ellos en la provincia de Lugo, contaban, sobre todo, con mujeres de nacionalidad brasileña. La operación fue puesta en marcha por la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, el departamento anticorrupción del Instituto Armado…

Aunque sea de asuntos internos no es que haya guardias civiles, es que el objetivo principal, del que nace toda la operación, es un cabo primero de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia ce Lugo: Armando Lorenzo Torre, uno de los responsables del Equipo de Delitos contra las Personas, precisamente el que se encarga, entre otras cosas, de perseguir los delitos relacionados con la prostitución y las redes de tráfico de personas…

Hasta la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil llegaban desde hace mucho tiempo –las primeras confidencias datan de 2001– informaciones sobre el cabo Lorenzo, un tipo bastante popular en Lugo, amigo de la prensa local y conocido, muy conocido, en los ambientes de la prostitución, que él decía que frecuentaba para captar información… La realidad es, según la investigación de la operación Carioca, que el cabo primero Lorenzo iba por los locales de alterne diciendo que era jefe de extranjería –cuando la Guardia Civil no tiene competencias en esta materia–. Atribuyéndose este cargo, lograba todo tipo de favores de las prostitutas brasileñas que trabajaban en los clubes y que en la mayoría de los casos estaban en situación ilegal. Es decir, tenía barra libre de alcohol y mujeres…

La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil y la jueza de instrucción de Lugo Pilar de Lara Cifuentes, la encargada del caso, comenzaron a tirar del hilo a partir del cabo primero, pero la madeja que han ido encontrando es gigantesca y aún no ha terminado de desenredarse.

En primer lugar, el cabo Lorenzo, que dejó la Guardia Civil un mes antes de ser detenido por sus compañeros y encarcelado por orden de la jueza, tenía estrechas relaciones con los propietarios de cinco locales de alterne de la provincia de Lugo, que hoy están clausurados: el Show Pub Club Eros, Queens, La Colina, Volvoreta y Eclipse. Los dueños de estos clubs no sólo contaban con la protección del cabo Lorenzo, que a cambio podía disfrutar gratis de los servicios del local, sino que también tenían más cómplices en la Guardia Civil, la policía local de Lugo, la policía nacional y hasta contaban con algún amigo político…

Vamos por partes. Por lo que vemos, estos proxenetas hacían bueno el dicho de que quien tiene un amigo tiene un tesoro… Y si es policía o guardia civil, mucho más… En el marco de la operación Carioca fue detenido un agente destinado en la comisaría del aeropuerto de Barajas. Al parecer, este policía era con el que la organización contaba para que las mujeres que trabajaban en los locales entrasen en España sin problemas. El sargento de la policía local de José Ramón Vázquez Río tenía una estrecha relación con José Manuel García Adán, el propietario de dos de los locales investigados. Según la investigación, le ayudaba en todos los trámites administrativos referentes a permisos municipales, empadronamientos de las mujeres que trabajaban para él y hasta le quitaba multas de tráfico… Además, muchos testimonios cuentan que en todos los locales investigados era frecuente la presencia allí de policías y que los dueños de los clubes presumían de que en sus negocios los policías no pagaban nunca para asegurarse así la protección frente a redadas o a cualquier otra incidencia. La jueza también ha imputado en la causa a superiores del cabo Armando Lorenzo, al menos un brigada y un capitán, y hasta al exsubdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero.

Tanto Jesús Otero como algunos superiores del cabo primero Armando Lorenzo están acusados del delito de omisión del deber de perseguir delitos, es decir, por hacer la vista gorda. Según ha quedado demostrado en la investigación, varios colectivos dedicados a la protección de mujeres en Lugo denunciaron los abusos del cabo al subdelegado y a la propia Guardia Civil… Todas las denuncias y las quejas se quedaron paralizadas y hasta desaparecieron. Nadie hizo nada, hasta que Asuntos Internos y la jueza se pusieron manos a la obra.

¿Qué interés tenía el subdelegado en proteger a este guardia civil? ¿Es que acaso también era de los cliente de los locales?. Eso no ha quedado acreditado, pero sí ha quedado demostrado cómo intentó interceder por alguna de las prostitutas que trabajaba allí para que no fuera expulsada del país. Eso le ha costado la acusación de tráfico de influencias…

La Guardia Civil grabó una conversación en mayo del pasado año entre el que entonces ya era ex subdelegado y uno de los policías de la Brigada de Extranjería. Jesús Otero había presentado su dimisión un par de meses antes porque se había visto salpicado por un escándalo relacionado con el sobreseimiento ilegal de multas de tráfico. Aún así, pese a no estar en el cargo, llamó a uno de los agentes que habían estado a su cargo y se interesó por si una prostituta llamada Nidia estaba detenida e iba a ser expulsada del país. Su interlocutor le confirmó que había sido arrestada y que, efectivamente, sobre ella pesaba una orden de expulsión de España. Otero entonces le pidió que retrasase la expulsión porque la mujer se iba a casar con un concejal de Monterroso, un pueblo de Lugo gobernado por el PSOE, el mismo partido al que pertenece Otero. Se ve que para entonces, había perdido influencia, porque el policía no se quiso mojar y la prostituta fue finalmente expulsada.

Como hemos dicho aquí más de una vez, el dinero lo corrompe todo y los dueños de estos clubes obtenían mucho dinero gracias a las mujeres que trabajaban en los locales. En los cinco clubes había una media de veinte chicas que trabajaban seis días a las semana, doce horas al día –de seis de la tarde a seis de la mañana– y que debían pagar una parte importante del dinero que ganaban a los proxenetas. Por ejemplo, en uno de los locales las chicas cobraban 43 euros por media hora de sexo. De su primer servicio le debían pagar 25 euros al dueño del club –más de la mitad–. El porcentaje bajaba con el segundo, el tercer y el cuarto servicio…

Los proxenetas ejercían un control muy férreo sobre las mujeres, que sólo quedan libres cuando saldan la deuda que han contraído por el mero hecho de llegar a España para trabajar como esclavas sexuales. La Guardia Civil ha encontrado en algunos de los locales anotaciones que dan una perfecta idea del régimen de vida que llevaban las prostitutas. Por ejemplo, se llevaba la cuenta de los días que las mujeres faltaban a su puesto por tener la menstruación. Sólo se les permitía faltar tres días por este motivo y, en el caso de que se ausentasen un día más, se les multaba con 60 euros diarios. Algunas de las que lograron abandonar la red son las que se han convertido en testigos protegidos y han contado a la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil los horrores que se esconden detrás de estos negocios anunciados con luminosos de neón en las carreteras…

Sí, porque muchas veces se olvida que dentro de esos locales lo que hay son historias terribles de mujeres…verdaderamente terribles. Algunos de los agentes que han conocido las historias que había en estos clubes de Lugo nos han contado que están verdaderamente impresionados y no son gente que, precisamente, se impresione con facilidad… Por ejemplo, nos hablaban de una mujer que vino a España a prostituirse para tratar de dar una vida mejor a su hijo paralítico cerebral; o de otra, hija y hermana de prostitutas, que en un principio pudo librarse de la sórdida tradición familiar, hasta que se vio abandonada por su marido, con dos hijos pequeños, y cruzó el Atlántico para acabar como el resto de su familia; también nos hablaron de una chica, policía en su país, que tuvo que dejar el cuerpo por el altísimo grado de corrupción que había allí, con el que no estaba dispuesta a colaborar; nos contaron la historia de una prostituta, convertida en la mujer de uno de los proxenetas, a la que su pareja le arrancó de entre los brazos a su hijo recién nacido, a la que maltrataba y violaba sistemáticamente…

En uno de esos locales había alguna mujer que se ha hecho famosa como novia de Kiko Rivera o Paquirrín, o como quiera llamarse el hijo de Isabel Pantoja. Al parecer, Marcia, una mujer con la que se vio a Kiko el verano pasado, dedicada hoy al cine porno, estuvo trabajando en Queens, uno de los locales de la organización. La Guardia Civil grabó una llamada en la que el dueño del club y el sargento de la policía local de echan unas risas a costa de Marcia, a la que han visto en la tele. “Si nosotros contáramos”, dice uno de ellos. Pues ya pueden contar, porque los dos están en prisión, acusados de un montón de delitos…

Hay más de treinta acusados de una larguísima lista de delitos: prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, tráfico de influencias, omisión en el deber de perseguir el delito, tráfico de drogas, cohecho, asociación ilícita, tenencia ilícita de armas, falsedad en documentos, aborto…

Un médico fue detenido, encarcelado y puesto en libertad bajo fianza de 30.000 euros durante la operación. Una prostituta boliviana de 23 declaró que se quedó embarazada de un empresario de excavaciones con el que mantenía relaciones habitualmente, llamado Ricardo Lago. El empresario y el dueño del club en el que trabajaba la mujer, que eran amigos, la obligaron a abortar y la llevaron hasta una de las clínicas del médico detenido, donde le practicaron una intervención sin las mínimas garantías a cambio de 600 euros. Y todo ello pese a que la chica dejó bien claro que quería tener a su hijo. En la investigación hay varios testimonios que cuentan cómo las mujeres abortaban siempre que se quedaban embarazadas, quisiesen o no. Incluso hay un relato tremendo sobre una chica a la que colgaron de un balcón amenazándola con tirarla si no abortaba…

Traballadores/as de Gestamp e Grupo Antolín protestan diante das empresas para reclamar a sinatura do convenio

Denuncian o bloqueo nas negociacións con concentracións diarias nas instalacións dos polígonos de Valadares e Porriño

Os traballadores/as das empresas auxiliares da automoción Grupo Antolín e Gestamp de Vigo iniciaron un calendario de mobilizacións para reclamar a sinatura do convenio colectivo. Os operarios denuncian o bloqueo das negociacións con concentracións de protesta diarias ás portas das instalacións das compañías nos polígonos de Valadares e Porriño.

Os empregados de Gestamp Vigo comezaron o pasado xoves unha serie de mobilizacións de protesta polo bloqueo na negociación do convenio colectivo. Dende o comité de empresa explican que non poden aceptar a conxelación salarial proposta pola dirección cando non se garante a estabilidade laboral do actual plantel a longo prazo.

Os primeiros actos reivindicativos consisten en concentracións ás portas das instalacións que a compañía ten no polígono das Gándaras de Porriño durante a hora do bocadillo. Os traballadores/as queren denunciar deste xeito o inmobilismo da patronal e as propostas que pretende introducir no convenio, como a conxelación salarial a cambio de garantir que non prescindirá de ningún empregado durante o ano 2010. Dende o comité de empresa consideran que isto non pecha a porta a futuros despedimentos unha vez rematado o actual exercicio.

Representantes dos traballadores e da dirección levan máis de dous meses negociando o convenio colectivo dunha compañía que ao ano pasado presentou un Expediente de Regulación de Emprego temporal que afectou a 180 dos 336 empregados. A partir do luns as concentracións lévanse a cabo a diario en dúas quendas: de 10.00 a 10.15 horas e de 18.00 a 18.15 horas.

Grupo Antolín Vigo

Os empregados/as de Grupo Antolín de Vigo iniciaron este luns unha serie de concentracións diante das instalacións da compañía no polígono tecnolóxico e loxístico de Valadares para protestar polo bloqueo nas negociacións do convenio colectivo. Os representantes da CIG no comité de empresa denuncian que a nova proposta da patronal supón unha volta atrás nos acordos acadados no mes de maio.

Os delegados sindicais da central nacionalista explican que optan por retirarse da negociación tras máis dun ano de conversas porque consideran que as pretensións da dirección da compañía son “inaceptábeis”. En concreto, critican que a última proposta presentada polos responsábeis de recursos humanos supón “un retroceso nos acordos que xa tiñamos pactados en maio, como a xornada anual ou os descansos”.

Outros dos puntos de fricción é a duración do propio convenio, tal e como indica o delegado da CIG Miguel Cabreira. “Pretenden aumentar a súa vixencia até o 2013, cando xa estaba apalabrado que se prolongaría até finais deste ano”. Neste senso, o representante sindical considera que a compañía está tratando de adiar o acordo para forzar unha negociación favorábel aos seus intereses e fai fincapé no feito de que as centrais españolas CCOO e UGT decidiron continuar as negociacións en solitario.

Diante disto, os delegados da central nacionalista decidiron abandonar a mesa de negociación e iniciar unha serie de actos reivindicativos para denunciar a situación de bloqueo. As mobilizacións, que comezaron o luns, consisten en concentracións ás portas da empresa no polígono industrial de Valadares durante os cambios de quenda (entre as 13.30 e as 14.30 horas).

El CGPJ revisa el funcionamiento del juzgado que investiga el caso Carioca


Etiquetas: investigación, Justicia, operación Carioca, Lugo

23/06/2010 - Miguel Olarte / El Progreso (Lugo)

La situación que se vive en el juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, del que depende la operación Carioca contra la prostitución, ha llamado la atención del Consejo General del Poder Judicial, el órgano que se encarga del control de los jueces. Un equipo de inspectores de este órgano comenzó este martes una inspección del juzgado que dirige Pilar de Lara.

Esta inspección coincide en el tiempo con una sorprendente filtración del sumario, todavía secreto para las partes, a medios de Madrid, que ha puesto el punto de mira de la atención nacional sobre este asunto. La decisión del CGPJ podría ser la consecuencia de la unión de dos circunstancias: por un lado, se trataría de constatar que el volumen de trabajo en este juzgado es tal que se necesita un juez de apoyo para desatascarlo, tal y como solicitó ya hace meses la magistrada titular; y, por otro, las protestas contra algunas decisiones de Pilar de Lara por parte de varios abogados, sobre todo en relación con la instrucción del polémico caso Carioca.

Sin embargo, según pudo constatar este diario, las quejas no sólo se refieren a dicho sumario, sino al hecho de que muchos juicios por faltas están prescribiendo, y no sólo en el juzgado de Instrucción número 1.

Los juicios de faltas son los únicos que celebran los juzgados de instrucción. Se trata de asuntos que no alcanzan la categoría de delitos: muchos accidentes de circulación, hurtos con botines de menos de 400 euros o lesiones sin gravedad, por ejemplo. El periodo de prescripción de estas faltas por inactividad procesal es de seis meses, y la cantidad de los que han prescrito en las últimas semanas comienza a ser ya preocupante y revela el grado de atasco que se está produciendo. Y eso que, según las fuentes consultadas, alguno de los juzgados de instrucción hace tiempo que está archivando por sistema los juicios por faltas referidos, por ejemplo, a tráfico, con lo que consigue que, una vez cerrada la vía penal, estos procedimientos pasen a los juzgados de lo civil.

El exceso de trabajo en los juzgados de Instrucción de Lugo, sobre todo en el 1 y en el 3, ya había sido denunciado anteriormente por el representante territorial de Jueces para la democracia, Luis Villares, que había solicitado que fueran reforzados.

Este martes, respecto a la inspección del CGPJ, Villares consideró que es la manera "de verificar que realmente la petición de refuerzo tiene fundamento. Mientras no se cree un cuarto juzgado de Instrucción, está claro que transitoriamente se necesitan medidas de refuerzo en el número 1 y el 3, que carga además con violencia de género".

Trabas
Otro juzgado investigó amenazas a la magistrada
Pilar de Lara se encuentra al frente de la que parece ser una de las investigaciones más amplias y complicadas que se han llevado a cabo en Lugo, que trata de desentrañar las relaciones de un grupo de proxenetas con miembros de los cuerpos de seguridad del estado.

Fruto de esa investigación, la jueza fue objeto de amenazas tan serias que incluso motivaron la apertura de una investigación por parte de otro juzgado de instrucción lucense. Al parecer, las amenazas fueron detectadas gracias a unos pinchazos telefónicos a imputados en el caso Carioca.

Pilar de Lara tomó la decisión de abstenerse en un caso y la Audiencia aceptó
La sala Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo y la magistrada Pilar de Lara enviaron este martes sendos escritos a este diario en el que coinciden en desmentir que fuera la Audiencia la que ordenó a la jueza abstenerse en la investigación de una denuncia por detención ilegal contra dos investigadores de la operación Carioca, interpuesta por el ginecólogo imputado por supuesta inducción al aborto.

En ambos comunicados se explica que, en contra de lo publicado este martes por este diario, fue la propia magistrada la que inició el correspondiente incidente de abstención ante la evidencia del posible conflicto de intereses, y la Sección Segunda de la Audiencia se limitó a aceptar dicha abstención. En ningún momento, por tanto, la jueza habría procedido al archivo de la denuncia.

Sigue en su juzgado
La jueza Pilar de Lara explica además en su escrito que la investigación sobre esta supuesta detención ilegal en el curso de la operación Carioca seguirá dependiendo de su juzgado, al que le correspondió por las normas de reparto, si bien será un magistrado sustituto quien se haga cargo de la investigación y decida si se archiva o si hay elementos para continuar con la investigación.

El sindicato se desmarca de la convocatoria de esta protesta y anuncia concentraciones para el 10 de julio · Asegura que se está exigiendo que suba el número de intervenciones · «Que nos digan cuántas denuncias tiene que poner un agente cada día»

A. G. MOZO

La huelga encubierta de los guardias civiles parece haber crispado los ánimos de la cúpula del Cuerpo, que ha reaccionado exigiendo más actividad a sus efectivos para evitar que la protesta de 'bolis caídos' pueda tener su reflejo en la estadística del Ministerio del Interior. Así lo denunció ayer la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que pidió a la Administración que determine «cuántas denuncias tiene que poner un agente cada día para que estén satisfechos», rechazó estar detrás de la convocatoria de esta huelga encubierta y, al mismo tiempo, admitió que si habían bajado las intervenciones de los agentes se debía exclusivamente a la «desmotivación» que venían sufriendo y que ha tenido en el 'tijeretazo' a sus nóminas la última expresión.

Los responsables provinciales de esta organización desvelaron en una rueda de prensa que las presiones «para que suba el número de denuncias» estaban siendo ejercidas sobre los «mandos intermedios» para que estos lo hagan extensivo a los agentes. Antonio Caballero, secretario de AUGC en Valladolid, recordó que ellos «se limitan a denunciar lo que ven» y rechazó que hubiera una huelga encubierta. «Si la Administración cree que la hay es que ellos han visto las estadísticas, que nos digan por qué que piensan que hay esa huelga encubierta», añadió.

Descenso de las intervenciones. Aunque ayer desde AUGC se aseguró no tener cifras relativas al descenso de las intervenciones a causa de la protesta, lo cierto es que fuentes de este sindicato lo cifraron el pasado miércoles, en declaraciones a El Día de Valladolid, en «casi un 30%» en la Agrupación de Tráfico de Valladolid y de «más de un 50%», en el ámbito de Seguridad Ciudadana.

En la Guardia Civil, las organizaciones sindicales se han visto obligadas a desmarcarse de una convocatoria que es vox populi entre las patrullas, advirtiendo y no multando en el caso de Tráfico, y rebajando las actuaciones voluntarias -nunca las urgentes o a requerimiento de un ciudadano- en el de Seguridad Ciudadana. No ocurre lo mismo en el Cuerpo Nacional de Policía, tal y como publicaba ayer este periódico, donde los sindicatos hablan abiertamente -cartelería incluida- de «eliminar las actuaciones a iniciativa propia».

Concentraciones el 10 de julio. En la rueda de prensa dada ayer por la Asociación Unificada de Guardias Civiles se anunció la convocatoria de concentraciones-protesta para el próximo de julio en toda España. Habrá una en cada Comunidad, en el caso de Castilla y León, será en Valladolid, frente a la Delegación del Gobierno. En el mismo acto se hizo un «llamamiento a todos los agentes libres de servicio para que acudan a esta movilización».

La reivindicación principal será solicitar una regulación de la jornada laboral, petición que cuenta con el refrendo, según AUGC, hasta de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los guardias quieren acabar con la desigualdad que supone para ellos hacer cada mes 22 horas más que un policía nacional o autonómico. «Llevamos así 14 años, desde que se reguló la jornada del Cuerpo Nacional de Policía, con lo que sumando las horas, en este periodo, hemos trabajado dos años más que un policía», apuntó Antonio Caballero.

Caballero recordó que este «es un derecho que tienen reconocido todos los funcionarios públicos». «Nosotros también lo somos, puesto que el Gobierno no ha hecho ninguna diferenciación a la hora del recorte». «Si nos van a tratar como al resto de funcionarios, nos tienen que dar los mismos derechos», aseveró el secretario provincial de AUGC.

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