'No falta dinero, sobran chorizos'
Foto: Quique García | Vídeo: Efe
Algunas pancartas presentes en la marcha. | Quique García
- Los sindicatos cifran en unos 70.000 los asistentes a la marcha
- Las amenazas de huelga general toman protagonismo desde el inicio
Héctor Marín | Efe | Barcelona
Un ruido atronador que podría competir con el del motor del avión ha dado salida a la manifestación en torno a las 12 del mediodía contra los recortes salariales en las empresas publicas. Para ese momento los accesos a la calle Pelayo por la plaza Universidad estaban ya colapsados. Los sindicatos cifran en 70.000 los asistentes a la marcha.
Y es que por allí han desfilado funcionarios de Educación, Salud, Correos, Justicia, de los diferentes cuerpos de policía, Ferrocarrils de la Generalitat, y también Bomberos, que llevaban un monigote disfrazado de bombero. Los policías llevaban un cartel "si llego a oler esto, oposito para la ONCE", con la foto de un perro policía.
Los manifestantes usan bocinas, silbatos y trompetas y petardos, lo que aumenta la temperatura ya alta de por sí en la ciudad de Barcelona. El principal blanco de las críticas es el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, han pedido su dimisión algunos manifestantes que le llaman "trapacero" en algunos carteles en que le dibujan con una nariz tan larga como la de Pinocho. Ha habido también llamadas a la huelga general y se han coreado consignas como "Manos arriba esto es un atraco", o "Recorte ni de coña".
Algunos funcionarios comentaban que habría sido más conveniente prevenir que llegar ahora al extremo de quitarles un 5% de sus sueldos. A otros se les veía muy informados y planteaban que lo que se tenía que recortar, en lugar de los pensiones y salarios de funcionarios, lson "os beneficios de los bancos las sdubvenciones a los amigos ricos, la acumulación de cargos, los asesores ineptos y los políticos corruptos". Entre las pancartas más llamativas, una ilustrada con una foto de Millet sobre fondo verde que dice "no falta dinero, sobran chorizos". La Federación de pensionistas de CCOO, unos 40 jubilados con una gorra roja, señalan que están allí "por una jubilación digna". También se veía a muchos padres con sus hijos, aprovechando que era día festivo en algunas escuelas. El tono reivindicativo de la protesta se combina con el más festivo que dan carrozas que expulsan música combativa con muchos minutos para Manu Chao.
Amenaza de huelga general
El tono festivo ha contrastado con las declaraciones de los líderes sindicales que han alertado desde un principio de que la huelga general está más cerca cada día.
El secretario general de CCOO en Cataluña, Joan Carles Gallego, ha instado al Gobierno a "tomar nota" de la incidencia de la huelga y de la asistencia a las manifestaciones convocadas y "recupere el diálogo" con los sindicatos, de manera que se reconduzcan las medidas tomadas para reducir el déficit fiscal del Estado.
Gallego ha advertido además de que el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, será el único responsable de una eventual convocatoria de huelga general contra los recortes sociales y de salarios ya que, con su actitud, "es el único que puede convocarla".
Por su parte, el secretario general de UGT de Cataluña, Josep Maria Àlvarez, ha utilizado también la convocatoria de una posible huelga general para instar al Gobierno a responder a las demandas de los trabajadores y a no dejarse tentar "por seguir avanzando en la línea del despido libre".
En esta línea, ha asegurado que "si la reforma laboral que se está preparando es lesiva para los trabajadores, la huelga general está servida".
Entre las pancartas que portan los funcionarios y empleados públicos que han respondido a la convocatoria de los sindicatos se leen algunas pidiendo la dimisión de Zapatero y llamándole mentiroso y otras como "No falta dinero. Sobran chorizos".
El Sindicato Unificado de Policía lleva otra pancarta en la que se lee "Vaselina. Talante. No te va a doler nada, nada, nada. Zapatero, embustero".
La huelga general de funcionarios celebrada ayer contra el primer recorte de salarios públicos de la historia quedó muy lejos de paralizar el país. El seguimiento, obviando los servicios mínimos, basculó entre el 75% para los sindicatos convocantes y el 11% según el Gobierno. Fue la primera contestación que sufre el Ejecutivo de Zapatero y un primer paso de lo que puede llegar con la reforma laboral que abarate el despido.
El escaso seguimiento de la huelga de funcionarios debilita a los sindicatos. El escaso seguimiento de la huelga de funcionarios debilita a los sindicatos - PABLO MONGE
- Toxo y Méndez acusan al Gobierno de "maquillar" los datos y amenazan con una huelga general
Juande Portillo - Madrid - 09/06/2010
Todos los servicios públicos funcionan con absoluta normalidad". Esta afirmación, repetida por unos y por otros durante la huelga general de empleados públicos de ayer, fue la única en la que coincidieron sindicatos y Gobierno. A partir de ahí, los primeros lo achacaron a la profesionalidad de los trabajadores y a los amplios servicios mínimos aprobados. Por su parte, el Ejecutivo lo imputó al débil seguimiento de la huelga general convocada contra el primer recorte de salarios públicos de la democracia.
Las diferencias de valoración continuaron, como es habitual, en torno a las cifras de seguimiento. CC OO y UGT aseguraron que la convocatoria fue asumida por el 75,3% de los empleados públicos. La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, rebajó el dato hasta el 10,9% en la Administración Central del Estado. Por su parte, el sindicato de funcionarios CSI-CSIF mantuvo el seguimiento nacional en torno al 60%. En todos los casos, a los 2,6 millones de funcionarios se les restó el personal de los servicios mínimos. "El Gobierno siempre dice que son menos, porque para eso les pagan", argumentó el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Enrique Fossoul, quién aseveró que el paro fue "un éxito rotundo". Fuentes sindicales reconocieron, sin embargo, que sus cifras podían ser algo precipitadas, que el colectivo tiene poco músculo en las calles, y que muchos funcionarios no quisieron añadir un día más de salario a la pérdida media del 5%.
Fossoul, Julio Lacuerda, de UGT, y Domingo Fernández, de CSI-CSIF, se manifestaron por la mañana junto a dos millares de empleados públicos -en su mayoría miembros de alguno de los sindicatos- frente al Ministerio de Economía. "Es el que nos quita el dinero", matizaba Fossoul. Unos actos de protesta que se repitieron por todo el país frente a las delegaciones de Gobierno. Especial incidencia tuvo la de Barcelona, celebrada a las puertas del Palau de la Generalitat, sede del Ejecutivo catalán, donde acudieron entre 30.000 y 70.000 manifestantes.
Servicios mínimos
Aunque en todo momento el país estuvo lejos de quedar paralizado por la huelga, la incidencia de los paros fue mayor en la madrugada del martes. El propio Gobierno elevó al 16% el seguimiento detectado en los turnos nocturnos. Una cifra que rondaba el 80% en el recuento de las centrales.
La mayoría de los servicios de esta franja, destacaron desde CC OO, funcionaron sólo con los servicios mínimos. Una tónica que se repitió todo el día en Correos y entre el personal de prisiones, según las centrales. Eso sí, los servicios mínimos fueron "abusivamente altos" para lo que viene siendo habitual, según denunciaron. Durante la jornada, la Sanidad fue uno de los sectores con mayor respuesta al llamamiento sindical. El 65% del personal decidió no acudir a su puesto de trabajo. Aún superior, contabilizaban en Comisiones Obreras, fue la participación en la huelga registrada en Educación, que ascendió al 70%. Un porcentaje rebajado en primaria, donde rondó el 60%, que ascendía según el nivel formativo hasta el 90% de seguimiento en las universidades.
El efecto de la huelga se vio moderado, no obstante, por la práctica ausencia de paros en los transportes. El personal de muchos de éstos, al ser servicios gestionados mayoritariamente por empresas, no ha visto reducido su salario.
Los responsables sindicales de la función pública centraron las protestas en torno al recorte salarial medio del 5% que el Gobierno ha impuesto a los funcionarios tras pactar con ellos un incremento de sueldo del 0,3% para 2010. Pese a que ellos rechazaron esta lectura, muchos vivieron las concentraciones de ayer como un aviso previo de lo que puede ser la huelga general anunciada si la reforma laboral que se aprueba la próxima semana resulta "lesiva para los derechos de los trabajadores".
Este guante fue recogido por los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, Ignacio Fernández Toxo, de CC OO, y Cándido Méndez, de UGT. Éstos advirtieron ayer al Ejecutivo de las consecuencias de dejarse guiar por el capricho de los mercados y por las presiones de la Unión Europea. Ambos protagonizaron la principal protesta del día, que discurrió en la tarde de ayer por los escasos dos kilómetros que separan la madrileña fuente de Cibeles del Ministerio de Economía, situado junto a la Puerta del Sol. Toxo recriminó al Gobierno que haya "maquillado" el efecto de la huelga y que la calificara de tener un "alcance limitado". El líder sindical argumentó como muestra que las protestas de la tarde fueron "multitudinarias" -65.000 asistentes según CC OO- pese al "contexto hostil", en referencia al fuerte aguacero que cayó en Madrid y que obligó incluso a acelerar los discursos. Por eso invitó al Ejecutivo a "tomar muy buena nota" de la respuesta ciudadana, "ya que puede ser el principio de muchas cosas", dijo en cuanto a la posibilidad de convocar una huelga general. "Una reforma laboral impuesta provocará otro conflicto", secundó Méndez. El próximo paso, recordaron, será llevar el recorte salarial aplicado a los funcionarios públicos ante los Tribunales.
Mientras tanto el presidente de la CEOE recalco ayer que "el país no está para huelgas". Gerardo Díaz Ferrán, se reune hoy con Toxo, Méndez y Corbacho en el último intento tripartito por pactar la reforma laboral.
El capo colombiano capturado en Bogotá será juzgado en España con 6 clanes gallegos.
Marlaska pidió su extradición como proveedor de cocaína a familias históricas como Baúlos, Charlines, Oubiñas y Viriatos en la "Operación Destello".
LA DEFENSA DE NÚÑEZ Y NAVARRO. INFORME FINAL.
LXII. JUICIO A LA CORRUPCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE BARCELONA.
Rafael del Barco Carreras
Sesión 7-06-10. Antes de entrar en la sala escribí y pegado en Internet mi comentario titulado “Reforma laboral o reforma de la función pública. Corrupción vertical y transversal”. Leído y releído me pareció demasiado demagógico y sin duda inútil, los político-funcionarios que han arruinado España, si siguen entrando euros para mantenerse en el machito, ni admitirán su fracaso ni dejarán la política de la que viven de maravilla. Dicho y escrito, al salir de la sala del juicio, me achaqué excesiva prudencia utilizando adjetivos.
Los Núñez y Navarro, hubieran sido más ricos (ni la gran crisis o fraude inmobiliario actual les ha tumbado como a la mayoría de sus colegas inmobiliarios) e indiscutiblemente no se hubieran sentado, padre e hijo, en ese banquillo, tras años de inspecciones en su empresa, casi 50 por los años 90, de otros tantos inspectores, si la FUNCIÓN PÚBLICA , en este caso la Ley y su práctica en Hacienda, no hubiera flotado en una charca de porquería. Lo de la alcantarilla de Montilla, no me parece suficiente. El panal de rica miel del triunfador, un tanto desclasado, encima presidente del Barça durante 23 años, sin achuchar catalanismos, atrajo abejorros y la clásica envidia. Ignoro si agredieron el Código Penal, pero el Código Social al uso, de lleno.
El defensor Cristóbal Martell, hilvanó un buen discurso inicial; exposición de sus tesis contra las de las acusaciones, Fiscalía Anticorrupción y Abogacía del Estado, sin florituras, directo al grano. No admitía ninguna de las acusaciones. Los Núñez no estaban invitados a esa boda, dijo; el gran y corrupto desfalco, donde aparece TODO EL ARCO PÚBLICO (añado yo) De la Rosa-KIO, el proceso y juicio en Londres, del que pegando y cortando, dentro del mejor estilo corrupto español, se construye este caso y sumario. No utilizó el símil informático de cortar y pegar, pero más o menos. Y en este caso, añadió, el juicio oral permite enderezar argumentos que repitiéndose se han convertido en “fraudes de ley”, “ilícitos”, “anomalías bastardas”, cuando formaban parte de la legalidad de las operaciones entre empresas del grupo, operaciones perfectamente legales.
Observé que centró no solo el interés de jueces y presentes, sino que despertó sonrisas de afecto, y es que el pastel preparado no ya por Anticorrupción sino por la Gran Corrupción Pública, provoca el asco de la sonrisa. !Cuidado! repito, y no para librarme de alguna querella, los profesionales actuantes de fiscalía y abogacía del Estado, cumplieron durante el juicio con su cometido de acuerdo al guión que les marcaron, pero ese guión lo escribieron o inspiraron verdaderos cretinos.
No me cabe duda que nadie metido por la fuerza de las circunstancias en esa charca oficial, acabe en el “si o sí” (culpable a la fuerza) que utilizó Martell entrando ya en la defensa de las, para mí y cualquiera, enrevesadas operaciones de los Núñez y Navarro, las compraventas entre empresas del grupo. Pero como bien argumentó, eran operaciones con luz, taquígrafos, escrituras públicas e inspeccionadas por hasta unos 50 inspectores, que en algunos casos cuestan fiscalmente más que planteadas de cualquier forma.
La defensa se adentraba en cada una de las tan repetidas operaciones, sin olvidarse de los dos pisos vendidos a los inspectores de Hacienda, y complacido por una línea de defensa coincidente con mis escritas opiniones, aprovechando el descanso, me fui.
Los '100 economistas' piden que la reforma laboral no sea un parche.
El decreto que prepara el Gobierno debería abordar la negociación colectiva
LUIS DONCEL - Madrid - 08/06/2010
El grupo de expertos que reclamó un contrato único se pronuncia ahora sobre la reforma laboral que prepara el Gobierno. Y lo hace alarmado por el "alto riesgo" de que la modificación "defraude las expectativas y malgaste la oportunidad de adaptar nuestra regulación laboral al nuevo contexto socioeconómico".
Los promotores del Manifiesto de los 100 economistas reclaman que la reforma -"unánimemente reconocida como un elemento clave de los cambios necesarios"- no se quede en un parche y afecte a la regulación de la negociación colectiva y al sistema de contratos de trabajo "para restaurar la confianza de los mercados en el crecimiento de la economía española y para poder ofrecer oportunidades de empleo estable y de alta productividad a los trabajadores". Según los 13 profesores de universidad firmantes, es "absolutamente necesaria" una nueva regulación de la negociación colectiva. "Los convenios de ámbito superior a la empresa deben dejar de limitar las posibilidades de reorganización del trabajo entre sectores y en las empresas, a fin de elevar la productividad y evitar que las reducciones de plantilla constituyan la principal respuesta de las empresas a los cambios en sus condiciones económicas o tecnológicas", añaden.
Expertos como Juan José Dolado, Florentino Felgueroso o Luis Garicano insisten en su idea de implantar un contrato único con indemnización por despido creciente por la antigüedad para eliminar la dualidad propia del mercado laboral español, en el que algunos trabajadores (los fijos) disponen de muchos derechos, y otros (los eventuales), de muy pocos. "Los trabajadores contarían con un contrato indefinido desde el principio, mientras que los empresarios no se enfrentarían con la enorme brecha entre costes de despido de los indefinidos y de los temporales", dicen.
Los firmantes del documento también critican con matices uno de los puntos más importantes que el Gobierno aprobará el próximo día 16: la generalización del contrato con una indemnización de 33 días, frente a la habitual de 45. "La extensión del contrato indefinido de fomento del empleo es una medida menos eficaz para eliminar la dualidad. No obstante, si se optara por esta vía, no bastaría con redefinir los grupos de trabajadores a los que les es aplicable, sino que debe aplicarse a todas las nuevas contrataciones. Las exclusiones por razón de sexo, edad u otros criterios, son ineficientes y aumentan la desigualdad", señalan.
Además, los expertos piden que se iguale la indemnización de 45 días por despido disciplinario improcedente a los 33 días del contrato de fomento para el objetivo improcedente. "De lo contrario", señalan, "existe el riesgo de que, como las anteriores, esta reforma quede desvirtuada en la práctica".
Los economistas consideran también que la percepción de prestaciones por desempleo "debe vincularse estrechamente a la participación en políticas activas de reinserción y formación".
EL PP LLAMA A CONDE-PUMPIDO AL PARLAMENTO
La Fiscalía retuerce las informaciones sobre Bono para dar carpetazo al caso.
El presidente del Congreso, José Bono (Efe).
@Alberto Mendoza.- 08/06/2010 (06:00h)
La Fiscalía General del Estado no investigará a José Bono. Las decenas de informaciones periodísticas publicadas en El Confidencial, El País, La Gaceta, El Mundo o Público no pasan de ser, según el Ministerio Público de Cándido Conde-Pumpido, una expresión de “genéricas sospechas”. Así se lo ha hecho saber al Partido Popular en un escrito de respuesta al que ha tenido acceso este diario.
Los populares habían reclamado a la Fiscalía hasta en cuatro ocasiones que investigue el sospechoso y súbito enriquecimiento del presidente del Congreso, para lo que aportaron las abundantes noticias aparecidas en los medios de comunicación. Sin embargo, algunas de estas informaciones han sido malinterpretadas por el Ministerio Público y utilizadas como excusa para evadirse del caso.
Concretamente, Elvira Tejada de la Fuente, Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, alude a la exclusiva, publicada por este periódico, que reveló cómo el constructor Rafael Santamaría regaló dos caballos de competición a Bono: “Se aporta una publicación que afirma que el Sr. Santamaría regaló al Sr. Bono un caballo, pero al día siguiente el mismo diario dice que ese caballo fue pagado –especificando incluso que el pago se hizo en metálico, en billetes de 500- por el propio Sr. Bono”.
Efectivamente, el ex presidente manchego entregó 100.000 euros en billetes de 500, envueltos en papel de periódico, a un estrecho colaborador para que comprara un caballo en Francia (el Farceur du Haul). Pero la Fiscalía obvia, de forma sorprendente, que este animal se registró a nombre de Rafael Hoteles S.A. y que la factura, emitida cuatro meses después de la compra en metálico, se hizo a nombre de la citada sociedad de Rafael Santamaría. Asimismo, José Bono Rodríguez, hijo del político socialista y jinete de profesión, compitió y mantuvo en su hípica otro caballo, el Jikael de la Babette, también registrado a nombre de Rafael Hoteles.
La Fiscalía tampoco quiere que se estudien los contratos de la Junta de Castilla-La Mancha con los empresarios amigos de Bono, como Santamaría o Rafael Hernando, El Pocero. “Es evidente que requerir a un Gobierno de una Comunidad Autónoma nada menos que la documentación de todos los contratos realizados durante diez años, periodo en cuya mayor parte además Sr. Bono no tenía cargo oficial alguno en dicha Comunidad, con el mero objetivo de buscar en dichos contratos alguna irregularidad vinculada a su patrimonio que permita imputarle un delito, constituiría un caso paradigmático de inquisición general”.
Una “inquisición” sin indicios
El concepto de “inquisición” contra el presidente del Congreso se repite en el escrito del Ministerio Público para asegurar que no se puede abrir una investigación “sin indicios de comisión de un presunto delito”. Tampoco cuando el PP recuerda la doctrina sobre el cohecho pasivo impropio que el Tribunal Supremo ha aplicado con Francisco Camps, la Fiscalía considera que es aplicable. A su juicio, ni siquiera “las diversas relaciones económicas entre el Sr. Bono y D. Rafael Santamaría permite acudir, sin más, al mencionado tipo penal”.
El extraordinario incremento patrimonial de la familia Bono, o el modo en que diversas empresas pagaron las obras de su hípica, tampoco han convencido al Ministerio Público. De hecho, subraya que en España “no existe ninguna norma que tipifique por sí solo como delito el incremento patrimonial injustificado”, aunque matiza que sí existe en otros países.
Estos argumentos no han convencido al PP, que, ante la pasividad de la Fiscalía, baraja elevar el caso al Tribunal Supremo. María Dolores de Cospedal anunció ayer que su partido exigirla la comparecencia en el Congreso de Conde-Pumpido “para que dé cuenta de sus actuaciones y de la diferente forma de actuar según se trate de personas vinculadas a un partido u otro”. La secretaria general del los populares añadió que el escrito de la Fiscalía “no se refiera a la denuncia formal presentada por el PP el pasado miércoles, y que no ha sido tenida en cuenta”. Para el PP, el caso Bono no está cerrado.

