Guardias Civiles Democráticos solicitando mismo trato en ejecución sentencias TEDH que se les  da los Asesinos de ETA.

Los Guardias Civiles Democráticos perseguidos por la delictual Operación Columna por solicitar poder solicitar una asociación Cultural y Deportiva . Ganaron sentencia TEDH en noviembre 2006 sin ejecutar sentencia 69966/01, y dos PNL por unanimidad en el Congreso diputados, en 2009 y 2013 sin ejecutar. Los asesinos reciben la ejecución de sentencia del mismo tribunal TEDH en menos de 24 horas.

A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION

Ntra.Ref. ----- 01/ Vigo-PP- Comunicado de Prensa.. Coord.Gral.

Fecha:: 2013-12-16

ASUNTO: COMUNICANDO ACTOS GRAVES DEL GOBIERNO EN APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS A LOS ASESINOS DE ETA Y LA NO APLICACIÓN A LAS VÍCTIMAS Y GUARDIAS CIVILES QUE GANARON LA SENTENCIA NÚMERO 69966/01  EN EL MISMO TRIBUNAL DE ESTRASBURGO, LA SENTENCIA EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA RECURSO DE AMPARO NUMERO 871/1990   QUE CONDENARON POR ACTOS GRAVISIMOS AL GOBIERNO DE ESPAÑA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS AL IGUAL QUE DESOBEDECIENDO AL PARLAMENTO DE ESPAÑA QUE APROBÓ POR UNANIMIDAD DOS PNL PARA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS DEL AÑO 2006.

El SUGC Por los Derechos Humanos, organización que solicita los derechos humanos para los Guardias Civiles y sus familias, ponen en conocimiento de la opinión pública que en fechas pasadas 2013-12-11 han mantenido una reunión con la defensora del pueblo para entregar un dossier compuesto por diversas sentencias ganadas por los Guardias Civiles Democráticos que han sido incumplidas, manifestando igualmente su protesta porque no se apliquen las sentencias del TEDH  a los Guardias Civiles y SÍ a los miembros de organizaciones asesinas y terroristas.

En el mismo informe se han entregado diversas iniciativas aprobadas en el congreso diputados y la denominada Operación Columna que demuestra la gravedad de las acciones llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos de España, operaciones ilegales y secretas dirigidas contra toda la población propia de gobiernos fascistas y nazis, prohibidas en democracia.

Comunicar del mismo modo que el Cabo Manuel Rosa Recuerda conocido por Cabo Rosa, ha presentado en Sevilla denuncia por la gravedad de los incumplimientos reiterados contra los derechos humanos al incumplir la sentencia del TEDH del año 2006 y la del Tribunal Constitucional.

El departamento jurídico del SUGC , está preparando una querella criminal contra el actual y anterior gobierno por haber supuestamente negociado con ETA y por la excarcelación de los asesinos y por el incumplimiento e inaplicación de las resoluciones del TEDH favorables a los Guardias Civiles, que pueden ser consideradas colaboración con banda armada, delito de alta traición etc. y por la elaboración y materialización contra toda la población de la operación delictual columna.

Por último señalar que hemos exigido la legalización de la UDGC, tal y como preceptúa la sentencia ganada en el año 1991 e inejecutada por el TC, que sirvió de base para separación y encarcelamiento de miles de ciudadanos Guardias Civiles, organización que acaba de realizar un acta para personarse en la denuncia que se halla ante el fiscal general del Estado y en el supremo desde hace más de tres años paralizada y sin trámites, dando cuenta de todo ello al consejo general del poder judicial para averiguación de los hechos.

La AEGC ve un trato discriminatorio entre los guardias civiles que sufrieron presidio por medir medidas aperturistas en la guardia civil

La Asociacion Española de Guardias Civiles exige el cumplimiento de la sentencia Dacosta Silva c. España del Tribunal  Europeo de derechos humanos que afecta a nuestro colectivo.

La Asociacion Española de Guardias Civiles exige el cumplimiento de la sentencia Dacosta Silva c. España del Tribunal  Europeo de derechos humanos que afecta a nuestro colectivo, estimados en mas de mil docientos afectados y que desde noviembre  de 2006,  no se cumple con clara añadida  ofensa , en la puesta inmediata en libertad de terroristas y  peligrosos delincuentes  en plazo de 24 horas. En ejecución de otra del mismo tribunal. 

La AEGC  se solidariza y exige a nuestros tribunales que ejecuten de forma inmediata y por oficio, al igual que están haciendo con terroristas y peligrosos criminales , la sentencia que desde noviembre de 2006 emitió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la cual declaraba nula de pleno derecho las medidas de privación de libertad dentro de la Institución de la Guardia Civil, por tratarse de un cuerpo de seguridad del Estado y no serle de aplicación la normativa de la Fuerzas Armadas en materia disciplinaria.

  

El estado español  en el asunto DACOSTA SILVA c. ESPAÑA  recibe una gran corrección al negar a este rotundamente la posibilidad de acogerse a los artículos 5 y 6 del Convenio puesto que se trata de un funcionario de un cuerpo de seguridad y no de las Fuerzas Armadas. Es más ,  el mismo tribunal en la sentencia recuerda al Estado español “Si el tribunal declara que ha habido violación del convenio o de sus protocolos y si el derecho interno de la Alta  Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así  procede una satisfacción equitativa”

   

Desde la AEGC entendemos que ha quedado claro y nítido que los guardias civiles son funcionarios pertenecientes a un cuerpo de seguridad del estado, como así se distingue en nuestra vigente Constitución de 1978, la cual especifica  que las Fuerzas Armadas  están constituidas por la Armada , el Ejército de Tierra y Ejército del Aire y punto,  remitiendo claramente a su artículo 104 para los cuerpos de seguridad, como es el caso.

La AEGC ve claramente en las medidas adoptadas con respecto a los condenados pertenecientes a la banda terrorista ETA y otros asesinos, con su puesta inmediata en libertad, aún sin haber sido por estos reclamada, en menos de 24 horas, una vez recibida la sentencia del TEDH, una clara discriminación con respecto a los más de 1200 guardias civiles que desde 1978 hasta 2006 han pasado por cárceles, presidios y calabozos militares, simplemente por el hecho de pedir libertad de asociación y opinión, haciendo caso omiso a la referida sentencia DACOSTA SILVA  c. ESPÀÑA, aún a sabiendas de que esto significa humillar aún más, si cabe,  a las víctimas de esos asesinos, pues se trata del colectivo y la Institución que más ha padecido las consecuencias del terrorismo etarra.

Y más aún, convencidos estamos de  que esta actitud, choca frontalmente con el sentir general de los españoles de bien.

UN GOBIERNO QUE CUMPLE SÓLO LAS SENTENCIAS  QUE FAVORECEN A LOS ASESINOS DE ETA

Los Guardias Civiles Democráticos que ganaron sentencias en el alto Tribunal Europeo de Derechos Humanos --TEDH-- en el año 2006 no ven ejecutadas las mismas, no asesinaron ni negociaron con cadáveres con los gobiernos de España, el peso de los cadáveres tienen mayor lógica para los gobiernos del partido único,  PP Psoe, que la reclamación pacífica de los  derechos humanos por parte de las víctimas.

Autor Jose Piñeiro Periodista y Dtor VP. 2013-12-12

El título de esta breve artículo puede parecer el de una película de risa con nodo incluido, pero les puedo asegurar que no existe risa  ni nodo en el mismo, sino, una clara e evidente realidad. Los Asesinos y terroristas de ETA, lograron una sentencia en el alto tribunal de Derechos humanos de Estrasburgo y  como son ejecutivas en un plazo vertiginoso comienza a dejar a todos los asesinos en libertad. No diríamos nada de no ser porque nunca en la dilatada historia de España con este alto tribunal se han ejecutado las sentencias que emitían y además en su mayoría condenaban al estado Español. Motivos y porqués sólo los puede responder el gobierno actual y sus correligionarios anteriores, es decir, el partido único PSOE PP, autores de dichos esperpentos y que además como consta en infinidad de ocasiones negociaron con miembros de la banda terrorista ETA, no es ningún secreto.

Casos opuestos de sentencias favorables e inejecutadas al día de hoy son las de Perote y las de los Guardias Civiles Democráticos que solicitaron poder solicitar pacíficamente la creación de una asociación cultural y deportiva, la Unión Democrática de Guardias Civiles "UDGC". Si hacemos un repaso de la historia del promotor de la UDGC, el cabo Rosa, detenido por dicha solicitud nueve años y medio, --El Mandela Español-- lo palmario no necesita explicación: "Presenta la solicitud por conducto y en menos de ocho horas es detenido y torturado, se organiza contra todos sus compañeros una delictual Operación denominada Columna y a pesar de ganar en el Tribunal Constitucional y en el de Estrasburgo en el año 1991 y en el 2006, al día de hoy ninguno de los Gobiernos Españoles han cumplido las sentencias.

Un estado de derecho social y democrático no puede consentir tal vulneración de la legalidad y del derecho positivo, no puede, y no porque tenga libertad o discrecionalidad para ello , sino porque está cometiendo delito tras delito y poniendo en jaque al sistema que terminará cayendo y sumiendo al país en el caos, tal y como ya viene sucediendo en España.

Las sentencias son para cumplirlas, y con mayor rigor si provienen de un tribunal que vela por los derechos humanos, las sentencias ganadas en el TEDH, en el año 2006 con el número 69966/01, dejó sin argumentos al Gobierno de España y condenó a su Presidente por aquel entonces el inefable corruptor Felipe González, Alias el Rey Sol --Apodo que se le dio en la Guardia Civil porque decidía quien vivía y quién moría como él mismo reconoció hace bien poco públicamente GAL ETC-- sentencia que sigue sin ejecutarse a pesar de la contundencia del TEDH que dijo con rotundidad que se habían cometido delitos en masa y contra los derechos humanos, curiosamente desde el año 2006 al 2013, la sentencia sigue sin ejecutarse y además el mismo formato la sentencia del TC Español en el recurso de amparo 890/91 de mi compañero y amigo El Cabo Rosa.

España no puede consentir ni un minuto más estar gobernada por el sistema del Psoe y del PP, bandas que no sólo han sembrado el caos y la pobreza sino que han saqueado el estado, han roto la concordia y han gobernado como si la democracia fuera cosa privada para unos pocos y el ordenamiento jurídico se les aplicara de forma graciable, como en el presente caso, a ETA SÍ y a los Guardias Civiles NO, no es cuestión de interpretación, las decisiones del TEDH son extendibles a todos; por ello los gobiernos que han generado el caos en su momento tendrán que responder, puesto que no cumplen ni con la ley, ni con la ética , ni son decentes, se sientan en el mismo lado que el de los asesinos, amparando lo que una sociedad decente no puede permitir.

El PSOE ocultó reiteradamente su deuda real con los bancos

ROBERTO PÉREZ / MADRID

Los descuadres contables detectados por el Tribunal de Cuentas llegaron a rozar los 30 millones

El PSOE ocultó reiteradamente su deuda real con los bancos

La contabilidad del PSOE encubrió durante años el alcance real de la deuda que arrastraba con los bancos. Como informó ABC, en 2005 el Tribunal de Cuentas detectó 29,57 millones de euros que no aparecían en la contabilidad de los socialistas y que, sin embargo, los bancos declararon formalmente que se los debían. Eran créditos impagados que se remontaban a los años 80, que habían vencido en 1990 y que, al no ser satisfechos, desde 1990 siguieron acumulando intereses de demora. Pero esa práctica de no reflejar todas las deudas no solo la aplicó el PSOE en sus cuentas de 2005, sino durante años, según la propia documentación oficial del Tribunal de Cuentas recopilada por ABC.

Y no solo ignoró en su contabilidad el requisito de anotar los multimillonarios intereses de demora, sino que durante algunos años tampoco reflejó los créditos que debían varias agrupaciones territoriales del PSOE.

Deudas no contabilizadas

Ya en la contabilidad del año 2000, el Tribunal de Cuentas cifró en no menos de 12 millones de euros las deudas bancarias que la dirección del PSOE no había incluido en su contabilidad oficial. La práctica, que no era nueva, continuó en los años siguientes. En la contabilidad de 2003, el Tribunal advirtió que faltaban más de 21 millones de euros de deudas —ese año empezó a contar también la parte del PSOE vasco, que igualmente se remontaba a los años 80—; en 2004 los descuadres ascendieron exactamente a 29.275.492,74 euros; y en 2005, la diferencia entre la deuda contabilizada por el PSOE y la reclamada por las entidades de crédito subió hasta los 29,57 millones. Cada año que pasaba, la deuda crecía por los intereses de demora.

En 2006 desaparecieron de un plumazo esos descuadres gracias al ventajoso acuerdo alcanzado por el PSOE con los bancos: pagando 6,44 millones de euros, zanjó una deuda de más de 36 millones que las entidades le reclamaban por créditos vencidos y no pagados desde hacía más de 15 años. Esos casi 30 millones de euros que se le perdonaron tampoco fueron declarados en contabilidad, donde debían haber aparecido como «ingresos extraordinarios».

En varios informes, de varios años, el Tribunal de Cuentas reconoce expresamente que el PSOE no anotó en sus libros el alcance real de la deuda. Ya en su informe sobre la contabilidad socialista del año 2000 alertaba de que en ella no aparecía «el coste financiero posterior al vencimiento» de los créditos impagados. En la fiscalización de 2003 —y ocurrió también en 2004 y en 2005— reiteraba el Tribunal de Cuentas que había abultadas «diferencias entre la deuda informada [por los bancos] y los saldos reconocidos por el partido», así como otros créditos vencidos e impagados «que el partido no contabiliza por entender que estas operaciones no le corresponden», pese a que luego fueron parte de los ventajosos pactos a los que llegó con los bancos en 2006.

Además, durante años no registró en su contabilidad deudas multimillonarias de su red de sedes territoriales. En 2005, el descuadre adicional por este concepto superaba los 5,4 millones de euros. Al analizar la contabilidad de 2004, el Tribunal de Cuentas ya advirtió al PSOE que estaba obviando en su contabilidad «operaciones de endeudamiento suscritas por la organización local». Y a renglón seguido indicaba: «Se vuelve a reiterar la necesidad por parte de la formación política de consolidar toda su organización territorial e institucional en los estados presentados».

Prácticas reincidentes

Era algo en lo que el PSOE llevaba incurriendo desde hacía varios años. En el informe sobre la contabilidad de 2003 ya tuvo que recordar a la dirección socialista que «el Tribunal de Cuentas, a efectos del control, considera a cada formación política como una única realidad económico-financiera en la que se ha de integrar toda la organización territorial e institucional, sin que pueda aceptarse el criterio expuesto [por el PSOE] en el escrito de alegaciones». Y es que, ya por entonces, el mismo Tribunal reconoció que la cúpula del Partido Socialista no había incluido en sus libros «la contabilidad del resto de las agrupaciones locales del partido, la de los grupos políticos de las Corporaciones Locales ni la de la representación del grupo parlamentario en el Parlamento Europeo».

Pese a las advertencias, el PSOE persistió en esta anomalía, que limitó la acción fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. Por ello, este organismo incluyó textualmente idéntica coletilla en sus informes de fiscalización de la contabilidad del PSOE de 2004 y 2005: «Se vuelve a reiterar la necesidad por parte d la formación política de consolidar toda su organización territorial e institucional en los estados [económicos] presentados».

Reivindicamos que se haga justicia con los guardias civiles que se movilizaron en defensa de sus derechos"

Ayer, fue aprobada en la comisión de Interior la PNL que presentó UPyD relativa a la readmisión de los agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio por reivindicar sus derechos constitucionales. 

Rosa Díez recordó que el pasado 16 de octubre del 2009, por unanimidad en la comisión de Interior, se aprobó una PNL de Partido Popular que hacía referencia a la revisión de los casos de guardias civiles expedientados, anulando todas las sanciones injustas. Han pasado 4 años y esta iniciativa se ha quedado en una mera solicitud unánime dirigida al Gobierno pasado y no se ha cumplido en ninguno de sus términos.

UPyD vuelve a plantear esta cuestión que le parece de justicia estricta para estas personas y para todos los políticos que votaron a favor de este asunto en la legislatura pasada.

"Reivindicamos que se haga justicia con unas personas, guardias civiles, que se movilizaron en defensa de los derechos civiles propios y de todos sus compañeros, y en la defensa y extensión de esos derechos civiles al conjunto de la sociedad española para hacer una democracia de mayor calidad", añadió la portavoz de UPyD.

La diputada de UPyD destacó algunos momentos positivos de esta lucha por parte de los guardias civiles, como en noviembre de 2006, que recibieron el reconocimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo que condenó al Gobierno español por la aplicación del Real Decreto de las Fuerzas Armadas de ser ilegal. Años más tarde, se ha demostrado que las reivindicaciones realizadas por este colectivo eran justas y que el poder político, tras varios años, las ha acometido por considerarlas necesarias para la modernización y puesta en día de dicho colectivo. 

UPyD reclama el regreso, con todos sus derechos de la carrera, a los que fueron injustamente separados. (Sargento primero D. José Morata Gargallo, el cabo primero D. Manuel Rosa Recuerda, el guardia segundo D. Manuel Linde Falero y el guardia segundo D. José Carlos Piñeiro González)

UPyD concluye que instemos de una forma sencilla al Gobierno "para cumplir con sus compromisos de hacer justicia a estos hombres y mujeres de la Guardia Civil, que no sólo han defendido legítimamente sus derechos civiles y constitucionales, sino que han dado la vida a muchos de ellos por defender los derechos y libertades de todos los españoles"

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Rosa Díez intervino ayer en la comisión de Interior defendiendo la PNL que presentó su Grupo Parlamentaria sobre la readmisión de los agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de asociación amparado en el artículo 22 de la Constitución.

FREMSS: Amiguismo y "política" bajo ordenes de no invitar al sector marítimo-pesquero del sur de Galicia y sufragada con dinero de los fondos europeos para la pesca.

Según información a la que ha tenido acceso Pladesemapesga, los responsables de montar el "chiringuito" en Palexco los días 6 y 7 de Noviembre de 2013, pagado con fondos públicos dieron ordenes expresas de no invitar a los profesionales del Sur de Galicia, ( Pontevedra) por su falta de afinidad política con la Consellería de Rosa Quintana.......Pero en el Norte han dejado fuera a casi todos los auténticos profesionales del sector.

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, denuncia el uso partidista del dinero público de los fondos europeos, del Concello de La Coruña, Puerto de La Coruña y Diputación de La Coruña, para montar un "chiringuito" de afinidades políticas del Partido Popular.

Responsables de Pladesemapesga mediante llamadas telefónicas a entes representativos del sector de Pontevedra ha realizado una encuesta de recepción de invitaciones para el I Congreso de Sostenibilidad Social y Económica del Sector Pesquero, sin lograr un solo punto que tuviese conocimiento del foro organizado por una empresa privada en La Coruña, bajo representación de la Fundación FREMSS declara presuntamente de forma irregular de interés público

Por supuesto, desde la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia respetamos la discrecionalidad impuesta por los responsables autorizados por el Padroado de la Fundación "Rosa Quintana, Carlos Negreira, Enrique Losada y otros" para lograr asistentes  mediante invitaciones bajo la designación de afinidades estrictamente políticas, ligados al mandato también discrecional del quien los designa (Responsables de distribuir adecuadamente y sin afinidades políticas de los fondos públicos). 

Los ejemplos de esta oleada de politización de fundaciones, asociaciones y entes que reúnen colectivos sociales son muy numerosos y ya afectan a la organización y la calidad de la Consellería de Medio Rural e do Mar donde los usuarios y los ciudadanos en el momento presente, se ven aislados de cualquier gestión bajo el dinero público si no están inmersos o elegidos en los "chiringuitos" de turno. 

A titulo enunciativo se pueden citar: La designación directa bajo estricta invitación, por parte del ente privado gestor bajo terceros y a través de ASFILAIN, de determinada persona ejecutora de las directrices marcadas por el Padroado de la Fundación.

El modelo de gestión en las fundaciones bajo protectorado de Medio Rural e do Mar "Rosa Quintana", puesto en marcha por la Secretaría Xeral Técnica y fuertemente criticado por el sector que no comulga con las migajas del pastel subvencionista de fondos públicos, aplicado desde la entrada del Partido Popular en la Xunta de Galicia y otras instituciones, es otra muestra de su actitud despótica contra los profesionales del sector, lo que ha provocado el malestar reinante en el sector marítimo-pesquero de Galicia, afirmando que su futuro esta en castigar duramente a través del voto en favor de políticos más propicios. 

Otro hecho insólito que corrobora esta afirmación, es la ausencia de invitaciones a los socios de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo pesquero de Galicia, que representa a más de 23.800 personas y entes relacionados con la Mar y la Pesca y una profesionalización más que evidente a través de sus equipos multidisciplinares y expertos en temas marítimos, capacitado profesionalmente para propiciar dictámenes y peritaciones en cualquier ámbito del sector marítimo.... por su peculiar estructura organizativa y el otro como nueva forma de gestión transparente al denunciar públicamente y judicialmente toda actividad que represente indicios de delitos penales con el dinero público. 

PLADESEMAPESGA acusa a Rosa Quintana y sus amigos del PP de fomentar esta fundación con fondos públicos y de forma presuntamente irregular y exige explicaciones públicas de sus fundadores y tuteladores del padroado, Sra. Rosa Quintana, Carlos Negreira y Enrique Losada, sobre los fondos públicos europeos destinados a esta fundación presuntamente bajo inscripción irregular é incumpliendo la LEY con pleno conocimiento y encubrimiento de sus responsables institucionales, que autorizaron el traslado de fondos públicos para su supuesta en marcha y gestión en beneficio de terceros.

La recientemente creada Fundación FREMSS al amparo de los fondos europeos destinados al sector pesquero, se diluye hasta este momento en un foro realizado en Palexco, Puerto de La Coruña, bajo las ponencias de sus propios fundadores, la Sra. Rosa Quintana, Conselleira de Medio Rural e do Mar, Carlos Negreira, Alcalde de La Coruña y Enrique Losada, Presidente del la Autoridad Portuaria de La Coruña, pertenecientes todos ellos al Partido Popular.

Dice la Ley en la Solicitud de declaración de utilidad pública y sus Requisitos  previos: 

La Ley Orgánica  1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación (BOE núm. 73, de 26-03-2002), establece en su artículo 32.1.e) que, para que una asociación pueda ser declarada de utilidad pública, debe cumplir el siguiente requisito: que se encuentre constituida e inscrita en el Registro correspondiente, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

Ante los acontecimientos de la Fundación FREMSS la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, exige su disolución inmediata y el reintegro del dinero público de los fondos europeos dilapidado a juicio de la plataforma en beneficio de altos cargos de instituciones públicas de Galicia y miembros del Partido Popular, desvirtuando el fina para el que fueron concedidos, estando en estudio ponerlo en conocimiento de la Fiscalía Europea para su profunda investigación.

Pladesemapesga, advierte que ya son muchas las presuntas irregularidades en fundaciones bajo el protectorado de la Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural e do Mar, en cuya responsabilidad, recae al Sr. Alfonso García Magariños, nombrado recientemente en lugar del Sr Francisco José Vidal Pardo y Pardo, cesado por asuntos personales, y que nosotros afirmamos por las acumuladas y presuntas irregularidades bajo su mandato.

Más 630389871 Miguel Delgado.-   Más en www.pladesemapesga.com 

El juez da cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la imputación de la Infanta

El juez de Palma, José Castro, acaba de dictar una providencia en la que da cinco días a las partes, es decir fiscal, acusaciones y defensas, para que se pronuncien sobre si procede imputar a la infanta Cristina por el caso Nóos, en el que se encuentra implicado su marido Iñaki Urdangarin.