Conde-Pumpido ve "criminalidad económica" tras los "ataques especulativos" contra el euro

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido (i), junto al presidente de Eurojust, Aled Williams.

EP. Granada - 07/05/2010 06:00h

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, consideró este jueves que hay formas de "criminalidad económica" detrás de los "ataques especulativos" contra el euro y las finanzas europeas, que "pueden provocar graves daños en la situación económica" de la Unión Europea (UE).

En la rueda de prensa de presentación del Seminario Estratégico sobre blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas que Eurojust, órgano judicial de la UE con sede en La Haya, celebra estos días en Granada, Conde-Pumpido consideró por ello importante la puesta en marcha de la Fiscalía Europea. "En un momento de crisis económica en que estamos sufriendo ataques especulativos contra la moneda y las finanzas europeas se echa de menos una institución que pueda dirigir a nivel europeo la lucha contra esa criminalidad económica", incidió.

Esa Fiscalía es una de las "prioridades" del Ministerio de Justicia en el marco de la Presidencia Europea, y, aunque "llevará su tiempo" ponerla en funcionamiento, "ya se ha dado el paso inicial para que pueda llegar a establecerse en un plazo razonable", tal y como establece el Tratado de Lisboa.

En cuanto al blanqueo de capitales, el fiscal general incidió en que, aunque España es uno de los países europeos que está luchando de manera "más dura y eficiente" contra esta delincuencia, la zona del Mediterráneo, y más concretamente la costa del Sol, con mucho "potencial de riqueza", atrae este tipo de criminalidad y se han detectado secciones de mafia procedente de países de Europa del Este, la más "peligrosa", y del sur de Italia.

"A veces el blanqueo de capitales parece al ciudadano algo alejado, pero se trata de un oscurecimiento de bienes que proceden de actividades ilícitas, que a veces alcanzan hasta la farándula", señaló Conde-Pumpido, quien recordó que precisamente en la costa del Sol hay puestos en marcha tres "macroprocesos" relacionados con el blanqueo, como es el caso Minutas, Ballena Blanca y Malaya.

A su entender, el dinero que se intenta blanquear procede fundamentalmente del narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de seres humanos o de armas, y "obviamente" de la corrupción. Para detectar este tipo de operaciones financieras fraudulentas, la Fiscalía se encuentra con el problema de que "las fronteras han desaparecido para los delincuentes" pero no para nuestros sistemas jurídicos, que "todavía son contemplados desde una perspectiva estrictamente nacional".

Más organización criminal

"Hoy día los traspasos de fondos a través de sistemas sofisticados de carácter financiero o a través de los medios informáticos se producen con una enorme facilidad, y los criminales cada vez se organizan mejor", incidió Conde-Pumpido, que aseguró que el Estado también responde a esta criminalidad "con instrumentos cada vez más efectivos".

Así, recordó la aprobación de la Ley de Prevención de Blanqueo, que introduce un fichero de titularidades financieras para que el Ministerio Público o las autoridades judiciales pueda saber del cualquier desvío de fondos que se produzca, y que permitirá "no tener que dirigirse una a una a las instituciones financieras para localizar las transferencias de fondos originarios de blanqueo, sino en un lugar centralizado, para que los servicios de inteligencia financiera pueda luchar contra eso". De igual forma, la reforma del Código Penal también "introduce instrumentos más efectivos", y también órganos como Eurojust permiten perseguir con eficacia este tipo de delincuencia.

En lo que respecta a los paraísos fiscales, Conde-Pumpido indicó que después de los atentados del 11-S en Nueva York todos los países del mundo están haciendo un "esfuerzo importante" para hacerlos "desaparecer" y ya los servicios de inteligencia financiera "llegan a cualquier lugar". El fiscal hizo en ese sentido referencia al caso Gürtel, en el que se están llevando a cabo investigaciones en Suiza y paraísos fiscales en el Caribe.

El secretario de Estado para la Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, manifestó por su parte que el Gobierno "no descansa en la lucha contra estas bolsas de impunidad", y, aunque cada vez los instrumentos que utilizan las organizaciones criminales sean más "sofisticados", el Estado cuenta con los suficientes mecanismos "para defenderse". "La idea de que los delitos de cuello blanco no afectan al ciudadano está ya completamente superada", mantuvo.

Para Campo Moreno, la "preocupación" del Estado le ha llevado a poner en marcha la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, y la "importante" reforma del Código Penal, que "afina" los delitos y que establece una "importante respuesta" a la corrupción, una "lacra que nos invade", para que ésta "no campe por sus fueros y se pasee".

Saben aquél... del economista, el matemático y el contable

Carlos Sánchez

Algunos economistas suelen contar un chiste que merece la pena recordar estos días. Un matemático, un contable y un economista acuden a una entrevista de trabajo. El primero en entrar es el matemático, y su entrevistador le pone a prueba con una pregunta absurda. ¿Cuánto son dos y dos?, le espeta. El matemático, sin titubear y un tanto contrariado, le responde de un tirón: ‘Por supuesto que cuatro’.

A continuación entra a la sala el contable, y el entrevistador le hace la misma pregunta. ¿Cuánto son dos y dos? ‘De media, son cuatro’, le contesta el contable. Ya se sabe la obsesión de los contables por cuadrar balances. El último en entrar a la sala es el economista, quien nada más escuchar el problema de labios de su interlocutor cierra las puertas y entorna las ventanas para asegurarse que nadie le pueda oír. ‘¿Cuánto quiere usted que salga?’, le susurra al oído.

A veces escuchando al presidente del Gobierno da la sensación de que Zapatero se ha convertido en una especie de aprendiz de brujo de la economía. Utiliza las estadísticas de forma torticera y últimamente saca pecho con un argumento: España está mejor de lo que dicen los mercados. En particular en lo relacionado con el stock de deuda pública. Y es verdad que España cerró el año pasado con un endeudamiento público equivalente al 53,2% del PIB, 25 puntos menos que en la eurozona.

Sostiene Zapatero, igualmente, que gracias a ese bajo nivel de endeudamiento, el pago de intereses representa únicamente el 2% del PIB, muy por debajo del 3% que, como media, destinan los países de en este documento. Prácticamente igual que la eurozona.

Se dirá, entonces, que no hay problema, ya que estamos como ellos. Pero con una diferencia. Mientras que en la eurozona la carga de intereses crecerá ligeramente gracias a los bajos tipos de interés que han abaratado la deuda (aunque haya crecido el desequilibrio fiscal) en España aumentará nada menos que un 72%. O dicho en términos más elocuentes. Si este país se gastó el año 2009 -presupuesto inicial- 17.400 millones de euros en el servicio de la deuda, en 2013 es muy probable que esa cifra se haya ya duplicado, hasta el entorno de los 35.000 millones de euros. Una cifra, como se ve, al menos inquietante.

Una verdad a medias

El Gobierno puede argumentar que, efectivamente, la cantidad es relevante, pero no hay que olvidar que en los años 90 el pago de intereses llegó a rozar el 5% del PIB. En concreto, un 4,8% entre 1992 y 1996. Estamos, de nuevo, ante una gran verdad. Aunque sólo a medias. España logró reducir aquella carga financiera insoportable gracias a la contención del gasto público, pero sobre todo por el efecto escalón que supuso pasar de unos tipos de interés cercanos al 10% en los últimos años de la peseta, a unos tipos que tras el nacimiento del euro llegaron a situarse en el entorno del 2%. Como se ve, mucho ahorro que no volverá a reproducirse por razones obvias. El único recorrido que tiene el precio del dinero en los próximos años es al alza.

Lo que sucedió ayer en los mercados de deuda es significativo. El atormentado Tesoro Público tuvo que pagar un 3,58% por colocar bonos a cinco años. ¿Mucho o poco? Desde luego bastante más que el 2,75% de hace menos de un par de meses, el 10 de marzo. ¿Y saben cuánto costará esta sangría a los contribuyentes? Pues teniendo en cuenta que el Tesoro emitirá este año unos 225.000 millones de euros, si se consolida un diferencial de 100 puntos básicos con Alemania, esto significa ni más ni menos que esos malditos bastardos que responden al nombre de mercados nos van a costar más de 2.000 millones de euros. Ya puede el Fiscal General del Estado echarlos un galgo, como sugirió ayer. Lo peor, sin embargo, es que la fiesta no ha hecho más que empezar.

Las probabilidades de que el Reino de España quiebren son nulas (otra cosa es que se vea obligado a refinanciar una parte de su deuda), pero lo que está claro es que España ha bajado a la segunda división y durante mucho tiempo tendrá que convivir con diferenciales situados entre 100 y 200 puntos básicos respecto de Alemania. Exactamente lo mismo que le sucedió a Italia durante la última década.

También se podrá decir que 35.000 millones de euros en pago de intereses al año no son mucho para un país cuyo producto interior bruto equivale a 1,05 billones de euros. Pero la comparación sería más correcta si se hace respecto del gasto total y no del PIB.

Un país hipotecado

Volvamos a utilizar las cifras de la UE. Según la Comisión Europea, en 2011 el gasto público total de España equivaldrá al 44,7% del PIB (con unos ingresos previstos del 35,9%). ¿Qué quiere decir esto? Pues que cerca del 8% de los recursos públicos se destinarán sólo al pago de intereses. Pero es que si se elimina la Seguridad Social (que se autofinancia) se estaría hablando de que este país se gastará en los próximos años alrededor de doce de cada cien euros sólo en el servicio de la deuda.

La deuda pública volverá, por lo tanto, a ser la partida más importante del presupuesto, incluso por encima del desempleo. De hecho, si se suman estas dos partidas eso significa que cuando el ministro de Hacienda de turno comience a elaborar las cuentas del reino, ya sale con un déficit de 60.000 millones de euros, cantidad que debe asumir sin mover una coma para respetar los compromisos adquiridos. El pago de la deuda es sagrado (salvo que se baya a una reestructuración como están descontando los mercados), y lo mismo sucede con el desempleo, salvo que se quiera caer en estallidos sociales como en Grecia.

O dicho con otras palabras. Este país se gastará en pagar la deuda dos veces y media más de lo que destinará este año a infraestructuras. Como se ve, un modelo de gestión de los recursos públicos.

La evolución del endeudamiento, por lo tanto, sí es un problema. Y si no que se lo digan a Italia, cuyo servicio de la deuda llegó a representar entre 1992 y 1996 un extraordinario 11,6% del PIB. Ni que decir tiene que ese modelo de crecimiento basado en pedir dinero al exterior era insostenible, y eso explica que cuando comenzó a retirarse la metadona con la que crecía la economía italiana, el país ha permanecido estancado durante al menos una década. Exactamente lo mismo que le puede suceder a España, que como se ha demostrado -y habida cuenta del enorme apalancamiento de los agentes económicos privados (familias y empresas)- se ha venido abajo cuando le han retirado la gasolina. O sea, el crédito.

Hay que decir en honor a la verdad que Pedro Solbes, que ha sido una calamidad como ministro, tuvo la visión estratégica de dedicar buena parte de los superávits presupuestarios anteriores a la crisis en reducir el stock de deuda, y eso ha dado capacidad de maniobra al Gobierno para articular políticas anticíclicas. Decir que Elena Salgado es la ministra de Economía no es más que un juicio de intenciones.

Pero dicho esto, lo que no parece razonable es que el Gobierno presuma de una insensatez, como es pensar que los mercados no leen los papeles. Los leen y pasan factura. Y ahí está lo que sucedió ayer. Entre otras cosas debido a algo extraordinariamente importante. Un aumento de las rentabilidades supone en paralelo un descenso de los precios de los activos (bonos u obligaciones), y eso va directamente contra el balance de los bancos y cajas españolas, que en buena medida son quienes han comprado ingentes cantidades de deuda pública. Y sólo le faltaba esto al sistema financiero. Empezar a dar pérdidas por la caída del valor de sus activos.

El Supremo archiva las querellas contra Saavedra y Varela

Las Asociaciones de Memoria Histórica acusaban de prevaricación a los jueces por mantener la causa contra Garzón

EFE 06/05/2010 17:04 Actualizado: 06/05/2010 17:11Twitter

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Miembros de la asociación Memoria Viva, ante la sede del Tribunal Supremo, el pasado 12 de abril. EFE/Kote Rodrigo

El Tribunal Supremo (TS) ha archivado la querella que varias asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica habían presentado contra el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, así como la interpuesta contra éste y el magistrado de este Tribunal Luciano Varela .

Según han informado fuentes del Supremo, la sala especial del artículo 61 del TS ha decidido esta mañana inadmitirlas a trámite.

La primera fue interpuesta el pasado mes de marzo contra Saavedra por dictar resoluciones en lacausa contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, que instruye Varela, después de haber pedido éstas su recusación.

Los querellantes acusaban a Saavedra de haber deliberado y adoptado más de diez resoluciones después de que fuera recusado el pasado 18 de junio.

El 23 de abril la sala del 61 rechazó tramitar la recusación de Saavedra y de los otros cuatro magistrados que formaban la sala que admitió la querella contra Garzón: Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.

Acusan a los magistrados de dejar indefensas a las víctimas del franquismo

Por otra parte, la segunda querella archivada hoy por el Supremo fue presentada el pasado 12 de abril por lasasociaciones para la recuperación de la Memoria Históricade Cataluña y Baleares al estimar que Saavedra y Varela han dejado indefensas a las víctimas del franquismo.

Según argumentan en su querella, la actuación de ambos constituye un delito de prevaricación porque, a sabiendas de que las decisiones de Garzón son sostenibles y jurídicamente aceptables, siguen manteniendo la imputación al juez de la Audiencia Nacional.

Coté, el falso médico de Ferrol, reclama a sus víctimas 4,5 millones por difamación

Ha emprendido acciones civiles por el blog que creó la asociación de perjudicados para intercomunicarse

Autor: Francisco Varela

José Manuel López Pérez, Coté, el falso médico de Ferrol procesado y cuyas clínicas en Ferrol, Viveiro y Vinaroz han sido clausuradas, ha emprendido acciones civiles contra la asociación de víctimas. Sostiene que, sobre todo, en su blog se vierten expresiones, opiniones y manifestaciones que dañan su honor y buena fama. El asunto se tramita en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de A Coruña. Según fuentes de los afectados, reclama cuatro millones y medio de indemnización a razón de cien euros por cada entrada registrada en la página web. Y demanda también rectificación pública y el cierre del mencionado blog.

Esther Fontán, presidenta del principal colectivo de afectados o víctimas, que hoy hablará del asunto en el transcurso de una rueda de prensa, se pregunta cómo una persona denunciada por lesiones, estafa, delito contra la salud, intrusismo, falsedad documental y otros delitos emprende estas acciones y dice que se lesiona su intimidad y su honor.

Mientras el juez civil incoa estas diligencias, los penales continúan con las suyas. Una en el Juzgado de Instrucción número 3, cuya causa alcanza ya tal cantidad de volúmenes que la oficina judicial tuvo que preparar un habitáculo especial con estanterías para almacenarla, y requerir ayuda a la Xunta para informatizar el sumario porque tendrían que ponerse la totalidad de los funcionarios del juzgado a hacer fotocopias cada vez que se persona un nuevo afectado.

En Vinaroz

Una segunda causa la lleva otro juzgado de instrucción, en Vinaroz, donde también actuaba López Pérez. En este caso, según las mismas fuentes, la Consejería de Sanidad valenciana dictaminó que muchos de los medicamentos o sustancias intervenidos durante el registro policial están prohibidos, otros caducados o no autorizada su comercialización en España.

Esther Fontán ha explicado que las víctimas tienen mucho interés en «saber qué nos inyectaba» porque así los médicos podrán diagnosticar mejor sus padecimientos actuales. Muchos de los afectados sostienen que el suministro de estas sustancias agravó los males que ya padecían, como el caso de una joven que sufría fibromialgia y actualmente tiene que moverse con bastones canadienses porque cada vez son más frecuentes los brotes. Estos afectados están siendo examinados por una médica forense de Ferrol, que se dedica exclusivamente, una parte de la semana, a atenderlos.

La ONU examina a España en materia de derechos humanos

Varios países latinoamericanos piden acabar con la impunidad del franquismo y reparar a las víctimas de la dictadura, ante el silencio de los europeos

PÚBLICO.ES / AGENCIAS

Vista general de la Sala XX del Palacio de la ONU con la cúpula diseñada por el artista español Miquel Barceló, donde se ha reunido el CDH para examinar a España.EFE

España debe potenciar sus investigaciones sobre los crímenes del franquismo y reparar a las víctimas y además mejorar su trato a los inmigrantes. Estas han sido las mayores críticas realizadas esta mañana durante el primer examen de Naciones Unidas al que se somete España en materia de derechos humanos.

Durante más de tres horas, los 47 Estados que forman parte del Consejo de Derechos Humanos (CDH) han analizado a España dentro del denominado Examen Periódico Universal, un organismo creado por el CDH en abril de 2008, por el que todos los países de Naciones Unidas deberán pasar para presentar sus compromisos y obligaciones.

Ahora, después de que ya hayan sido observados 112 Estados, le ha tocado el turno a España. Han sido varios países latinoamericanos los que han recomendado avanzar en las investigaciones sobre la impunidad del franquismo. Argentina, México, Cuba, Colombia y Perú trajeron a colación la cuestión, aunque con diferentes matices.

Las "asignaturas pendientes" de España

Mientras el representante argentino pidió que se refuercen los mecanismos que permiten combatir la impunidad, México aconsejó a España "investigar, sancionar y reparar los delitos de desaparición forzada de personas", sin importar cuándo se cometieron, "de conformidad con sus obligaciones internacionales".

México aconsejó "reparar los delitos de desaparición forzada de personas"

Cuba esperó que "se puedan intensificar las insuficientes medidas adoptadas para que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas" y advirtió de que queda como "asignatura pendiente" la necesidad de "poner fin a la impunidad de que gozan los responsables de crímenes de lesa humanidad y otros crímenes durante la dictadura franquista, que en virtud del derecho internacional son imprescriptibles".

El representante de Colombia recomendó a España "continuar avanzando en la implementación de la Ley de Memoria Histórica" porque "la verdad es un derecho fundamental para quienes han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos", mientras que Perú confió en que se produzcan "mayores avances a favor de las víctimas" de la dictadura.

"Silencio hipócrita"

Reed Brody, portavoz de Human Rights Watch, destacó el hecho de que fueran los países latinoamericanos quienes sacaran a relucir los crímenes del franquismo. "Es un signo muy fuerte que lo hayan hecho, aun con lenguaje diplomático, ellos que han hecho tanto por afrontar un pasado doloroso, y no entienden por qué España no lo puede hacer", dijo. Ningún país europeo abordó en cambio esta cuestión, lo que para Brody representa un "silencio hipócrita" ante el acoso a Garzón.

Nungún país europeo abordó la cuestión de la impunidad del franquismos

Por su parte, diversas ONG, como la Comisión Internacional de Juristas o Amnistía Internacional, han incorporado al Examen de España observaciones referidas a la investigación de los crímenes del franquismo y a las causas abiertas contra el juez Garzón por presunta prevaricción por haber tratado de investigarlos. Las ONG no tenían derecho a intervenir hoy en la sesión, aunque sus observaciones sí se tendrán en cuenta.

Otras preguntas que dirigieron otros miembros de Naciones Unidas a la delegación española estuvieron relacionadas con el trato dado a los inmigrantes y a colectivos como los gitanos. El secretario de Estado de Asuntos Constitucionales, José Luis de Francisco, que encabezaba la delegación española, presentó el informe español e hizo hincapié en que los inmigrantes gozan del derecho a asistencia sanitaria, a educación y a reunión, expresión o sindicación indepenientemente de su situación administrativa.

Política sociales

No todo fueron críticas. Los elogios hacia España se dirigieron en torno a las políticas sociales en materia de igualdad. En ese sentido, De Francisco recordó la adopción de importantes leyes de carácter social en materia de igualdad, lucha contra la violencia de género, la ley de dependencia, la ley que permite el matrimonio de homosexuales o la introducción de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

De Francisco concluyó explicando las últimas novedades en la materia en la normativa española, como la Convención sobre municiones de racimo, o el instrumento de ratificación del protocolo para la abolición de la pena de muerte. Sobre este último punto, recordó que el presidente del Gobierno se ha mostrado partidario de promover una Comisión Internacional sobre la Pena de Muerte.

España recibió elogios en torno a sus políticas sociales

Informó también de que el próximo 10 de mayo se presentará en el Senado español el Mecanismo Español de Prevención de la Tortura y la constitución del Consejo Asesor, integrado por ONG y otras organizaciones profesionales representativas en el ámbito de la lucha contra la tortura.

En los próximos días, con toda el probabilidad el viernes, el CDH publicará un informe preliminar con conclusiones y recomendaciones sobre el examen de hoy, por el que debían pasar este miércoles otros 14 países y que habrán pasado todos los miembros de la ONU para diciembre de 2011.

El anteproyecto de Ley de Mediación de Derecho Privado, antes de verano

La consellera de Justicia dice que ultima una ley autonómica como forma de resolución extrajudicial de los conflictos familiares.

DIARIOCRÍTICO COMUNITAT VALENCIANA

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, indicó este viernes que el Consell ultima una ley autonómica de Mediación de Derecho Privado como forma de resolución extrajudicial de los conflictos familiares. En este sentido, anunció que "antes del verano" se llevará un anteproyecto de Ley al Pleno del Consell. La consellera realizó estas declaraciones durante la clausura del seminario que desde este jueves se celebra en la sede del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), y que trata sobre el arbitraje y la mediación familiar en conflictos.

Sánchez de León manifestó que la Generalitat "trabaja para facilitar los recursos necesarios para que las situaciones conflictivas se solucionen de la forma menos traumática posible, sobre todo para los menores". "Es necesario trabajar en la prevención, en la mediación y en la reducción de las dificultades con la finalidad de no llegar al conflicto", recalcó.

La titular de la Conselleria de Justicia aseguró que los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) son "uno de los ejemplos más claros de la apuesta del Gobierno valenciano por esa visión de la Justicia que colabora, que previene y que no tiene por qué llegar a los tribunales", y recordó que en la actualidad la Comunitat cuenta con 18 PEF, y que fue "pionera" en legislar esa materia, que "ha descargado la presión que se ejerce sobre los órganos jurisdiccionales, además de reducirse los plazos de resolución de los asuntos".

La consellera también resaltó que la Generalitat suscribirá un convenio de colaboración para la puesta en marcha de un servicio piloto en mediación familiar que colaborará con el juzgado de Familia de Elche. "Queremos -indicó- que este proyecto sea el germen de lo que tiene que ser el desarrollo posterior de la mediación en la Comunitat Valenciana".

Conflictos familiares

Así, Sánchez de León destacó la importancia de incorporar "a la actual cultura del litigio y del conflicto, la alternativa de la prevención y la colaboración", ya que "de nada sirve incrementar el desarrollo económico o social si no somos capaces de asumir el porvenir con un espíritu equilibrado de respecto hacia los ciudadanos y hacia las instituciones, y la mediación fomenta el respeto evitando la judicialización de conflictos familiares".

Asimismo, señaló que el presupuesto que la Generalitat destina a la Justicia "se ha duplicado en muy pocos años", pero incidió en "la necesidad de realizar transformaciones que no se basan en el puro incremento de recursos", transformación que, en su opinión, es "necesaria" en el juzgado de Familia ya que "tal y como está concebido en la actualidad no puede dar una respuesta de calidad frente a las situaciones que se le plantean".

Por último, la consellera recordó que la Justicia "tiene grandes asuntos planteados que precisan de una reflexión profunda y cualitativa por parte de todos los que trabajan el ella día a día", y recalcó la voluntad del Consell "por seguir trabajando y escuchando a todos los agentes implicados para lograr la Justicia del siglo XXI que los ciudadanos demandan y merecen".

Los socialistas desmontan la excusa de Camps sobre Gürtel

La Sindicatura de Cuentas también cuestionó los contratos

ADOLF BELTRAN

No sólo la Sindicatura de Cuentas (el órgano fiscalizador de las cuentas de la Generalitat) no ha exonerado al Consell, sino que sus informes coinciden, a la hora de señalar irregularidades, con las conclusiones del informe de la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que reveló cómo se amañaron de forma generalizada los contratos de la trama de corrupción del caso Gürtel con la Generalitat entre 2004 y 2009.

Los socialistas desmontaron ayer la coartada esgrimida por el presidente del Consell, Francisco Camps, y su Gobierno para eludir responsabilidades sobre las 85 operaciones de 17 departamentos del Consell por valor de 7,2 millones de euros con empresas de la red corrupta. El portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Ángel Luna, dio todo tipo de detalles sobre los reparos que la sindicatura puso en su día, con el lenguaje "amable" característico de la institución, a las adjudicaciones autonómicas a la red que encabezaba Francisco Correa, cuando ni tan siquiera se sabía que la trama Gürtel existía y que estaba actuando como tal.

Las dos primeras adjudicaciones a Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, cabeza de la red de corrupción en Valencia, centraron la comparecencia de Luna, que comenzó rebobinando el vídeo de la intervención de Camps el jueves pasado en las Cortes, cuando aseguró que la Sindicatura ha fiscalizado a la Generalitat sin decir "absolutamente nada". Continuó con la explicación de que la gran mayoría de las operaciones con la trama no llegaron a ser fiscalizadas porque se trocearon por debajo de 12.000 euros, como contrataciones menores a dedo, que no se inscriben en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. Después se detuvo en el análisis de las adjudicaciones a Orange Market por Vaersa en 2004 y de la Agencia Valenciana de Turismo, en 2005. Y acabó anunciando que los socialistas pedirán al instructor que "solicite a la Generalitat certificación de qué contratos fueron analizados por la Sindicatura y con qué resultados".