El PSOE ocultó reiteradamente su deuda real con los bancos

ROBERTO PÉREZ / MADRID

Los descuadres contables detectados por el Tribunal de Cuentas llegaron a rozar los 30 millones

El PSOE ocultó reiteradamente su deuda real con los bancos

La contabilidad del PSOE encubrió durante años el alcance real de la deuda que arrastraba con los bancos. Como informó ABC, en 2005 el Tribunal de Cuentas detectó 29,57 millones de euros que no aparecían en la contabilidad de los socialistas y que, sin embargo, los bancos declararon formalmente que se los debían. Eran créditos impagados que se remontaban a los años 80, que habían vencido en 1990 y que, al no ser satisfechos, desde 1990 siguieron acumulando intereses de demora. Pero esa práctica de no reflejar todas las deudas no solo la aplicó el PSOE en sus cuentas de 2005, sino durante años, según la propia documentación oficial del Tribunal de Cuentas recopilada por ABC.

Y no solo ignoró en su contabilidad el requisito de anotar los multimillonarios intereses de demora, sino que durante algunos años tampoco reflejó los créditos que debían varias agrupaciones territoriales del PSOE.

Deudas no contabilizadas
Ya en la contabilidad del año 2000, el Tribunal de Cuentas cifró en no menos de 12 millones de euros las deudas bancarias que la dirección del PSOE no había incluido en su contabilidad oficial. La práctica, que no era nueva, continuó en los años siguientes. En la contabilidad de 2003, el Tribunal advirtió que faltaban más de 21 millones de euros de deudas —ese año empezó a contar también la parte del PSOE vasco, que igualmente se remontaba a los años 80—; en 2004 los descuadres ascendieron exactamente a 29.275.492,74 euros; y en 2005, la diferencia entre la deuda contabilizada por el PSOE y la reclamada por las entidades de crédito subió hasta los 29,57 millones. Cada año que pasaba, la deuda crecía por los intereses de demora.

En 2006 desaparecieron de un plumazo esos descuadres gracias al ventajoso acuerdo alcanzado por el PSOE con los bancos: pagando 6,44 millones de euros, zanjó una deuda de más de 36 millones que las entidades le reclamaban por créditos vencidos y no pagados desde hacía más de 15 años. Esos casi 30 millones de euros que se le perdonaron tampoco fueron declarados en contabilidad, donde debían haber aparecido como «ingresos extraordinarios».

En varios informes, de varios años, el Tribunal de Cuentas reconoce expresamente que el PSOE no anotó en sus libros el alcance real de la deuda. Ya en su informe sobre la contabilidad socialista del año 2000 alertaba de que en ella no aparecía «el coste financiero posterior al vencimiento» de los créditos impagados. En la fiscalización de 2003 —y ocurrió también en 2004 y en 2005— reiteraba el Tribunal de Cuentas que había abultadas «diferencias entre la deuda informada [por los bancos] y los saldos reconocidos por el partido», así como otros créditos vencidos e impagados «que el partido no contabiliza por entender que estas operaciones no le corresponden», pese a que luego fueron parte de los ventajosos pactos a los que llegó con los bancos en 2006.

Además, durante años no registró en su contabilidad deudas multimillonarias de su red de sedes territoriales. En 2005, el descuadre adicional por este concepto superaba los 5,4 millones de euros. Al analizar la contabilidad de 2004, el Tribunal de Cuentas ya advirtió al PSOE que estaba obviando en su contabilidad «operaciones de endeudamiento suscritas por la organización local». Y a renglón seguido indicaba: «Se vuelve a reiterar la necesidad por parte de la formación política de consolidar toda su organización territorial e institucional en los estados presentados».

Prácticas reincidentes
Era algo en lo que el PSOE llevaba incurriendo desde hacía varios años. En el informe sobre la contabilidad de 2003 ya tuvo que recordar a la dirección socialista que «el Tribunal de Cuentas, a efectos del control, considera a cada formación política como una única realidad económico-financiera en la que se ha de integrar toda la organización territorial e institucional, sin que pueda aceptarse el criterio expuesto [por el PSOE] en el escrito de alegaciones». Y es que, ya por entonces, el mismo Tribunal reconoció que la cúpula del Partido Socialista no había incluido en sus libros «la contabilidad del resto de las agrupaciones locales del partido, la de los grupos políticos de las Corporaciones Locales ni la de la representación del grupo parlamentario en el Parlamento Europeo».

Pese a las advertencias, el PSOE persistió en esta anomalía, que limitó la acción fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. Por ello, este organismo incluyó textualmente idéntica coletilla en sus informes de fiscalización de la contabilidad del PSOE de 2004 y 2005: «Se vuelve a reiterar la necesidad por parte d la formación política de consolidar toda su organización territorial e institucional en los estados [económicos] presentados».
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Durante 32 años -que no son pocos- he oído que la Guardia Civil intentó dar un Golpe de Estado, EN BARES, LA CALLE, TERTULIAS DE AMIGOS Y FAMILIARES... 

Y éramos 68.000 guardias civiles, y sólo participaron 200. 

67.800 fuimos fieles a la Democracia y a la Constitución,  aquél día estuve defendiendo el posible asalto al Palacio de la Moncloa, y sólo el Presidente Adolfo Suárez nos dio las gracias, el resto de políticos en mi opinión, jamás mostraron su gratitud a los que fuimos fieles al bienestar de los españoles aunque era nuestra obligación, hoy, he encontrado la foto del 24 de Febrero de 1981.

¡Siempre en el recuerdo compañeros! ¡Y qué mal pagados por siempre!

JOSMAN.

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Publicado por Blogger para JOSMAN (JOSé MANuel García García) el 12/07/2013 12:58:00 p.m.
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LA VOZ PORTADA: Las manipulaciones del Gobierno y de la Casta Polí...

LA VOZ PORTADA: Las manipulaciones del Gobierno y de la Casta Polí...: No debemos pasar por alto que este o el otro Gobierno del partido único por el saqueo de España PSOE y PP, han hecho de su capa una gran co...
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La sentencia del Tribunal de
Derechos Humanos de Estrasburgo,

NO DICE que los etarras, ni los
violadores, etc, son buenos.
NO DICE que los etarras, ni los
violadores, no tengan que estar en la cárcel.
NO DICE que las penas a los etarras, ni a
los violadores, etc, sean duras o que no pudieran ser mucho
más duras.

Lo que el Tribunal de Derechos
Humanos
, DICE
es que lo hemos hecho muy mal a la hora
de castigarlos, porque primero les hemos puesto una pena muy
blanda Y luego hemos querido arreglarlo haciendo
un apaño, que es el que el tribunal ha
declarado ilegal.

El origen del problema data del
Código Penal de 1973. Este código establecía una pena
máxima de 30 años y un sistema de un día de redención de
pena por cada dos de trabajo. De esta manera, resultaba
primero que terroristas condenados a cumplir condenas de
cientos de años en ningún caso podían cumplir más de 30,
y segundo podían salir de la cárcel cumpliendo apenas 20
al descontarse de los 30 los beneficios penitenciarios por
redención de pena. Indirectamente también provocaba el
efecto de eliminar el principio de proporcionalidad de la
pena, estableciendo de hecho una tarifa plana para el crimen
en virtud de la cual penalmente casi daba igual matar a uno
que a ochenta.

Esta situación se prolongó hasta
1995, año en que se reformó en profundidad el Código
Penal incluyendo este asunto. Es decir, que todos los casos
que ahora representan un problema datan de ese período
comprendido entre 1977 (tras la amnistía general que se
produjo aquel año) y 1995.

La situación eclosionó en 2006
en el momento en que los primeros etarras juzgados por el
código del 73, en virtud de aquel código y aquel sistema
de redención de penas, tenían que empezar a ser
liberados.

Puesto en la tesitura de tener que
poner en libertad al terrorista Henri Parot, autor del
atentado contra una casa cuartel en Zaragoza en el que
murieron 11 personas, tras tan sólo 16 años de haber
estado encarcelado, el Tribunal Supremo lo evitó creando la
“doctrina Parot”. En virtud de esta doctrina el tribunal
interpretaba que las redenciones de pena por beneficios
penitenciarios no debían descontarse de los 30 años de
pena máxima efectiva, sino del conjunto de todas las
condenas que, en el caso de los terroristas más
sanguinarios, podía alcanzar centenares de años.

La doctrina Parot no sólo evitaba
la excarcelación de etarras sino de otros delincuentes
particularmente peligrosos, incluyendo asesinos en serie o
violadores reincidentes.

No obstante, si analizamos la
secuencia de los hechos, lo que tenemos es un Código Penal
ridículamente desequilibrado a favor de los criminales.
Pero ése fue el Código Penal que mantuvieron sucesivos
gobiernos entre 1977 y 1995. Es decir, que algunos de
nuestros bienamados políticos, particularmente los del
PSOE, decidieron mantener durante 18 años ese código
particularmente blando con los terroristas, duro con las
víctimas y peligroso para la sociedad.

No es culpa del
tribunal europeo que eligiéramos ese código. En el
año 77, en el 82, o en cualquier otro momento anterior al
95, podíamos haber implantado la cadena perpetua revisable,
como en Francia o Alemania, y hubiera sido perfectamente
legítimo.

En vez de eso mantuvimos el
código del 73 y más tarde, muy en línea de nuestra peor
reputación de improvisadores y chapuceros, al llegar las
consecuencias del desastre hicimos un apaño fulañero para
intentar paliar las consecuencias de una previa política
penal catastrófica.

El problema es que aquel apaño no
fue legal. Uno puede elegir, legítimamente, imponer una
pena de 10, 20 u 80 años a un terrorista. Lo que no
puede hacer es ponerle una pena de 10 años y, transcurridos
esos 10 años, dándose cuenta de que era una pena muy
pequeña, intentar cambiarla por otra de 20. Eso es lo que
el Tribunal de Derechos Humanos ha determinado que no se
puede hacer. Y es por eso por lo que los etarras detenidos
en Francia pueden estar condenados a penas más duras que en
España con la bendición apostólica del Tribunal de
Estrasburgo.

Lo que el Tribunal de Derechos
Humanos ha dicho, por tanto, no es que los etarras
sean buenos, ni que merezcan penas inferiores a las que se
les impusieron, ni que los etarras de la promoción del 94
sean mejores que los de la promoción del 95, sino que
nosotros fuimos tontos.

Las responsabilidades no hay que
pedirlas al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo,
sino a todos los políticos españoles que por activa
o por pasiva han permitido esta situación.

Si alguno de los políticos
españoles  responsables de la situación
denunciada , en el Parlamento, Senado,
Parlamento Europeo, etc,  tuviera algo de vergüenza
dimitiría y no sólo pediría perdón aunque lo haga
compungido. No lo vamos a ver porque son unos
hipócritas.
Resumiendo. Lo que el Tribunal de
Derecho Humanos dice no es que los etarras sean buenos, sino
que nosotros los españoles somos tontos.

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