Escrito por Bonhamled
Otegi cara a cara frente a un miembro de la ertzaintza.
· Los traficantes utilizaron el método conocido como “gancho perdido” para introducir la droga en nuestro país. Han sido detenidas tres personas por su implicación en estos hechos:
Este hallazgo motivó que de forma inmediata se procediera a contactar con las unidades de análisis de riesgo de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, para localizar la procedencia del contenedor que albergaba esta mercancía, lo que permitió localizar otro contendor en el Puerto Seco de Coslada (Madrid).
Fruto del dispositivo puesto en marcha sobre este contenedor, se ha logrado detener al receptor de la mercancía y a dos personas más, por su implicación en los hechos, todos ellos ciudadanos españoles.
La última actuación desarrollada con esta importante operación antidroga tuvo lugar el pasado 8 de marzo, con la incautación de otros 301 kilogramos de cocaína, ocultas en un contenedor cuya documentación también declaraba transportar bebida gaseosa.
Gancho perdido: un método sin intermediarios
Este método permite a los delincuentes ahorrarse los sobornos y los sueldos a los intermediarios, aunque por el contrario, les obliga a estar muy pendientes de la recogida de la mercancía.
La droga intervenida se encuentra depositada en dependencias oficiales de la Guardia Civil de Madrid y Valencia, dándose la operación como concluida.
Las investigaciones han sido llevadas a cabo por los Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid y Valencia, conjuntamente con los Servicios de Vigilancia Aduanera de ambos lugares.
Para más información, pueden contactar con el gabinete de prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid o Valencia.
La Sala Quinta del Tribunal Supremo ha rechazado un recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra los Reales Decretos 1571/2007 y 1181/2008, en los que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio del Interior y se establecen las competencias de la Policía y la Guardia Civil, al considerar que el régimen de "monopolio o exclusividad" que postula el sindicato no se ajusta a la ley.
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Sala Quinta del Tribunal Supremo ha rechazado un recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra los Reales Decretos 1571/2007 y 1181/2008, en los que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio del Interior y se establecen las competencias de la Policía y la Guardia Civil, al considerar que el régimen de "monopolio o exclusividad" que postula el sindicato no se ajusta a la ley.
En concreto, en su recurso ante el Supremo, el SUP pedía la nulidad de determinados apartados del artículo 3 del Real Decreto 1181/2008, porque, en su opinión este texto legal "no respeta" el reparto competencial que marca la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En este artículo, entre otras competencias, se atribuye a la Guardia Civil tareas relacionadas con la extranjería y la inmigración y el establecimiento y mantenimiento del enlace y coordinación con otros órganos de información nacionales y extranjeros. También asigna a su Dirección Adjunta Operativa la misión de organizar actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando y el narcotráfico.
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LA POLICÍA
Sin embargo, el sindicato considera que le corresponde "en exclusiva" al Cuerpo Nacional de Policía "el control de entrada y salida del territorio español de españoles y extranjeros", así como las competencias previstas en la legislación sobre extranjería, asilo y refugio y extradición, "la investigación y persecución de delitos relacionados con la droga" y "colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países".
El Supremo responde al SUP recordando que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece una serie de "funciones comunes" a la Policía y la Guardia Civil, entre las que se encuentra la de investigar delitos para descubrir y detener a los culpables y prevenir la comisión de actos delictivos.
El marco normativo general de funciones se concreta en una distribución de competencias por razón del territorio, de manera que la Policía debe ejerce sus funciones en capitales de provincia, términos municipales y núcleos urbanos y la Guardia Civil, en el resto del territorio nacional y mar territorial.
Ahora bien, en su sentencia, de la que ha sido ponente María del Pilar Teso Gamella, el Supremo destaca que, a pesar de esta división de funciones, se permite a ambos cuerpos "realizar investigaciones más allá del límite territorial".
De esta manera, aunque reconoce que se atribuye al Cuerpo Nacional de Policía las competencias en extranjería, delitos relacionados con la droga y colaboración con Policía de otros países, las actuaciones a las que alude el Real Decreto impugnado son "consecuencia de la función general que corresponde a la Guardia Civil en la prevención e investigación de delitos".
"NO HAY SEPARACIONES PURAS"
Según el Supremo, entre Policía y Guardia Civil no hay "separaciones estancas y puras", sino que "abundan las interconexiones, relaciones, concurrencias y convergencias que encuentran su cauce adecuado de canalización" en "la coordinación recíproca necesaria" y en "los medios de conexión" que permita la ley.
De esta manera, el Supremo explica que estas "correcciones" que el sistema legal permite para "modular por razones de interés público y para alcanzar una actuación más eficaz" la estructura orgánica del departamento hacen que no tenga sentido el "régimen de monopolio o exclusividad" que postula el SUP y que "no se corresponde con el diseño de la ley".
En resumidas cuentas, el alto tribunal considera que no puede considerarse que el Real Decreto transgrede lo dispuesto en la Ley Orgánica citada y, por consiguiente, desestima el recurso presentado por el sindicato de Policía.
PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 31/03/2010
La Autoridad Portuaria coruñesa, que lleva tres años alertando de que el futuro de la mayor obra civil en construcción, como es el puerto de Punta Langosteira, depende de que tenga conexión ferroviaria, incluso llegó a encargar y pagar un estudio económico con ánimo de agilizar una decisión que Fomento no acababa de tomar. Según ese cálculo, bastaría con construir una vía de tren de 6,8 kilómetros entre la futura dársena y el centro de A Coruña, con un coste estimado en 85,9 millones de euros.
Pero Fomento, que esperó al último día para cumplir la promesa del ministro José Blanco de iniciar los trámites para esa obra en este trimestre que ahora acaba, desconoce aún cómo o cuándo conectará por tren el nuevo puerto coruñés. El estudio que licitará en breve, con un coste de 500.000 euros, será el que determine la mejor alternativa de trazado, tras analizar todas las posibilidades entre A Coruña, Meirama y las instalaciones portuarias.
Habrá que estudiar los condicionantes, como las afecciones medioambientales, económicas y sociales de ese enlace ferroviario, teniendo en cuenta, según indicó Fomento ayer, el diseño del AVE entre Santiago-A Coruña, la fuerte población existente en la comarca de la capital provincial e incluso la rentabilidad financiera de esa obra, "analizando los tráficos potenciales y los posibles escenarios de demanda" de esa conexión.
No hay de momento previsión de plazos para una obra que probablemente no estará lista cuando empiece a funcionar el nuevo puerto exterior, en 2012. Lo que sí tendrán las instalaciones portuarias situadas en el municipio de Arteixo será conexión por carretera, un proyecto en fase avanzada de ejecución.
Analizando algunas cifras sobre la crisis financiera más reciente, los brotes de violencia en algunas ciudades del hemisferio occidental y la lucha internacional contra el tráfico de drogas.
Según mi conclusión lo que ha desencadenado y profundizado la crisis es lo siguiente:
Los grandes conglomerados financieros del mundo siguieron una tendencia de adquirir cientos de bancos locales en varios países durante los últimos años con el objetivo de unificar marcas comerciales globales en una estrategia para regionalizar sus negocios pero no midieron el impacto que conllevaría hacerse de ellos “a como diera lugar” y “al precio que fuese”. Impactos en términos de liquidez – por los desembolsos- y revalorización de las acciones.
Al adquirir estos bancos locales los conglomerados financieros no solo compraron los activos junto con la participación de mercado sino también las deudas de éstos. Aquí hay un problema muy grave y es que estos bancos – negocios familiares y de pequeños grupos acaudalados con influencias y privilegios en la política gubernamental- habían prostituido el negocio de la banca tradicional (el delta diferencial entre la tasa activa y la pasiva, entiéndase la diferencia entre la tasa de créditos y la tasa de depósitos) por un modelo más avaro: el de los inmuebles.
Los bancos comenzaron a endeudar irresponsablemente a la gente con créditos personales, hipotecarios y figuras de plástico por montos más allá de su capacidad de pago especulando que una proporción importante de ellos caería en situación de no pago para posteriormente embargarle sus bienes y otras prendas hipotecarias. Utilizaron una figura de ceteris paribus proyectando que algunas fuentes de ingresos se mantendrían constantes empujando otras áreas operativas, esto sería un error. Crear o inventar dinero ficticio traería sus consecuencias.
Los estrategas financieros de las organizaciones criminales venían financiando proyectos inmobiliarios en varias partes del mundo para blanquear el dinero y comenzaron poco a poco a prescindir de las figuras bancarias. La lucha por hacerse de zonas aptas para el narcomenudeo o incluso a nivel de los cárteles desencadenaron una ola de violencia que ponía en el ojo del huracán la credibilidad de los políticos y su tranquilidad. La violencia generaba descontento social y a los políticos no les gustan los panoramas de inestabilidad que los haga perder. En un esfuerzo por recobrar la credibilidad, las autoridades anuncian una lucha directa contra la narcoactividad e implementan más filtros de seguridad en las aduanas, policía y en los sistema de supervisión financiera.
De repente, los millones provenientes del narco dejan de llegar – por la cuantía como venían haciéndolo- a las bóvedas de los bancos y a las empresas destinadas a blanquearlo. Los narcotraficantes decidieron entonces, aparentemente, conservar el efectivo y enterrarlo – o quién sabe qué pero sin colocarlo a circular- paralizando o frenando el dinamismo económico de muchos agentes en la economía. Alli comienza a hacerse el problemón.
Al vislumbrar este escenario y para estimular la presión social a los gobiernos, crear inestabilidad, se presenta una oportunidad única para aquellos que llevan los hilos de la marioneta: Manipular la producción y fijar precios arbitrarios en el mercado energético, un tema de bolsillo cotidiano y altamente sensible.
Esto es como si usted está enfermo y tiene el dinero para comprar sus medicamentos pero prefiere comprarse una pantalla de plasma hoy y esperar a que la remesa de su hijo venga la próxima semana. Lo que usted no sabe es que su hijo no podrá enviarle dinero la semana entrante porque no ha tenido trabajo porque quienes lo contrataban han sido embargados.
La próxima semana usted tendrá problemas y sufrirá un detrimento en su salud, comenzará a sentirse mal.
En fin, muchas cosas hay debajo de la punta del icebreg.
En su escrito, el juez acusa al ex ministro de Medio de Ambiente de siete delitos de malversación de caudales públicos, un delito de falsedad en documento oficial, otro de prevaricación administrativa, uno de fraude a la Administración, uno de blanqueo de capitales y un delito electoral.
El juez indica que, "dada la gravedad de los hechos", Matas "bien puede darse por satisfecho" de que las acusaciones "no hayan pedido una medida cautelar más severa", como la prisión incondicional, y considera los tres millones de fianza adecuados a "la naturaleza de los delitos, las circunstancias concurrentes y la economía del encausado".
Castro ha dado de plazo hasta la medianoche del miércoles 7 de abril para que Matas deposite su fianza personal y, de no hacerlo, ingresará en prisión.
Al cuñado del ex presidente Fernando Areal, que fue gerente del PP balear y al que ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de España, el juez le acusa de tres delitos: dos de blanqueo y un delito electoral. Estos delitos conllevarían una pena máxima de 15 años de cárcel.
En el auto, Castro indica que no se puede explicar el incremento del patrimonio de Matas durante la anterior legislatura y le atribuye, "con seguridad absoluta", la propiedad de dos pisos en Madrid (que costó 1 millón de euros) y en la Colonia de Sant Jordi, Mallorca, (por unos 200.000 más), ambos a nombre de otras personas.
También apunta que con sus ingresos no pudo hacer frente a estas compras, ni tampoco a la adquisición y reforma de un piso en un palacete de Palma, cuando la vivienda le costó 950.000 euros (Hacienda la valoró en 2,5 millones) y las reformas 1,3 millones.
"Resulta imposible que con los ingresos declarados por la familia Matas-Areal pueda acumularse tal patrimonio y más imposible aún si se hacen compatibles tales adquisiciones con un tren de vida de absoluto derroche y ostentación", indica el juez.
El juez afirma que, si bien "cabía esperar" que Matas ofreciera explicaciones que pudieran "desvirtuar los abrumadores elementos de cargo que pesaban sobre él", finalmente su larga declaración de quince horas resultó tener un "escueto" contenido.
La respuesta a esta paradójica situación es, según el juez, "simple": "Se invirtió más en formular las preguntas que en el desarrollo de las respuestas, que en su generalidad brillaron por su ausencia".
Es más, considera que algunas de las explicaciones que ha dado Matas suponen una "burla" a su juzgado y a los ciudadanos y, en otros casos, "todo un disparate".
"Es claro que el señor Matas ha venido a burlarse de los simples mortales", destaca en el auto.
En cuanto a la construcción del velódromo Palma Arena durante la anterior legislatura, que costó más del doble de lo presupuestado, hasta 110 millones, Castro afirma que, lejos de creer al ex presidente cuando dijo que él no controlaba su gestión, "no cabe imaginar" que las "irregularidades" hayan podido tener lugar "sin su mandato en algunos casos y su consentimiento o tolerancia en otros".
Castro recuerda que Matas se desvinculó de estas decisiones alegando que era el presidente de la comunidad y apunta a que el ex mandatario utilizaba en su comparecencia "con mucha frecuencia" la expresión de "¡Hágase!" (a juicio del juez "rayana a la divinidad") para "aludir a la manifestación de su voluntad política".
Respecto a la posible financiación irregular del PP, el auto refiere el pago con fondos públicos de dos facturas por casi 5.000 euros por limpieza y servicios de seguridad del Palma Arena durante un mitin del presidente del PP, Mariano Rajoy, en mayo de 2007.
Operación Piraña II
La Agencia Tributaria desmantela una red de blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico
§ Detenidas once personas
§ En la operación se han intervenido once inmuebles, cinco barcos, varios viñedos y cuentas, todo por un valor de 2,75 millones de euros
30 de Marzo de 2010. La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. El blanqueo se realizaba mediante varias empresas navales de España y Portugal. La operación se ha desarrollado los días 29 y 30 de Marzo en diferentes localidades de Galicia y ha contado con la colaboración de las autoridades portuguesas.
La operación, denominada “Piraña II”, continua las actuaciones de la operación “Piraña” contra el narcotráfico, y se inicio hace dos años con complejas investigaciones de la Agencia Tributaria, dirigidas y coordinadas por la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Cambados y la Fiscalía Antidroga.
Las actuaciones se han desarrollado en las localidades de Vilagarcía de Arousa, Ribadumia, Cambados, Bueu y San Juan de Tabagón (O Rosal), y han supuesto la detención de 11 personas. El principal responsable esta actualmente en prisión por su participación en la Operación “Piraña” contra el narcotráfico. Hay 19 implicados, entre los que se encuentran algunos de sus familiares directos y otras personas de su confianza, que habrían experimentado en los últimos años incrementos de patrimonio no justificados. Se han intervenido 11 inmuebles, incluido un hotel en construcción en Ribadumia, con un valor total de 1.034.000 euros, 20 fincas rusticas, incluidos viñedos en Ribadumia y Vilanova de Arosa,, con un valor de 374.000 euros, 5 barcos (446.000 euros), participaciones sociales (527.000 euros) en unos astilleros en Portugal. Se han bloqueado los saldos de las cuentas bancarias de los implicados en España y Portugal por un importe de 370.000 euros. Todas las intervenciones totalizan 2,75 millones de euros.
El blanqueo se realizaba mediante dos empresas navales en Portugal y en Vigo. Utilizaban facturas falsas entre una empresa española y estas empresas por la prestación de servicios inexistentes. En total el importe de las facturas falsas ascendió a 198.000 euros. Varias de las embarcaciones fabricadas y comercializadas por estas empresas resultaron aprehendidas por tráfico de estupefacientes o bien sus destinatarios finales figuran como imputados por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. En el marco de la Operación “Piraña”, fue intervenida una embarcación de 25 m de eslora fabricada por encargo de un narcotraficante colombiano.
La investigación realizada a lo largo de los dos últimos años ha contado con la colaboración judicial y policial de las autoridades de Portugal bajo la coordinación de EUROJUST. Los detenidos han sido puestos a disposición del Juez titular del Juzgado l de Instrucción Nº 3 de Cambados, Pontevedra.

