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Un Guardia Civil bipolar deberá someterse a tres años de tratamiento por agredir al enfermero de un psiquiátrico.

(EUROPA PRESS) -

La fiscal Alicia Seco solicita que un Guardia Civil de Oviedo que padece un trastorno bipolar mixto se someta a tres años de tratamiento médico por irrumpir en una clínica psiquiátrica de La Corredoria con un episodio maniaco y agredir a uno de los enfermeros de la misma con el auricular de un teléfono y con un cesto de flores.

Según la calificación del Ministerio Público, el hombre incurrió en tres delitos de daños, lesiones y resistencia y cometió dos faltas de amenazas y vejaciones de los que se le absuelve al considerar que tenía sus facultades mentales "anuladas" en el momento de los hechos.

De acuerdo al escrito, el hombre acudió sobre las 00.50 horas del 10 de abril de 2007 al servicio de urgencias de la Clínica Psiquiátrica San Rafael en compañía de su mujer, con un episodio maniaco con gran agitación psicomotriz.

En la entrada del centro y en la sala de espera del mismo rompió varias puertas, una jardinera, el mostrador, cuatro maceteros, el teléfono y un cuadro, lo que motivó la intervención del enfermero, a quien el enfermo insultó y amenazó de muerte.

Cuando éste trató de calmarlo, el hombre le propinó "un fuerte empujón que le lanzó contra la pared" y le golpeó en la cabeza con el auricular de un teléfono y con un cesto de flores, lo que le hizo caer al suelo.

Una vez que consiguió huir alertó a la Policía Local que trasladó a seis agentes hasta el lugar de los hechos. Mientras los agentes trataban de calmarle, el acusado trató de arrebatar el arma a uno de ellos, profiriendo amenazas de muerte contra el enfermero, a quien propinó un puñetazo. Poco después se personó en la clínica su directora, que reconoció al hombre como un antiguo paciente.

En concepto de responsabilidad civil el acusado deberá pagar a la clínica 576 euros por los desperfectos y 651 euros por los perjuicios derivados de la baja del enfermero. Éste, a su vez, será indemnizado con 620 euros por las lesiones y 100 por las secuelas. El juicio se celebrará el lunes, 1 de marzo, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo a las 10.15 horas.


EL Nuevo Jefe de la Banda asesina de ETA ya tiene un rostro.

La Guardia Civil cree que Mikel Kabikoitz Karrera encabeza el sector duro y participó en cuatro asesinatos. Interior integra a 'Ata' en la lista de etarras más buscados .

El Ministerio de Interior confirmó ayer oficialmente que Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, 'Ata', un pamplonés de 37 años, se ha convertido en el nuevo jefe militar de ETA. La Guardia Civil acaba de incluirlo en su lista de los terroristas más buscados y su fotografía comenzó a distribuirse entre las fuerzas de seguridad, aunque su identidad ya había trascendido hace unos días por las gestiones de las FSE tras la intercepción el pasado 9 de enero de una furgoneta en Zamora cargada de explosivos que los presuntos etarras Garikoitz García Arrieta e Iratxe Yáñez Ortiz, detenidos poco después, supuestamente pretendían llevar a la nueva base logística de ETA en Portugal: la casa de Óbidos en la que los presuntos terroristas huidos Andoni Zengotitabengoa y Oier Gómez guardaban 1.500 kilos de explosivos.
Según los informes del instituto armado, los agentes averiguaron que el vehículo industrial había sido alquilado el 7 de enero en la localidad francesa de Besançon, en el departamento de Doubs, por un varón que había usado una tarjeta de crédito con nombre falso. Esa persona había dado como dirección de residencia una habitación en la cercana localidad de Mâcon, en Borgoña. En el contrato de arrendamiento de esa habitación, que jamás ocupó, figuraba una fotocopia del documento falso con la foto de 'Ata'. Ese dato supuso su identificación como destacado miembro del aparato militar de ETA, pero la confirmación oficial de que está en la cúspide de la organización terrorista -según los atestados de la Guardia Civil remitidos a la Audiencia Nacional- vino tras la captura casual de Ibai Beobide, 'Manex', en Villabona cuando iba en bici y armado, y que confesó que el pasado agosto recibió la orden de crear tres comandos 'legales' en Vizcaya y Gipuzkoa de Karrera Sarobe, con quien se reunió en Francia sólo unas semanas después de que 'Ata' sustituyera a Jurdan Martitegi al frente de los 'taldes' de ETA tras el arresto de este último en abril del pasado año.
Base en Cataluña
La captura el pasado día 16 en la frontera gerundense de Portbou de Faustino Marcos Álvarez cuando trataba de entrar en España para establecerse en Cataluña y crear allí otra base de operaciones, ha despejado cualquier duda sobre el papel de 'Ata': todo apunta a que también Marcos recibió directamente de Karrera la orden de montar una infraestructura en Cataluña.
Karrera Sarobe, que se crío en la localidad riojana de Alfaro hasta que volvió a su Pamplona natal para continuar los estudios, lleva en la clandestinidad desde octubre de 2003, cuando huyó a Francia a pesar de que no estaba reclamando por la justicia. Se dio a la fuga tras creer 'quemado' el comando legal al que pertenecía junto a Oihan Barandalla Goñi, detenido en 2007 en la localidad gala de Cahors, y que operaba en la comunidad foral y en Aragón. La Guardia Civil considera que 'Ata' es miembro del sector duro, en la línea de Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', pero con mucha más experiencia que cualquier reciente jefe de ETA.
Los servicios de Información creen que pudo haber participado en cuatro asesinatos antes de convertirse en 'liberado' de la organización. El primero habría sido el del presidente del PP de Aragón, Manuel Giménez Abad, el 6 de mayo de 2001 en Zaragoza. También está investigado por el atentado con una pancarta bomba que costó la vida al cabo de la Guardia Civil Carlos Beiro Montes en Leitza el 24 de septiembre de 2002. Su nombre aparece en los informes de Interior vinculado a la colocación de la bomba lapa que mató en Sangüesa a los policías Bonifacio Martín y Julián Envit Luna, el 30 de mayo de 2003.

La Guardia Civil localiza el cadáver de un hombre de 65 años en Mos (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil localizó esta mañana en una finca en el ayuntamiento pontevedrés de Mos el cadáver de un hombre de unos 65 años que había sido dado por desaparecido en la tarde de ayer.

Según explicó a Europa Press la Central de Emerxencias 112-Galicia, la Guardia Civil dio aviso cerca de las 6.00 horas de esta madrugada de la desaparición de un hombre de 65 años, vecino de Mosende, en la parroquia de Tameiga, que faltaba de su domicilio desde las 17.00 horas.

Dos patrullas de la Guardia Civil comenzaron entonces la búsqueda en los alrededores del domicilio del hombre, que padecía cojera y algunos problemas de salud. Sobre las 10.00 horas de esta mañana localizaron al fallecido en una finca cercana a su casa, en un canal de riego.

El 112 movilizó entonces al 061, que certificó la muerte del hombre, de iniciales M.R.L.. Aunque las causas del fallecimiento no se sabrán hasta que se le realice la autopsia, fuentes de la investigación apuntan que el hombre pudo sentirse mal mientras caminaba y caer al canal de riego.


La Guardia Civil desarticula una red de narcotraficos en Girona.

La Guardia Civil ha informado que a los cinco detenidos, dos marroquíes, dos españoles y un rumano, les incautaron diez kilos de hachís, 2,7 kilos de cocaína y 1,2 kilos de heroína.

Las investigaciones llevadas a cabo meses atrás por los agentes de la Benemérita permitieron descubrir en Figueres la existencia de una red dedicada al tráfico de drogas, principalmente heroína y cocaína, y que los principales compradores eran ciudadanos franceses.

Los agentes montaron varios dispositivos para vigilar a los sospechosos, y el pasado 28 de enero tuvieron conocimiento de que se preparaba un traslado importante de sustancias estupefacientes, por lo que se montaron dispositivos de vigilancia sobre los sospechosos.

Sobre las 16:00 horas, los agentes vieron a dos de los sospechosos conduciendo un vehículo propiedad de uno de ellos y los interceptaron ante la sospecha de que podrían estar trasladando algún tipo de droga.

Al percatarse de la acción policial, el conductor arremetió contra uno de los vehículos policiales golpeando la puerta del conductor y dándose a la fuga.

Otro coche patrulla de la Guardia Civil inició su persecución y los agentes observaron como lanzaron por la ventanilla un paquete, que una vez recuperado, contenía 1.190 gramos de cocaína.

Con posterioridad, la Benemérita encontró el vehículo abandonado y, esa misma tarde, detuvieron en Figueres, en una carnicería propiedad de dos de los investigados, al conductor del vehículo fugado, I.C.R., de 21 años, y a su hermano M.C.R., de 27, ambos de origen marroquí.

La Guardia Civil registró la vivienda que tenían alquilada los dos hermanos en la plaza Báscara de Figueres, donde encontró 1.500 gramos de cocaína, 1.200 gramos de heroína, y diez kilos de hachís, todo ello oculto en varios lugares de la vivienda.

Al día siguiente, tras ser identificado por los agentes como copiloto de vehículo interceptado, se procedió a la detención del también investigado L.N., de nacionalidad rumana y de 31 años.

En días posteriores, los agentes detuvieron a M.M.M., de 25 años y vecino de Vilafant (Girona), y a J.R.H.S., de 23 años y vecino de Figueres, como colaboradores con la red de narcotraficantes.

Los dos últimos detenidos regentaban un taller mecánico en el cual se modificaban los vehículos para el transporte de las sustancias estupefacientes.

Los cinco detenidos pasaron a disposición del juez de guardia de Figueres acusados de un delito contra la salud pública. Efe.

La Guardia Civil abre una investigación sobre la explosión en la canalización del Monelos.

Los técnicos inspeccionaron ayer las naves afectadas por la detonación.

Expertos del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil de A Coruña investigan las causas que produjeron la fuerte explosión el jueves en las obras de canalización del río Monelos a su paso por el polígono de la Grela, en la zona de As Rañas. La detonación, que fue escuchada en casi todos los barrios de la ciudad, causó heridas a dos de los trabajadores que se encontraban en el lugar y importantes daños materiales en, al menos, tres naves, dos vehículos y una retroexcavadora.

Según fuentes próximas a la investigación, las primeras declaraciones de los encargados de las voladuras indicaban que la explosión fue accidental y se debió a la quema de los residuos «no explosivos ni detonadores» de una anterior voladura. Es decir, que la hoguera tan solo estaba compuesta por cables, plásticos y papeles, «pero esos materiales no son detonantes», indicaron estas mismas fuentes.

Las hipótesis que barajan los expertos, y que ahora tratan de corroborar, van en la línea de que los trabajadores alimentaron la hoguera con elementos explosivos: «Pudo tratarse de un descuido y en medio de los papeles, plásticos y gomas procedentes de los cables de los pistones se encontrase un número importante de goma explosiva», señalaron. Y tampoco descartan que también se arrojase al fuego «algún detonador eléctrico comunicados en serie y que al entrar en contacto con el calor deflagraron», manifestaron. Otra de las hipótesis es que uno o varios barrenos de la anterior voladura no completase la explosión «y al quedar ocultos en medio de los cascajos reventasen con el calor del fuego».

Continúan los trabajos

Las operaciones para la canalización del río Monelos a su paso por la Grela continuaron ayer. Mientras, los propietarios de las naves afectadas recibieron la visita de los arquitectos de sus aseguradoras para valorar los daños causados por la explosión.

En uno de los almacenes se observaron grietas «que tratarán de analizar los expertos para descartar el peligro de derrumbe de la estructura», señaló uno de los propietarios de la nave. Los dueños de los vehículos también realizaron las reclamaciones correspondientes. Fte. la Voz Galicia

En libertad un enfermero detenido por dejar morir de hambre a su madre.

El juzgado abre una causa por un presunto delito de homicidio por omisión pero deja libre al acusado porque el fiscal no pidió medidas .

La Policía Nacional ha detenido en Castellón a un hombre por un delito de homicidio por omisión, ya que supuestamente dejó morir de hambre a su madre, una anciana con la que convivía, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
El hombre, un enfermero del Hospital General de Castellón, fue arrestado semanas después del fallecimiento de su madre por las sospechas de la policía de su presunta responsabilidad en el fallecimiento de la mujer que presentaba un estado «esquelético». Los hechos ocurrieron en la calle La Unión en un barrio en el que los vecinos se han despertado sorprendidos por la noticia.
La víctima falleció el pasado 4 de enero aunque su cadáver fue hallado dos días más tarde, cuando el detenido llamó a la policía para comunicar que su madre estaba muerta y que se iba a suicidad porque no tenía dinero para enterrarla. De hecho, tardó dos días en avisar porque estuvo tratando de ganar dinero en el bingo para su entierro. Los agentes se desplazaron a la vivienda y comprobaron la delgadez extrema del cuerpo sin vida de la anciana, a la que su hijo, según declaró ante la policía, únicamente daba de comer caldos y agua pese a los conocimientos que tiene por ser enfermero.
El detenido, que responde a las iniciales G. B., fue trasladado en una ambulancia hasta el Hospital General de Castellón donde fue atendido por su ingesta de pastillas.
Continúa la investigación
El hombre pasó el miércoles a disposición judicial como presunto autor de un delito de homicidio por omisión. No obstante, poco después salía en libertad sin fianza. Según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, el detenido quedó en libertad provisional sin fianza tras declarar en el juzgado de guardia de Castellón. Pero la investigación continúa.
El juzgado de instrucción número 5 de la capital de La Plana será el encargado de instruir la causa, que ha quedado abierta por un delito de homicidio por omisión.
En la calle donde ocurrieron los hechos son escasos los residentes que quieren hablar sobre lo ocurrido. Pero los que acceden a hablar reconocen que la víctima «comía mal y poco». «Era alta y siempre ha estado muy delgada. Nos explicaba que comía muy poco», indicó una vecina. «A veces salíamos a la calle a tomar el fresco y comentaba que se había hecho un vaso de leche para comer», aseguró otra que reside justo en la puerta contigua.
En cuanto a la relación con su hijo, los que les conocían coinciden en que era «un buen chico» y no dan crédito a lo ocurrido.
«Antes venía con la mujer a recoger a su madre y se la llevaban a comer, pero desde que se divorció, hace un año y pico, él se vino a vivir con ella y a veces se les veía ir juntos a comprar o a por el pan, aunque ella no salía mucho de casa. Creo que se rompió la cadera», apunta otra mujer que reside en la finca de enfrente. Según dice «a raíz del divorcio él sufrió una depresión, pero no creo que dejara de cuidar a su madre».
Las defensas impugnan las escuchas en las que Fiscalía apoya la acusación

El Ministerio Público mantiene su petición de 53 años y seis meses de condenas para los siete procesados, cuyas defensas solicitan la libre absolución

M. Rosa Font / Huelva | Actualizado 26.02.2010 - 01:00
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El Yeyo, escoltado por la Policía, a su llegada al Palacio de Justicia.

En la cuarta sesión del juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva por un presunto caso de corrupción que ha tocado de lleno a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, la Fiscalía reescribía una trama de topos a sueldo en las Fuerzas de Seguridad y de soplones de bolsillos generosos entre el grupo de toreros (traficantes, en la jerga del mundo de la droga) y presuntos narcos que se sientan en el banquillo.

Finalizadas las pruebas periciales pendientes, ayer se abría el turno de los informes de las partes. El Ministerio Público mantiene la calificación de los hechos y las condenas para cada uno de los siete acusados, que suman los delitos de falsedad en documento oficial, revelación de secretos continuado, tráfico de drogas, cohecho y tráfico de influencias continuados, malversación de caudales públicos, denuncia falsa y delito continuado contra la propiedad industrial, por los que la Fiscalía solicita una condena total de 53 años y seis meses de cárcel.

En la base de la acusación de la Fiscalía, los testimonios de los investigadores de Asuntos Internos, las conversaciones grabadas a los procesados por medio de las intervenciones telefónicas y las declaraciones de los testigos protegidos, de los que sólo uno se mantuvo en pie mientras que los otros dos dieron marcha atrás en el plenario. El Ministerio Público remarcó "el impresionante miedo y temor por su integridad" de estos testigos, hasta el punto de que uno de ellos no quería comparecer en el juicio.

Ante el anuncio de impugnación por las defensas de los pinchazos de los teléfonos de los acusados, la fiscal defendió la legalidad de las intervenciones. "Las resoluciones judiciales que se han dictado para interceptar las comunicaciones -subrayó- son impecables y han estado suficientemente motivadas" de principio a fin. "El seguimiento es intachable -agregó- y nadie ha negado que lo que está grabado no sea su voz".

La acusación pública consideró que en el juicio ha quedado acreditada la participación en la trama de cada uno de los procesados, subrayando, en el caso de los miembros de las Fuerzas de seguridad que los presuntos narcos "no eran confidentes de la Policía sino al revés, la revelación de información era de los agentes" a Sergio Mora (El Yeyo) y a A.S.A. Los agentes -agregó- estaban absolutamente al servicio de ellos".

A falta de que se expongan los dos últimos informes, los de los abogados del inspector de la Policía Nacional de Sevilla, M.G.T., y del guardia civil de Tráfico de Huelva, M.A.E., las defensas coinciden no sólo en reclamar la nulidad de las escuchas por ilegales sino que consideran que, llegado el fin del juicio, no hay pruebas de cargo contra sus respectivos clientes.

Respecto al trafico de drogas, el abogado del policía M.F.F. hizo constar que a lo largo de la investigación (desarrollada entre 2004 y 2005) no existe acta alguna de aprehensión de droga ni se ha detectado un incremento de su patrimonio. "Lo que hace la Fiscalía es un acto de fe", consideró la defensa de El Yeyo.

En cuanto a la declaración de los testigos protegidos, los letrados restaron validez al que se mantuvo, por padecer una enfermedad mental por la que estuvo bajo tratamiento, que lo hacen "no apto" para declarar. Su versión -dijeron- "es una fabulación que no debe ser tenida en cuenta", mientras que los otros dos firmaron que la Policía le preparó la declaración.

Los letrados consideran acreditado que la relación entre los agentes y El Yeyo y sus colaboradores se mantenía en los márgenes de la figura del confidente, reportando beneficios para la Policía Nacional y la Guardia Civil que se traducía en la aprehensión de drogas y de vehículos ilegales.

Las defensas que expusieron sus informes en la cuarta jornada del juicio solicitaron, además de la absolución de sus clientes, la atenuante por dilación indebida del procedimiento, investigado entre finales de 2004 y comienzos de 2005 por Asuntos Internos de la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción 3 de Huelva, y que llega a juicio cinco años después. Esta demora, según la Fiscalía se explica, primero por un cambio en la titularidad del órgano judicial, al que se suma la "complejidad", el volumen del sumario, el número de acusados y los recursos planteados por algunas de las partes, argumentos que no son válidos para el resto de las partes.

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