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Los secretarios judiciales apuestan por la mediación en los tribunales

Xavier Gil Pecharromán

Los secretarios judiciales solicitarán al Ministerio de Justicia, en los próximos días, la creación de servicios de conciliación en los tribunales, que les permitan superar las limitaciones que impone la Ley de Reforma Procesal, según informó ayer el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Rafael Lara.

Durante el desarrollo de las XXIV Jornadas de la Fe Pública Judicial, afirmó que "es un mecanismo fabuloso para solventar la situación de los juzgados por la crisis".

Así, explicó que si en la actualidad el 40 por ciento de las sentencias de la vía penal son de conformidad, gracias a los acuerdos entre las partes, si se potenciara la mediación para todas las áreas del Derecho, se evitaría la celebración de los procesos contenciosos que se desarrollan hoy en día, lo que supondría reducir a la mitad la carga de trabajo de los tribunales con el consiguiente ahorro económico.

Junto a la mediación social, cuyos primeros casos ya han empezado a ser dirigidos por los fedatarios judiciales, aunque todavía sólo para casos posteriores al 4 de mayo y restringido a despidos y otros asuntos urgentes, Lara señaló que un campo importante de actuación será el Civil, donde la mayoría de los litigios se plantean por reclamaciones de cantidad. No creen que la creación de los nuevos servicios suponga un coste mayor por la necesidad de contratar grandes equipos de personal especializado, puesto que estos profesionales ya están en la Administración.

Oportunidad perdida

Por su parte, Pedro González Romo, secretario del Juzgado de lo Social nº 3 de León, dijo que se ha perdido la oportunidad de efectuar una auténtica promoción de las conciliaciones. "Quizá haya una nueva oportunidad en la Ley de Jurisdicción Voluntaria", indicó.

Según apuntó, debería haberse extendido la obligatoriedad de las conciliaciones al ámbito civil al igual que en lo laboral; aparte de haber entregado la conciliación procesal civil al secretario judicial, ya que "se evitaría que las partes en muchas ocasiones sufran presiones a veces difícilmente soportables, que las obligan a aceptar acuerdos a los que en principio no estaban dispuestas a llegar".

Gane un piso en la playa? No, gracias

@María Igartua - 10/06/2010 06:00h

¿Gane un piso en la playa? No, gracias

Quien no haya mandado un SMS para ganar uno de los 500 coches que se sortean, un piso en la playa, mil euros al mes durante un año o el pago de cinco años de hipoteca que tire la primera piedra. De sobra es sabido, o debería serlo, que salvo la lotería de Estado, la Once y la Cruz Roja, que están exentos de impuestos, el resto de los premios no son tan chollo como parece o pueden estar envenenados si el emisor de los mismos no hila fino el contrato o el receptor desconoce la letra pequeña.

La polémica en torno a este tipo de concursos es tan antigua como el famoso Un, Dos, Tres, de Televisión Española o el Precio Justo, cuando se comenzaron a conocer las historias de los no tan afortunados como parecían ganadores.

El primer problema que plantea este tipo de concursos es que realmente se desconocen las bases, por mucho que aseguren que están depositadas ante notario. Y es que, la típica expresión “bases depositadas ante notario no sirven de nada cuando nunca dicen cuál es el notario para poder irlas a consultar”, asegura a Cotizalia.com, Joaquín Borrell, Notario en Valencia. “Tendría mucha mayor difusión si las bases las depositaran en un medio de comunicación, por ejemplo, para su publicación”.

“Lo importante de esas bases es conocer cómo se va a tributar”, asegura Abel García Rodríguez, de Ceca Magan Abogados. “De esta manera, hay que distinguir entre los premios en metálico y en especie”, asegura. En el primer caso la ley contempla el 19% de retención de la cantidad recibida.

Esta la retención la puede llevar a cabo el emisor, con lo cual el ganador sólo tienen que hacerlo constar en su declaración de la renta correspondiente y, en lugar de recibir los 1.000 euros de turno, se embolsa 810 euros; o tener en cuenta que de los 1.000 euros que ha recibido tendrá que pagar 190 euros en concepto de impuestos.

El problema viene cuando el sorteo no contempla un premio en metálico. Así, el ganador tiene que tener en cuenta que si le ha tocado un viaje valorado en 6.000 euros y el emisor no practica un ingreso a cuenta con el porcentaje de retención correspondiente, a la hora de hacer la declaración de la renta le tocará llevarse un susto de 1.710 euros, ya que ese viaje se computa como rendimiento de una actividad “aunque esta haya sido simplemente meter un cupón en un sobre”, asegura Borrell.

Más peliagudo es el tema de ‘consigue un fantástico piso en la playa’, como la última propuesta de Antena 3. En este caso, más vale tener el asunto bien atado para no encontrarse sorpresas desagradables.

En primer lugar, es importante saber si el emisor del concurso ha depositado un ingreso en cuenta por el 20% del valor del inmueble. Además, hay que tener en cuenta otros impuestos como el IVA, escriturar o el ITP. Si el piso se está comprando libre a nombre del ganador, el impuesto de transmisiones etc.

De esta manera, si la vivienda se está comprando directamente al promotor toca pagar el 0,5% más el porcentaje establecido por cada Comunidad Autónoma por los actos documentales. Mientras que si la vivienda se está comprando a un particular, habrá que pagar el 7%. De esta manera, si el emisor no se hace cargo de estos pagos, el afortunado ganador se puede encontrar de entrada con que 30 días después de firmar las escrituras tiene que pagar 12.000, 14.000 o lo que sea y si no, se enfrenta directamente al embargo.

Asímismo, este tipo de premios produce una alteración patrimonial y son cuantías expuestas al IRPF y tributan en la base general al 43%.

Así, por ejemplo, un ganador podría verse obligado a pedir una hipoteca sobre el piso que ha recibido para hacer frente a los impuestos derivados del mismo.

Es lo que ha ocurrido en Estados Unidos con el programa equivalente a “Esta Casa era una Ruina” que se emite en Antena 3. La diferencia con España, es que en el “Extreme Home Maker”, realmente los elegidos recibían una casa nueva, ya que el esquema de construcción estadounidense, basado en madera y pladour, permite tirar una casa abajo y construirla nueva en siete días, normalmente el doble de grande de la original.

Por ello, muchos de los ganadores se han visto obligados a poner en venta su nueva casa para poder pagar los impuestos y la manutención de su premio envenenado.

MONCLOA NEGOCIARÁ CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EL ACUERDO

No habrá foto: sin acuerdo para la reforma laboral.

No habrá foto: sin acuerdo para la reforma laboral

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho (dcha), y el secretario general de UGT, Cándido Méndez.

@Carlos Sánchez.- 10/06/2010 (06:00h)

“El acuerdo a tres bandas está harto complicado”. Así, de esta manera tan gráfica, resumía esta misma mañana un sindicalista el resultado de la reunión al máximo nivel entre empresarios, Gobierno y sindicatos.

¿Quiere decir esto que el diálogo social está roto? No necesariamente. El ministro Corbacho se ha comprometido a enviar mañana a mediodía un nuevo documento a patronal y sindicatos, y aunque el margen de maniobra del Ejecutivo es estrecho, lo que está claro es que seguirá negociando contrarreloj hasta el próximo lunes.

Lo que es “prácticamente seguro”, en palabras de la fuente, es que “no va a haber foto”, lo que significa que puede haber una especie de ruptura más o menos pactada. Los sindicatos siguen disconformes con la nueva redacción del artículo 52 c del Estatuto de los Trabajadores, que facilita el despido por causas objetivas con 20 días de indemnización. Pero los empresarios quieren seguir presionando conscientes de que tienen a los mercados como aliados, y éstos han reclamado una reforma en profundidad a la que el Gobierno no está en condiciones de oponerse.

Como dice el sindicalista consultado, el Gobierno da a los empresarios la última palabra en la flexibilidad interna en las empresas, y ésa es una de las líneas rojas que han marcado las centrales.

La reunión acabó poco antes de las seis de la mañana y puso de manifiesto que el Gobierno ha intentado hacer de equilibrista en el diálogo social, pretendiendo colocarse en un punto intermedio que por el momento no ha logrado. Básicamente porque el ‘tijeretazo’ al gasto público ha acabado por contaminar las relaciones laborales.

Evitar una reforma sin respaldo

La reunión de anoche se había convocado en un contexto muy distinto. El presidente Zapatero quiere ahora evitar como sea la aprobación de un decreto en una materia tan sensible para su electorado como la reforma laboral. Y que de materializarse puede visualizar de nuevo su soledad parlamentaria. De ahí que haya dado órdenes al ministro Corbacho para que apure los contactos, incluidos los portavoces de los grupos parlamentarios. En el Ejecutivo también son conscientes de que una reforma laboral aprobada sin el respaldo de sindicatos y empresarios es menos eficaz, y de ahí que haya cambiado de planteamiento.

Aunque la reforma se apruebe por decreto el próximo 16 de junio, miércoles, la voluntad del Gobierno es negociar la reforma durante su tramitación parlamentaria. “Siempre que sea útil, negociaremos”, dijo ayer a El Confidencial el diputado Carles Campuzano, portavoz de política social de CiU.

Según fuentes solventes, en la misma línea del Gobierno estaría la Unión General de Trabajadores (UGT), que parece haberse inclinado definitivamente por el acuerdo siempre que no se traspasan ciertas líneas rojas, en particular en lo relacionado con la negociación colectiva.

La posición de CCOO, por el contrario, es más reacia al acuerdo. Dentro del sindicato que dirige Ignacio Fernández Toxo hay amplios sectores que no están dispuestos a firmar nada con el Gobierno después del ‘tijeretazo’ al sueldo de los empleados públicos y las pensiones. Toxo, sin embargo, está empeñado en la firma del acuerdo pese a que no cuenta con una mayoría holgada en el sindicato. Aunque hasta ahora el consejo confederal del sindicato le ha respaldado en todas las votaciones, hay quien recuerda que ganó la secretaría general con sólo 28 votos de diferencia, y eso le complica la explicación interna de un posible acuerdo. “Una huelga general une más que un acuerdo y necesita menos explicación”, señalaron fuentes sindicales a este diario.

Los problemas de Díaz Ferrán

El caso de CEOE es todavía más complicado. Su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, según fuentes bien informadas, está obsesionado con el acuerdo, en parte por razones personales. El presidente del Grupo Marsans está a punto de abandonar la patronal por los problemas de sus empresas y quiere salir de CEOE, al menos, con un acuerdo bajo el brazo. Díaz Ferrán, sin embargo, vive en una especie de ‘libertad vigilada’. Sectores influyentes dentro de CEOE no están dispuestos a firmar una reforma laboral ‘light’, y por eso aprietan para que la patronal “no firme cualquier cosa”.

Ayer Díaz Ferrán reunió a los vicepresidentes de la CEOE para estudiar la situación, y lo único que se filtró, según la agencia Efe, es que los mínimos "no son otros que la reforma laboral que necesita el país y que dé confianza, incluso a los mercados".

Así las cosas, la reunión que celebraron -sin cámaras ni micrófonos- el ministro Corbacho, Cándido Méndez, Fernández Toxo y Díaz Ferrán se presenta como clave para el diálogo social. Pero no definitiva. El Gobierno admitió que hasta el próximo fin de semana hay tiempo para seguir negociando. Todo antes del ‘decretazo’. Lo que presentó el Gobierno no fue su propuesta de reforma laboral, sino un esquema que estrecha y delimita los puntos en los que las partes están más alejadas.

El encuentro comenzó a las 19,30 horas y se presentaba largo, tanto que concluyó a las 06,00 de la mañana. Como dijo ayer una veterana sindicalista recordando unas palabras de Agustín Moreno, ex dirigente de CCOO, fue una reunión de ‘culos de hierro’ que se alargó hasta la madrugada.

Sobre el contenido de la reforma, y según publicó ayer La Vanguardia, que citó fuentes gubernamentales, el punto más importante del borrador que maneja Moncloa afectaría a la contratación temporal, con la que se quiere terminar a través de dos vías. En primer lugar, penalizando las cotizaciones que pagan los contratos temporales por obra y servicio en dos días más por año (2 puntos de cotización) y aumentando la indemnización por despido de 8 a 12 días por año de servicio. Además, los contratos eventuales que se repitan cíclicamente tendrán que transformarse en fijos discontinuos.

Indemnizaciones a cargo del Fogasa

También contemplaría una flexibilización de la contratación indefinida, al reducir los costes del despido que pagan las empresas. Esto sería posible porque el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) financiará al empresario 8 días de la indemnización. De esta manera el trabajador mantiene su indemnización, pero a la empresa le sale más barato. Además, la indemnización quedará en 12 días para los despidos objetivos, los contratos temporales, las ETT y los contratos indefinidos por causas objetivas.

Otra de las medidas sería la posibilidad dada a las empresas de acogerse al contrato de fomento de empleo (que tiene una indemnización de 33 días por año trabajado) para aquellos trabajadores que lleven en desempleo más de 3 meses y los contratos temporales que se transformen en indefinidos.

Causas del despido más concretas

El borrador recoge también el mantenimiento de las causas de despido objetivo, que seguirán siendo económicas, organizativas y de la producción o tecnológicas. No hay nuevas causas pero las actuales serán más concretas. Se transformará en ley la doctrina del Tribunal Supremo sobre los despidos objetivos. En la práctica esto supone que se da certeza al empresario. El juez tendrá que acreditar si la documentación presentada es correcta y veraz, pero no podrá "sustituir" al empresario como sucede en la actualidad. Se elimina así el juicio de opinión del magistrado que hacía imposible para los empresarios que prosperasen estos despidos y provocó que en 2009 solo 2 de cada 10 despidos fueran objetivos por causas objetivas.

El borrador no contempla la eliminación de los salarios de tramitación –como sucede en los despidos improcedentes-, pero a cambio se reduce el tiempo de preaviso de 30 a 15 días. Es decir, que el empresario comunicará al trabajador su decisión y le advertirá la causa. Si decide que el despido es improcedente le indemnizará con 45 días (de los cuales 8 los pagará Fogasa), si es objetivo de 20 días (8 los paga Fogasa), si el contrato era de fomento con 33 días (menos 8 de Fogasa). En caso de no haber acuerdo el pleito se trasladará a la magistratura de trabajo en un procedimiento que no se demorará más de 3 meses.

6. CASO PRETORIA. LLUÍS PRENAFETA, ENCAJANDO PIEZAS AL PUZLE.

Rafael del Barco Carreras

10-06-10. La corrupción vertical y transversal, como se demuestra en el actual juicio del caso Hacienda y en el iniciado sumario del caso Pretoria necesitan de las tijeras de la especial y adaptable Fiscalía Anticorrupción, o jueces dúctiles como Baltasar Garzón, para que la verticalidad no alcance su exacto vértice.

Para encajar las piezas, o sea, quienes ostentan el real poder de recalificar, conceder favores, u otorgar créditos para que un terreno se convierta en mil millonario, se ha de bucear en el rastro que dejan los “segundos” que sin lugar a dudas reparten con los “primeros”, o para decirlo más políticamente “financian” sus partidos políticos.

Prenafeta centra en su personalidad y carrera la idiosincrasia de la política catalana, tanto de derechas como de izquierdas. Pero no es más que un segundo o conseguidor (quizá solo correveidile), dejando tras sí el perfecto menú o plano detallado de la alcantarilla barcelonesa, la GRAN CORRUPCIÓN. Sin necesidad de esfuerzo mental y repasando un artículo de EL MUNDO, 27-10-2009, que simplifica lo por mí publicado en “Barcelona, 30 años de corrupción” o www.lagrancorrupcion.com y www.lagrancorrupcion.blogspot.com, tenemos:

1. Prenafeta también fue imputado en 1996, junto a 30 implicados más, entre ellos el hijo del presidente del Comité Olímpico Internacional y ex presidente de La Caixa Juan Antonio Samaranch Salisachs, por el presunto desvío de 30.000 millones de pesetas de la constructora Huarte, que suspendió pagos en 1996. Prenafeta declaró en enero de 2000 en la Audiencia Nacional para explicar los ingresos procedentes de Huarte a empresas vinculadas con él, causas que fueron archivadas en mayo de 2001.

El hijo de Samaranch, socio en varias de las sociedades de Javier de la Rosa que aparecen en el juicio caso Hacienda.

2. El ex secretario general de la Presidencia intervino en proyectos como la creación de la televisión catalana (TV3), la emisora institucional Catalunya Ràdio, la organización de las loterías de la Generalitat y en el proyecto de instalación de un parque temático en Tarragona, en lo que finalmente sería Port Aventura.

Port Aventura, otra macroestafa, 30.000 millones a 9000 ahorradores, y ni se sabe cuánto a La Caixa, de Javier de la Rosa, donde en el consejo y de ejecutivos actúan además del hijo de Samaranch, hombres de Pujol y del Gobierno González.

3. Prenafeta, principal inspirador de la fundación del rotativo "El Observador", que salió por primera vez a la calle el 23 de octubre de 1990, y accionista mayoritario, vendió su participación del 51% en septiembre de 1992. El diario dejó de editarse en octubre de 1993. En marzo de 1994 dejó tanto la presidencia de Petrocat como la del Túnel del Cadí. Estas salidas fueron interpretadas como una ruptura y distanciamiento respecto del gobierno catalán de Pujol. Lluís Prenafeta desmintió a continuación esa explicación y argumentó que dejaba ambas entidades para dedicarse a sus inversiones en Rusia a través de su empresa Juspi, que años antes había creado con Chupa-Chups Invest, y de la que posteriormente se retiró Chupa-Chups para hacerse con el control Prenafeta.

En el Observador, asociado con el abogado Juan Piqué Vidal, a la vez abogado de Jordi Pujol y Javier de la Rosa.

Y otra coincidencia, Chupa Chups era la accionista de Reineta SA, dueña del edificio en la Plaza Cataluña que en uno de los pagos aparecidos en el caso Hacienda, ¡ 500.000.000 de pesetas por un traspaso! y sus no aclarados repartos, acabara comprado por El Corte Inglés.

4. A comienzos de los 90, la Fiscalía de Barcelona inició una investigación por supuestas incompatibilidades entre su actividad pública y empresarial, después de que el sindicato CNT y un grupo de abogados catalanes le acusaran de aprovecharse de su cargo público para intereses personales en la concesión de servicios y equipamientos para la Generalitat de Cataluña. No obstante, tres años más tarde, en febrero de 1993, la Audiencia archivó las diligencias del llamado "caso Prenafeta" por entender que el acusado no había incurrido en ningún delito.

El juez de instrucción que decidió el archivo fue Lluís Pascual Estevill, condenado a la postre por prevaricación y extorsiones con los abogados Juan Piqué Vidal y Rafael Jiménez de Parga.

Una muestra del reguero de quiebras, estafas y corrupciones donde se iniciaría Artur Mas. Tipel SA de los Prenafeta, 8.000 millones de mediados de los 80.

Y si recordamos el “de parte de Martí Jusmet”, hombre del sibilino Narcís Serra (conversaciones grabadas por la Guardia Civil), y las comisiones pagadas por PROCAM de Caixa de Catalunya, el puzle toma color. Corrupción vertical y transversal. Tenemos tan cerca las piezas Narcís Serra y Jordi Pujol (con capacidad para recalificar y otorgar créditos) que lo único a preguntarse es ¿porqué Baltasar Garzón no les cita?, ¡citarles!, no digo “esposarles”. Claro que también debería haber citado a Manuela de Madre o al Ministro Corbacho, pues algunas operaciones se inician dentro de sus alcaldías, Santa Coloma y Hospitalet. ¡El cinturón rojo de Barcelona repleto de los coloridos billetes de 500€!

Aunque las piezas aun anden revueltas, si se completara el puzle la figura nos reflejaría exactamente la causa y los causantes del GRAN FRAUDE FINANCIERO-INMOBILIARIO, saqueo a las caixas, o sea, de la actual ruina de Cataluña y parte de la de España.

Continuará…

La Consellería de Pesca del bipartito pagó 42.000 euros por tres billetes de avión a Japón.

Carmen Gallego viajó a Nagasaki con dos miembros de su gabinete para participar en un foro bilateral.

D. DOMÍNGUEZ - SANTIAGO La asistencia al X Foro España–Japón celebrado en octubre de 2007 le costó a la Xunta 42.661,95 euros. Éste es el precio de tres billetes de avión autorizados por la Consellería de Pesca durante el gobierno bipartito para que la titular de este departamento entonces, la socialista Carmen Gallego, y dos miembros de su gabinete viajasen a la ciudad nipona de Nagasaki para participar en ese encuentro bilateral.
Cada uno de los tres billetes utvo un precio de 14.220,65, según las facturas remitidas por una agencia de viajes a la Xunta el 9 de noviembre de 2007 y a las que ha tenido acceso este periódico.
Fue la propia Gallego la que autorizó el gasto de los más de 42.000 euros en un escrito firmado el 15 de noviembre, seis días después de haber recibido la factura de una agencia de viajes compostelana, según la información a que ha tenido acceso este diario.
Gallego acudió a Japón entre los días 18 y 23 de octubre para participar en un foro que analizaba las relaciones entre España y Japón y en el que ofreció una conferencia basada en la necesidad de aumentar la cooperación bilateral para poder preservar los recursos marinos, al tiempo que destacó medidas de su ejecutivo en esta materia.
No fue éste el único viaje al extranjero abonado por la Consellería de Pesca durante el mandato bipartito. Siete meses después, el departamento de Gallego volvió a rascarse el bolsillo y pagó casi 29.000 euros por otros tres billetes de avión, en este caso con destino a Argentina, como publicó FARO. El motivo, en esta ocasión era que tres de sus altos cargos acompañasen al entonces presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, que realizó una visita a ese país en mayo de 2008. Gallego no acudió a este encuentro.
La polémica sobre el precio de los viajes oficiales de miembros de la Xunta fue abierta por el PSdeG, que denunció el gasto de 15.000 euros en tres billetes de primera clave por parte del conselleiro de Cultura, Roberto Varela, en su reciente viaje a Shanghai con motivo de la Exposición Internacional. Sobre este caso dará explicaciones hoy mismo en el Parlamento el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que responderá sobre el gasto del Gobierno en viajes oficiales.
Los socialistas cargaron contra el precio abonado por Varela. La socialista María Quintas aseguró que el caso suponía un "despilfarro no justificado" y un gasto "escandaloso", lo que el conselleiro calificó de "demagogia".
De hecho, Cultura se apresuró a explicar que el gasto total del viaje a China había costado al erario público 300.000 euros y que el motivo del mismo había sido promocionar Galicia como destino turístico. En un principio, la semana de actos habían sido presupuestados en tres millones de euros, pero la Xunta explicó que la renuncia a contar con un pabellón propio en Shanghai y la utilización de parte del dedicado a España había reducido el precio.
Los 300.000 euros incluyen los traslados y las estancias de la delegación de Turismo –el conselleiro, la secretaria xeral de Turismo, el director de Agadic y tres miembros del gabinete de prensa–, los artistas gallegos que participaron en la apertura de la semana, el cocinero Pepe Solla, los medios de comunicación ylos contratos de escenarios.

'No falta dinero, sobran chorizos'

Foto: Quique García | Vídeo: Efe

Algunas pancartas presentes en la marcha. | Quique García

Algunas pancartas presentes en la marcha. | Quique García

  • Los sindicatos cifran en unos 70.000 los asistentes a la marcha
  • Las amenazas de huelga general toman protagonismo desde el inicio

Un ruido atronador que podría competir con el del motor del avión ha dado salida a la manifestación en torno a las 12 del mediodía contra los recortes salariales en las empresas publicas. Para ese momento los accesos a la calle Pelayo por la plaza Universidad estaban ya colapsados. Los sindicatos cifran en 70.000 los asistentes a la marcha.

Y es que por allí han desfilado funcionarios de Educación, Salud, Correos, Justicia, de los diferentes cuerpos de policía, Ferrocarrils de la Generalitat, y también Bomberos, que llevaban un monigote disfrazado de bombero. Los policías llevaban un cartel "si llego a oler esto, oposito para la ONCE", con la foto de un perro policía.

Los manifestantes usan bocinas, silbatos y trompetas y petardos, lo que aumenta la temperatura ya alta de por sí en la ciudad de Barcelona. El principal blanco de las críticas es el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, han pedido su dimisión algunos manifestantes que le llaman "trapacero" en algunos carteles en que le dibujan con una nariz tan larga como la de Pinocho. Ha habido también llamadas a la huelga general y se han coreado consignas como "Manos arriba esto es un atraco", o "Recorte ni de coña".

Algunos funcionarios comentaban que habría sido más conveniente prevenir que llegar ahora al extremo de quitarles un 5% de sus sueldos. A otros se les veía muy informados y planteaban que lo que se tenía que recortar, en lugar de los pensiones y salarios de funcionarios, lson "os beneficios de los bancos las sdubvenciones a los amigos ricos, la acumulación de cargos, los asesores ineptos y los políticos corruptos". Entre las pancartas más llamativas, una ilustrada con una foto de Millet sobre fondo verde que dice "no falta dinero, sobran chorizos". La Federación de pensionistas de CCOO, unos 40 jubilados con una gorra roja, señalan que están allí "por una jubilación digna". También se veía a muchos padres con sus hijos, aprovechando que era día festivo en algunas escuelas. El tono reivindicativo de la protesta se combina con el más festivo que dan carrozas que expulsan música combativa con muchos minutos para Manu Chao.

Amenaza de huelga general

El tono festivo ha contrastado con las declaraciones de los líderes sindicales que han alertado desde un principio de que la huelga general está más cerca cada día.

El secretario general de CCOO en Cataluña, Joan Carles Gallego, ha instado al Gobierno a "tomar nota" de la incidencia de la huelga y de la asistencia a las manifestaciones convocadas y "recupere el diálogo" con los sindicatos, de manera que se reconduzcan las medidas tomadas para reducir el déficit fiscal del Estado.

Gallego ha advertido además de que el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, será el único responsable de una eventual convocatoria de huelga general contra los recortes sociales y de salarios ya que, con su actitud, "es el único que puede convocarla".

Por su parte, el secretario general de UGT de Cataluña, Josep Maria Àlvarez, ha utilizado también la convocatoria de una posible huelga general para instar al Gobierno a responder a las demandas de los trabajadores y a no dejarse tentar "por seguir avanzando en la línea del despido libre".

En esta línea, ha asegurado que "si la reforma laboral que se está preparando es lesiva para los trabajadores, la huelga general está servida".

Entre las pancartas que portan los funcionarios y empleados públicos que han respondido a la convocatoria de los sindicatos se leen algunas pidiendo la dimisión de Zapatero y llamándole mentiroso y otras como "No falta dinero. Sobran chorizos".

El Sindicato Unificado de Policía lleva otra pancarta en la que se lee "Vaselina. Talante. No te va a doler nada, nada, nada. Zapatero, embustero".

El escaso seguimiento de la huelga de funcionarios debilita a los sindicatos

La huelga general de funcionarios celebrada ayer contra el primer recorte de salarios públicos de la historia quedó muy lejos de paralizar el país. El seguimiento, obviando los servicios mínimos, basculó entre el 75% para los sindicatos convocantes y el 11% según el Gobierno. Fue la primera contestación que sufre el Ejecutivo de Zapatero y un primer paso de lo que puede llegar con la reforma laboral que abarate el despido.

El escaso seguimiento de la huelga de funcionarios debilita a los sindicatos. El escaso seguimiento de la huelga de funcionarios debilita a los sindicatos - PABLO MONGE

  • Toxo y Méndez acusan al Gobierno de "maquillar" los datos y amenazan con una huelga general

Juande Portillo - Madrid - 09/06/2010

Todos los servicios públicos funcionan con absoluta normalidad". Esta afirmación, repetida por unos y por otros durante la huelga general de empleados públicos de ayer, fue la única en la que coincidieron sindicatos y Gobierno. A partir de ahí, los primeros lo achacaron a la profesionalidad de los trabajadores y a los amplios servicios mínimos aprobados. Por su parte, el Ejecutivo lo imputó al débil seguimiento de la huelga general convocada contra el primer recorte de salarios públicos de la democracia.

Las diferencias de valoración continuaron, como es habitual, en torno a las cifras de seguimiento. CC OO y UGT aseguraron que la convocatoria fue asumida por el 75,3% de los empleados públicos. La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, rebajó el dato hasta el 10,9% en la Administración Central del Estado. Por su parte, el sindicato de funcionarios CSI-CSIF mantuvo el seguimiento nacional en torno al 60%. En todos los casos, a los 2,6 millones de funcionarios se les restó el personal de los servicios mínimos. "El Gobierno siempre dice que son menos, porque para eso les pagan", argumentó el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Enrique Fossoul, quién aseveró que el paro fue "un éxito rotundo". Fuentes sindicales reconocieron, sin embargo, que sus cifras podían ser algo precipitadas, que el colectivo tiene poco músculo en las calles, y que muchos funcionarios no quisieron añadir un día más de salario a la pérdida media del 5%.

Fossoul, Julio Lacuerda, de UGT, y Domingo Fernández, de CSI-CSIF, se manifestaron por la mañana junto a dos millares de empleados públicos -en su mayoría miembros de alguno de los sindicatos- frente al Ministerio de Economía. "Es el que nos quita el dinero", matizaba Fossoul. Unos actos de protesta que se repitieron por todo el país frente a las delegaciones de Gobierno. Especial incidencia tuvo la de Barcelona, celebrada a las puertas del Palau de la Generalitat, sede del Ejecutivo catalán, donde acudieron entre 30.000 y 70.000 manifestantes.

Servicios mínimos

Aunque en todo momento el país estuvo lejos de quedar paralizado por la huelga, la incidencia de los paros fue mayor en la madrugada del martes. El propio Gobierno elevó al 16% el seguimiento detectado en los turnos nocturnos. Una cifra que rondaba el 80% en el recuento de las centrales.

La mayoría de los servicios de esta franja, destacaron desde CC OO, funcionaron sólo con los servicios mínimos. Una tónica que se repitió todo el día en Correos y entre el personal de prisiones, según las centrales. Eso sí, los servicios mínimos fueron "abusivamente altos" para lo que viene siendo habitual, según denunciaron. Durante la jornada, la Sanidad fue uno de los sectores con mayor respuesta al llamamiento sindical. El 65% del personal decidió no acudir a su puesto de trabajo. Aún superior, contabilizaban en Comisiones Obreras, fue la participación en la huelga registrada en Educación, que ascendió al 70%. Un porcentaje rebajado en primaria, donde rondó el 60%, que ascendía según el nivel formativo hasta el 90% de seguimiento en las universidades.

El efecto de la huelga se vio moderado, no obstante, por la práctica ausencia de paros en los transportes. El personal de muchos de éstos, al ser servicios gestionados mayoritariamente por empresas, no ha visto reducido su salario.

Los responsables sindicales de la función pública centraron las protestas en torno al recorte salarial medio del 5% que el Gobierno ha impuesto a los funcionarios tras pactar con ellos un incremento de sueldo del 0,3% para 2010. Pese a que ellos rechazaron esta lectura, muchos vivieron las concentraciones de ayer como un aviso previo de lo que puede ser la huelga general anunciada si la reforma laboral que se aprueba la próxima semana resulta "lesiva para los derechos de los trabajadores".

Este guante fue recogido por los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, Ignacio Fernández Toxo, de CC OO, y Cándido Méndez, de UGT. Éstos advirtieron ayer al Ejecutivo de las consecuencias de dejarse guiar por el capricho de los mercados y por las presiones de la Unión Europea. Ambos protagonizaron la principal protesta del día, que discurrió en la tarde de ayer por los escasos dos kilómetros que separan la madrileña fuente de Cibeles del Ministerio de Economía, situado junto a la Puerta del Sol. Toxo recriminó al Gobierno que haya "maquillado" el efecto de la huelga y que la calificara de tener un "alcance limitado". El líder sindical argumentó como muestra que las protestas de la tarde fueron "multitudinarias" -65.000 asistentes según CC OO- pese al "contexto hostil", en referencia al fuerte aguacero que cayó en Madrid y que obligó incluso a acelerar los discursos. Por eso invitó al Ejecutivo a "tomar muy buena nota" de la respuesta ciudadana, "ya que puede ser el principio de muchas cosas", dijo en cuanto a la posibilidad de convocar una huelga general. "Una reforma laboral impuesta provocará otro conflicto", secundó Méndez. El próximo paso, recordaron, será llevar el recorte salarial aplicado a los funcionarios públicos ante los Tribunales.

Mientras tanto el presidente de la CEOE recalco ayer que "el país no está para huelgas". Gerardo Díaz Ferrán, se reune hoy con Toxo, Méndez y Corbacho en el último intento tripartito por pactar la reforma laboral.

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