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El fiscal de Galicia aborda con los afectados una demanda colectiva contra las cláusulas abusivas 

Comprobará si los contratos hipotecarios aportados por la plataforma de Vigo incurren en esta práctica y reclamará a las entidades su retirada "de buena fe" antes de iniciar el proceso

Autor:  a. blasco  

  Representantes de la PAH Vigo-Tui, el lunes, con Carlos Varela (izq.) y José Ramón Piñol (dcha.). // FdV 
Representantes de la PAH Vigo-Tui, el lunes, con Carlos Varela (izq.) y José Ramón Piñol (dcha.). // FdV 
  

La Fiscalía Superior de Galicia colaborará con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Vigo-Tui en su lucha contra las cláusulas abusivas en los préstamos y créditos hipotecarios que acucian a numerosas familias de la comarca viguesa. Su titular, Carlos Varela, y su teniente fiscal, José Ramón Piñol, se comprometieron el lunes con el colectivo a analizar las escrituras de estos contratos para determinar si las entidades emisoras incurren en estas prácticas y, en especial, en la denominada cláusula suelo "sin transparencia", por la que ya han sido condenadas Novagalicia Banco, BBVA y Caja Mar. De ser así, requerirán su retirada "de buena fe". Contra las entidades que se muestren reticentes a anularla "en un tiempo razonable", la Fiscalía "se plantea articular una demanda colectiva".

La sentencia del Tribunal Supremo del pasado 9 de mayo les abre el camino. Este fallo ratifica la nulidad de las cláusulas suelo cuando no reúnan las condiciones de transparencia exigibles y ha forzado a las tres entidades condenadas a anunciar su retirada. Pero la sentencia no obliga al resto de financiadores y la PAH Vigo-Tui denuncia que la mayoría son reacias a eliminarla. En Vigo y su comarca ya han presentado alrededor de 40 reclamaciones. "Cada afectado, uno por uno, tiene que exigirlo en su banco, que casi siempre rechaza la petición, por lo que luego la única opción posible es poner una demanda judicial de forma individual, con los costes que eso supone y que la mayoría no pueden permitirse", critica Olga Rodríguez Puga, de la plataforma. El fiscal superior considera que el fallo del Supremo ha sentado un precedente de aplicación en toda España por lo que, acogiéndose a él, sería posible plantear "una demanda colectiva que evite el goteo interminable en los juzgados", al igual que hizo con las preferentes. "Es un instrumento procesal de reparación masiva", describe y añade su departamento puede actuar en este caso "respondiendo a intereses de carácter general o porque hay múltiples afectados".

¿Quien podría adherirse a esta demanda colectiva? Aquellos consumidores que sufran un crédito con estas cláusulas abusivas y que no estén inmersos ya en una ejecución hipotecaria. Para estos últimos, el juez que instruye su causa abrirá un incidente contradictorio ("un pequeño juicio", en palabras del fiscal superior) para determinar si el contrato incluye estas condiciones ilícitas.

El ámbito de actuación todavía está por decidir: "Debemos tomar una decisión, si se limita a Pontevedra, porque los casos están domiciliados en esta provincia, o si afecta a todos los gallegos. En este último caso, lo plantearíamos desde la Fiscalía Superior; si no, desde la provincial de Pontevedra". Su fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, que se reunió ayer con Varela, también se involucrará en la causa. En los próximos días recibirá a los representantes de la PAH de Vigo.

Ninguna fiscalía superior en España intentó nunca una acción de este tipo. Sería la segunda demanda colectiva referente a un producto financiero. La primera, la de las preferentes, también la impulsó Carlos Varela. "Todas las plataformas de afectados por la hipoteca de España están centradas ahora en la lucha contra las cláusulas abusivas, pero nosotros somos la única que tenemos contacto con la Fiscalía Superior", destaca Olga Rodríguez, que califica de "pionera" la iniciativa y agradece la "receptividad" del representante del Ministerio Público.

La idea de la demanda colectiva partió de la PAH y se la plantearon al fiscal superior en una conferencia en la que coincidieron en Ponteareas. Tras debatirlo con su teniente fiscal, Carlos Varela aceptó la empresa. El colectivo empezará a remitir ahora los expedientes a la Fiscalía Superior que iniciará la "esencial" fase de estudio. No fijan plazos. "Hay que ir pasito a pasito".

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Un guardia civil denuncia que el CNI usó las empresas de Marcial Dorado para introducir espías en Marruecos 

Según la denuncia presentada en Antocorrupción, en 2007 Jorge Dezcallar facilitó la creación de empresas a nombre de Dorado en Marruecos para usarlas posteriormente como "caballo de troya" del espionaje español.

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El espionaje español se sirvió de los servicios del narco Marcial Dorado para introducir espías en territorio marroquí de manera discreta. Así lo denunció frente a Anticorrupción el exguardia civil José Manuel Sánchez Zabala, uno de los principales testigos de cargo en el juicio contra Dorado. eldiario.es se ha puesto en contacto con el CNI desde donde una fuente oficial afirma: "Negamos rotundamente que hayamos tenido relación o hayamos usado las empresas de Dorado como pantalla en Marruecos".
 La redacción de eldiario.es ha tenido acceso a la denuncia que Sánchez Zabala presentó en Anticorrupción. El registro de entrada es del 5 de noviembre de 2007. En ella, este  exguardia civil explica que sus superiores le ordenaron en 1996 acercarse a Marcial Dorado e introducirse en su entorno en el contexto de una operación secreta que tenía por objeto captar al entonces contrabandista de tabaco como colaborador del espionaje español.
Según denunció Sánchez Zabala, “todo el objetivo de la operación no fue otro que utilizar el poder económico de D. Marcial Dorado para comprar una empresa estratégica en Marruecos”. Según su relato, “cuando Dezcallar fue elegido por Aznar para dirigir el CNI, la empresa de Marcial Dorado fue ofertada como cobertura para la actuación de los servicios de inteligencia que operaban en Marruecos en plena crisis diplomática”. 
Dicho de otro modo, lo que declara el principal infiltrado en la red de Dorado es que el espionaje español se sirvió de Marcial Dorado como “caballo de Troya” para introducir en Marruecos espías que se hacían pasar por empleados de sus compañías. Marruecos es tradicionalmente el país de mayor relevancia para el espionaje español y uno de los países a los que más recursos dedica. Los conflictos diplomáticos entre ambos reinos han sido constantes a pesar de las buenas relaciones que siempre han mantenido las monarquías de ambos países. En círculos diplomáticos se considera Marruecos como la región objetivo número uno para España en materia de información y espionaje.

 La empresa que Dorado instaló en el reino alauí se dedicaba a la producción de aceite bajo el nombre Oil-Maroc S.A. Según la denuncia presentada en 2007, “el propio embajador de España en Rabat (Sr Dezcállar) facilitó a través de sus consejeros la compra de dicha empresa para Dorado”.

Manuel Sánchez Zabala inició su relación con Dorado por motivos del servicio pero terminó desarrollando con el narco una relación personal y profesional. En la actualidad se encuentra imputado por delitos relacionados con las supuestas actividades ilícitas del narco gallego.

En su defensa, Sánchez Zabala, argumenta que siempre actuó bajo las órdenes de sus superiores y denuncia que fue amenazado por éstos de la posible apertura de un expediente de investigación. Siempre según el relato del exguardia civil, estas presiones son las que motivaron su decisión de solicitar la excendencia voluntaria del cuerpo armado.

Según su relato, todos sus superiores conocían y auspiciaban las relaciones con Dorado, hasta el punto de que algunos altos mandos de la Guardia Civil incluyeron a familiares en el accionariado de las empresas de Dorado en Marruecos. Según Zabala, "prueba de que la adquisición de la empresa estratégica se llevó a cabo con éxito son los numerosos documentos mercantiles registrados en los que figuran como accionistas Marcial Dorado y María del Pilar López López, cónyuge del superior del denunciante (jefe de equipo de Policía Judicial).

La denuncia presentada por este exespía de la Guardia Civil no tuvo relevancia judicial alguna y tampoco supuso para él ninguna imputación relacionada con las acusaciones que en ella realiza. 
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