La AEGC ve un trato discriminatorio entre los guardias civiles que sufrieron presidio por medir medidas aperturistas en la guardia civil


La Asociacion Española de Guardias Civiles exige el cumplimiento de la sentencia Dacosta Silva c. España del Tribunal  Europeo de derechos humanos que afecta a nuestro colectivo.

La Asociacion Española de Guardias Civiles exige el cumplimiento de la sentencia Dacosta Silva c. España del Tribunal  Europeo de derechos humanos que afecta a nuestro colectivo, estimados en mas de mil docientos afectados y que desde noviembre  de 2006,  no se cumple con clara añadida  ofensa , en la puesta inmediata en libertad de terroristas y  peligrosos delincuentes  en plazo de 24 horas. En ejecución de otra del mismo tribunal. 

La AEGC  se solidariza y exige a nuestros tribunales que ejecuten de forma inmediata y por oficio, al igual que están haciendo con terroristas y peligrosos criminales , la sentencia que desde noviembre de 2006 emitió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la cual declaraba nula de pleno derecho las medidas de privación de libertad dentro de la Institución de la Guardia Civil, por tratarse de un cuerpo de seguridad del Estado y no serle de aplicación la normativa de la Fuerzas Armadas en materia disciplinaria.
  

El estado español  en el asunto DACOSTA SILVA c. ESPAÑA  recibe una gran corrección al negar a este rotundamente la posibilidad de acogerse a los artículos 5 y 6 del Convenio puesto que se trata de un funcionario de un cuerpo de seguridad y no de las Fuerzas Armadas. Es más ,  el mismo tribunal en la sentencia recuerda al Estado español “Si el tribunal declara que ha habido violación del convenio o de sus protocolos y si el derecho interno de la Alta  Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así  procede una satisfacción equitativa”
   
Desde la AEGC entendemos que ha quedado claro y nítido que los guardias civiles son funcionarios pertenecientes a un cuerpo de seguridad del estado, como así se distingue en nuestra vigente Constitución de 1978, la cual especifica  que las Fuerzas Armadas  están constituidas por la Armada , el Ejército de Tierra y Ejército del Aire y punto,  remitiendo claramente a su artículo 104 para los cuerpos de seguridad, como es el caso.

La AEGC ve claramente en las medidas adoptadas con respecto a los condenados pertenecientes a la banda terrorista ETA y otros asesinos, con su puesta inmediata en libertad, aún sin haber sido por estos reclamada, en menos de 24 horas, una vez recibida la sentencia del TEDH, una clara discriminación con respecto a los más de 1200 guardias civiles que desde 1978 hasta 2006 han pasado por cárceles, presidios y calabozos militares, simplemente por el hecho de pedir libertad de asociación y opinión, haciendo caso omiso a la referida sentencia DACOSTA SILVA  c. ESPÀÑA, aún a sabiendas de que esto significa humillar aún más, si cabe,  a las víctimas de esos asesinos, pues se trata del colectivo y la Institución que más ha padecido las consecuencias del terrorismo etarra.

Y más aún, convencidos estamos de  que esta actitud, choca frontalmente con el sentir general de los españoles de bien.

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UN GOBIERNO QUE CUMPLE SÓLO LAS SENTENCIAS  QUE FAVORECEN A LOS ASESINOS DE ETA

Los Guardias Civiles Democráticos que ganaron sentencias en el alto Tribunal Europeo de Derechos Humanos --TEDH-- en el año 2006 no ven ejecutadas las mismas, no asesinaron ni negociaron con cadáveres con los gobiernos de España, el peso de los cadáveres tienen mayor lógica para los gobiernos del partido único,  PP Psoe, que la reclamación pacífica de los  derechos humanos por parte de las víctimas.

Autor Jose Piñeiro Periodista y Dtor VP. 2013-12-12

El título de esta breve artículo puede parecer el de una película de risa con nodo incluido, pero les puedo asegurar que no existe risa  ni nodo en el mismo, sino, una clara e evidente realidad. Los Asesinos y terroristas de ETA, lograron una sentencia en el alto tribunal de Derechos humanos de Estrasburgo y  como son ejecutivas en un plazo vertiginoso comienza a dejar a todos los asesinos en libertad. No diríamos nada de no ser porque nunca en la dilatada historia de España con este alto tribunal se han ejecutado las sentencias que emitían y además en su mayoría condenaban al estado Español. Motivos y porqués sólo los puede responder el gobierno actual y sus correligionarios anteriores, es decir, el partido único PSOE PP, autores de dichos esperpentos y que además como consta en infinidad de ocasiones negociaron con miembros de la banda terrorista ETA, no es ningún secreto.

Casos opuestos de sentencias favorables e inejecutadas al día de hoy son las de Perote y las de los Guardias Civiles Democráticos que solicitaron poder solicitar pacíficamente la creación de una asociación cultural y deportiva, la Unión Democrática de Guardias Civiles "UDGC". Si hacemos un repaso de la historia del promotor de la UDGC, el cabo Rosa, detenido por dicha solicitud nueve años y medio, --El Mandela Español-- lo palmario no necesita explicación: "Presenta la solicitud por conducto y en menos de ocho horas es detenido y torturado, se organiza contra todos sus compañeros una delictual Operación denominada Columna y a pesar de ganar en el Tribunal Constitucional y en el de Estrasburgo en el año 1991 y en el 2006, al día de hoy ninguno de los Gobiernos Españoles han cumplido las sentencias.

Un estado de derecho social y democrático no puede consentir tal vulneración de la legalidad y del derecho positivo, no puede, y no porque tenga libertad o discrecionalidad para ello , sino porque está cometiendo delito tras delito y poniendo en jaque al sistema que terminará cayendo y sumiendo al país en el caos, tal y como ya viene sucediendo en España.

Las sentencias son para cumplirlas, y con mayor rigor si provienen de un tribunal que vela por los derechos humanos, las sentencias ganadas en el TEDH, en el año 2006 con el número 69966/01, dejó sin argumentos al Gobierno de España y condenó a su Presidente por aquel entonces el inefable corruptor Felipe González, Alias el Rey Sol --Apodo que se le dio en la Guardia Civil porque decidía quien vivía y quién moría como él mismo reconoció hace bien poco públicamente GAL ETC-- sentencia que sigue sin ejecutarse a pesar de la contundencia del TEDH que dijo con rotundidad que se habían cometido delitos en masa y contra los derechos humanos, curiosamente desde el año 2006 al 2013, la sentencia sigue sin ejecutarse y además el mismo formato la sentencia del TC Español en el recurso de amparo 890/91 de mi compañero y amigo El Cabo Rosa.

España no puede consentir ni un minuto más estar gobernada por el sistema del Psoe y del PP, bandas que no sólo han sembrado el caos y la pobreza sino que han saqueado el estado, han roto la concordia y han gobernado como si la democracia fuera cosa privada para unos pocos y el ordenamiento jurídico se les aplicara de forma graciable, como en el presente caso, a ETA SÍ y a los Guardias Civiles NO, no es cuestión de interpretación, las decisiones del TEDH son extendibles a todos; por ello los gobiernos que han generado el caos en su momento tendrán que responder, puesto que no cumplen ni con la ley, ni con la ética , ni son decentes, se sientan en el mismo lado que el de los asesinos, amparando lo que una sociedad decente no puede permitir.

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El PSOE ocultó reiteradamente su deuda real con los bancos

ROBERTO PÉREZ / MADRID

Los descuadres contables detectados por el Tribunal de Cuentas llegaron a rozar los 30 millones

El PSOE ocultó reiteradamente su deuda real con los bancos

La contabilidad del PSOE encubrió durante años el alcance real de la deuda que arrastraba con los bancos. Como informó ABC, en 2005 el Tribunal de Cuentas detectó 29,57 millones de euros que no aparecían en la contabilidad de los socialistas y que, sin embargo, los bancos declararon formalmente que se los debían. Eran créditos impagados que se remontaban a los años 80, que habían vencido en 1990 y que, al no ser satisfechos, desde 1990 siguieron acumulando intereses de demora. Pero esa práctica de no reflejar todas las deudas no solo la aplicó el PSOE en sus cuentas de 2005, sino durante años, según la propia documentación oficial del Tribunal de Cuentas recopilada por ABC.

Y no solo ignoró en su contabilidad el requisito de anotar los multimillonarios intereses de demora, sino que durante algunos años tampoco reflejó los créditos que debían varias agrupaciones territoriales del PSOE.

Deudas no contabilizadas
Ya en la contabilidad del año 2000, el Tribunal de Cuentas cifró en no menos de 12 millones de euros las deudas bancarias que la dirección del PSOE no había incluido en su contabilidad oficial. La práctica, que no era nueva, continuó en los años siguientes. En la contabilidad de 2003, el Tribunal advirtió que faltaban más de 21 millones de euros de deudas —ese año empezó a contar también la parte del PSOE vasco, que igualmente se remontaba a los años 80—; en 2004 los descuadres ascendieron exactamente a 29.275.492,74 euros; y en 2005, la diferencia entre la deuda contabilizada por el PSOE y la reclamada por las entidades de crédito subió hasta los 29,57 millones. Cada año que pasaba, la deuda crecía por los intereses de demora.

En 2006 desaparecieron de un plumazo esos descuadres gracias al ventajoso acuerdo alcanzado por el PSOE con los bancos: pagando 6,44 millones de euros, zanjó una deuda de más de 36 millones que las entidades le reclamaban por créditos vencidos y no pagados desde hacía más de 15 años. Esos casi 30 millones de euros que se le perdonaron tampoco fueron declarados en contabilidad, donde debían haber aparecido como «ingresos extraordinarios».

En varios informes, de varios años, el Tribunal de Cuentas reconoce expresamente que el PSOE no anotó en sus libros el alcance real de la deuda. Ya en su informe sobre la contabilidad socialista del año 2000 alertaba de que en ella no aparecía «el coste financiero posterior al vencimiento» de los créditos impagados. En la fiscalización de 2003 —y ocurrió también en 2004 y en 2005— reiteraba el Tribunal de Cuentas que había abultadas «diferencias entre la deuda informada [por los bancos] y los saldos reconocidos por el partido», así como otros créditos vencidos e impagados «que el partido no contabiliza por entender que estas operaciones no le corresponden», pese a que luego fueron parte de los ventajosos pactos a los que llegó con los bancos en 2006.

Además, durante años no registró en su contabilidad deudas multimillonarias de su red de sedes territoriales. En 2005, el descuadre adicional por este concepto superaba los 5,4 millones de euros. Al analizar la contabilidad de 2004, el Tribunal de Cuentas ya advirtió al PSOE que estaba obviando en su contabilidad «operaciones de endeudamiento suscritas por la organización local». Y a renglón seguido indicaba: «Se vuelve a reiterar la necesidad por parte de la formación política de consolidar toda su organización territorial e institucional en los estados presentados».

Prácticas reincidentes
Era algo en lo que el PSOE llevaba incurriendo desde hacía varios años. En el informe sobre la contabilidad de 2003 ya tuvo que recordar a la dirección socialista que «el Tribunal de Cuentas, a efectos del control, considera a cada formación política como una única realidad económico-financiera en la que se ha de integrar toda la organización territorial e institucional, sin que pueda aceptarse el criterio expuesto [por el PSOE] en el escrito de alegaciones». Y es que, ya por entonces, el mismo Tribunal reconoció que la cúpula del Partido Socialista no había incluido en sus libros «la contabilidad del resto de las agrupaciones locales del partido, la de los grupos políticos de las Corporaciones Locales ni la de la representación del grupo parlamentario en el Parlamento Europeo».

Pese a las advertencias, el PSOE persistió en esta anomalía, que limitó la acción fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. Por ello, este organismo incluyó textualmente idéntica coletilla en sus informes de fiscalización de la contabilidad del PSOE de 2004 y 2005: «Se vuelve a reiterar la necesidad por parte d la formación política de consolidar toda su organización territorial e institucional en los estados [económicos] presentados».
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