Blanco ultima un real decreto para que los controladores trabajen 200 horas al mes

El ministro de Fomento, José Blanco (EFE).

@D.Toledo - 30/07/2010 06:00h

El Gobierno no está dispuesto a soltar el hueso de los controladores. El ministro de Fomento, José Blanco, planea que puedan trabajar hasta 200 horas al mes, según el límite máximo que establece el borrador de real decreto elaborado por el Ministerio y que fija los descansos del colectivo. “La actividad aeronáutica mensual no superará las 200 horas”, reza el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial y que con toda probabilidad será aprobado hoy en Consejo de Ministros. Diversos controladores contactados ayer por este diario se quejaban de que, según el Estatuto de los Trabajadores, la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 40 horas semanales.

“¿Cómo se garantizan la seguridad y el descanso con 200 horas mensuales, si haciendo turnos de ocho horas trabajo 25 días al mes?”, se preguntaba un controlador. No obstante, lo normal sería que Aena no agotara el límite que le concede la ley, al menos si quiere que le salgan las cuentas. No en vano se establece un límite de horas anuales de 1.670, que sólo puede aumentarse en 80 horas extraordinarias. Ese marco fijaría una jornada laboral más razonable de 140 horas semanales. Fomento cumple con este real decreto la disposición final tercera de la Ley 9/2010, de 14 de abril, que fijaba la necesidad de desarrollar reglamentariamente el tiempo de actividad y descanso en el sector de los servicios de tránsito aéreo.

Daniel Zamit, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), aseguró a este periódico que, de aprobarse la norma en esas condiciones, “exigiremos su cumplimiento inmediato”. Y lo que va a pasar es que “en octubre habrá controladores que ya hayan cumplido las 1.670 horas. Es posible que se les obligue a hacer las 80 extraordinarias. Entonces a 10 de noviembre habrán cumplido el cupo. Por eso se dan ese margen de las 200 horas, que no existe en ningún país del mundo. Incluso en Reino Unido, que es la normativa que copian, el límite máximo está en las 160 horas. El problema es que no hay una plantilla razonable para asumir la carga de trabajo”, remachó.

Fuentes del Ministerio de Fomento aseguraron que estaba previsto que el Consejo de Ministros estudiara hoy el real decreto, aunque prefirieron no pronunciarse sobre su contenido. Hasta el Real Decreto-ley publicado el 5 de febrero, los controladores sólo estaban obligados por convenio a realizar 1.200 horas ordinarias de trabajo. El Ministerio se quejaba de que trabajaban de media 600 horas más, retribuidas como horas extraordinarias “a precio mucho más alto del previsto en el Estatuto de los Trabajadores (…), lo que es causa principal del encarecimiento desmedido del coste del servicio”.

Las ‘imaginarias’ no cuentan

No es el único elemento que recoge la norma y que no hace las delicias del colectivo de controladores, con quien Aena negocia actualmente un nuevo convenio colectivo. Y es que la jornada laboral contemplada por el Ministerio no incluye ni las horas de formación ni las denominadas imaginarias (guardias localizadas) que se realizan fuera del lugar de trabajo, lo que puede hacer que las horas de trabajo, “ya de por sí abusivas, puedan llegar a ser escandalosas”, según lamenta un controlador. El gestor aeroportuario les reprocha haber puesto en marcha una huelga encubierta en plena temporada alta recurriendo a una avalancha de bajas médicas como medida de presión.

Además, el Ministerio se cura en salud y dota a Aena de manga ancha para modificar los periodos de actividad en el caso de que sea preciso atender demandas adicionales de tráfico aéreo. “Cuando sea preciso para dar respuesta a circunstancias extraordinarias previsibles de carácter temporal, el proveedor designado para la prestación de servicios de control de tránsito aéreo podrá modificar temporalmente los periodo de actividad aeronáutica y los descansos previstos en el capítulo anterior, previa autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea”, expone el borrador en su artículo 17.

Los controladores aéreos salen a disgusto por viernes. El último Consejo de Ministros daba luz verde a un real decreto por el que se liberalizaba la prestación de los servicios de navegación aérea y abría la posibilidad de encomendar el control a operadores privados ajenos a Aena. Para Zamit, estaba claro: “Se trata de privatizar las torres y los centros de control de los aeropuertos. Eso explica la campaña mediática que estamos sufriendo”. Para el Gobierno simplemente se abre la posibilidad de que nuevos proveedores den servicio en los aeropuertos españoles

El PSOE se quita los complejos y da barra libre a los despidos

Un momento de la votación de las enmiendas a la reforma laboral (EFE).

@Carlos Sánchez - 30/07/2010

Despedir será más fácil. O dicho en términos más precisos. Las empresas podrán desprenderse de una parte de sus plantillas con sólo acreditar ante el juez “una situación económica negativa”. Y para ser todavía más exactos, podrán despedir con solo justificar “la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo”.

En la reforma laboral publicada en el BOE el pasado 17 de junio se restringía las causas de despido a la existencia de una “situación económica negativa”, pero sin mayores precisiones. Tan sólo se hablaban de que las empresas debían justificar los excedentes con un mínimo de “razonabilidad”

La enmienda a la reforma laboral fue ayer aprobada en la Comisión de Trabajo con los votos a favor del Grupo Socialista y gracias a las abstenciones del PNV y de CiU, y supone una vuelta de tuerca más a la hora de facilitar el despido en las empresas por causas objetivas de carácter económico. La enmienda, de hecho, permite despedir con 20 días (frente a los 45 que marca el despido improcedente) cuando se pretenda “preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado”. Es decir, que ya no se trata sólo de cuantificar los resultados económicos de una empresa, sino que se introduce un criterio totalmente subjetivo, como es calificar la ‘posición competitiva’ de un empresa en su respectivo mercado. Serán los jueces quienes interpreten esa redacción.

Esta enmienda supone abrir ya una sima insalvable con los sindicatos, que ayer hablaron sin tapujos de ‘la reforma laboral más regresiva de la democracia’, toda vez que la nueva legislación pretende generalizar las causas de despido objetivo por causas económicas. Para CCOO y UGT, el texto definitivo, “constituye el mayor ataque a los derechos laborales de los últimos 30 años y aunque cueste afirmarlo”, dijeron “este ataque se ha llevado a cabo de la mano de un gobierno socialista, jaleado para la ocasión por las organizaciones empresariales”. En su opinión, la enmienda socialista facilita a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, “haciéndola más fácil, más rápida y más barata”.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, José Ignacio Echániz, anunció el voto en contra del PP al texto resultante de un proceso que calificó como "improvisado, caótico e histérico". A su juicio, es de la "máxima irresponsabilidad" que el grupo socialista haya promovido este procedimiento "en un texto de tanta delicadeza". Dicho texto tendrá que someterse ahora a votación en el Senado y, en la primera semana de septiembre, volver al Congreso para ser ratificado en la Comisión de Trabajo.

Contra las bajas por enfermedad

Las enmiendas aprobadas ayer contienen otra ‘bomba’ de relojería respecto de la situación actual. Se abre la posibilidad de que la inspección de los servicios públicos de salud revisen las bajas por enfermedad. En concreto se establece que la inspección médica “podrá solicitar los datos médicos necesarios para el ejercicio de sus competencias”. Dicho en roman paladino, esto significa que la inspección podrá dictar el alta médica a partir del cuarto día de baja, frente al decimocuarto actual.

En este sentido, la nueva legislación incorpora una nueva disposición final que endurece las faltas por asistencia al trabajo. En concreto se establece que aún siendo justificadas, pero intermitentes, y siempre que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses, y siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo supere el 2,5% en los mismos periodos de tiempo.

La nueva legislación abre, igualmente, otro futuro frente de batalla en relación a la percepción del desempleo, aunque todavía sin concretar. Se dice textualmente que “en el momento en que el empleo inicie su recuperación, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para reformar la normativa que regula las prestaciones por desempleo con el objetivo de aumentar la vinculación de éstas con las políticas activas de empleo”.

Quiere decir esto que el Ejecutivo tiene en cartera vincular el cobro del desempleo a la realización de cursos de formación. No se dice ni cómo ni cuándo, pero se trata de un mensaje para navegantes con el doble objetivo de mejorar la cualificación de los trabajadores en paro y reducir las listas de desempleo, ya que el hecho de acudir a cursos es uno de los requisitos para dejar de ser considerado como desempleado en las listas oficiales.

FERROVIAL, SOBORNO PASIVO IMPROPIO, VS. LOS TOROS EN CATALUÑA.

Rafael del Barco Carreras

Barcelona 29-07-10. Los políticos catalanes han puesto toda la carne en el asador. Lo que no sé si tiene que ver con el “hecho diferencial catalán” o para crear cortinas de humo ante la Gran Corrupción. El arte de la confusión.

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) presentó el lunes un voluminoso informe de 158 páginas sobre las irregularidades detectadas en el Palau de la Música de Barcelona. Noticia oscurecida por los toros. Y como no entiendo en cuanto a toros a ninguno de los bandos contendientes, y me temo que el problema para la inmensa mayoría de catalanes no existía (otra creación artificial al estilo Estatut o la consulta por la Diagonal), pasaré a lo mío, lo que pretenden camuflar, la Gran Corrupción.

De paso aconsejar a la cercana Perpiñán que fomentando su turismo, al igual que las multisalas de cine porno y casinos (incluso había librerías con libros y publicaciones prohibidas en castellano y catalán) en tiempos de Franco, ahora habilite una plaza de toros. Yo ya he visto tantas miserias humanas que la de los toros, de serlo, me parece de juguete.

Pero toca comentar sobre inmobiliarias y constructoras solventes, de las que no se sabe que deban a los bancos y caixas miles de millones de euros que no pagarán jamás. Deducir que la que no quiebra soborna, sería improcedente. Los miles de millones de deuda de las quebradas no son estrictamente “mercantiles”, se crearon “especulando”, “opando”, comprando y vendiéndose entre “financieros e inmobiliarios”. Es decir, fabricando quiebras fraudulentas ante el estallido de la gran Burbuja, años 2005-08. O sea, ni el SOBORNO es la definición adecuada, como tampoco lo es “financiar” cuando se paga en efectivo una coima a un político, se destine a su partido o a su bolsillo.

La Oficina Antifraude de Cataluña, regida por el ex fiscal David Martínez Madero, sabe, o se lo deberemos repetir para que lo sepa, y defina las hechos inteligiblemente, que las constructoras no sobornan; pagan en negro las tarifas establecidas, pactan compensaciones, o simplemente tienen en nómina a políticos, altos funcionarios, familiares, o el “ hombre de…”. Es el establisment, como aquella Fomento de Obras y Construcciones SA, en origen de Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco, que digo en el prólogo de “Barcelona, 30 años de corrupción” no se sabía bien donde acababa Fomento y empezaba el Ayuntamiento, o viceversa.

Dice la noticia en El Confidencial; “Habla el informe de un “ambiente de impostación” y subraya: “Apariencia, frivolidad e irresponsabilidad formaban, esta vez sí, un cóctel peligroso”. Y continúa: “Raya el cinismo más absoluto afirmar, como ha hecho este compareciente [se refiere a Juan Elizaga, responsable de Relaciones Institucionales de la compañía], que no se tenía ningún control sobre el destino de más de 11 millones de euros [se refiere al periodo de 1999 a 2007] y, al mismo tiempo, mostrarse en estado de shock, usando sus propia palabras…”. También deja claro que en el año 2008, por ejemplo, los gastos de personal pasaron de 1,2 millones a 2,7 millones y este incremento se dio entre los miembros del comité de dirección. Eran los sobresueldos del ex presidente, Fèlix Millet, de su mano derecha, Jordi Montull, y de la directora general, Rosa Garicano”

No me extraña el shock del ejecutivo de la constructora… “que me preguntan estos locos, se diría, si eso es así desde siempre… y todo el mundo lo sabía”

Lo de “soborno pasivo” me hace tanta gracia como lo de “financiar” o “gastos de personal” ¿Tan delicado es el mundo de la Gran Corrupción que los juristas deben inventarse un diccionario para enmascarar los simples delitos tan bien definidos en el de la Real Academia Española y en el Código Penal? Por ejemplo, asociación para delinquir, fraude fiscal generalizado, apropiación indebida, desfalco y robo… que de no intervenir más corrupción conllevan detención inmediata de los supuestos autores.

Cohecho. De Wikipedia, la enciclopedia libre

El cohecho (coloquialmente "coima" o "soborno") es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto.

El cohecho es simple si el funcionario público acepta una remuneración para cumplir con un acto debido por su función o calificado si recibe una dádiva para obstaculizar el cumplimiento de un acto o no llevarlo a cabo, ya sea dicho acto constitutivo o no de delito.

Por ejemplo, un automovilista puede sobornar a un oficial de la policía para no extenderle un parte por exceso de velocidad, un ciudadano que realiza trámites puede sobornar a un empleado público por un servicio más rápido, una compañía constructora puede sobornar a un funcionario para conceder un contrato, etc.

La persona que ofrece la dádiva o que acepta el pedido de ella comete el delito de cohecho pasivo.

En este delito se considera que el bien tutelado es la administración pública”.

Esta definición y la realidad aparecida en todo su esplendor en los casos Palau, Pretoria, Hacienda, etc, se parece como un huevo a una castaña. El mundo real frente al oficial, o las líneas paralelas que nunca se encontrarán.

HUELGA DE "BOLIS CAÍDOS"

La Guardia Civil lleva un mes y medio sin poner multas como protesta por la bajada de sueldo.

Las sanciones han descendido un 70% durante la huelga de "bolis caídos" (EFE).

@Daniel Forcada.- 29/07/2010 (06:00h)

Presionan al Ministerio del Interior por donde más duele en época de vacas flacas. Guardias Civiles de toda España llevan un mes y medio de huelga encubierta, trabajando a reglamento y no sancionando las infracciones más leves o menos graves para reclamar así una mejora de sus condiciones laborales y para resolver también viejos agravios con respecto a otros cuerpos como la Policía Nacional. Y todo en un contexto en el que el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba les pide que recauden más, que reduzcan su gasto en telefonía móvil y que conduzcan más despacio para ahorrar.

Las sanciones han caído un 70%. Algunos datos suministrados por Antonio Varela, portavoz de la Unión de Guardias Civiles, hablan por sí solos y son bastantes ilustrativos de cómo está la situación en plena verano, cuando más desplazamientos hay en las carreteras. En el último mes, los radares de la Guardia Civil no han puesto una sola multa en toda la provincia de Toledo. Al igual que en Asturias. Y en Santiago de Compostela, solo cuatro. “En toda Galicia, ha bajado un 72% las sanciones en tráfico y casi un 80% en temas de seguridad ciudadana”, explica Varela. Una situación que se refleja también en el estado de los cuarteles, donde muchos agentes están de baja, también como medida de protesta. En el de Gandía, por ejemplo, lo están 17 de sus 21 agentes, mientras que en el de Sada, solo trabajan estos días 6 de 21.

Ante la imposibilidad de la Benemérita para ejercer el derecho a la huelga, la picaresca, tan española, encuentra medios para aplicar esa huelga de "bolis caídos" que tanto daño está haciendo a las arcas de Interior. Y más cuando las estadísticas demuestran que este verano, el número de accidentes y de muertos ha descendido con respecto al año pasado. Un dato que ha motivado aún más a los guardias civiles para continuar con su particular protesta. Más vigilancia y prevención en carretera y muy pocas sanciones. Que si el radar no está lo suficientemente bien colocado para captar la matrícula, que si un agente te alerta con mucho tiempo de que en seguida viene el control, que si tomate un buen rato para soplar en la segunda prueba del test de alcoholemia a ver si baja el nivel…

Un suma y sigue de pequeñas triquiñuelas que han hecho realidad que los 10.000 agentes dedicados al control del Tráfico hayan dejado de multar las infracciones leves o menos graves. Algo contemplado en su reglamento interno y en el propio Código Penal. “Que nadie diga que no estamos trabajando, porque en cuatro semanas de campaña de seguridad vial de verano, han muerto cuatro agentes atropellados”, añade Varela. El resultado tendrás efectos negativos muy pronto sobre la recaudación. El año pasado, se ingresaron 432 millones de euros en multas. Durante el primer semestre, antes de la huelga de bolis caídos, se han recaudado 180 millones.

Plan de ajuste

El origen de la discordia comenzó cuando la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil anunció que recortaría en un 5% el sueldo de los agentes. Una medida que ya se ha hecho realidad en la nómina del mes de este mes de julio. “Nuestro sueldo medios de 1.521 euros para una media de 167 horas trabajadas al mes, 22 menos que la Policía Nacional”, explica Varela, cuya asociación es una de las más representativas de la Guardia Civil. “Nos van a reducir un 30% en la extra de diciembre y unos 70 euros cada mes. En total, de aquí a fin de año vamos a perder 890 euros. Y el año que viene nos congelan el sueldo”.

Desde el pasado mes de abril, los cuarteles han recibido notificaciones por escrito para que recorten gastos con consejos y medidas muy concretas. Los agentes tienen orden, por ejemplo, de conducir un 20% por debajo de la máxima permitida, detener el motor en cada estacionamiento o practicar una conducción económica con ventanillas cerrada y evitando frenazos bruscos. Se les ha recortado drásticamente el uso del teléfono móvil y se les ha llegado a ordenar que solo hagan controles de alcoholemia a quienes muestren signos inequívocos de estar borrachos. Por aquello de ahorrar en boquillas para el test, pues cada uno cuesta… 30 céntimos. Y se les ha conminado también a no usar todoterrenos y motocicletas para utilizar, en cambio, turismos más económicos. “Salvo cuando sea la Vuelta Ciclista o venga algún ministro”, apuntilla Varela,

Rubalcaba: “La obligación de la Guardia Civil es poner multas”

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido, por su parte, que la “obligación” y el “trabajo” de los Guardias Civiles de Tráfico es cumplir y hacer cumplir la Ley y que, por tanto, su deber es imponer una multa si detectan cualquier infracción cometida en las carreteras. “La Guardia Civil tiene que cumplir las leyes y cuando un ciudadano se salta un Stop, la Guardia Civil le tiene que multar. No basta con decirle que eso no se hace", ha señalado.

El titular de Interior ha negado de forma tajante que su departamento esté preocupado por el descenso de la recaudación a consecuencia de esa hipotética huelga de "bolis caídos" y ha destacado que lo que de verdad importa al Gobierno es la mejora de la seguridad vial y no las multas de tráfico. "Quien dice que nos preocupa la recaudación es que no sabe nada de seguridad vial. Ésa es nuestra preocupación y ninguna otra, se lo aseguro", ha remachado.

La CNC investiga a Suzuki y Honda por intercambiar datos

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador contra los fabricantes de motos Montesa Honda y Suzuki por intercambiar información sensible. Asimismo, a Suzuki se le ha abierto un segundo expediente, junto a 10 de sus concesionarios, por pactar precios mínimos de reventa.

Javier Carazo - Madrid - 28/07/2010

El organismo que preside Luis Berenguer ha vuelto a fijar su mirada en los fabricantes de motos. En esta ocasión, la CNC ha actuado por partida doble. Por un lado, ha incoado un expediente sancionador contra Montesa Honda y Suzuki Motor España por presuntas prácticas anticompetitivas relacionadas con el intercambio de información comercial sensible entre ambos fabricantes de motocicletas.

Según el organismo, la dirección de investigación realizó sendas inspecciones en las oficinas de las dos compañías. En concreto, el 17 de diciembre de 2009 en la sede de Honda y el 24 de marzo de este año en la de Suzuki. La CNC anuncia que, a partir de ahora se abre un plazo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución, "sin que su incoación prejuzgue la resolución final".

Pero Competencia ha ido más allá en el caso de Suzuki y, al mismo tiempo que anunciaba ayer la apertura de dicho expediente, comunicó también que ha abierto otro contra este fabricante. En esta ocasión, el objetivo es contra Suzuki y 10 de sus concesionarios situados en las provincias de Madrid y Granada.

La CNC ha observado acuerdos de fijación de precios mínimos de reventa de las motos Suzuki, en los márgenes comerciales que los concesionarios otorgan a sus agentes o subdistribuidores por las ventas que realizan estos últimos, "así como otras condiciones comerciales, al menos, en estas dos provincias".

Para el organismo, estas prácticas "limitan la competencia en perjuicio de los consumidores". También, se abre un plazo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente, que ha tenido su origen en una información reservada abierta por dicha dirección de investigación y en la inspección realizada el pasado 24 de marzo.

Los concesionarios investigados son Motorbike World Granada; Motos Andrés; Dyte Móvil; Motofunción; Motorecambios y Accesorios; Saimoto Motor; Motorrad Centro; Motosport Villalba; Codismoto y Gestión Motomercado. La CNC ya hizo lo mismo con Honda y seis de sus concesionarios el pasado 4 de mayo.

A. Martínez Puñal

Profesor da USC

28-07-2010 00:03

Tempus novus para a América hispana

Comezada a cadea de conmemoracións dos douscentos anos do movemento emancipador das repúblicas pertencentes ao antigo Imperio español, o groso das celebracións producirase neste 2010, particularmente no presente segundo semestre, aínda que quedarán pendentes algunhas para os futuros anos.

Desde diferentes tribunas de natureza política, informativa, académica, etc., obsérvase nos países implicados unha coincidencia con respecto á necesidade do seu debido ensalzamento, ben por medio da inauguración de obras de infraestruturas, centros cívicos adicados ao bicentenario, museos da Memoria e dos dereitos humanos e macroexposicións, ben coa celebración de concertos nacionais simultáneos ou outros acontecementos culturais en xeral ou de corte intelectual e, igualmente, co estímulo da produción editorial.

Parece, con todo, malia o que vimos de dicir, que asistimos, co gallo do Bicentenario nalgúns daqueles países –nomeadamente naqueles máis críticos co sistema capitalista como Bolivia, Ecuador e Venezuela, aínda que obviamente a moita menor escala–, a un certo recuestionamento do sentido imperial e das guerras da independencia. No Bicenternario atopamos por unha banda –aínda que con algunha concesión á critica–, as visións asentadas sobre as teses tradicionais do descubrimento como misión de cristianización e civilización.

Pola outra, estarían as algúns gobernos que, cunha clara conducta revisionista, denuncian os abusos cometidos contra os indíxenas durante a colonia e igualmente despois, de independentes, atopando –en definitiva– no bicentenario un escenario que, baseado nun ideario anticolonialista, unionista, democrático e popular, demanda inequivocamente unha reflexión e balanzo serios sobre o pasado e o porvir latinoamericanos. Un tempo de balanzos perdido para os desagravios deica agora…

No medio destas diferenzas a respecto do Bicentenario, entrecrúzanse sen dúbida na súa programación intereses políticos e económicos da antiga potencia colonial española, así como dos investidores españois. No que atinxe ao papel da antiga metrópole española na efeméride, pregúntome –como cuestión previa– se a presenza, sempre en chave de beneficios económicos, de empresas españolas no financiamento e comisións das celebracións bicentenarias nalgúns dos países hispanoamericanos non podería hipotecar o protagonismo –e mesmo imposibilitar un posicionamento, con petición de desculpas polos abusos cometidos con motivo do Imperio– que poidese corresponderlle a España.

Abusos dos cales o antepenúltimo acto foi protagonizado polo espectáculo do 2007 dun Rei, dixitado franquistamente e despois empaquetado (ao estilo “o lo tomas o lo dejas”), na Constitución do 1978, mandando calar cun exabrupto un presidente de Venezuela, reelixido democraticamente, cun amplo despregue de observadores internacionais, por terceira vez no 2006, cando este pretende intervir ante as palabras de Zapatero defendendo a un Aznar, avalista do golpismo militar, empresarial e eclesiástico venezolano.

Estamos a facer alusión aquí ao recoñecemento prematuro –co que supón de quebra do principio de Dereito Internacional que prohíbe a intervención nos asuntos internos doutro Estado–, efectuado polo entón presidente Aznar nun comunicado conxunto co presidente Bush, en abril do 2002, do pretendido goberno do golpista Carmona (que durou apenas un día), até entón presidente da organización empresarial venezolana Fedecámaras.

Falando de empresarios, deixaremos no aire unha cuestionante preocupación por canto poidese haber de realidade nos comentarios circulados insistentemente en Venezuela a respecto da connivencia de certas empresas españolas co frustrado golpe militar contra Chávez.

O delegado en Galicia condea a “insubmisión” de Feijóo e advírtelle que “vai pagar”

Feijóo culpa ao Goberno central dos posibles recortes de “servizos públicos” en Galicia

D. L. /AXENCIAS

Non están a ser ben acollidas no Goberno central as sucesivas declaracións do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a respecto da necesidade de que a débeda de Galicia co Estado sexa adiada sen que, ata o momento, existise máis contacto directo co Ministerio de Economía que a sesión do Consello de Política Fiscal e Financeira celebrado onte en Madrid.

A ese malestar do Executivo de José Luis Rodríguez Zapatero púxolle onte voz ao seu delegado en Galicia, Antón Louro, que, durante a presentación da actividade do Goberno de España na comunidade en 2009, optou por lembrarlle a Feijóo o marco de xogo financeiro entre as autonomías e a Facenda estatal.

Mentres, nunha conferencia en Santander, o titular da Xunta volvía poñer o acento na necesidade de que os anticipos enviados a Galicia por error non sexan devoltos ata a fin da crise, Louro consideraba “incrible” a actitude do presidente ante un sistema de devolucións que se insire no acordo de financiamento autonómico do verán de 2009 e que a Xunta rematou por asinar.

“Se a Xunta debe, ten que pagalo”, sintetiza o delegado do Goberno, para lembrar que, ante as directrices legais en materia fiscal “non cabe ningunha actitude reticente ou de insubmisión” dende o Goberno galego. Feijóo, insiste Louro, ten que actuar “dentro do ordenamento xurídico”, e por iso asegura confiar en que, finalmente, se situará “dentro da Constitución e do Estatuto”.

Non concorda esta previsión do socialista co manifestado por Feijóo na capital cántabra onde, no marco dun curso de verán sobre as relacións con Portugal da Universidade Menéndez Pelayo, combinaba a súa petición de adiamento cun avance das consecuencias que, ao seu xuízo, tería unha resposta negativa por parte do Goberno central.

Coa vista posta na elaboración dos Orzamentos Xerais do ano 2011, o presidente da Xunta insistiu en que o pagamento debe poder aprazarse ata dez anos –o que suporía unha modificación da lei que rexe o financiamento autonómico– xa que, de ter que “devolver esas contías en cinco anos”, o Goberno galego veríase na obriga de “poñer en risco servizos públicos”, isto é, a pór en marcha un novo recorte social.

Neste escenario, Feijóo retoma as súas críticas ao Executivo central e tamén ao Goberno bipartito da Xunta para asegurar que, se ben existe unha “corresponsabilidade no erro” de incluír nos Orzamentos previsións de ingresos que despois non se produciron, o Estado, di, trata agora de “utilizar” as comunidades autónomas para “rebaixar o seu déficit” por indicación da UE.

Feijóo realizaba estas consideracións ao tempo que, en Madrid, se reunía o Comité Executivo Nacional do PP, a última xuntanza da directiva popular antes das vacacións, presidida por Mariano Rajoy e á que tampouco acudiron os outros dous baróns autonómicos que reclaman adiar a débeda, os presidentes de Murcia e Castela e León.