Acuerdo entre CSIF Y AEGC

El 13 de abril tuvo lugar en las oficinas centrales de CSI•F la firma del acuerdo entre la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y el Sindicado CSI-F.

En dicho acuerdo estuvieron presentes el Presidente Nacional de CSI•F, D. Domingo Fernández Veiguela y el Presidente Nacional de AEGC, D. Francisco Javier Benito Molina.

Con este acuerdo ambas organizaciones consideran que su “colaboración y ayuda mutuas supone un ingente número de oportunidades para lo cual este protocolo es el punto de partida y la expresión formal del compromiso que ambas organizaciones asume desde ahora en adelante y sin prejuicio de desarrollo, cuando sea preciso, de documentos a acuerdos complementarios”.

De este modo CSI•F y AEGC tendrán como primera declaración el “compromiso de ayuda y colaboración recíproca, comenzando por la transferencia de AEGC a CSI•F, de conocimientos y experiencias en el ámbito profesional policial, encaminado siempre al incremento del nivel de formación de los afiliados de CSI•F”.

Por su parte CSI•F facilitará la “prestación de una permanente colaboración en materia de formación y comunicación así como la aportación de experiencias de proyección internacional”.

De esta manera y con el fin de sumar esfuerzos ambas organizaciones acuerdan:

• La creación de un foro de encuentro para debatir la reforma de la ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que permita lleva al Gobierno de la Nación el modelo policial propugnado por ambas organizaciones.

• La puesta en común para la elaboración de Cursos de formación que CSI•F pueda incluir en su Plan de Formación nacional válidos para los afiliados de AEGC.

• Que a través de CSI•F, AEGC pueda tener presencia en los foros europeos de EPU (Unión Europea de Policía), en los términos que se acuerden.

• Promover grupos de trabajo para la elaboración de actividades para los afiliados de ambas organizaciones.

• La acción conjunta y coordinada en la defensa de los intereses comunes de los integrantes de ambas organizaciones sindical y asociativa.

• El apoyo mutuo en cuantas acciones o iniciativas de carácter reivindicativo, de mejora de las condiciones laborales de los miembros de FCS se desarrollen, siempre y cuando no perjudiquen los intereses de la otra parte.

• Hacer efectivo y extensivo el contenido del presente a los diferentes estamentos o estructuras de ambas organizaciones, logrando con ello el establecimiento de canales de colaboración compañerismo cotidianos.

José Blanco esquiva confirmar a Tomás Gómez como candidato

Mantiene el calendario para elegir candidatos y se limita a valorar el buen trabajo de Gómez.

Sin embargo, el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE la selección de los candidatos para las próximas elecciones de 2011 "no se producirá hasta principios de septiembre u octubre". Es decir, no quiso atender los requerimientos del afectado y del PSM de despejar la duda al respecto de su candidatura, algo que podría hacer públicamente aunque el proceso oficial se demorara. En un desayuno del Foro Nueva Economía, Blanco señaló también que el PSOE es consciente de que en la Comunidad de Madrid hay "una oportunidad para el cambio" pues existen "síntomas muy evidentes de agotamiento" del modelo del gobierno popular. Ese mensaje podría avalar el insistente rumor, no negado por Ferraz, de un 'ticket' electoral en Madrid compuesto por Trinidad Jiménez para medirse con Esperanza Aguirre y ÁNgel Gabilondo para hacerlo con Gallardón. Otros nombres que han sonado, desde De la Vega hasta Rubalcaba pasando por Beatriz Corredor, Jaime Lissavetzky o el propio Blanco, parece cotizar menos en la quiniela informal: el último, sin ir más lejos, siempre ha soñado con volar a Galicia algún día para presidir la Xunta, y antes de librar la batalla en Madrid parece destinado a participar en la sucesión de Zapatero, sea cuando sea ésta. Sí hay algo claro: la poca química entre Blanco y Gómez es un hecho, tanto como el apoyo que éste tiene en Leire Pajín y el recelo que suscita en una parte nada desdeñable del PSM que, sin el pasado se simbolizaba en Simancas, ahora alcanza al grupo parlamentario en la Asamblea y a un buen ramillete de Agrupaciones.

El Tribunal Constitucional paraliza los derribos del Cabanyal

Es la segunda vez que el Constitucional paraliza los planes de la Generalitat de construir una avenida hasta el mar en barrio del Cabanyal

EUROPA PRESS 14-04-2010

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la Generalitat valenciana por la ley que autorizaba los derribos en el Barrio del Cabanyal de Valencia. Este recurso paraliza los derribos de las viviendas que se iniciaron la pasada semana entre las protestas de los vecinos y de las diferentes asociaciones de defensa del barrio valenciano.l

El Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra la ley aprobada por las Corts el pasado 24 de marzo que autorizaba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio valenciano de El Cabanyal.

El Alto Tribunal, a través de una providencia, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la ley que avala el PEPRI, así como dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso y al Senado, por conducto de sus presidentes, y a la Generalitat y las Corts Valencianes por el mismo procedimiento, para que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren oportunas.

El acuerdo produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la interposición del recurso el pasado 9 de abril para las partes y desde el día en que aparezca publicada en el Boletín Oficial del estado (BOE) para los terceros.

La polémica

Las Corts Valencianes aprobaron el pasado 24 de marzo -con los votos a favor del PP- la ley que autorizaba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) en El Cabanyal que permitía ejecutar la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez hacia el mar a través de este barrio de Valencia.

Esta norma sustituía y derogaba el Decreto-Ley que el Consell publicó el pasado 7 de enero -y que también había sido recurrida por el Ejecutivo socialista ante el TC- en oposición a la orden del Ministerio de Cultura que declaraba como acto de expolio las actuaciones derivadas del PEPRI y, por lo tanto, obligaba a suspender la ejecución de este proyecto.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció el pasado viernes que el Gobierno había acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad a la ley de la Generalitat valenciana de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia, que avalaba el PEPRI, y señalaba que esta iniciativa legislativa "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio de patrimonio histórico que corresponden al Estado", y afirmaba que el Gobierno estaba ejerciendo precisamente estas competencias en relación con el barrio de El Cabanyal.

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El Consell quiere la mediación también en los pleitos penales

I. R. T.|VALENCIA

La Conselleria de Justicia quiere que la mediación llegue al ámbito penal (faltas y delitos) pese a que la ley que en breve aprobará el Consell regulará sólo la solución negociada de los conflictos en el Derecho Privado, en el ámbito civil.

Lo dijo ayer la titular autonómica de Justicia, Paula Sánchez de León, tras presentar un ambicioso plan de modernización integral de la Justicia, que se limita a la obligada implantación de la oficina judicial sino que se asienta sobre otras tres patas: la modernización de los archivos judiciales , el desarrollo del expediente digital y la justicia preventiva.

Es en esta última, en la justicia preventiva, en la que se incardina esa voluntad de promover la mediación para evitar que asuntos menores, en su mayoría faltas pero también algunos delitos, se resuelvan de manera negociada entre las partes con ayuda de un mediador pero sin necesidad de que intervenga el juez. Esta medida, explicó Sánchez de León, aligeraría el trabajo de los juzgados, que podrían dedicarse a asuntos más importantes.

El proyecto, que aún está por desarrollar, pasaría por remitir al servicio de mediación a las dos partes para intentar encontrar una solución a su problema antes de que se materialice la denuncia porque muchas veces lo que quiere el ofendido no es que el infractor sea condenado sino que le compensen por el daño causado.

El Consell cree que sería un procedimiento muy eficaz para resolver riñas, insultos, y casos de impago de pensiones. En rigor, en el ámbito penal, esta solución extrajudicial de los pleitos sólo es aplicable a las faltas de amenazas, injurias, coacciones, vejaciones e infracciones de tráfico y a los delitos de calumnias e injurias, en las que el perdón del ofendido extingue la acción penal. Pero el Consell cree que, buscando los recovecos de la ley, se puede ir un poco más lejos.

Sánchez de León se reunión ayer con el presidente del TSJ, el fiscal superior, los presidentes de las Audiencias y los fiscales jefes de las tres provincias para explicarles el nuevo modelo de oficina judicial que supondrá un cambio organizativo revolucionario. Pierde poder el juez, lo gana el secretario y desaparecen los juzgados como unidades independientes para dar protagonismo a servicios comunes que atenderán a todos los juzgados. La implantación de la nueva oficina judicial, en la que el Consell invertirá siete millones, se hará de manera gradual y estará completada en 2014.

Esixe ao PSOE que trate de manter un único criterio polo menos durante 24 horas: Caride dicía en marzo de 2009 que tiña elaborado un documento para levantar a moratoria á lei dos 500 metros, pero Vázquez pide agora mantela como condición obrigada á firma dun pacto territorial

Rodríguez pide aos socialistas que pacten entre eles mesmos o modelo do territorio antes de falar de pactos con outras forzas

· A aprobación inicial do Plan do Litoral permitirá levantar con garantías esa moratoria á construción nos primeiros 500 metros por detrás da liña de costa. Iso si, faráo tras un estudo pormenorizado e palmo a palmo do litoral galego, analizado cos concellos afectados

· O PPdeG, do mesmo xeito que a Xunta, defende un ordenamento intelixente, sensato e racional da costa galega, apostando por mellor protección en lugar de por máis prohibición

BRONCA EN EL CONGRESO POR LOS BIENES DE SU PRESIDENTE

Un constructor fio a Bono más de 15 millones de pesetas para levantar su chalet

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono (Efe).

@Alberto Mendoza.-

Las dudas sobre el espectacular aumento patrimonial de José Bono llegaron ayer hasta la Mesa del Congreso de los Diputados, que no se puso de acuerdo sobre cómo fiscalizar los bienes de su presidente. Sin embargo, las sospechas sobre el modo en que ha adquirido sus diversos inmuebles persiguen a Bono desde que presidía Castilla-La Mancha. Así, su chalé de Olías del Rey (Toledo), vivienda habitual de la familia, fue levantado gracias a la generosidad del constructor, que le fio más de quince millones de pesetas.

Bono adquirió en 1995 un chalé de 401,28 metros cuadrados en Olías del Rey, según explicó entonces en su declaración de bienes. Sin embargo, en 1996 todavía no sabía qué cantidad adeudaba al constructor y a los proveedores de material. Un año después, sí reconoce que “su deuda con el constructor” es de 15.048.598 pesetas (90.443 euros), aunque no aclara la identidad del empresario, ni a qué tipo de acuerdo ha llegado con él, ni si debe afrontar intereses por este préstamo.

Pese a la magnitud de la operación, el presidente del Congreso no utilizó los servicios de ninguna entidad financiera. La única explicación que ofrece en su declaración de bienes es que vendió varias fincas heredadas de su madre para financiar la construcción de la casa, aunque no detalla el tamaño o valor de tales terrenos. De hecho, asegura que estas fincas, vendidas en 1995, le ayudaron también a comprar un piso en Toledo de 142 metros cuadrados en 1992, así como a pagar “deudas pendientes”.

La velocidad con que hizo frente a la deuda con el constructor del chalé también es sorprendente, ya que en 1999 sólo tenía pendiente 5.151.662 pesetas, y en 2001 la deuda estaba saldada. Todo gracias a un sueldo que no alcanzaba los 12 millones de pesetas anuales y a la herencia materna.

Antes de dejar la Junta para ser ministro de Defensa, Bono había acumulado también una casa y dos fincas rústicas en Salobre (Albacete), dos pisos en Madrid, y los citados inmuebles de Toledo y Olías. Asimismo, inyectó 632.800 euros a la sociedad Ahorros Familiares Saja, y creó la Sociedad Hípica Almenara. Este negocio fue denunciado por IU ante la Fiscalía Anticorrupción, porque, según Francisco Hernando, El Pocero, uno de los constructores que participaron en las obras, fue financiado por patrocinadores como Porcelanosa, Iberdrola o Endesa.

Bronca en el Congreso

Por otra parte, su mujer, Ana Rodríguez, puso en marcha la franquicia de Tous en Castilla-La Mancha con un valor inicial de 25.200 euros. Según fuentes que asesoran a esta firma, consultadas por este diario, Ana Rodríguez vendió recientemente sus cinco tiendas a la empresa matriz a cambio del 16% de las ventas, lo que le reporta en torno a 800.000 euros al año. Además, de acuerdo con estas fuentes, aprovecha su posición social como esposa de la tercera autoridad del Estado para ejercer de embajadora de la marca.

Este es precisamente uno de los argumentos de la familia Bono-Rodríguez para justificar el notable enriquecimiento que ha experimentado en los últimos años, según ha desvelado La Gaceta. En concreto, el citado diario le atribuye la adquisición de un chalet en Bargas (Toledo), dos áticos en Estepona y dos pisos de lujo en Madrid. Un conjunto de propiedades valorado en más de 3 millones de euros.

Bono pidió amparo al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ante lo que considera es una “campaña” mediática de “calumnias y falsedades”. No obstante, no accedió a la exigencia del PP de explicar públicamente su patrimonio. Ayer, la bronca llegó al Congreso de los Diputados. Los representantes populares en la Mesa de la Cámara (Ana Pastor, Jorge Fernández Díaz, Ignacio Gil Lázaro y Celia Villalobos) abandonaron la reunión para impedir, según explicaron, que derivara en un escrito de apoyo a Bono.

Según fuentes parlamentarias citadas por Efe, el presidente del Congreso planteó el problema sobre la verificación de su patrimonio al ser él el encargado de custodiar las declaraciones de bienes de todos los diputados. Es decir, se abrió el debate sobre quién debe vigilar al centinela. El PP reclamó que fuera la Comisión del Estatuto de los Diputados, que ya comprueba las actividades privadas de sus señorías, pero finalmente no hubo acuerdo con los representantes socialistas y nacionalistas. Según Europa Press, el Congreso no descarta buscar una fórmula para que otro diputado pueda dar fe de la declaración de Bono, aunque, por ahora, sólo Conde-Pumpido ha comenzado a analizar la documentación presentada por el político manchego.

VILLAREJO ACUSA AL TRIBUNAL DE COMPLICIDAD CON EL FRANQUISMO

Indignación entre los jueces del Supremo por la campaña de acoso de los defensores de Garzón.

Miles de personas secundaron el acto convocado por UGT y CCOO en defensa de Garzón. Efe

@J. C.- 14/04/2010 (06:00h)

“Indignante” era la palabra más escuchada ayer por los pasillos del Tribunal Supremo (TS), después de conocerse lo ocurrido a última hora de la mañana en el acto organizado en la Universidad Complutense por los sindicatos CCOO y UGT en apoyo del juez Baltasar Garzón. “La indignación entre los magistrados es notoria, porque se trata de una ofensiva muy planificada, muy organizada, que va in crescendo y que ayer llegó a tildarles de franquistas. Es una presión intolerable contra una institución básica del Estado de Derecho”, aseguró a este diario una fuente cercana al Alto Tribunal.

Particular escándalo causó ayer en el TS “el ejercicio absolutamente sectario” pergeñado en el acto de la Complutense por el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo contra la Sala II del Supremo. El citado llegó a acusar al TS de complicidad con las torturas del franquismo: “Fueron cómplices hasta el último día de las torturas infringidas por la brigada político social, de la que muchos de los que están aquí han sido víctimas”, aseguró textualmente.

Más de un millar de personas, entre los que se encontraban Pascual Maragall, Pedro Zerolo, Gaspar Zarrías, Llamazares o Cayo Lara, ovacionaron la defensa de Garzón que protagonizó el citado Villarejo, junto al rector de la Complutense, Carlos Berzosa, y los líderes sindicales Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo. Con todo, más que de respaldo al magistrado imputado por prevaricación y cohecho, el acto fue un primer intento de movilización de la izquierda sobre la base de mezclar asuntos tan diversos como el caso Gürtel, la clausura del diario vasco Egunkaria o los crímenes del franquismo.

De hecho, el ataque a los magistrados del Supremo ocupó más tiempo en la intervención de Jiménez Villarejo que los elogios al polémico juez que mañana jueves tendrá que declarar como imputado por el tema banco Santander, una de las tres causas que tiene pendientes. “No se atrevieron nunca a abrir una causa por lesiones o coacciones contra las víctimas de la tortura a lo largo de 40 años de dictadura”, aseguró el ex fiscal anticorrupción, que añadió: “El Supremo ha optado por ponerse en manos de Falange, que en sus querellas y escritos defendía el honor de lo que llamaba el glorioso movimiento nacional”.

Cada vez parece más evidente que el caso Garzón va a ser, está siendo ya, utilizado como banderín de enganche para tratar de movilizar al electorado de la izquierda, particularmente el socialista, mediante la actuación como punta de lanza de la llamada “izquierda judicial de la ceja”, entre quienes destaca el ex magistrado Martín Pallín y los hermanos Jiménez Villarejo. Una movilización que se entiende mal sin el aliento, más o menos en la sombra, del Partido Socialista y del propio Gobierno.

Los “artistas de la ceja”, por su parte, con Pilar Bardem a la cabeza, anunciaron ayer una serie de manifestaciones, concentraciones y actos similares a los del “no a la guerra” que en su momento efectuaron contra Aznar. A partir de hoy y hasta el 22 de abril, día en el que el CGPJ podría suspender al juez, se van a encerrar en la Complutense, se van a concentrar frente a la Audiencia Nacional e incluso van a leer el auto de Garzón sobre el franquismo “como si fuera El Quijote”.

“Lo más grave desde el 23-F”, según Pilar Bardem

“No sé si voy a decir una barbaridad”, aseguró ayer la aguerrida Bardem, “pero después del 23-F, esto es lo más gordo que está pasando en la democracia española”. En el Supremo, junto a la indignación, la perplejidad. “Garzón y sus defensores han renunciado del todo a defenderse utilizando argumentos jurídicos relacionados con las causas abiertas”, sostienen las fuentes. “Cuando en estas circunstancias se invoca la democracia, o estamos ante una revolución o ante una gran mentira. Todo muy aparatoso y descarado, pero de nula eficacia y totalmente contraproducente”.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial emitió ayer una nota para “expresar su preocupación y tristeza ante las diversas manifestaciones que de forma sistemática vienen produciéndose atacando la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo, y de manera especial las realizadas en el día de hoy por personas que han ocupado destacadas responsabilidades en instituciones básicas del Estado”, en alusión directa a Jiménez Villarejo.

“En el estricto cumplimiento de su función nuclear de defensa de la independencia judicial”, prosigue la nota, “el Consejo reitera con firmeza la ineludible necesidad de respetar la actuación de los órganos judiciales, cuya cúspide ostenta el Tribunal Supremo. Sin perjuicio de recordar la legitimidad de la crítica a las resoluciones judiciales, el descrédito hacia el propio Estado de Derecho que producen manifestaciones como las anteriormente referidas, no resulta tolerable”.