La Xunta ordena demoler parte de un geriátrico 

irregular en Guillade Ponteareas

El centro de mayores en el que viven 23 personas se ubica en suelo rústico
ponteareas / la voz, 10 de marzo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.
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La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ha ordenado demoler parte de una residencia para mayores construida en suelo rústico en la parroquia de Guillade, en Ponteareas.
El jefe de inspección urbanística declara que las obras efectuadas en este tipo de terrenos «son ilegalizables por seren incompatibles co ordenamento urbanístico».
En una resolución fechada el pasado 23 de enero ordena a Edelmiro Noal y María del Carmen Coto a demoler la ampliación de la residencia en 388 metros cuadrados así como una edificación auxiliar.
La Xunta señala que «a orde de demolición deberá ser executada no prazo de tres meses desde a notificación da presente resolución dando conta a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística». La agencia que vela por el cumplimiento de las normas del suelo apercibe a los dueños de la residencia para que, en caso de incumplimiento de esta resolución, sean conscientes de que pueden ser multados reiteradamente con cuantías que van desde los mil a los diez mil euros.
La disposición del organismo de la consellería autoriza a los dueños a que puedan tramitar la legalización de la piscina que también construyeron de forma irregular. Para ello les da un plazo de tres meses para presentar solicitud de licencia. Si no piden permiso en esa plazo de tiempo también tendrán que derribar el estanque y devolver los terrenos a su estado original.
Contra esta resolución de la Consellería de Medio Ambiente los interesados pueden interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes ante el director de la Axencia de Protección da Legalidade Ubanística. Si no ejercitan su derecho de presentar recurso potestativo puede interponer, en el plazo de dos meses, un recurso ante el juzgado de lo contencioso administrativo.
La directora de la agencia acordó en noviembre del año 2013 abrir un expediente de reposición de la legalidad urbanística tras haber recibido una denuncia por las instalaciones. La residencia de mayores cuenta con 934 metros cuadrados, una edificación auxiliar y una piscina. está situada en el lugar de Portela, en la parroquia de Guillade a más de 8 kilómetros del centro de Ponteareas.
La directora Begoña Noal Coto presentó alegaciones señalando que ella no era la propietaria de la finca (lo son sus padres) y que no se debería tramitar el procedimiento de reposición de la legalidad porque en este caso, según ella, la consellería no tiene competencias.
El informe emitido por la arquitecta municipal de Ponteareas en febrero del año pasado, Zaida Llano, deja bien claro que «as ampliacións executadas carecen de licencia municipal de de autorización autonómica» así mimo señaló que los terrenos no cumplen con la parcela mínima y tampoco se cumplen los retranqueos mínimos por lo que las edificaciónes «non poderán legalizarse».
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La cuñada de Silva quiere vetar a los denunciantes de su presunto enchufe

La defensa de la imputada achaca a los promotores del caso intereses políticos, mientras estos mantienen que les mueve combatir la corrupción

CARLOS PUNZÓNvigo / la voz, 14 de marzo de 2015. 

A doce días de que los cuatro imputados en el caso de la cuñada de Carmela Silva acudan al juzgado para declarar sobre el supuesto enchufe de la allegada de la socialista en una concesionaria del Concello de Vigo, la defensa de la presunta beneficiada reclama a la jueza que instruye la causa que dé marcha atrás en su decisión de permitir que los denunciantes ejerzan la acusación popular. La abogada de Vanesa Falque, cuñada de Silva, trata de hacer ver a la jueza que Xuntos, la plataforma que propició la denuncia del supuesto enchufe que hizo suya la Fiscalía, tiene intereses políticos y carece de motivos para tomar parte en la instrucción de la causa.
En las alegaciones presentadas ante el juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, la representación legal de la cuñada de Carmela Silva llega a asegurar que «nos encontramos ante una asociación creada ad hoc para hostigar a la clase política en vísperas de un proceso electoral». Añade la letrada para tratar de vetar la presencia de Xuntos en el caso que dicha organización tendría por objetivo «crear alarma social e iniciar un juicio mediático paralelo que mi representada no tiene la obligación jurídica de soportar».

El escrito alude además a la «espuria finalidad que guía» a Xuntos, niega que entre sus estatutos figure el ejercicio de la acción popular en una causa penal y que alguno de sus integrantes se haya visto afectado por el caso, por lo que insta a denegar la posibilidad de personamiento de los denunciantes, o al menos a imponer una fianza superior a los 3.000 euros fijados para cubrir cualquier responsabilidad derivada de su querella.


Versión de Xuntos

Xuntos, que ya había solicitado a la jueza que redujese el importe de dicho aval o incluso lo anulase al ser dados por validos por el ministerio público los indicios aportados, respondió ayer al planteamiento de la defensa de Vanesa Falque asegurando que su organización da cabida a miembros de hasta siete formaciones políticas de «todo tipo de ideologías y militancias que solo tienen un interés común: eliminar la corrupción».
La plataforma estima que sin sus aportaciones no se habría abierto la causa por la que han sido imputados la cuñada de Silva, el interventor municipal, su antecesor y el jefe de servicio de Empleo del mismo Concello de Vigo, acusados los tres últimos de prevaricación administrativa.
Mientras las estrategias legales avanzan hacia las declaraciones fijadas para el día 26, el alcalde de Vigo agotó ayer el primero de los cinco días que la ley le fija para convocar el pleno extraordinario exigido por el PP y secundado por el BNG para que él mismo dé cuenta del caso en el que se han visto implicados los altos cargos municipales y la allegada de su teniente de alcalde, que según testimonios recogidos en la causa habría acudido a trabajar menos de tres meses a una concesionaria municipal de cuya empresa adjudicataria habría cobrado unos cinco años, según dichos testigos.
Al igual que Abel Caballero, la propia Carmela Silva no ha ofrecido todavía explicación alguna sobre el caso cuyos hechos abarcan los dos mandatos de ambos en el Concello vigués.
Preparan escraches contra los actos de Caballero
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Vigo anunció ayer su intención de personarse a partir de ahora en los actos que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, efectúe en la ciudad. Como ya ocurriera con los anteriores alcaldes socialistas, como Manuel Soto o Carlos Príncipe, el movimiento vecinal vigués pretende aprovechar la precampaña y la misma campaña electoral para que el regidor escuche sus demandas y dejar patente el desacuerdo con su gestión.
«Estaremos en todos los actos que tenga, vamos a hacernos oír porque tiene que hablar con el movimiento vecinal, escucharnos», argumenta María Pérez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad, abiertamente enfrentada al regidor socialista.
Pérez recuerda que el Concello adeuda a la Federación importes de los convenios con los que la Administración local contribuye al mantenimiento del movimiento vecinal. La presidenta del colectivo parroquial y de barrios está convencida de que Caballero pretende asfixiar a la Federación que preside para acallar una de las voces críticas con las que cuenta en Vigo.


Cambio urgente de agenda

Aunque no formaba parte del plan de protestas que el movimiento vecinal asegura estar ultimando, un grupo de vecinos contrarios a la ubicación del pesquero Bernardo Alfageme en la rotonda de Coia aguardaba ayer al alcalde en un acto que tenía previsto realizar en las inmediaciones de dicha glorieta. Ante la presencia del colectivo, que estima que el gobierno vigués dedica excesivos fondos a ornato en lugar de a programas sociales, el alcalde vigués trasladó a la alcaldía su comparecencia diaria ante la prensa en lugar de hacerlo donde estaba previsto hasta un cuarto de hora antes de la cita fijada en la nueva oficina de distrito de A Miñoca.

Preguntado sobre la causa de la modificación en su agenda, el alcalde respondió que la visita daba igual un día que otro y aseguró que desconocía la protesta.
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