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El BOE, obligado a impedir el rastreo de los buscadores
Protección de Datos exige garantizar el derecho al olvido en Internet
L. REVENTÓS / T. DELCLÓS
El derecho a ser olvidado en Internet también afecta al Boletín Oficial del Estado. El BOE está obligado a usar el robot txt para que los buscadores no puedan indexar determinados textos legales que afectan a datos personales. Así lo ha establecido la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al resolver un recurso del propio BOE contra un dictamen previo de la citada agencia en el mismo sentido. El BOE no recurrirá, pero su director cree que el empleo de estos robots presenta flancos dudosos.
"Damos publicidad a disposiciones legales", alega el director del Boletín
En su argumentación, el BOE sostenía que los citados robots son ineficaces. Los buscadores pueden ignorarlos. Además, su empleo crea un fichero de personas que han solicitado su cobertura informática, lo que genera otro tipo de visibilidad. La Agencia replica en su resolución que, en el caso de que los buscadores ignoren este robot de bloqueo, la responsabilidad por la publicación del dato ya no sería del BOE sino del buscador y que la visibilidad del citado fichero es incomparablemente menor a la de aparecer en una búsqueda.
El origen de este último conflicto estuvo en la petición de una persona que no quería que su indulto por un delito de estafa informática apareciera en los buscadores al introducir su nombre. Samuel Parra y Verónica Alarcón, del gabinete ePrivacidad, que ha llevado la defensa del particular, sostienen que la resolución final de la AEPD es importante porque termina con una práctica del BOE que desde el 2010 decidió no usar robots txt: "El BOE se negaba a usarlo y no ofrecía una alternativa. El boletín de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, convierte los textos en imágenes para impedir su indexación por los buscadores".
Fernando Pérez, director del BOE, ve el conflicto desde una perspectiva distinta. "En 2010 decidí no aplicar el robot txt. Desde entonces no se incluyó a nadie bajo esta supuesta protección. Obviamente, tras las resoluciones de la AEPD lo aplicaremos en todos los casos susceptibles de que la agencia los acoja".
Para Pérez, una obligación del BOE es la transparencia. La ocultación a los buscadores de decretos o edictos puede perjudicarla porque, explica, en su oficina ha recibido peticiones para que el BOE oculte con el robot txt desde listas de becados para clases de inglés a composiciones de tribunales de oposiciones.
"Y cuando un nombre está en una lista, lo que se bloquea es toda la lista. ¿Cómo se salvaguarda en este caso el derecho de una persona a tener información sobre los resultados de un acto administrativo si ha de ocultarse a los buscadores?", se pregunta.
Para Pérez, los robots txt no son efectivos porque es un protocolo informático pensado para facilitar a los buscadores que no rastreen textos irrelevantes o duplicados. "Que los buscadores no publiquen un texto protegido por un robot txt es únicamente resultado de un pacto de caballeros porque técnicamente pueden obviar el bloqueo".
Pérez considera que alternativas como la conversión de un texto en imagen tampoco resuelven el problema. Los buscadores pueden aplicar programas de reconocimiento óptico de caracteres y convertirla y tratarla como texto. "Nosotros no publicamos ficheros personales. Damos publicidad a disposiciones legales. Son los buscadores los que dan a esta información un carácter personal y la presentan como tal cuando, por ejemplo, se busca el nombre de una persona".
En la resolución de la AEPD se defiende que, al margen de que puedan introducirse mejoras tecnológicas en este campo, "la adopción del protocolo de la industria denominado robots.txt es un método válido para atender las solicitudes de los ciudadanos" y reivindica que estos robots son respetados por los principales buscadores. El caso del BOE no es único. La Seguridad Social y la Dirección General de Tráfico aplican este impedimento al rastreo de los buscadores.
SALGADO PRESIDÍA ENTONCES EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE DEL ANÁLISIS
Dos informes ministeriales obviaron en 2008 y 2009 las presuntas irregularidades en la SGAE
Elena Salgado, ministra de Administraciones Públicas entre julio de 2007 y abril de 2009 (EFE). Sandra Remón
Durante los ejercicios de 2008 y 2009, la SGAE fue el objeto de estudio de dos informes realizados por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, a petición del Gobierno, para valorar la actividad desplegada por las Agencias Públicas y sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.
Dicha agencia, creada a finales de 2006, por iniciativa del entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, “para conocer mejor los efectos y resultados de las políticas y programas públicos, así como para mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía”, evaluó la sociedad de gestión (la SGAE y otras) y remitió los resultados al Congreso de los Diputados, peroen los informes no se vislumbraban las irregularidades en las cuentas que hoy investiga la Fiscalía Anticorrupción dentro de la Operación Saga, entre cuyos detenidos, hoy en libertad con cargos, se encuentra el propio Teddy Bautista.
La ‘Evaluación del Sistema de Gestión Colectiva de los Derechos Establecidos por la Política de Propiedad Intelectual’, realizada en dos fases (2008 y 2009), tenía entre sus objetivos“suministrar valoraciones técnicas independientes, con recomendaciones argumentadas y rigurosas, para que quienes deciden lo hagan en mejores condiciones”.
¿Para qué sirve esta agencia?
Al carecer de carácter de auditoría y sistema de fiscalización, estos informes sólo tienen la función de “evaluar” y analizar la “percepción de la ciudadanía”. Es aquí cuando surge la cuestión de su utilidad. Entre los propósitos de esta agencia se encuentra el de “aumentar la rendición de cuentas respecto a los ciudadanos y la calidad democrática, promoviendo la transparencia y la participación”.
Transparencia; un efecto que pasó desapercibido en los dos citados informes, de los que se destacan, entre otros aspectos, que “el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva esheterogéneo y difícilmente comparable entre ellas porque la diversidad de titulares, derechos gestionados, soportes y canales de comunicación de las obras protegidas condiciona decisiones y políticas gestoras distintas entre las diferentes entidades” o se recogen conclusiones, hoy puestas en entredicho, como que “las funciones básicas de las entidades (la recaudación, entre ellas) se realizan con eficacia, que aumenta con el paso del tiempo y la mayor experiencia gestora de las entidades”.
Según la primera parte del informe realizado en 2008, “la transparencia de las entidades puede considerarse adecuada dado el marco legal en el que desarrollan su actividad” y “los repartos realizados pueden considerarse equitativos. Son objetivos y transparentes”. Ambas conclusiones quedarían desechadas hoy.
El informe, que reconoce que “en España (en 2008) hay un clima adverso hacia los gestores de derechos”, señala que “la regulación de las actividades de las entidades de gestión les otorga una amplia autonomía que ejercitan a través de sus órganos de gobierno competentes para establecer sus procedimientos de funcionamiento”, pero reconoce una insuficiencia de regulación en sus procesos gestores”.
La evaluación, que sentenciaba que existía un predominio recaudador de la SGAE con respecto a otras entidades de gestión de menor capacidad, auguraba que “es previsible que disminuya, conforme aumente la experiencia recaudadora de las otras entidades de gestión”.
“Elevada litigiosidad del proceso recaudatorio”
Otro de los errores detectados en el informe se refería a “la elevada litigiosidad del proceso recaudatorio”, que “complica el eficaz funcionamiento de sus objetivos”.Asimismo, apuntaba que “la intervención de organismos de arbitraje y mediación como la Comisión de Propiedad Intelectual es una alternativa de resolución extrajudicial de estos conflictos”, planteándose “si la centralización de las operaciones de recaudación en una sola entidad aumentaría la eficacia del sistema recaudatorio”.
Sobre el sistema de recaudación, hoy en el ojo del huracán, informaba de que “cuatro de cada cinco euros se dirigen directamente a los titulares de los derechos de propiedad intelectual” (“el euro restante (decía) se aplica bien a cubrir las necesidades de los socios más necesitados o a promocionar la actividad de los socios de una forma colectiva o a financiar las actividades recaudatorias”). Hoy se investiga su destino.
Una mayor transparencia
Por su parte, la segunda fase del informe (2009), afirmaba que “las fundaciones creadas por las entidades para la gestión de los fondos cumplen los requisitos regulados por la Ley de Fundaciones y por el artículo 30 de su reglamento” pero pedía “una mayor trasparencia de los mecanismo de recaudación y asignación (página 128 del informe).
Y, sobre las elecciones a su junta directiva -elegida el pasado jueves, volviendo a dar la victoria a los ‘teddystas’-, recogía el poco interés que suscita a sus socios: “Las formas de elección de los cargos de la Junta y las cuestiones relativas al reparto de poder dentro de las entidades son temas de escaso interés para los asociados, siempre que el funcionamiento sea correcto”. Dos años después, el interés es máximo.
SEGÚN REVELA UN INFORME DE LA FUNDACIÓN ALTERNATIVAS
Los políticos corruptos de PSOE y PP ganan elecciones gracias a los medios afines
El president de la Generalitat, Francisco Camps (EFE). Alberto Mendoza
¿Por qué el electorado no castiga a los políticos sospechosos de corrupción? ¿Cómo consiguieron revalidar su mayoría el pasado 22 de mayo candidatos imputados como Francisco Camps? Para la Fundación Alternativas, la respuesta a estas preguntas hay que buscarla en el papel de los medios de comunicación y sus afinidades ideológicas o partidistas. Así, según el Informe sobre la Democracia en España 2011 del citado think tank progresista, la percepción que un votante posee de la corrupción cambia radicalmente si se informa a través de La Sexta, El País y la Cadena Ser, o lo hace con Antena 3, El Mundo y Onda Cero.
Un ciudadano que viva en una comunidad autónoma gobernada por el PSOE, y que consulte medios de comunicación con una línea editorial próxima a este partido, tenderá a pensar que su Gobierno es honrado y que la corrupción apenas está extendida. Pero si consume una combinación de periódicos y emisoras más cercana al PP, adquirirá una opinión mucho más negativa.
Del mismo modo, en una comunidad autónoma regida por un gobierno popular, los ciudadanos evaluarán la extensión de la corrupción de modo muy distinto si se informan a través de medios próximos al PSOE o al PP. Por ello, el informe de la Fundación Alternativas, presentado oficialmente este martes en Madrid, concluye que “una de las principales causas por la que la corrupción es poco castigada electoralmente en España puede ser la influencia de los medios de comunicación. El tipo de perfil de medios consumido repercute en la percepción de la prevalencia de corrupción”.
Los investigadores han agrupado en diversas combinaciones una televisión, una cadena de radio y un diario de papel: TVE, El País y RNE; Antena 3, El Mundo y Onda Cero; Antena 3, El Mundoy Cope; Cuatro, El País y Ser; La Sexta, El País y Cadena Ser; y un último conjunto de televisiones autonómicas y radios locales sin ningún periódico. Como quizás era predecible, el estudio ha encontrado una diferencia de hasta 11 puntos en la probabilidad de que los consumidores de uno y otro grupo de medios reconozcan que la corrupción está extendida en el Gobierno de su comunidad.
Según el documento, el sesgo hallado en El País, El Mundo, Antena 3 o la Ser coinciden con “las inclinaciones partidistas que frecuentemente se atribuyen a estos medios”. No obstante, el estudio llama la atención sobre “el hecho de que las evaluaciones de quienes optan por medios de RTVE son mucho más similares a las de quienes escogen medios tradicionalmente considerados de centro-izquierda”. Por ello, la Fundación Alternativas señala que “a pesar de las reformas introducidas en el funcionamiento del Ente Público con el fin de asegurar su neutralidad”, “sus medios moldean las percepciones sobre corrupción en sentido favorable al PSOE y perjudicial para el PP”.
El problemas de los canales autonómicos y locales
Por si fuera poco, el estudio revela la escasa repercusión de los casos de corrupción en los canales autonómicos y locales. “El consumo de televisiones autonómicas y radios locales está asociado a las opiniones más benévolas sobre la prevalencia de corrupción, cualquiera que sea el signo partidista del gobierno autonómico”. Es decir, que en el control de los medios regionales, poco separa a los candidatos sospechosos de PSOE y PP.
SGAE Y LA LEY SINDE, LIBERTAD CON CARGOS Y SIN FIANZA.