LA MALDICIÓN GALLEGA.
Dicen: "Los errores de los padres se heredan hasta la tercera o cuarta generación", es decir : Persiguen a sus descendientes. Señor Ministro desde la desidencia le recordamos que la delictual Operación Columna hecha contra los Guardias Civiles Democráticos y contra todo el Pueblo Español no le olvida y estamos seguros que su conciencia no le dejará tranquilo.
El ex-ministro todo poderoso Narciso Serra, alias el pianista, autor de las mayores persecuciones contra la democracia y los demócratas de la Guardia Civil parece que tiene la vida complicada. Primero organiza la delictual Operación Columna, eran tiempos de poder absoluto y al amparo de la total impunidad, llevó a cabo el secuestro de la democracia y de los derechos humanos de toda la población Española, como consta en los eternos sumarios de los Juzgados Togados Militares. Era un intocable, donde la ley , el derecho y los derechos humanos se los pasaban por las entrepiernas. Hoy parece ser, no estoy muy seguro que las cosas cambian y lo que este supuesto corrupto ha hecho en parte le pasará factura, esperemos que sea así, que pague parte de los actos delictuales que todos sabemos es responsable doloso.
Redacción VP.
La encarcelación de ex directivos de Novagalicia por no devolver el dinero, pese a tener condenas de menos de dos años, es una advertencia para Catalunya Caixaompartes.
Si las barbas de tu vecino ves cortar… Narcís Serra, Adolf Todó y la antigua cúpula de CatalunyaCaixa deberían tomar nota de lo que les ha ocurrido a cuatro ex directivos de Novagalicia, encabezados por Julio Fernández Gayoso, que esta semana han entrado en prisión porque no han devuelto el dinero que se fijó en la sentencia.
Serra, Todó y sus compañeros de cúpula en la caja catalana tampoco han restituido un euro de los sueldos y planes de jubilación que se autoadjudicaron aunque, a diferencia de los directivos de las cajas gallegas, todavía no han sido juzgados. Pueden esperar hasta el juicio, para el que todavía no hay fecha, incluso a que se dicte sentencia, pero, si ésta es condenatoria, deberán hacer frente a las responsabilidades civiles que se les exijan. En caso contrario pueden dar con sus huesos en la cárcel aunque las condenas sean inferiores a los dos años de cárcel.
La entrada en prisión de los directivos de Novagalicia es una advertencia para la cúpula de la desaparecida CatalunyaCaixa. Así lo considera Julia Ramón, abogada de la acusación particular en representación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC). La abogada Ramón constata que los acusados todavía no han devuelto ni un euro de los más de cinco millones en sueldos y planes de pensiones que acordaron cuando su entidad estaba al borde del naufragio.
El juez pregunta a las acusaciones si quieren ir a juicio
El juicio contra Serra, Todó y compañía todavía no tiene fecha. En octubre pasado, la Audiencia de Barcelona resolvió todos los recursos, pero el juzgado de Instrucción número 30, que ha instruido la causa, aún no ha dado traslado a las partes para que presenten sus escritos. Se lo está tomando con calma.
En una providencia fechada este 10 de enero, el juez instructor se dirige a las acusaciones para que, en aplicación del artículo 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, comuniquen en un plazo de 30 días si desean continuar en el proceso. "Es de cajón que queremos que se haga el juicio oral", precisa la abogada de la CIC. A continuación, se les requerirá para que presenten los escritos de acusación.
Julia Ramón tiene preparado el escrito desde diciembre de 2014, cuando el juez instructor cerró el sumario. La acusación del CIC pedirá una pena de 4 años de cárcel para Serra y Todó por el presunto delito de administración desleal. También solicitará 3 años más para el segundo por supuesta apropiación indebida. Tanto Serra como Todó siempre han mantenido ante el juez que su retribución fue avalada por el Banco de España.
La lentitud judicial beneficia a los acusados
Desde el entorno de Narcís Serra se apunta que sus abogados esgrimirán como causa atenuante de posibles penas las "dilaciones indebidas" que ha sufrido el proceso. Por ejemplo, la Audiencia de Barcelona tardó más de un año y medio, entre marzo de 2015 y octubre de 2016, para resolver los recursos, aunque fueron planteados por las mismas defensas.
Estas dilaciones pueden acortar las posibles penas. Si la condena no supera los dos años de cárcel, no requiere el ingreso en un centro penitenciario. No obstante, la abogada Julia Ramón advierte que, para ello, los condenados deberían hacer frente, de manera solidaria, a las hipotéticas responsabilidades civiles que se les exijan. Si no lo hacen, podrían correr la misma suerte que los directivos de las cajas gallegas.
En última instancia, a los ex directivos de Novagalicia todavía les queda el amparo del Tribunal Constitucional o un indulto del gobierno, que no han solicitado. De ello también pueden tomar nota sus colegas catalanes si son condenados.
La cúpula de la antigua CatalunyaCaixa todavía tiene pendiente otro asunto judicial relacionado con operaciones hipotecarias que generaron pérdidas de cerca de 900 millones de euros. Esta es otra coincidencia con los ex directivos de Novagalicia. En el auto judicial por el que se les envió a la cárcel, también se indicaba que tenían causas pendientes con la justicia.
El Estado ha perdido más de 11.800 millones en el saneamiento de Catalunya Banc, la entidad en la que confluyeron CatalunyaCaixa, Caixa Tarragona y Caixa Manresa. El BBVA, que preside Francisco González, se adjudicó la entidad a precio de saldo en subhasta pública.
Los ex directivos de Caixa Pendès devolvieron más de 28 millones
Los ex directivos de Caixa Penedès (actualmente integrada a Bankia) tenían muy claro que debían devolver lo cobrado de más para evitar la cárcel. En 2014, en el primer juicio por el saqueo de las cajas de ahorro en España, La Audiencia Nacional les condenó a penas de prisión de menos de dos años por un delito continuado de administración desleal. El exdirector general, Ricard Pagès, así como tres de sus ejecutivos –Manuel Troyano, Santiago Abella y Juan Caellas– consiguieron una substancial rebaja después de admitir el delito y devolver 28,6 millones de euros de los 30,6 millones de sus planes de pensiones. Se libraron de la cárcel.
