Corrupción policial desde las calles a los despachos
Poco conocidas, las ilegalidades cometidas por las fuerzas de seguridad van desde el pequeño abuso de poder hasta las redes de trata de personas o de narcotráfico.
Alvar Chalmeta / Madrid
- EMPRESARIOS Y POLICÍAS. Montoya (en el centro), con agentes de la Unidad de Extranjería de Albacete en uno de sus locales. Posee varios clubes en Baleares, País Valencià, Albacete y Cuenca. Fundador de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, diversas operaciones policiales le han costado varios encarcelamientos. Foto: AIP agencia.
A casi todo el mundo le suena el caso Palma Arena o los chanchullos de la recogida de basuras del caso Brugal. Son escándalos de corrupción cuyas investigaciones salen con frecuencia en los telediarios y son portadas de periódicos. ¿Pero le suena a alguien la Operación Carioca?
La Operación Carioca es una investigación judicial que, por ahora, implica en Lugo a 19 agentes y mandos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Local, además de un subdelegado del Gobierno, en una supuesta red de tráfico de mujeres, drogas, armas y explosivos, quizás con dos muertes a sus espaldas. Pese a que va en camino de convertirse en la mayor operación contra las redes de trata de mujeres y que ya hay más de 60 imputados, y eso que la investigación no ha terminado todavía, este escándalo de corrupción policial no ha merecido la misma atención, ni mediática ni política, de otras tramas. Así, cuando el 16 de noviembre el diario El País le dedicó un gran espacio informativo en su edición estatal, lo hizo en las páginas interiores, en la sección de Sociedad.
“Hay que constatar el silencio y el rápido olvido cada vez que se conoce un nuevo caso de corrupción policial. Los medios de comunicación, como en tantos ámbitos, juegan un papel crucial de minimización, banalización y encubrimiento de la dimensión real del problema”, apunta David Fernández, periodista de investigación catalán. “La seguridad es material altamente sensible y se contraprograma con silencios y amnesias para reforzar la lógica securitaria. Además, cuando sectores de la judicatura y la policía se implican en su erradicación, también es cierto que lo hacen desde la discreción para evitar el desprestigio. Si el vigilante es quien delinque, los debates que se abren son demasiado profundos”.
Por su parte, el abogado Luis de Santos explica que “a diferencia de la corrupción ‘política’ en sí, la norma común es presentar estos casos como aislados, sin conexión entre unos y otros, y por supuesto sin memoria histórica a la hora de narrarlos, y sin una continuidad y seguimiento del proceso y sus causas”.
Mandos policiales imputados
La trama ahora investigada en la Operación Carioca, iniciada con una macro redada en burdeles de Lugo a finales de 2009 (aunque las pesquisas judiciales se remontan a meses antes), investiga una red presuntamente tejida por el responsable del club Queen’s, José Manuel García Adán, el cabo de la Guardia Civil adscrito a la Policía Judicial, Armando Lorenzo y el policía local José Ramón Vázquez Río, ex jefe de la Brigada Nocturna. Todos ellos fueron detenidos en la macro redada y continúan en prisión preventiva a la espera de que se celebre el juicio.
La red supuestamente incluía a otros agentes, como un policía nacional que hacía la vista gorda en Barajas para colar a las mujeres o un guardia civil jubilado que era propietario de otro burdel. Y también autoridades como Jesús Otero, ex subdelegado del Gobierno en Lugo, imputado asimismo en otra instrucción que investiga la retirada masiva de multas de tráfico en la ciudad. Entre los mandos imputados están, además de dos responsables de Extranjería de la Policía Nacional en Lugo, tres de la Guardia Civil: un subteniente, el ex jefe de la Policía Judicial de Lugo (hoy un comandante destinado en Teruel), y el ex jefe de la Comandancia de Lugo, hoy destinado en Canarias con rango de coronel.
Los quince guardias civiles imputados en la Operación Macedonia se encuentran actualmente en libertad
“La primera consideración para valorar la dimensión real de la corrupción policial es la incapacidad de hacerlo: la opacidad y el silencio lo impiden. Pero hay corrupción policial, por supuesto. En diferentes grados: del policía corrupto de ‘barrio’, a las tramas organizadas que implican a altos mandos y que refieren organicidad, estructura y permanencia”, apunta Fernández.
La Operación Macedonia es otro ejemplo de silencio mediático y escasa atención política ante tramas de corrupción policial. Como revelaba en diciembre el semanario catalán La Directa, las investigaciones judiciales iniciadas por un juzgado de instrucción de Barcelona, que siguen abiertas, describen una vasta trama, instalada desde hace dos décadas, que se fundamentaba en el intercambio de favores, los sobornos económicos y la filtración de investigaciones en curso, entre otros.
De los cuerpos policiales, el más salpicado es la Guardia Civil y, particularmente, sus equipos contra el crimen organizado de Sant Andreu de la Barca. Pero hay también mandos intermedios de los Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y del área de información de la Guardia Urbana de Barcelona. La red, supuestamente, recurrió a las gestiones del senador de CiU Jordi Casas, que recibió la petición de un teniente coronel de la Guardia Civil, para intentar modificar la postura de un fiscal en la causa. La red conseguía la liberación de presos pagando elevadas cantidades a un alto funcionario de la cárcel de Brians II que manipulaba informes para que se les concediese la libertad. Por ahora están imputados nueve miembros de la red mafiosa, hasta 15 guardias civiles y tres agentes de los Mossos d’Esquadra, entre ellos un subjefe de la comisaría de Vilanova. Todos los policías imputados están actualmente en libertad y solo los tres agentes autonómicos están apartados y suspendidos del servicio.
Grados de corrupción
La corrupción policial sigue ciertos patrones. Luis de Santos los resume: “redes de tratas de personas y tráfico de drogas. Hay que tener en cuenta que son el tercer y segundo negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial, y por supuesto, local. También existe la pequeña corrupción vinculada a dichas redes y con características propias”. Pero, matiza este letrado, miembro del Grupo 17 de Marzo Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos, “hablaría de corrupciones. Por un lado la corrupción clásica o general, como la de un funcionario que se aprovecha de su cargo para obtener beneficio personal, y por otra una corrupción especial en razón de su cargo. En esta última entrarían las falsas denuncias por atentado y otros delitos, falseamiento de documentos y atestados, malos tratos y torturas”.
Los analistas policiales coinciden en que se alcanza el último escalón (y el más peligroso) en el asentamiento de bandas criminales cuando éstas se encuentran en condiciones de penetrar las capas altas de la administración: judicatura, policía y partidos políticos. Así, la Policía Nacional, y sólo por mencionar uno de los cuerpos de seguridad del Estado, ha reforzado en los últimos años las unidades especializadas en este tipo de delitos, como la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal, la Brigada de Delitos Monetarios, la del Banco de España o la unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción. Incluso en 2009 creó una nueva brigada de investigación especializada en el blanqueo de capitales.
El resultado ha sido evidente: entre 2004 y 2009 el número de personas detenidas por la Policía por delitos relacionados con la corrupción se ha multiplicado por 25. Sin embargo, no parece que el aumento de los controles se haya extendido a la labor policial. Jorge del Cura, del Centro de Documentación contra la Tortura, concluye: “no sé si la corrupción policial es inevitable. Pero para al menos prevenirla sería necesaria una sociedad alerta y consciente de los riesgos de abuso del poder que se delega en los cuerpos policiales. Cuanto mayor sea la capacidad de éstos, mayor deberá ser su control”.
Financiaba hasta equipos de fútbol
Comprar a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado era uno de los objetivos preferentes de algunos de los dueños de los burdeles implicados en la trama Carioca. En diciembre, la prensa gallega informaba de que Pilar de Lara Cifuentes, la jueza al frente de la investigación, trataba de confirmar la financiación de un equipo de fútbol integrado por policías de la comisaría de Lugo por parte del cabecilla de la trama, José Manuel García Adán. La ‘financiación’ de los proxenetas de ciertas actividades a algunos agentes no es asunto nuevo. Recientemente fue llamado a declarar como imputado un guardia civil que tenía un equipo de motociclismo. En las carreras en las que competía con su motocicleta lucía la publicidad del Colina y el Queens, dos de los establecimientos que estarían relacionados con García Adán.
El olvidado deber de perseguir el delito
Uno de los principales imputados en la trama de los burdeles de Lugo es el cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo, cuyas tareas como policía eran las investigaciones de delitos contra las personas, en especial con la prostitución. Durante su trabajo, la relación con los agentes del Equipo de Mujer y Menores (Emume) de la Guardia Civil era constante. Dos agentes del Emume fueron supuestamente las primeras en denunciar los abusos e irregularidades del cabo. Su protesta fue fundamental para activar esta operación. Sin embargo, dicho documento no se encontraba. Esto es básico para saber si las ‘actividades’ de Lorenzo fueron, al menos, toleradas por sus superiores. El documento habría sido localizado en Madrid, en la sede de la Dirección General de Policía y la Guardia Civil. Esto abriría la posible implicación de más mandos.
Rivalidades entre policía
La trama descubierta con la Operación Macedonia tenía en su centro una red de tráfico de drogas dirigida por Manuel Gutiérrez Carvajo, un narcoconfidente que opera en Catalunya desde los ‘80. La investigación judicial que ha entrado en el sórdido ámbito tejido entre el tráfico de estupefacientes, el proxenetismo y los confidentes policiales, recoge también la rivalidad entre cuerpos policiales para apuntarse éxitos y destacar de forma tramposa en la lucha contra el narcotráfico. Particularmente, en el mismo seno de la Guardia Civil, con una guerra intestina entre dos sectores abiertamente enfrentados (la comandancia de la Travessera de Gracia de Barcelona frente al cuartel de Sant Andreu de la Barca), pero igualmente corrompidos. Las investigaciones apuntan también a cargos políticos, juristas, periodistas, políticos, abogados y empresarios.
POLICÍAS DE EXTRANJERÍA Y PROXENETAS
El libro Los amos de la prostitución en España del periodista valenciano Joan Cantarero, recoge los testimonios de varias prostitutas de Albacete que fueron víctimas de la coacción de policías de la unidad de Extranjería. Según cuenta el libro, algunos de estos agentes detuvieron a varias mujeres que carecían de papeles y se las llevaron a trabajar a otro club de alterne llamado Photos. Las obligaban a mantener relaciones sexuales con ellos gratuitamente. Dos de estas chicas desaparecieron, mientras que otras presentaron una denuncia en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en marzo de 2003. El juez no dio credibilidad al testimonio.
“LOS AMIGOS DE SUS JEFES”
Las declaraciones de Luz Outeiral (del colectivo feminista Donas de Nós) en el periódico Novas da Galiza al informar sobre la Operación Carioca, no dejan lugar a dudas: “todos los negocios tenían un socio policía o guardia civil, que contribuía con capital, daba información, tramitaba los papeles y garantizaba la ausencia de inspecciones”. Según Novas, fuentes de los servicios de emergencia de la Xunta relataron que en 2009 unas mujeres secuestradas en la planta baja de un burdel pidieron ayuda al 112 y se negaron a que fueran agentes de la Guardia Civil quienes las rescataran por ser “los amigos de sus jefes”.
