Juez y fiscal del ‘caso Bárcenas’ aparcan sus vacaciones para acelerar las pesquisas 

 Los investigadores están cada vez más convencidos de que sí existió una caja b en el PP

 Autor: ÁLVARO GARCÍA 

Los investigadores del caso de los papeles de Bárcenas no quieren eternizar la instrucción del juez Pablo Ruz. Están a la espera de que los peritos certifiquen si la supuesta caja b del PP de los últimos 20 años ha generado un delito fiscal a partir del ejercicio de 2007 (los anteriores, desde 1990, han prescrito). Es decir, si esa contabilidad opaca ha sido nutrida, a base de donaciones ilegales, por encima de la cuota penal tributaria de los 120.000 euros (delito fiscal). Ruz y el fiscal Antonio Romeral aparcarán las vacaciones unos días a mitad de agosto para tratar de agilizar la causa. Las pesquisas de los papeles de Bárcenas, —salvo que el extesorero del PP o los testigos que faltan por declarar aporten más y nuevas pruebas— están bastante avanzadas, pues comenzaron en febrero, tras la publicación en EL PAÍS de la supuesta caja b del PP en los últimos 20 años. Ruz ha incorporado a la causa los archivos del pen drive que el extesorero aportó cuando fue a declarar el día 15, para su análisis pericial: para cotejar, por ejemplo, las fechas en que fueron confeccionados esos documentos. El juez Pablo Ruz sale de la Audiencia Nacional. Que citen a declarar a mitad de agosto a la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a sus antecesores Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas, revela el propósito de los investigadores de completar cuanto antes las pesquisas. En este asunto, lo recuerda el juez en el auto en que cita a dichos altos cargos, se investigan delitos fiscales, desde el ejercicio de 2007, y otros de cohecho. Gran parte de las imputaciones que tiene Ruz sobre la mesa (la financiación ilegal o el cobro de sobresueldos...) son infracciones administrativas, pero no delitos, salvo que alcancen la cuota penal tributaria de los 120.000 euros en un ejercicio. Y de acuerdo con las anotaciones de Bárcenas no está claro que así sea, salvo en algún caso y a partir de 2007. Lo anterior estaría prescrito. La razón fundamental de la cita que tiene Cospedal el próximo 14 con Ruz, es para que explique, como secretaria general del PP, cómo actúa el partido con las donaciones. ¿Qué hace con ellas y que trámites contables sigue? Los papeles de Bárcenas coinciden con las cuentas oficiales del PP, pero en la contabilidad del partido figuran las donaciones fraccionadas, para que el Tribunal de Cuentas no notase que excedían del límite de 60.000 euros que hasta 2007 imponía la Ley de Financiación de Partidos Políticos. La suma de esas cantidades troceadas coincide con la cifra que Bárcenas anotó en sus papeles. Pero eso no es un delito. A Cospedal le ha extrañado que la llame el juez porque solo ha cubierto seis meses como secretaria general dentro del periodo que se investiga (accedió a este cargo en mayo de 2008). Ella tendría responsabilidad en un eventual delito fiscal si el extesorero acreditara que le dio instrucciones precisas, como superior suyo, para que llevase una caja b. Si con ella se han pagado sobresueldos, es otro tema. Ruz ha puesto su mirada, por la fecha y por la cuantía —y por eso pide al PP el expediente completo— en el contrato del arquitecto Gonzalo Urquijo para las obras de la sede del PP en la calle de Génova de Madrid. Este cobró más de 637.000 euros por esas obras: 195.000, el 28 de enero de 2008, y 258.000, el 13 de marzo del mismo año. De estas cantidades sí se devengaría la cuota penal tributaria de los 120.000 euros y no estaría prescrita. Entonces, el PP tendría que explicar de dónde salió ese dinero, y si tributó por él. Y el arquitecto también. En esta causa también se investiga si hubo cohecho (aportaciones anónimas de empresarios al PP a cambio de contratas). En este caso la investigación arranca desde 2002, porque el plazo de prescripción es más elevado, pero hay que acreditar quién paga y qué obra concreta. El juez también ha citado a declarar, el 13 de agosto, como testigos, a Cascos y Arenas. El motivo es el mismo: que expliquen el sistema de donaciones. También tendrán que aclarar, porque lo preguntarán las partes, si cobraron los jugosos sobresueldos que les achaca Bárcenas. Ninguno de los dos está imputado en el caso Gürtel (matriz del caso Bárcenas), a pesar de que en el sumario sobrevuelan sus nombres con tenacidad. Arenas era cliente habitual de la agencia de viajes del cabecilla Francisco Correa (con cargos al PP y otras instituciones). Cascos no viajaba con Correa, pero en el sumario constan decenas y decenas de contratas de AENA adjudicadas a la red Gürtel en la época en que él era ministro de Fomento y, por añadidura, máximo jefe de esta empresa pública. Además, Arenas y Cascos pasan por ser dos de los altos cargos del PP que más sobresueldos han cobrado de la supuesta caja b. Los investigadores quieren atar indicios, con estos y otros testimonios, que avalen lo que ya tienen en sus mentes: que sí existió una caja b. Hay perceptores que lo han admitido en sede judicial. El juez cita a Cospedal, Cascos y Arenas como testigos Bárcenas expone nuevos delitos que tiene que probar Bárcenas, en la cárcel Bárcenas admitió las entregas en dinero b: “No había retención” Ruz indaga si el PP cometió delito fiscal por los sobresueldos “Por delicadeza, no contábamos los billetes delante de los donantes”
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