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Este año ya han sido asesinados nueve periodistas y 168 más están encarcelados

A. G. 03/05/2010 22:24

Acto organizado ayer en París por RSF.

Acto organizado ayer en París por RSF.

"El panorama de la libertad de prensa a día de hoy es desolador". Estas palabras de la presidenta de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en España, María Dolores Masana, reflejan el sentir de todos aquellos que se ocupan de preservar la libertad de información en el mundo, cada vez más amenazada en sus distintos soportes. Sólo en 2010 han sido asesinados nueve periodistas y 168 están encarcelados por su trabajo, sin contar con los 120 ciberdisidentes también entre rejas por denunciar los abusos del poder.

Coincidiendo con el Día de la Libertad de Prensa, RSF hizo pública hoy la lista de los principales 40 "predadores" que amenazan a la prensa, entre los que destacan líderes como los presidentes de Irán, Mahmud Ahmadineyad, y de China, Hu Jintao. Un año más, vuelve a aparecer la banda terrorista ETA, causante de que España figure en tan onerosa clasificación junto a estados como Eritrea, Gambia, Somalia, Colombia o Corea del Norte. "ETA es una lacra que nos mantiene en ese ominoso lugar, muy lejos del resto de países de la UE", dijo Masana. Pero España no es el único país occidental incluido en la lista, donde también figura Italia, cuyo primer ministro, Silvio Berlusconi, está "muy lejos de apoyar" a quienes denuncian la actividad de la mafia, según RSF.

Al mismo tiempo, Masana denunció que la libertad de información "se está cercenando cada vez más en Internet", donde se librará la batalla en el futuro, y puso como ejemplos de amenazas la llamada ley Sinde o el paquete Telecom de la UE.

Sensibilidad de "calabaza"

Por su parte, el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, lamentó que sus cartas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la libertad de prensa en Cuba no hayan tenido contestación y consideró que la sensibilidad del jefe del Ejecutivo español sobre estos temas es "la de una calabaza

Economía/Laboral

Un pensionista demanda a la Seguridad Social acusándola de modificar el cálculo de la pensión.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social número 5 de las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite una demanda presentada por un pensionista en la que acusa a la Seguridad Social de haber introducido un cambio normativo en el periodo de cálculo de la pensión que le ha supuesto un "quebranto económico".

La demanda ha sido dirigida contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería de la Seguridad Social en Las Palmas de Gran Canaria.

El demandante, F. V. I., denuncia que con el cambio normativo, introducido a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2010 y que modifica el apartado 1.1 del artículo 162 de la Ley General de Seguridad Social, no se computa el último mes cotizado a la Seguridad Social antes de la fecha de la jubilación, sino uno de 15 años atrás, hasta ahora fuera del periodo de cálculo.

Así, el demandante expone que se ha variado la redacción anterior, de forma que en vez de tenerse en cuenta los 180 meses "inmediatamente anteriores a aquel en que se produzca el hecho causante" se tomarán en consideración los 180 meses inmediatamente anteriores "al mes previo al del hecho causante".

F.V.I especifica así que ha sufrido un "quebranto económico de por vida respecto a la situación [normativa] vigente a 31 de diciembre de 2009".

El demandante cotizó 38 años y 6 meses, y el 2 de enero de 2009, al cumplir los 65 años (superando ya en más de 1 año y medio los 35 necesarios para alcanzar el 100% de la base de cotización), decidió voluntariamente seguir en activo con la intención de "revalorizar su pensión al máximo" jubilándose el 2 de enero de 2010.

"Es un hecho contrastado que en el presente supuesto, si este demandante se hubiera jubilado el día 2 de diciembre de 2009 con la normativa anterior, hubiera gozado de la misma pensión que ahora se le reconoce jubilándose un mes después, esto es, en enero de 2010. Es decir, no le ha servido en absoluto a los efectos de obtener una mayor pensión, cotizar y trabajar el mes de diciembre por entero. Para eso se hubiera quedado en su casa, descansando y disfrutando de su merecidísima pensión", asegura la demanda.

Además, la demanda a la que ha tenido acceso Europa Press razona que el cambio normativo "carece de motivación y razonamiento alguno, amén de producirse y publicarse el día 23 de diciembre de 2009, hurtando de facto la capacidad de decisión de este interesado a los efectos de dejar de trabajar o no cotizar dicho mes de diciembre, pues, a la vista queda, que a menos que le sea reconocida su cotización, no le ha servido de nada".

TRABAJO SE EXPLICA.

Fuentes de la Seguridad Social consultadas por Europa Press reconocieron que sí se introdujo un cambio normativo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos por el que no se contabiliza el último mes sino un mes por delante de 15 años atrás.

Las fuentes consultadas explicaron que dicho cambio obedece al desarrollo de la Administración electrónica y que con él se pretende ahorrar un trámite administrativo a los pensionistas. Asimismo, precisaron que se consultó con los agentes sociales y se hizo un estudio para analizar las ventajas y desventajas de la medida.

El resultado de dicho estudio, señalaron las fuentes, fue que en la gran mayoría de los casos esta modificación resultaba indiferente o incluso beneficiaba a los pensionistas, mientras que sólo en unos pocos supuestos era perjudicial.

ACORDO COMISIÓN ASUNTOS EUROPEOS 04/05/2010

08/PNC-0136 (3354)

“O Parlamento de Galicia insta ao Goberno da Xunta a:

1. Someter ao Comité das Rexións da Unión Europea a aprobación dun acordo para que as institucións europeas revisen as decisións adoptadas no ámbito do chamado “chequeo médico” da Política Agraria Común en relación co sector lácteo referidas á fin dos mecanismos de regulación do mercado e da produción de lácteos así como da decisión de incrementos lineais de cota en todos os Estados membros que comporta esa “aterraxe suave” no escenario do 2015.

2. Apoiar unha PAC dotada con suficientes fondos, caracterizada pola utilización de criterios de cohesión social e territorial, respectuosa co medio ambiente e esixente coa seguridade e calidade alimentaria, e na que as axudas se manteñan vinculadas ao mantemento da actividade agrogandeira.

3. Dotar un fondo lácteo coa suficiente consignación orzamentaria destinado a aquelas explotacións con vontade de permanencia e viables, especialmente ás que realizaron un esforzo económico no pasado para o seu dimensionamento, e que sitúe ás explotacións galegas nun eventual escenario sen continxentación en igualdade de condicións para competir nese novo escenario.

4. Impulsar normativas destinadas a mellorar a regulación da conformación do prezo do leite no mercado, revisando a normativa en materia de competencia, avanzando na regulamentación dos contratos homologados para dotar de capacidade de negociación aos produtores, co obxectivo de mellorar as rendas dos gandeiros e das gandeiras e evitar o abandono e o peche de explotacións.

5. Remitir este acordo ao Goberno do Estado para que defenda, naqueles foros nos que ostenta a representación dos intereses do Estado estas mesmas premisas en relación coa política agraria común.”

Hoy comienza a implantarse la Nueva Oficina Judicial para 'agilizar' los tribunales

  • Para el ministro de Justicia es una 'auténtica transformación funcional'
  • Se grabarán las vistas y se utilizará la firma electrónica
  • Los secretarios judiciales reclaman mejorar su situación económica

Este martes, 4 de mayo, comienza la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial con la entrada en vigor de la reforma de las leyes procesales, que se implantará de manera progresiva y cuya finalidad es agilizar y modernizar la Administración de Justicia, además de mejorar la calidad del servicio que se presta al ciudadano, según informó el lunes el Ministerio.

El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, de implantación mayoritaria en este cuerpo, denunciaron el pasado jueves que la Nueva Oficina Judicial retrasaría su implantación hasta al menos octubre o noviembre de este año, a pesar de estar anunciada para mañana. Lo que entra en vigor, según los secretarios judiciales, es la reforma procesal, pero no la Nueva Oficina, tal y como aparece diseñado en la Ley.

El Colegio propone a todos los secretarios, con independencia de su afiliación, que este martes envíen faxes al Ministerio de Justicia de peticiones de medios, así como el compromiso del ministro, Francisco Caamaño, "de un reconocimiento futuro, económico, profesional y efectivo de los secretarios judiciales ante la asunción de las nuevas funciones y responsabilidades".

Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, señaló mediante un comunicado de su Ministerio que "este nuevo modelo hará real una Administración de Justicia homologable, en su vertiente de servicio público esencial, a otros servicios públicos avanzados". Además, según Justicia se trata de "una auténtica transformación funcional que, asimismo, incorporará las modernas tecnologías de la información y la comunicación".

Una ruptura con la configuración clásica

En este sentido, el Ministerio asegura que la Nueva Oficina Judicial supone una ruptura con la configuración clásica de oficina o secretaría independiente y sin conexión con las demás para configurarse en dos unidades básicas de trabajo: la unidad procesal de apoyo directo y los distintos servicios comunes.

La distribución de competencias entre jueces, tribunales y los secretarios judiciales, "a fin de dotar de seguridad jurídica al sistema", responde a las recomendaciones del Consejo de Europa, que insta a descargar a los jueces del ejercicio de tareas no estrictamente jurisdiccionales.

Esta nueva distribución de competencias, "realizada con el máximo respeto al ejercicio de la potestad jurisdiccional de jueces y tribunales", pretende descargar a éstos de toda tarea que puedan asumir perfectamente los secretarios judiciales. "No afectará a los derechos de los ciudadanos, sino que agilizará la Administración de Justicia y mejorará la calidad del servicio público que se presta", subraya Justicia.

Como medidas concretas a raíz de la entrada en vigor de la nueva Ley, figuran la grabación de las vistas, que sustituye a la presencia del secretario judicial en la Sala. Se prevé la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad en la grabación de las vistas, audiencias y comparecencias, de forma que quede garantizada la autenticidad e integridad de lo grabado.

Documento electrónico

Así, se establece que el documento electrónico que contenga la grabación, siempre que incorpore la firma electrónica reconocida del secretario judicial, constituirá el acta a todos los efectos.

Para continuar con el proceso de modernización tecnológica de la Administración de Justicia, se introduce la posibilidad de que la publicidad en los boletines oficiales sea sustituida, en los términos que reglamentariamente se determinen, por la utilización de medios telemáticos, informáticos o electrónicos.

La Ley también modifica la regulación de las subastas judiciales para permitir que, bajo la dirección del secretario judicial, puedan efectuarse pujas electrónicas, siempre que se cuente con los medios técnicos para ello. De esta manera, la participación en las subastas judiciales podrá realizarse a través de internet, sin requerir la presencia física obligatoria de los intervinientes en una Sala.

Con ello, además, se evita la discriminación, puesto que hay más participación, se fomentan la transparencia y la publicidad, se obtienen mejores precios y se evitan los pactos entre dos personas para perjudicar a terceros.

Aligerar la carga de los jueces

Se concretan las competencias procesales del Cuerpo de Secretarios Judiciales, configurado como un cuerpo superior jurídico del Estado, de modo que, salvo los supuestos en que una toma de decisión procesal pudiera afectar a la función estrictamente jurisdiccional, se ha optado por atribuir la competencia del trámite de que se trate al secretario judicial. De este modo, se garantiza que el juez o tribunal pueda concentrar sus esfuerzos en la labor que le atribuyen la Constitución y las leyes como función propia y exclusiva: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Así también se aligerará de carga a jueces y magistrados para que puedan dar respuesta más rápida a los conflictos. En particular, en materia de ejecución civil los secretarios judiciales llevarán a efecto la ejecución, salvo aquellas competencias que exceptúen las leyes procesales por estar reservadas a jueces y magistrados.

Lydia Lozano y Lara Rodríguez

¿Vendetta entre dos viejas conocidas?

Lara Rodríguez: "Angela Portero engañó a Lydia Lozano con el 'Caso Ylenia'"

¿Ángela Portero le tendió una trampa a la "ingenua" Lydia Lozano con las famosas fotos de Ylenia (la hija desaparecida de Albano y Romina Power) paseando por Santo Domingo? Eso ha asegurado Lara Rodríguez, una ex asistente de Carmina Ordóñez, en un cara a cara con la periodista Lydia Lozano que ha revolucionado Sálvame Deluxe. Según Lara Rodríguez, Portero decidió quedarse con la silla que Lozano ocupaba en Salsa Rosa y elaboró una trama para desacreditar a Lydia:
  • "Yo definiría a Portero como Maquiavelo, urdiendo tramas. Esta señora, por llamarla de alguna manera, ha sido muy vengativa con las personas que le rozan un pelo. Creó varias tramas y una de ellas fue para desacreditar a Lydia”.

PERICIALES IBUSA, EDUARDO BUENO FERRER

LV. JUICIO A LA CORRUPCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE BARCELONA.

Rafael del Barco Carreras

4-05-10. Confirmando el título del artículo anterior, “el juicio de nunca acabar”, adjunto en www.lagrancorrupcion.blogspot.com el acta oficial de la sesión de fecha 20 de abril de 2010 sobre las periciales Ibusa, propiedad de Eduardo Bueno, del que ya dejé referencia en el artículo V de esta serie, que también adjunto. Al acta se deberían unir las grabaciones en cinta y video, pero de por si describe el porqué de la pesada lentitud del juicio.

Digo, después de tanto oído en el juicio, y sin poderme tachar de demagogo o demasiado progre, que a quien se debería juzgar es al Estado y su Ministerio de Hacienda por crear unas leyes y su práctica donde la arbitrariedad convierte en simples extorsionadores a sus funcionarios, y a los presuntos sobornadores, los empresarios, en chantajeados. Y aun ese principio merece aclararse.

Es evidente por mis 50 escritos que mis simpatías por los acusados es nula, sobre los condenados en otros juicios hasta he suprimido el presunto culpable, pero quién les reclama dinero y cárcel, el Estado Español, lo diré vulgar y suave, no jugó limpio, cartas marcadas, juez y parte, me lo guiso y me lo como, y además protegiendo a unos indiscutibles culpables, en principio la cúpula de Hacienda. En el caso Javier de la Rosa, sin duda alguna. Un Poder, el del Estado, demasiado absoluto, tan arbitrario como sus funcionarios juzgados.

Cualquier Estado para crear e imponer el DELITO FISCAL debería legitimar su DEMOCRACIA con la estricta división de sus PODERES, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. De lo contrario, caso España, y sobre lo debido al propio Estado cualquier actuación judicial es cuanto mínimo sospechosa no solo de seleccionar culpables sino de partidismo político.

Quizá los hay que se merecen los años de cárcel porque jugaron con ese Poder, con sus mismas cartas marcadas, a lo mafioso, LA GRAN CORRUPCIÓN, pero la mayoría de los presuntos culpables obedecían o aprovechaban, obligados en defensa de sus empresas, las circunstancias que les envolvieron.

Tanto es así que los varios peritos de Hacienda, propuestos por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, en altos cargos en la actualidad, han repetido hasta la saciedad que aquella Hacienda, su organigrama y métodos, no se parece en nada a la actual. Ignoro si es así, pero lo hemos oído repetidamente. Citan la Ley del 95 e innumerables disposiciones anteriores y posteriores. Un laberinto mortal o imposible telaraña.

Puede que con tanto repetir se solidifiquen las acusaciones de Fiscalía, pero lo que queda claro sin el “puede” es que faltan en el banquillo desde el Delegado de Hacienda Ernesto Aguiar y Josep Borrell hacia arriba, y que sin ellos no se puede juzgar lo actuado bajo sus órdenes, condescendencia o directos pactos. Faltan pruebas comprobando talones (prescrita la entrega por parte bancaria ¿¿??) y demasiado dinero en efectivo sin más comprobación que señalar a los sentados en el banquillo. Sin entrar en la nebulosa en que quedará DIAGONAL MAR, recalificaciones, la extraña personalidad, existencia y muerte, de John Rosillo, el propio Javier de la Rosa y sus repartos a toda altura y de todos los colores, etc.etc.

No es suficiente. Pretender culpabilidad demostrando una ínfima parte de aquella GRAN CORRUPCIÓN, por muy probada que parezca, es más una mascarada que un juicio.

Y con ello no acuso al Tribunal, ni siquiera a la actual Fiscalía Anticorrupción, heredera de un sumario sospechoso por mutilado, con prescripciones y exclusiones decididas hace años, enorme a propósito para demorarlo, prescribirlo o anularlo, engorroso en las pruebas aportadas, enmascarando más que aclarando, revolviendo acusados sin nexo, y alguno no me cabe duda, sin culpa ni ganancia.

Tras el acta añado el artículo sobre IBUSA de septiembre pasado.

El Gobierno dice que los conductores se ahorrarán 7,2 millones de euros y de 3,6 millones horas en concepto de desplazamientos

EUROPA PRESS

A partir de mañana ya no será necesario ir a Tráfico para renovar el carné de conducir, ya que las tasas que hay que pagar para hacerlo se podrán abonar en los propios centros en los que se supere el examen psicotécnico, según consta en el nuevo Reglamento de Centros de Reconocimiento que entra en vigor este lunes.

Con esta modificación, el mismo día que se apruebe el examen psicotécnico para renovar la licencia, si se tiene carné y no se ha agotado el saldo de puntos, el centro dará un documento provisional al usuario para que pueda seguir conduciendo durante 90 días hasta que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre envíe el carné definitivo al domicilio.

Hasta ahora, eran los conductores los que tenían que ir a Tráfico a pagar las tasas, aunque algunos centros ofrecían el servicio de desplazarse ellos mismos hasta Tráfico a cambio de una compensación económica. Con el nuevo cambio, todo se podrá hacer por vía telemática, así que, en teoría, los centros conectados a la DGT no tendrían por qué cobrar una cantidad adicional por este trámite.

Además, los centros de reconocimiento tendrán que remitir por vía telemática al Registro de Conductores e Infractores los historiales clínicos en los que se apoyan los informes de aptitud psicofísica al momento de realizar el examen, por lo que el Gobierno podrá constatar que los informes son el resultado de "una exploración completa del estado de salud del afectado".

El nuevo reglamento, que llevaba varios años pidiendo el sector, termina con la dispersión normativa que existe en la actualidad sobre esta materia y simplifica los trámites administrativos que conlleva la exigencia del informe de aptitud psicofísica para poder obtener los permisos y licencias de conducción.

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