No están todos los que son, pero son todos los que están. Malaya, Gürtel, Pretoria… son nombres de los casos más llamativos de una corrupción política que se extiende a todos los partidos. En España salpica por igual a socialistas y populares, nacionalistas e independientes. Si los datos de la Fiscalía General del Estado descartan que unos partidos sean más corruptos que otros, confirman, por otra parte, que la corrupción en España está muy vinculada al urbanismo y la contratación pública. El rechazo social que estos escándalos provocan ha sido el causante de que la plataforma ciudadana NoLesVotes haya lanzado el Corruptódromo, un mapa de Google Maps en el que aparecen marcados todos los puntos de España donde se tiene constancia de que existen “actividades de corrupción o de presunta corrupción llevadas a cabo por los partidos políticos”.
El Corruptódromo confirma que ninguna comunidad es ajena a esta plaga, aunque destacan especialmente el litoral levantino y la Comunidad de Madrid. Por partidos políticos, el color azul del PP se impone, seguido muy de cerca del rojo de los socialistas. Curioso es el cambio de Cataluña: el partido con más denuncias resulta ser CiU, seguido del PSC y finalmente del PPC.
Los últimos datos que maneja la Fiscalía General del Estado hablan de 730 causas abiertas y señala a Madrid, Málaga, Sevilla y Baleares como las provincias que más investigaciones policiales han concentrado: 560. Desde 2004, se han detenido a más de mil personas e intervenido numerosos bienes valorados en más de 3.000 millones de euros. En todos los escándalos hay un punto en común: los municipios afectados tienen entre manos importantes desarrollos urbanísticos, lo que conlleva recalificaciones de suelo y un aumento importante de la población.
En noviembre de 2009, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, revelaba que las causas afectaban a militantes de todos los partidos. En ese momento, se tramitaban 264 causas judiciales que concernían a los socialistas frente a las 200 que afectaban al PP. El resto de partidos, aunque menos, tampoco se libraban. Desde 2004, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han realizado 232 operaciones contra la corrupción. Casos que se han centrado en delitos como cohecho (131 casos), malversación (6 casos), prevaricación (48 casos), tráfico de influencias (32 casos), blanqueo de capitales (31 casos), falsedades o abuso en el ejercicio de la Función Pública, entre otros. Según fuentes policiales, la corrupción urbanística produce más dinero que el tráfico de drogas y tiene la ventaja de que las penas son menores. “¿No han visto dónde está Julián Muñoz, condenado por la operación Malaya con un buen número de causas pendientes?”. En la calle.
No siempre se mueven por dinero
Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en corrupción, asegura en el Informe sobre Democracia en España que la Fiscalía Anticorrupción únicamente intervino en 2004 en 104 procedimientos, habiéndose más que duplicado el trabajo en los cinco años posteriores. “Cuando se piensa en los motivos que llevan a alguien a realizar actos corruptos se piensa en el dinero como motivador esencial. Sin embargo, hay otros motivos también importantes que a menudo no se consideran, como la amistad, el amor, o incluso la venganza por una situación que se considera injusta”.
La corrupción se cuela por el sistema de financiación de los ayuntamientos, que trabajan a través de convenios urbanísticos, “una vía de penetración perfecta”, explican fuentes sindicales. La trama casi siempre es igual: un alcalde, o un concejal de urbanismo, necesita a promotores que compren terrenos al precio más bajo posible, para volver a vender el solar con un coste mucho más elevado. “El dinero que se ahorra en la compra-venta lo dedican a pagar los favores tanto a los que han conseguido el terreno como a los corruptos del ayuntamiento implicado”, aseguran las mismas fuentes. En la corrupción política de alto nivel, tipo Gürtel, aparecen elementos causales. “Entre otros, la necesidad de financiación de los partidos. La cual, a su vez, tiene su origen e cambios en la cultura política”, asegura Villoria.
Sin embargo, al estudiar cada caso salen sus propias peculiaridades de delinquir. En el casoGürtel, una de las claves del proceso “estará vinculada a la acreditación o no en el juicio de que la trama surge y se consolida como un instrumento de financiación del Partido Popular”, añade el catedrático. Lo curioso de la “operación Pretoria”, en Barcelona, es la presencia de personas vinculadas a diferentes partidos: dos ex altos cargos del Gobierno de Pujol, un ex diputado del PSC y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet. “Este caso es otro ejemplo de la consolidación de un cluster poco transparente, con altas barreras de acceso y de salida. La trama está dirigida de forma centralizada, con una dirección única y con distintas zonas de actuación. La clave de acceso son las conexiones personales”. En Malaya había implicados concejales del GIL, del Partido Andalucista y del PSOE. El caso balear afecta a decenas de ex cargos públicos y empresarios. “En algún momento miembros de dos partidos diversos de la anterior coalición de gobierno pudieron ponerse de acuerdo, pero aquí se trata de personas que nunca han gobernado juntos”, añade.
Las extorsiones dificulta las salidas
Los motivos que llevan a la trama no son solo económicos. “Existen lazos de obediencia y disciplina partidista que podrían explicar la actuación de algún actor, como Ricardo Costa”, asegura el catedrático. La amistad también está presente a lo largo del proceso y, en otros casos, son lazos familiares los que explican la llegada de determinadas personas al marco de la trama. “Empieza con pequeños pasos, y poco a poco se sitúa en una dinámica de la que es muy difícil salir”. Las extorsiones y amenazas, llegado el momento, dificulta la salida. “El mecanismo del regalo, cada vez de mayor valor, va dejando paso al soborno, y de ahí a la consolidación del intercambio”. Las relaciones corruptas son “estables y duraderas, años de amistad, vida privada compartida, incluso amistad con miembros de la familia”. En ese marco, los intercambios son abiertos y no existe una conexión inmediata entre acto corrupto y pago, sino que el corruptor hace favores y sabe que de alguna forma le serán devueltos.
En España todos los gobiernos pierden legitimidad desde 2005, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International. Jordi Rodríguez Virgili, subdirector del Máster de Comunicación Política de la Universidad de Navarra, asegura que la corrupción es uno de los principales motivos por la que los españoles han dejado de creer en la política. “Los ciudadanos no distinguen entre los matices ni distinguen quién es el bueno y quién el malo. Por eso el rechazo es en general hacia todos los políticos. Fallan en lo más básico: en la honradez. Ellos no están para servirse a sí mismos, sino para servir al pueblo. Y estos escándalos la ciudadanía lo ve como una traición”. El efecto electoral que provoca es la reducción de la participación de la ciudadanía, “que no tiene entusiasmo por mantener el Gobierno que tiene ni porque llegue otro nuevo, que puede ser peor”. Villoria asegura que la democracia española tiene mucho que mejorar en cultura de la transparencia y rendición de cuentas, “y esas mejoras probablemente reducirían de forma sustancial la corrupción”.
