¿Tongo o profeta?: Enríquez será el magistrado del TC que inclinará el “caso Cataluña” 7-5 a favor de Rajoy

Ricardo Enríquez, hombre del régimen, ideal para proteger las decisiones de la "casta"
Artur Mas esperó 7 meses a que Ricardo Enríquez jurara su cargo en el TC para convocar el 9-N y que no se celebrara
Hace 7 meses, un periodista se arriesgó a ejercer de profeta: el magistrado Ricardo Enríquez Sancho, conocido como “Enríquez”, que fue propuesto a toda prisa como candidato al Tribunal Constitucional por los parlamentos de Andalucía (PSOE-IU), Aragón           (PP), Cantabria (PP), Castilla-La Mancha (PP), Extremadura (PP), La Rioja (PP) y Comunidad Valenciana (PP), a propuesta del Grupo Popular pero previo pacto con el PSOE, que debía votar en blanco para “enmascarar” el acuerdo, ascendería a esta alta magistratura y desde allí inclinaría la votación del “caso Cataluña” para que Rajoy pudiera ganarla 7-5. ¿Magia? ¿Adivinación? ¿Misterio? Para que esto se produzca, el Pacto de Gobierno CiU-ERC ha tenido que esperar 7 meses para redactar su decreto con el “derecho a decidir” y facilitarle tiempo a Mariano Rajoy para colocar a Enríquez en el alto tribunal. Estábamos en febrero y el Gobierno catalán debía elegir una fecha para la consulta lo suficientemente distante para que diera tiempo a Rajoy a recomponer el TC y a Artur Mas y Oriol Junqueras a poner en escena de la discrepancia. El "amaño" es de libro. No hay que olvidar que el TC cuenta con magistrados afines a CiU y PNV con información privilegiada sobre el día a día de lo que allí ocurre y debía prepararlo todo bien. Puede entonces que la fecha del 9-N no haya sido tan casual como pudiera parecer. Si seguimos el guión de la “película” que han “cocinado” en la trastienda CiU (informando a ERC) y PP (haciendo lo mismo con PSOE e IU de Andalucía), ahora el TC resolverá 7-5 a favor de RajoyArtur Mas convocará elecciones anticipadas y no habrá referendum. Tras la pantomima, la partitocracia catalana seguirá 4 años más (o 40, como hasta ahora lograron los Pujol y Mas), pero esta vez discutiendo no como llenar “el Estatut” sino como articular “el Derecho a Decidir”. ¡Voilá!
Tribunal Constitucional foto moncloa
Jueces y políticos: (izq. a dcha.): Gallardón, De los Cobos, Rajoy, Felipe VI, Posada, Lesmes y Narváez
El anónimo periodista que ejerció de adivino no quiso dar su nombre pero dejó escritas sus palabras en febrero de 2014 en Diario Crítico: “El Pleno del Constitucional no tomará ninguna decisión sobre el recurso presentado por el Gobierno de Rajoy contra la resolución del Parlament catalán respecto al “derecho a decidir” en tanto el Senado no elija al magistrado que debe sustituir al fallecido Francisco José Hernando. El sucesor, seguramente, será Ricardo Enríquez Sancho, el magistrado más veterano de lo Contencioso del Tribunal Supremo y quien ya formó parte de la Sala del 21 que decidió sobre la impugnación en 2007 de las listas de los abertzales de izquierda de ANV. El Gobierno quiere una proporción en la votación de al menos 7-5. Es lo que quiere también el Gobierno de Mariano Rajoy, porque ahora mismo el Tribunal se halla muy dividido: seis magistrados están a favor de las tesis planteadas por el Gobierno en su recurso de inconstitucionalidad, pero cinco lo están en contra. Lo que quiere el Gobierno es que se mantenga la relación de 7-5, en vez de 6-5, y eso sólo se obtendrá cuando el Senado elija al sucesor de Hernando”. ¿Tongo? ¿Biscotto? ¿Amaño? Según este pronóstico, además           del presidente, los otros componentes del TC que participarían en la “resolución” con la “victoria ajustada pero algo más holgada” del PP sobre CiU por 7-5 son los siguientes:
Andrés Ollero Tassara
Andrés Ollero Tassara
Andrés Ollero Tassara: conocido en el TC como “Ollero” este diputado del PP durante 17 años fue “ascendido” al tribunal con su confesa adscripción al Opus Dei. Militante en contra de la regulación del derecho al aborto, su imparcialidad fue severamente cuestionada al enjuiciar esta ley, pero ni se abstuvo ni dimitió. “¿Debería existir la prohibición de que quienes han sido diputados o senadores pudieran ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Es razonable que quien ha participado como parlamentario en la elaboración de la ley pueda ser posteriormente miembro del órgano que tiene que decidir sobre la constitucionalidad de la misma?”, se preguntó el catedrático Pérez Royo. Ollero dio la callada por respuesta. Aunque al reflexionar sobre el mundo gay sí que se le suelta la lengua: “hablar de matrimonio homosexual no tiene sentido alguno en términos jurídicos; es algo inconcebible. Se está imponiendo desde el poder una opción moral y con esta medida           a lo único que se aspira es a que la sociedad deje de considerar determinadas conductas íntimas -faltas de toda relevancia jurídica- como inmorales”. Homófobo de libro.
Luis Ignacio Ortega
Luis Ignacio Ortega Álvarez
Luis Ignacio Ortega Álvarez: Conocido como “Ortega” y reconocido socialista manchego, se queja sin embargo de que “por razones políticas de otros profesores del departamento, pasé a ser interino en agregaciones y adjuntías”. Lo cierto es que quien a hierro mata, a hierro muere y su acreditada “dependencia” es un secreto a voces que él mismo confiesa, pues sus "padrinos" son Felipe González y Alfonso Guerra: “En 1983, cuando ya saco la titularidad, se me planteó la posibilidad de entrar en el Gabinete del presidente del Gobierno como director del departamento de asuntos institucionales, que de facto era como una suerte de asesoría jurídica de presidente y vicepresidente”. Su concepto de la amistad no conoce límites: “me vuelvo a la universidad en el año 1987 para, entre comillas, fundar, como amigo íntimo de Luis Arroyo, la universidad de Castilla-La Mancha”. Y así, de amigo en amigo, llega hasta el TC.
Pedro José González-Trevijano Sánchez
Pedro José González-Trevijano Sánchez
Pedro José González-Trevijano Sánchez: conocido simplemente como “Trevijano”, llegó hasta el TC tras unas elecciones fraudulentas en su universidad y llevando como medalla haber sido el rector que más profesores había despedido en toda España. De su “pedrigrí” democrático da cuenta el hecho de que convocara elecciones en verano para que no votaran los estudiantes, que se presentara a un tercer mandato, cuando la ley expresamente lo prohibía, y que la candidatura de su “delfín” en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) fue apoyada por numerosos profesores acusados de corrupción o claramente desprestigiadosFrancisco Marhuenda, director de “La Razón”, Enrique Arnaldo, letrado del Congreso que fue imputado en el “caso Palma Arena”, Jesús Calvo, imputado en el “caso Gürtel”... Bajo su mandato se colaron como profesores varios ex políticos y sus familiares: el socialista Rafael Simancas, una prima de Ruiz Gallardón, el consejero de Esperanza AguirreFernando Becker, que fue sorprendido tras dar un “pelotazo” de 200.000 euros al vender acciones de Iberdrola aprovechando su condición de ejecutivo de la compañía eléctrica… Como guinda, durante el gobierno de Trevijano, la URJC invitó a Ruiz Mateos, Jesús Gil, Julián Muñoz y Juan Hormaechea a impartir un curso de verano sobre corrupción, que tuvo que suspender por el escarnio nacional suscitado y la riada de bromas, sarcasmos y pantomimas que provocó entre los humoristas españoles. Menos sonrisas y bastantes más muecas de horror originó su decisión de investir “doctor honoris causa” a Rodrigo Rato, en un pomposo acto al que asistió Mariano RajoyTrevijano despidió a 200 profesores, gastó 475.000 euros en atenciones protocolarias y de prensa y se negó a entregar a los jueces documentación oficial  a pesar de tres requerimientos recibidos. Todo un ejemplo de “virtudes” judiciales.
Juan Antonio Xiol Ríos
Juan Antonio Xiol Ríos
Juan Antonio Xiol Ríos. Conocido como “Xiol”, lo mejor que se puede decir de él es que se pronunció en contra de la “cláusula suelo” con que los bancos han esquilmado fraudulentamente a centenares de miles de ciudadanos españoles engañados, hipotecados y           desahuciados. Asesor del ministro Ledesma (PSOE), se negaba a que las sentencias fueran accesibles a todos los ciudadanos: ““La única cuestión”, objetó a los periodistas, ”es quién va a pagar las fotocopias”. “Porque”, añadió, “el pago de fotocopias no está consignado en el presupuesto del Tribunal, y si corren por nuestra cuenta podríamos incurrir en una desviación presupuestaria”. Los informadores se miraron entre ellos y creyeron ver el cielo abierto. “Si ese es todo el problema, por supuesto que cada uno de nuestros medios pagará su fotocopia”, respondieron. “Déjenme que lo piense”, concluyó Xiol. “Porque si las pagan los medios, podríamos estar creando una tasa ilegal”. Así les tomó el pelo, como también respaldó la prohibición de acceso de los medios audiovisuales al Tribunal Supremo, medida impugnada por los periodistas especializados y que revocó después el Tribunal Constitucional. En la etapa de Felipe González, impidió que una juez de Bilbao, Elisabeth Huertas, ante las trabas puestas a una investigación sobre torturas a un presunto etarra, citara a 90 guardias civiles para reconocimiento en rueda. El Gobierno vetó la comparecencia y el ministro Fernando Ledesma mandó a Xiol, a la sazón director general de Relaciones con la Justicia, para que compareciera a dar explicaciones. Asociaciones judiciales y juntas de jueces descalificaron el “intolerable” veto del Gobierno y Jueces para la Democracia exigió su dimisión.
Juan José González Rivas
Juan José González Rivas
Juan José González Rivas: conocido como “Rivas”, denegó a una magistrada de Cantabria una licencia de 15 días tras inscribirse en el registro de parejas de hecho, al considerar que no hay previsiones legales que contemplen esta posibilidad y que el matrimonio y este tipo de uniones no son situaciones equivalentes. Como miembro de la Junta Electoral Central, también prohibió las "concentraciones y reuniones" que el Movimiento 15M convocó para la jornada de reflexión de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Fue elegido a propuesta del PP, aunque con la anuencia del PSOE. En rueda de prensa, Rubalcaba llegó a expresar su "satisfacción" por cómo habían concluido las negociaciones con los 'populares’ para su nombramiento: "Es un buen acuerdo porque respeta lo que yo mismo negocié con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al arranque de la legislatura”.

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