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Tras siete recursos presentados

El tribunal constitucional convoca pleno los próximos 14 y 15 para deliberar sobre el Estatuto.

(EP/LB).- El Tribunal Constitucional ha convocado Pleno para los próximos días 14 y 15 de abril con el objetivo de reanudar sus deliberaciones formales sobre los siete recursos presentados contra el Estatut de Catalunya. En la sesión podría tratarse la aprobación definitiva de la sentencia, que lleva discutiéndose en este órgano desde hace más de tres años.

Fuentes del alto tribunal señalaron a Europa Press que en el orden del Pleno de ambas jornadas se incluyen otros asuntos aparte de los recursos contra el Estatut.

La convocatoria crea gran expectación, ya que los diez magistrados que deliberan sobre este asunto han venido celebrando en los últimos meses diversas reuniones informales para tratar de llegar a un acuerdo sobre el texto de la ponente, Elisa Pérez Vela, si bien el Pleno no se había convocado para tratar la sentencia del Estatut en lo que va de año.

El magistrado progresista Pablo Pérez-Tremps quedó fuera del debate tras ser recusado por el PP, a lo que hay que sumar plaza vacante tras el fallecimiento del magistrado Roberto García Calvo, cuyo sucesor debe ser designado por el Congreso de los Diputados.

UN PLENO DIVIDIDO

A la vuelta del pasado verano el texto de Pérez Vela no contaba con el consenso suficiente para ser aprobado, y de hecho existiría un empate técnico que sólo podría resolverse entonces con el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas.

En una votación realizada a modo de “sondeo” el pasado mes de noviembre se evidenció que a favor de la ponencia estarían, además de su autora, la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas y los magistrados de tendencia progresista Eugeni Gay y Pascual Sala.

En contra estarían posicionados, según las informaciones difundidas, el vicepresidente del tribunal, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata y Javier Delgado, todos ellos situados en el sector conservador del tribunal, a los que se habría sumado Manuel Aragón, quien por su actuación hasta el momento venía siendo situado en el ala progresista.

No obstante, en los últimos meses se especuló con que tanto Aragón como Jiménez podrían haberse acercado al texto propuesto por la ponente tras negociar la valoración de algunos aspectos, en concreto los relativos al uso del término “nación” en el articulado.

Se da la circunstancia de que tanto Casas como Guillermo Jiménez y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata concluyeron su mandato en diciembre de 2007 sin que el Senado, a quien corresponde su renovación, hubiera podido alcanzar el consenso necesario para lograrlo.

El Pleno del alto tribunal venía reuniéndose al menos uno o dos días a la semana para tratar de este asunto desde la última semana de febrero de 2007, si bien las discusiones sufrieron después varias paralizaciones, y en lo que va de año no se ha convocado ningún Pleno monográfico para tratar los recursos al Estatut catalán

Los consumidores de Air Comet presentarán un recurso de amparo ante el TC

Agencias

Las asociaciones de consumidores que demandaron a Air Comet por presunta estafa e insolvencia punible presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, después de que la Audiencia Nacional haya desestimado el recurso presentado por estas.

Para Ceaccu, "se trata de una decisión grave, que supone un paso atrás en la legitimación de la defensa de los consumidores y usuarios, que ya había refrendado el Tribunal Supremo en 1997 (con el caso de la colza) y la doctrina mayoritaria". Por ello, Ceaccu expresó su "disconformidad con la desestimación del recurso" y anunció la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Antecedentes

El pasado mes de diciembre, nueve organizaciones de usuarios (Ceaccu, AUC, Asgeco, CECU, FUCI, Facua, UCE, OCU y UNAE) presentaron ante la Audiencia Nacional una denuncia penal contra "los representantes legales" de la aerolínea Air Comet(entre ellos el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán) por presunta estafa, apropiación indebida e insolvencia punible.

Alegaron que la aerolínea había estado vendiendo billetes, tanto a través de sus oficinas, como de una red de agencias concertadas y por comercio electrónico, al menos hasta el día 18 de diciembre, es decir, en época de máximo tránsito, "recibiendo por ello el correspondiente precio, con conocimiento de su situación de manifiesta insolvencia y la imposibilidad del cumplimiento de sus obligaciones".

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó, en enero, abrir una investigación por este presunto delito de estafa contra los propietarios de Air Comet. Argumentó su negativa en que la denuncia presentada pecaba de excesiva generalidad.

Dado que el magistrado decidió no admitir a trámite la querella presentada por los consumidores (en dos ocasiones), estos optaron por recurrir a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, "obviando" al juez instructor, Santiago Pedraz, y su "cerrazón", sostuvieron.

Ante la nueva negativa de la Audiencia Nacional, el siguiente paso que darán estas asociaciones será acudir al Constitucional.

«Los guardias civiles tienen más miedo a sus mandos que a los terroristas»

ABC

«Los guardias civiles tienen más miedo a sus mandos que a los terroristas»

ITZIAR REYERO | BILBAO

La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) denunció hoy la carencia de medios de este Cuerpo en la lucha contra el terrorismo de ETA, así como la falta de seguridad en buena parte de los cuarteles del País Vasco, que se han convertido en «auténticas ratoneras» para sus miembros.
Asimismo, declaran que se ha generalizado el «maltrato sistemático» a los miembros de base con abuso de autoridad por sus superiores y aseguran que «hay quien tiene más miedo a sus mandos que a los terroristas».
En una convocatoria ante los medios en la sede de UGT en Bilbao, el sindicato, el segundo en número de afiliados de la Guardia Civil, ha instado a los responsables del Cuerpo a «tomar cartas en el asunto» para mejorar las condiciones de trabajo de sus miembros, y equiparar sus derechos con los de otros compañeros que realizan su labro en otros puntos de España.
Carencia de medios para combatir el terrorismoAunque por razones de seguridad no han concretado las situaciones de denuncia, el vicesecretario general de la UniónGC, Ramón Rodríguez Prendes, ha expresado que «muchos» servicios de la Guardia Civil se desarrollan en «condiciones infrahumanas» y ha añadido que «algunas» de las instalaciones de las comandancias del País Vasco «son tercermundistas».
«Hay carencia de medios» para combatir el terrorismo, ha concluido el representante sindical, quien en este punto ha llegado a denunciar «es una auténtica vergüenza que los guardias (de algunas cuarteles) tengan más miedo a sus propios mandos que a los terroristas».
El portavoz de la UniónGC ha justificado esta grave acusación al «desproporcionado» número de expedientes abiertos en los cuarteles contra miembros del Cuerpo que, en su opinión, está motivado porque los mandos tienen «poca materia de qué ocuparse al no tener competencias en seguridad ciudadana» en el País Vasco, y «se entretienen» aplicando el régimen disciplinario con «excesivo» celo.
Según ha concretado, entre enero y febrero de 2010 se registraron una veintena de faltas graves o muy graves con la consiguiente apertura de expedientes. «Un 8 por ciento del total nacional» si se toma como referencia el número total de expedientes abiertos el año pasado en España.
En especial, ha expresado su «preocupación» por la situación que soportan los agentes de la comandancia de Eibar (Guipúzcoa), donde 19 guardias civiles interpusieron denuncia contra el jefe de la unidad el pasado mes de junio por supuestos delitos de amenazas, coacciones y abuso de autoridad, lo que supone «un hecho histórico en el cuerpo», informa Efe.
Ha apuntado que esos miembros vivían en «un régimen de semi esclavitud» y así se denunció a diferentes instancias del instituto armado, pero no se adoptaron medidas para apartar a ese responsable, «y una semana después -ha afirmado-, un compañero se suicida después de hablar con ese mando».
Rodríguez Prendes ha denunciado que, después de esa «lamentable muerte», el sargento comandante de Eibar «estuvo unos días fuera de la unidad pero fue reintegrado a su puesto», lo que a la Unión de Guardias Civiles les parece «una temeridad».
Asimismo, ha censurado la vulneración de la normativa interna del Cuerpo que hacen algunos mandos en Euskadi al no informar a los guardias civiles de su destino con al menos una semana de anticipación, y muchas veces se les comunica sólo unas horas antes.
«Si los guardias civiles en Euskadi trabajan con una tensión importante, por el problema del terrorismo, imaginémonos que luego hay exceso de rigor en un régimen disciplinario y, además, no puedes hacer planes en tu vida», al desconocer el siguiente destino, ha subrayado.
Por todo ello, la UniónGC ha anunciado que recurrirá a los tribunales para denunciar todas esas situaciones y tratar de paliar la «penosa» situación de los agentes en Euskadi.

El empresario condenado por facturas falsas pide conmutar la cárcel por multa

José Pardo, el empresario condenado por las facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla, ha pedido hoy que su condena de cárcel sea conmutada por una multa, por lo que no se ha presentado ante el tribunal para ingresar en prisión, como sí ha hecho José Marín, ex secretario del Distrito Macarena.

El abogado de Pardo ha informado a los periodistas de que ayer mismo, nada más ser notificado de la orden de ingreso en prisión, presentó un escrito ante el juez de la Audiencia de Sevilla que presidió el jurado popular en el que solicita que la pena de cárcel sea conmutada por una multa, según prevé la ley.

Pardo fue condenado a dos años de prisión por malversación de fondos públicos y 21 meses por un delito continuado de falsedad en documento oficial, por haber presentado a cobro al Ayuntamiento de Sevilla, a finales de 2002 y comienzos de 2003, varias facturas "pese a conocer que los trabajos no se habían ejecutado o lo habían sido solo parcialmente".

El juez había citado hoy a ambos en la Audiencia de Sevilla para ingresar en prisión, pero José Marín, ex secretario del Distrito Macarena, se presentó anoche voluntariamente en la cárcel Sevilla-I para empezar a cumplir su condena de cuatro años y tres meses de cárcel.

Fuentes del caso han informado a Efe de que la petición de Pardo será remitida al fiscal para que informe, tras lo cual se pronunciará el magistrado.

La defensa de Pardo ha añadido que, una vez desestimado su recurso ante el Tribunal Supremo, va a recurrir al Tribunal Constitucional, lo que es otro motivo de suspensión del ingreso en prisión.

Marín y Pardo fueron condenados por un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento oficial, al pagar seis facturas falsas por obras menores que "no se habían ejecutado o lo habían sido sólo parcialmente".

La sentencia de la Audiencia sevillana fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que también ratificó el importe de la defraudación: 5.901 euros que los acusados deberán devolver al Ayuntamiento, así como una multa de 2.400 euros para Marín, y de 2.160 euros para Pardo.

Críticas a la subida del IVA en la reunión del Consejo Español de Turismo

El Gobierno y las diferentes administraciones turísticas trabajarán para conseguir una modernización y simplificación legislativa de las normas existentes en materia de alojamiento. Esta es una de las iniciativas más relevantes que han surgido del Consejo Español de Turismo, reunido en Madrid bajo la presidencia de Miguel Sebastián, ministro del ramo.

Además de instar a la renovación de una legislación que en muchos casos data de los años 80, en el pleno del consejo también se criticó la subida del IVA que entrará en vigor el próximo 1 de julio. Según la agencia Ical, los empresarios del sector, que acudieron a la cita, criticaron el incremento del impuesto, algo que también hizo María José Salgueiro, consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León. Ante esta postura Sebastián recordó que la decisión de subida está tomada desde hace tiempo y que es irrevocable.

A parte de estas asperezas, en el Consejo también se habló de la necesidad de que la marca España sea la principal en la promoción frente al extranjero y que bajo su paraguas se sitúen el resto de enseñas turísticas de cada comunidad. La unificación de la imagen y la maximización de los escasos recursos disponibles para promoción están en la base de esta decisión.

Además de estos temas, la necesidad de que las administraciones regionales inviertan en las zonas turísticas maduras para su renovación y adaptación también se trató en el Consejo (que reúne a las autoridades de turismo de las comunidades autónomas, las asociaciones más representativas del sector privado y a los sindicatos). Es decir, la necesidad de dar un nuevo empuje al turismo de sol y playa.

A espaldas de la oposición

El Gobierno mutila el decretazo anticrisis

Calixto Rivero. Madrid

Si los expertos denunciaban que con un plan de nueve páginas y 54 medidas no es posible sacar a España de la crisis, el Gobierno pretende ahora lograrlo con sólo tres páginas y 24 iniciativas escasas.

El decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará mañana excluye algunos de los temas más relevantes que los grupos parlamentarios habían debatido con la troika formada por Blanco, Sebastián y Salgado.

Por ejemplo, el Gobierno ha suprimido del decreto de Zurbano todos los planes relacionados con el recorte de gasto público, a pesar de que los organismos internacionales y los expertos de los principales servicios de estudio coinciden en señalar que son los más urgentes para recuperar la estabilidad de la economía española.

Sin embargo, el Gobierno parece que no tiene tan claras estas recomendaciones. Aunque fuentes gubernamentales aseguraron ayer a este periódico que las propuestas que se aprobarán serán “las más urgentes”, a renglón seguido dijeron que se excluirán del acuerdo inicial los puntos que hacen referencia a los planes de austeridad en las empresas públicas y en las CCAA.

Asimismo, el decreto de Zurbano elimina de un plumazo las medidas relacionadas con la adopción de un nuevo marco de impulso de la actividad industrial, las relacionadas con el sector turístico y las que promueven el desarrollo del sector agroalimentario.

El Gobierno también ha eliminado del documento final las medidas más pequeñas, como el desarrollo de planes de apoyo a la internacionalización de las empresas en África, la instalación de contadores de nueva generación mediante el establecimiento de incentivos adicionales y el establecimiento de límites distintos a la hora de calcular el peso de los equipajes en los vuelos.

La polémica surgió después de que el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, denunciara ayer que el Gobierno les ha enviado un documento que eliminaba del acuerdo que se vayan a dar créditos directos a las pequeñas y las medianas empresas. Esta propuesta había suscitado muchas críticas entre los economistas por el temor a que se cree una especie de banca pública que aumente los riesgos financieros que ahora asume el Estado.

Fuentes cercanas a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, no tardaron en defender que esta propuesta sí que saldrá adelante. Explicaron que el malentendido se ha producido porque el documento al que se refería Cayo Lara era el decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros, que excluía los créditos directos del ICO porque no se puede aprobar por medio de este procedimiento. Economía dice que los nuevos préstamos –que se concederán sin contar con la supervisión de las entidades financieras – saldrán adelante mediante un acuerdo del Ejecutivo, y que se pondrán en marcha sin demora.

Movimientos
CiU también ve esta vuelta de tuerca con extrañeza. Aunque el portavoz en el Congreso de este partido, Josep Antoni Duran y Lleida, dio a conocer el martes que su grupo sí que se sumará al Pacto de Zurbano, un representante de esta misma fuerza política reconoció ayer que a ellos no les ha llegado ningún plan con modificaciones.

Lo que parece que está más claro es que el Gobierno no cuenta ya ni con el Partido Popular ni con Izquierda para sacar adelante su plan.

Lo que se queda en el plan...
· Créditos directos. El Gobierno aprobará el próximo viernes que el ICO dé créditos directos. Pero, al contrario que en anteriores medidas anticrisis, no irá en el decreto conjunto, sino en una orden aparte incluida en el Consejo de Ministros.

· Libre amortización. El documento mantiene la prórroga para 2011 y 2012 de la libertad de amortización, sólo en aquellos casos en los que se mantenga el empleo.

· Vinculación. Una cuestión de las que había levantado más polémica era la simplificación para las pymes de las obligaciones de documentación en operaciones vinculadas. Este epígrafe se mantiene, aunque no afectará a cualquiera de las operaciones realizadas con paraísos fiscales.

· Dependencia. Permanece una de las mayores reclamaciones de CiU: la aplicación de un tipo ‘superreducido’ de IVA a los servicios de atención a la dependencia prestados por empresas.

· Tasas aéreas. También se incluye la prórroga hasta el 31 de diciembre de la bonificación del 30% de tasas aéreas.

... y lo que se excluye
· Recorte de gasto. El Gobierno deja fuera del pacto con el resto de partidos los recortes del gasto en las empresas públicas y en las CCAA, a pesar de que estaban en el documento inicial.

· Sin límites. El Real Decreto de Zurbano omite –o lo que es lo mismo, elimina– el límite de renta establecido para acogerse a la nueva deducción por rehabilitación de vivienda en el IRPF.

· Turismo. El decreto tampoco incorporará ninguna referencia para modernizar el turismo, el sector agroalimentario y el energético, aunque si se tenía en cuenta en el último documento de síntesis que presentó Salgado.

· Mix energético. Los expertos señalaron que era positivo que se estableciera como fecha límite el 30 de junio para diseñar el nuevo mix energético, un requisito que se ha suprimido ahora.

· Reforma laboral. El Pacto de Estado excluía desde el principio la reforma del mercado de trabajo, básica para los economistas.

LA GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN

Salut destaca el papel de los mediadores culturales en época de crisis

ALBA GARCÍA
BARCELONA

La consellera de Salut, Marina Geli, destacó ayer la importancia de la labor cohesionadora que desarrollan los mediadores interculturales en la sanidad, especialmente en una situación de crisis económica como la actual. «Estamos en un momento frágil que puede comprometer la convivencia y la cohesión social», explicó en el acto en que se firmó la prórroga del acuerdo que su departamento y la Fundació La Caixa tienen en este ámbito.

El proyecto intenta derribar las barreras idiomáticas y culturales que puedan dificultar el acceso de los inmigrantes a la sanidad pública. Además de traducir, los mediadores, también inmigrantes, ejercen de puente entre el médico y el paciente para evitar posibles malentendidos. Geli subrayó, no obstante, que no se prevé incrementar significativamente su número –actualmente son 125–, pues el descenso de la natalidad y de la inmigración no hacen necesaria la participación de más profesionales.

Durante el año 2009 se llevaron a cabo 28.000 actos de mediación individual en un total de 133 centros sanitarios, de los que casi la mitad eran de atención primaria, siendo las mujeres de entre 25 y 64 años las principales usuarias de estos servicios. Quienes más demandan la mediación son magrebís, chinos y paquistanís, sobre todo en las especialidades de ginecología, obstetricia

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