ABC La generalización de la mediación permitirá que los juzgados se centren en los asuntos más graves
Descongestionar los juzgados sobresaturados y liberarlos de los pleitos menores, agilizar la resolución de las causas y abaratar los litigios. Éstos son los principios rectores de la Ley de Mediación de Derecho Privado cuyo anteproyecto será aprobado en breve por el Consell y remitido a las Cortes.
El texto legal pretende fomentar la mediación como alternativa a la judicialización de determinados asuntos para que los litigantes resuelvan sus diferencias y, con la ayuda de un mediador, lleguen a una acuerdo de manera negociada sin que se precise la intervención del juez.
Se trata, dice la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, de un «instrumento eficaz, rápido y menos agresivo de solución de conflictos entre ciudadanos que, además, permitirá reducir el enorme volumen de trabajo de nuestros órganos judiciales». La Generalitat se convertirá así en el segundo Ejecutivo regional que desarrolla la mediación más allá del ámbito familiar. Sólo Cataluña ha dado ya ese paso.
Con la nueva ley, la mediación, que ahora se aplica en los asuntos relacionados con el Derecho de Familia, se hará extensiva al ámbito del Derecho Privado y servirá para resolver pleitos de índole civil -aquellos que se dan en la relación entre particulares- y mercantil. La mediación, apunta De León, es un procedimiento especialmente indicado para solucionar de manera «económica y rápida» conflictos vecinales y discrepancias en el seno de asociaciones, fundaciones o cualquier otra entidad en las que los litigantes están condenados a entenderse y a mantener la relación. «Es más probable que los acuerdos resultantes de la mediación se cumplan voluntariamente y también que preserven una relació amistosa entre las partes», subraya la consellera.
Solución en dos meses
El recurso de las partes en conflicto a la mediación en lugar de a la Justicia es siempre voluntario. Se trata, según se recoge en el borrador de la ley, de una solución más rápida y barata que los juicios ya que se fija un plazo máximo de dos meses para que se alcance el acuerdo buscado a través del mediador.
Para ser mediador se requiere ser licenciado en Derecho, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Trabajo Social, Educación Social o Relaciones Laborales, tener una formación específica e inscribirse en los registros de mediadores de los colegios profesionales. Serán las partes en conflicto quienes abonen los gastos del procedimiento, que siempre será más barato que un juicio. La ley, no obstante, contepla excepciones para aquellos litigantes que carezcan de recursos, para quienes el servicio será gratis como lo sería si estuvieran ante un órgano judicial.
La futura norma contempla la creación de un Centro de Mediación de Derecho Privado de la Comunidad, entre cuyas competencias figura el control del registro de mediadores, la formación contínua y la sanción -en caso de infracción-, de los profesionales que ejerzan como tal y el archivo de las resoluciones que dicten en los conflictos en los que intervengan.
