La AME pide juzgar por lo militar al juez López Guerra y a los gobiernos que han renunciado a castigar a ETA

El ex secretario de Estado de Justicia con Zapatero, Luis López Guerra

La Asociación de Militares Españoles (AME) reclamó hoy que “sean juzgados bajo el fuero militar como reos de conspiración y traición consumadas a España”, todos aquéllos que “por comisión u omisión”, han colaborado con ETA, incluidos el juez Luis López Guerra y los gobiernos que “teniendo los medios y facultades para poner coto al terrorismo, no lo han hecho”.

El presidente de la AME, coronel retirado Leopoldo Muñoz, incluyó expresamente en declaraciones a Servimedia al juez López Guerra, que votó ayer en contra de la ‘Doctrina Parot’ en el Tribunal de Estrasburgo, y a los miembros de anteriores gobiernos, entre las personas susceptibles de ser juzgadas por el fuero militar, como de un modo más genérico proponía la nota de prensa que difundió la asociación esta mañana.

El coronel Muñoz explicó que deberían ser considerados reos de conspiración y traición consumadas “gobiernos que no han aplicado con el rigor necesario la justicia”, de forma que han tenido que aplicar retroactivamente la ‘Doctrina Parot’ que ayer fue desautorizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En su opinión, también deberían ser juzgados por lo militar aquéllos que han sido “colaboradores necesarios” o han “ayudado”, “amparado” o “protegido” a los terroristas, o bien han negociado con ellos como el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el PNV. El coronel Muñoz incluyó igualmente en este grupo a los “separatistas catalanes”.

En la nota de prensa, AME describe la liberación de la etarra Inés del Río y las sucesivas que vengan en aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo como “una ignominia, una burla sangrienta e inadmisible y un atentado a la memoria” de los militares, policías y civiles que “han vertido inútilmente su sangre” a manos de ETA.

Esta asociación, compuesta principalmente por militares retirados, critica también “la lenidad, si es que no la complacencia”, del Gobierno del PP, que, pese a su mayoría absoluta, no combate a quienes celebran la liberación de Del Río, a quienes propone “sancionar con la dureza precisa”. Las “frases huecas” del Gobierno lamentando la sentencia de Estrasburgo y mostrando su apoyo a las víctimas le parecen una “falsedad, hipocresía y muestra de sepulcros blanqueados”.

La AME, que se adhirió a la manifestación de las víctimas del terrorismo convocada para este domingo, confía en que “una vez recuperados plenamente los instrumentos que la Constitución prevé para que impere claramente la Justicia, todos los que, por comisión u omisión (…) han colaborado necesariamente a la inaceptable, tercermundista y bochornosa situación actual, sean juzgados bajo el fuero militar como reos de conspiración y traición consumadas a España

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La AME pide juzgar por lo militar al juez López Guerra y a los gobiernos que han renunciado a castigar a ETA

El ex secretario de Estado de Justicia con Zapatero, Luis López Guerra

La Asociación de Militares Españoles (AME) reclamó hoy que “sean juzgados bajo el fuero militar como reos de conspiración y traición consumadas a España”, todos aquéllos que “por comisión u omisión”, han colaborado con ETA, incluidos el juez Luis López Guerra y los gobiernos que “teniendo los medios y facultades para poner coto al terrorismo, no lo han hecho”.

El presidente de la AME, coronel retirado Leopoldo Muñoz, incluyó expresamente en declaraciones a Servimedia al juez López Guerra, que votó ayer en contra de la ‘Doctrina Parot’ en el Tribunal de Estrasburgo, y a los miembros de anteriores gobiernos, entre las personas susceptibles de ser juzgadas por el fuero militar, como de un modo más genérico proponía la nota de prensa que difundió la asociación esta mañana.

El coronel Muñoz explicó que deberían ser considerados reos de conspiración y traición consumadas “gobiernos que no han aplicado con el rigor necesario la justicia”, de forma que han tenido que aplicar retroactivamente la ‘Doctrina Parot’ que ayer fue desautorizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En su opinión, también deberían ser juzgados por lo militar aquéllos que han sido “colaboradores necesarios” o han “ayudado”, “amparado” o “protegido” a los terroristas, o bien han negociado con ellos como el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el PNV. El coronel Muñoz incluyó igualmente en este grupo a los “separatistas catalanes”.

En la nota de prensa, AME describe la liberación de la etarra Inés del Río y las sucesivas que vengan en aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo como “una ignominia, una burla sangrienta e inadmisible y un atentado a la memoria” de los militares, policías y civiles que “han vertido inútilmente su sangre” a manos de ETA.

Esta asociación, compuesta principalmente por militares retirados, critica también “la lenidad, si es que no la complacencia”, del Gobierno del PP, que, pese a su mayoría absoluta, no combate a quienes celebran la liberación de Del Río, a quienes propone “sancionar con la dureza precisa”. Las “frases huecas” del Gobierno lamentando la sentencia de Estrasburgo y mostrando su apoyo a las víctimas le parecen una “falsedad, hipocresía y muestra de sepulcros blanqueados”.

La AME, que se adhirió a la manifestación de las víctimas del terrorismo convocada para este domingo, confía en que “una vez recuperados plenamente los instrumentos que la Constitución prevé para que impere claramente la Justicia, todos los que, por comisión u omisión (…) han colaborado necesariamente a la inaceptable, tercermundista y bochornosa situación actual, sean juzgados bajo el fuero militar como reos de conspiración y traición consumadas a España

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ASUNTO: COMUNICANDO SOLICITUD DE GUARDIAS CIVILES DEMOCRÁTICOS PARA QUE SE EJECUTEN SENTENCIAS DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS FAVORABLES A LOS GUARDIAS CIVILES DEMOCRÁTICOS --TEDH-- CONSEGUIDAS LA PRIMERA EN NOVIEMBRE DEL AÑO 2006 Y LAS DOS PROPOSICIONES NO DE LEY APROBADAS EN 2009 Y 2013 Y PRESENTAS POR EL GRUP UPYD, POR UNANIMIDAD POR EL CONGRESO DIPUTADOS DE ESPAÑA AL IGUAL QUE SE HAN EJECUTADO LA SENTENCIA DEL MISMO TRIBUNAL EMITIDA HACE UNOS DÍAS A FAVOR DE LOS ASESINOS DE ETA.


SUGC, Guardias Civiles por los Derechos Humanos
ESTE BLOG PRESTENDE SER UN ÓRGANO DE DIFUSIÓN Y DE EXPRESIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DE LOS GUARDIAS CIVILES, FAMILIARES Y AMIGOS, Y UNA PLATAFORMA PARA EXIGIR JUSTICIA PARA PONER AL DESCUBIERTO OPERACIONES ILEGALES Y DELICTUALES COMO LA OPERACIÓN COLUMNA LLEVADA A CABO DESDE LA DEMOCRACIA CONTRA LOS DEMÓCRATAS Y GARANTES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES


Ntra Ref. SUGC-CEN
Fecha: 2013-10-28
ASUNTO: COMUNICANDO SOLICITUD DE GUARDIAS CIVILES DEMOCRÁTICOS PARA QUE SE EJECUTEN SENTENCIAS DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS FAVORABLES A LOS GUARDIAS CIVILES DEMOCRÁTICOS  --TEDH-- CONSEGUIDAS LA PRIMERA EN NOVIEMBRE DEL AÑO 2006 Y LAS DOS PROPOSICIONES NO DE LEY APROBADAS EN 2009 Y 2013 Y PRESENTAS POR EL GRUP UPYD, POR UNANIMIDAD POR EL CONGRESO DIPUTADOS DE ESPAÑA AL IGUAL QUE SE HAN EJECUTADO LA SENTENCIA DEL MISMO TRIBUNAL EMITIDA HACE UNOS DÍAS A FAVOR DE LOS ASESINOS DE ETA.


El CEN del Movimiento Democrático de la Guardia  Civil manifiesta a toda la ciudadanía su protesta por la aplicación de la sentencia favorable a la derogación doctrina Parot emitida por el TEDH y por la inaplicación de las sentencias ganadas por los Guardias Civiles en el mismo tribunal Europeo.


En reunión del CEN celebrada este fin de semana acordaron exigir al gobierno de España y a su parlamento el cumplimiento de las sentencias ganadas por los Guardias Civiles democráticos ante el TEDH.

Consideran un grave error y tremenda injusticia el que se apliquen inmediatamente resoluciones del TEDH a los asesinos de nuestros compañeros y ciudadanos y no se siga el mismo trato a los Guardias Civiles democráticos.

Las sentencias del TEDH , vinculan a todos y son ejecutivas, y si se les aplica a los terroristas debe aplicarse a los ciudadanos Guardias Civiles.

No debemos olvidar que los Guardias Civiles Democráticos ganaron en TEDH y su lucha justa y legítima se hizo de manera pacífica , cuando el Gobierno montó una Operación Delictual denominada Operación Columna contra todos sus ciudadanos y especialmente contra todos los guardias civiles y sus derechos.

La aplicación sin duda es debida los acuerdos políticos de una casta política indecente, y para muestra de lo que decimos, lo demuestra la inaplicación de las sentencias del TEDH a los Guardias Civiles.

España necesita regenerarse, necesita terminar con la casta política representada por el PP y Psoe, partido único que defiende y mantiene el secuestro de la democracia.

Exigimos , el mismo trato que a los de ETA, si las sentencias de Estrasburgo, se aplican a los que matan y asesinan, más ejecutivas deben ser a los que por vía pacífica han conseguido resoluciones favorables ante el mismo tribunal TEDH.

Exigimos una investigación de la Operación Columna y de los Gulaps montados con los Guardias Civiles en los Hospitales Militares Psquiátricos, para que la ciudadanía sepa el grado de corrupción de nuestra casta política que nunca ha parado de negociar con los asesinos de ETA.


Fd. Comité Ejecutivo Nacional



Guardias Civiles Democráticos solicitando mismo trato en ejecución sentencias TEDH que se les  da los Asesinos de ETA.
Los Guardias Civiles Democráticos perseguidos por la delictual Operación Columna por solcitar poder solicitar una asociación Cultural y Deportiva . Ganaron sentencia TEDH en noviembre 2006 sin ejecutar, y dos PNL por unanimidad en el Congreso diputados, en 2009 y 2013 sin ejecutar. Los asesinos reciben la ejecución de sentencia del mismo tribunal TEDH en menos de 24 horas.
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LA AUSENCIA DE LA IZQUIERDA.

Es verdad no ha estado la Izquierda, ni PSOE ni IU, no han tenido acto de presencia en la concentración de la Plaza de Colón de Madrid para acompañar a las Víctimas del Terrorismo tras la sentencia de Estrasburgo.
La izquierda nunca sintió como suyas a la inmensa mayoría de las víctimas de la banda terrorista Etarra, hasta que asesinaron a Francisco Tomás y Valiente, recuerdo los entierros de mis compañeros en la soledad de los pueblos extremeños y andaluces, así como de las dos Castillas.

Me he emocionado hoy al ver en la tribuna de oradores a mi amigo y compañero Alfonso Sánchez, que siendo casi adolescente sufrió el atentado de la Plaza de la República Dominicana, le reventaron los oídos y le ocasionaron trastornos psicológicos que él mismo ha reconocido en público, a Jesús Faucha lo conocía menos.

La incomprensión de la Izquierda hacia la Guardia Civil, que esa misma izquierda del PSOE ha utilizado desde el poder, viene en mi opinión de los años del franquismo, otra asignatura pendiente, olvidando los grandes servicios realizados para la II República. 

El PSOE, podía haber asistido, pero si no se va en la cabecera no se asiste, hay que abrazarse a la pancarta para la foto.

Cada día estoy más lejos del PSOE y más lejos de todos, mi partido es el de los pobres porque soy pobre, y mis hijos como yo mileuristas y alguno en paro.

El PSOE debe cambiar su mentalidad en lo referente a los Guardias Civiles, un resentimiento a una Institución tras 36 años de democracia, por un pasado oscuro y otros gloriosos nos empaña los ojos, los viejos como yo lloramos, y hasta casi nos meamos al ver la inmadurez de un partido y si cabe su insensibilidad, hacia unos hombres que servían a los derechos ciudadanos sin que nadie se los reconociera a ellos, en leyes y reglamentos alejados de una realidad democratica, nadie, ningún colectivo a muerto con tanto silencio ni el Dios hecho hombre que dijo: "Padre por qué me has abandonado" PSOE, porqué nos has abandonado.

Las heridas del franquismo
aún no cicatrizaron,
hay una izquierda ausente
que en democracia ha olvidado
que la sirvieron tricornios
que el terror ha explosionado.
Esa ausencia imperdonable
me asquea a mi por soldado.

JOSMAN.


--
Publicado por JOSMAN para JOSMAN (JOSé MANuel García García) el 10/28/2013 09:42:00 a.m.

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Las empresas tardan demasiado en ofrecer una solución útil

La atención al cliente sigue siendo la asignatura pendiente de marcas y empresas

Las marcas únicamente atienden el 21% de las quejas que se emiten a través de las redes sociales
24-10-2013 (10:31:43)
Atender al cliente en tiempo y forma en las redes sociales sigue siendo el caballo de batalla de las marcas. Por desgracia, las expectativas del cliente difícilmente se cumplen.

La mitad de los clientes espera conseguir una respuesta en el mismo día, aunque la naturaleza de las redes sociales permite ofrecer una respuesta más ágil. El 19% de los clientes considera que las marcas podrían atender sus peticiones en el plazo máximo de una hora. En ello coincide el 17% de quienes utilizan Facebook para contactar con la empresa.

Sin embargo, su paciencia puede llegar hasta una semana, a partir de cuando la mitad de los clientes dejaría de contar con la empresa. El 89% de los clientes deja de contratar los servicios de una empresa a causa de un mal servicio de atención al cliente. 

Los clientes insatisfechos tienen el doble de posibilidades de transmitir su experiencia que el resto

Ante una mala experiencia con la marca, el 26% de los clientes vuelca su frustración en Facebook o Twitter. Un hecho que no parece afectar mucho a las marcas, dado que el 79% de estas reclamaciones son directamente ignoradas. 

Las marcas únicamente atienden el 21% de las quejas que se emiten a través de las redes sociales. Todavía no son conscientes de la importancia que tiene responder a los clientes, y lo fácil que es mantener a un cliente satisfecho. Más de la mitad de estas respuestas (51%) consigue devolver al cliente la confianza en la marca. De ellas, el 22% de los clientes agradece el gesto publicando un comentario positivo acerca de la empresa y su gestión. Este tipo de reacciones en defensa de la marca no tienen precio. Además, los clientes que han recibido un trato correcto, están más dispuestos a volver a contar con la compañía y recomendar la marca en su entorno.

Las empresas no valoran a sus clientes. Hay una grave falta de conciencia sobre la necesidad de cultivar clientes satisfechos. Una tarea que es altamente rentable para la empresa, dado que conseguir un nuevo cliente es entre 6 y 7 veces más costoso que mantener a uno ya existente. Se estima que las consecuencias de una mala atención al cliente le cuestan a las empresas en todo el mundo unos 338 mil millones de dólares.

¿Qué es lo que hace que esperan los clientes de las marcas?

El 73% de los cliente valora especialmente la actitud y predisposición del personal de la tienda. Un 55% quiere encontrar fácilmente la información o ayuda que busca, y aara el 36% es imprescindible obtener una experiencia personalizada.

Según indican los clientes, si las empresas quieren mejorar el grado de satisfacción de sus clientes, necesitan mejorar la experiencia con la marca, en todos los aspectos (54%). Otro aspecto muy importante es facilitar las vías de contacto (52%) y el acceso a la información, incluso antes de hacer la compra (36%).

El 58% de los clientes se encuentran con el primer problema a la hora de intentar contactar con la empresa. Ésta no muestra claramente visible un teléfono o dirección de e-mail.

Existe un elevado desconocimiento sobre la marca y sus productos dentro de la propia organización. El 57% de los clientes considera que sabe más sobre la empresa que el personal que le atiende. Las empresas tardan demasiado en ofrecer una solución útil a su problema (56%), no son ágiles y resolutivas.

El trato que ofrece el personal de atención al cliente es muy frío e impersonal. El 51% de los clientes afirma que su interlocutor ni siquiera se identifica a la hora de dirigirse a él. Este distanciamiento impide generar empatía y mejorar la confianza del cliente.

Otro gran error de las marcas es no contar con un CRM, un sistema que les permita guardar el historial de cada cliente y con ello datos útiles e imprescindibles a la hora de gestionar cualquier problema. Un 34% de las marcas no recuerda o no tiene constancia de haber hablado con un cliente que atendió recientemente.

Definitivamente, la atención al cliente es una asignatura pendiente, que cada vez cobra más importancia, y se torna imprescindible para poder aprobar en el área de satisfacción de los clientes. Una materia cada vez más importante y necesaria para posicionarse como empresa en la que confiar y a la que recomendar.
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Desde que el lunes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbara definitivamente la ‘doctrina Parot’, ha llegado a la Audiencia Nacional una avalancha de recursos de etarras que solicitan su excarcelación inmediata. Concretamente, 36 presos de la banda terrorista ETA han pedido al tribunal que les firmen el licenciamiento definitivo.
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ETA Y LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2.014

ETA Y LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2.014

Rafael del Barco Carreras

Barcelona 23-10-2013. Hoy el estruendo mediático va de ETA. Quienes por desgracia tenemos experiencia en “liquidaciones de condena”, y sobretodo si en el cómputo se cruzan intereses políticos, o de políticos y corruptos amigos, sabemos que el lío que Estrasburgo ha provocado tenía que suceder.

Europa sabe que el amelé español entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, provoca cualquier arbitraria y disparatada resolución. Y la arbitrariedad en el cumplimiento de condenas continúa, se aplique el nuevo o viejo Código Penal. La aleatoria y complicada “redención de penas por el trabajo” se sustituye por “sesudos planes y estudios hacia la rehabilitación”, mucho más arbitrario que el sistema anterior. Lo demuestran los años reales de prisión cumplidos por los amigos o socios de Jordi Pujol, entre otros muchos, Javier de la Rosa y Juan Piqué Vidal.

Pero si en el especifico mundo penitenciario, al igual que en cualquier ámbito oficial, el totum revolutum entre los tres poderes del Estado, crea situaciones tan abracadabrantes como que por cada asesinato se paguen seis meses de prisión, en el político financiero ha propiciado que el País quiebre por expolio total y absoluto sin apenas repercusiones penales.

La “falsedad ideológica”, que ayer comentaba por la comparecencia de Narcís Serra en el juzgado n. 30 de Barcelona, se puede aplicar y ampliar ante los discursos en el debate por los Presupuestos Generales del Estado para 2014.

En su entelequia sus señorías dividen los poderes del Estado, y crean o discuten unos presupuestos que sin duda alteran y alterarán las aun desconocidas pérdidas por expolio de Catalunya Caixa y Bankia, y otros. Por ejemplo los 50.000 millones de deuda de la Generalitat, imposibles de pagar por su eterno déficit, y miles de millones en “preferentes”, o la capitalización y valoraciones que exija Europa ante la unión bancaria prevista para 2.014.  

 España en la práctica conforma un solo Poder, dividido en 17 taifas, y un cartel Banca-Estado, que actúan in extremis por el sistema de “caja única”; todos los desaguisados y estafas cometidas por “políticos o banqueros” los paga el Estado, o entran en el "tarde, mal, y nunca".

Si con unos presupuestos restrictivos es imposible la recuperación,  y con unos expansivos, además de imposibles por Bruselas, la quiebra se aceleraría, nos hallamos ante una inmensa “falsedad ideológica”, o repito en la cuadratura del círculo o matemáticas del Kaos.

 Grotesco el espectáculo Durán i Lleida.  De nuevo y con ímpetu, tras la reunión con PUJOL Y MAS, expone la lista de agravios contra Catalunya, aderezada con toda clase de porcentajes. Ni una palabra sobre CATALUNYA CAIXA, decenas de miles de millones de euros que ha pagado y pagará el Estado. Nadie en el hemiciclo cita o acusa. A la réplica con BANKIA se añade que por acción u omisión todos los partidos son culpables, y por tanto con estos o cualquier presupuesto se pagará el mayor de los expolios cometidos en España en toda su historia. Quizá solo comparable a cuando dicen que Felipe II se declaró tres veces en bancarrota, dando por pagados sus pagarés a los banqueros europeos, perdido el dinero en la infinidad de guerras por el ancho Imperio Español.

 Ahora no se ha dilapidado en guerras, sino en las golferías y malsana o fraudulenta ambición de la casta político-financiera. 

hace 3 horas - La deuda pública y privada alcanza un histórico 323% del PIB El intenso ajuste al que ha sido sometida la economía en los últimos años no ha ...
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Por Roberto Centeno*
“Jamás habrá un 'banco malo' en España”, afirmó Rajoy a principios de 2012. Pero la verdad en España es justo lo contrario de lo que aseguraba Rajoy, y sí hay 'banco malo', pero no como en otros países donde, por ejemplo, en  Alemania los bancos entregan activos tóxicos a riguroso precio de mercado y están obligados a incrementar el crédito a las familias por el equivalente del dinero recibido. Aquí, aparte de robarnos comprando por encima de mercado, reducen el crédito a familias y pymes y nos cobran los intereses y los servicios más altos de Europa.
El 'banco malo' es un mastodonte denominado Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que se ha constituido con un delito de fraude de ley, para socializar las pérdidas derivadas de la desastrosa gestión y la corrupción generalizada del sector financiero y que no sea computable como deuda. Fraude de ley porque financiándose en un 95,5% con dinero público, se monta una farsa indigna de un Gobierno serio para darle forma de sociedad privada que aporta sólo el 4,5% del total, y burlar así una normativa europea vigente en España, para que el dinero despilfarrado no sea computable como deuda.
Expolio, porque se han adquirido los activos por encima de mercado. Europa cree que los pisos traspasados a Sareb deben venderse con un descuento del 75%, frente al 54% aplicado, lo que equivaldría a una pérdida de dinero público de casi el 50%. A los préstamos a promotores les han aplicado un descuento medio del 45,6%, y los bancos habrían brindado con champagne si los hubiesen vendido con descuentos del 80%. Estos desalmados que nos gobiernan se negaron a hacer lo que en el resto del mundo: cerrar las entidades inviables, y además, también al contrario que el resto del mundo y en contra de lo que afirmaron una y otra vez, el coste está recayendo sobre los contribuyentes.
Caos total. El personal, desde la presidenta, Belén Romana, que no tiene ni idea del tema, hasta el conserje pasando por los directivos ha sido nombrado a dedo, en un caso de nepotismo impensable en un país civilizado. Como era de esperar con este hatajo de enchufados ignorantes, la estructura de decisiones y autorizaciones es un caos total, pero es que hasta en el mismo desarrollo administrativo de las operaciones que se cierran la desorganización es absoluta. Y lo que ya es el colmo: como no tienen ni idea de qué va el tema, para vender promociones están contratando con dinero público a los mismos sinvergüenzas que arruinaron estos proyectos, y además están dilapidando cantidades enormes contratando asesorías y servicios de terceros, en condiciones de falta absoluta de transparencia.
El  inaudito coste de la reestructuración bancaria
Antes del robo del rescate de los 100.000 millones de euros que se utilizaría como excusa para crear Sareb, se había puesto en marcha la reestructuración bancaria más desastrosa de Occidente: se ha ocultado, se ha engañado, se han falsificado balances, todo con la ayuda del BdE, se ha mentido sin límite a los ciudadanos y, lo peor, a día de hoy la factura es la mayor del mundo occidental, ¡271.539 millones de euros* o el 26,3% del PIB! Además, se han perdido de momento 45.000 millones de euros, 9.000 en CCM y FAAF y 36.000 reconocidos por FROB, algo que no ha sucedido en ningún otro país. Las pérdidas finales van a superar de largo los 100.000 millones. El mayor expolio a un pueblo en toda la historia de Europa.
En países de cultura similar a la española nunca podría suceder tamaña barbarie, porque la moral de la civilización lo impediría. Si aquí hubiera al menos independencia judicial, esta atrocidad sería impensable, porque estos poderosos malhechores estarían en la cárcel. España hoy no es hoy un pueblo civilizado, es un país bárbaro que utiliza los términos empleados porKant, porque una minoría que se encuentra por encima de la ley es capaz de imponer su inmoralidad enriqueciendo sin freno a una oligarquía política, financiera y monopolista, a costa del empobrecimiento general y la miseria de los colectivos marginados del trabajo.
Y para terminar, el sector bancario sigue al borde del abismo. Según Bank of America/Merrill Lynch en su informe de septiembre, “la morosidad, incluyendo los dudosos activos transferidos a Sareb, asciende a 222.000 millones, o el 21% del PIB, frente al 12% oficial. Pero si incluimos los refinanciados, de los que un 40% son problemáticos, y otros similares, la morosidad potencial es de 350.000 millones o el 34% del PIB”. El FMI acaba de estimar que se necesita ya otra recapitalización de 61.000 millones.
La excusa del MoU
Para la creación del 'banco malo' se utilizó como excusa el rescate de 100.000 millones avalado con nuestro dinero. Excusa, porque de las 30 condiciones impuestas en elMemorandum of Understanding (MoU), el Gobierno ha incumplido las que le ha dado la gana, que casualmente son las más importantes. El mandato esencial era que “la entidad adquirirá los activos a valor económico real”, pero Sareb los ha adquirido muy por encima.
Otro mandato fundamental era el de identificar la viabilidad de los bancos y cerrar los inviables. Incumplida en su totalidad. Otra, acometer las reformas estructurales para incrementar la competencia: los monopolios de Repsol, Gas Natural y las eléctricas todavía se están riendo. Y, por supuesto, cumplir los objetivos de déficit; en 2012 se produjo la mayor desviación conocida y este año acabaremos casi en el 8%. El resumen es claro: el 'banco malo' se creó para favorecer a lo oligarquía financiera más incompetente y corrupta de Europa y, de paso, colocar a los amigos con sueldos de escándalo. Si no lo hubieran creado, no habría pasado nada.
De cómo Sareb expolia a los españoles
El despilfarro de dinero público por Sareb comenzó el día mismo en que Guindos impuso a Belén Romana como presidenta, que decidió montárselo a todo lujo con el dinero de los españoles. Lo primero fue ponerse un sueldo de 500.000 euros, casi el doble que el deChristine Lagarde, la presidenta del FMI. Esta Sra. no tiene vergüenza, como no la tienen Rajoy ni Guindos, que permiten esta escandalosa provocación cuando Cáritas acaba de denunciar que ya hay tres millones de personas viviendo en condición de extrema pobreza con menos de 300 euros al mes, y el comisario europeo de Derechos Humanos está escandalizado porque la pobreza infantil supera ya el 30%. Son unos auténticos canallas.
La segunda fue alquilar una planta entera en la zona más cara de Madrid, a pesar de que la sociedad posee varias decenas de oficinas en la capital. Y lo tercero contratar a otra docena de enchufados con sueldos obscenos de 150 a 200.000 euros al año, además de coches de lujo, VISA oro sin límite y viajes en primera clase. Como se comenta en medios bancarios, “esta gente va sólo a ponerse sueldazos y a jubilarse en Sareb dentro de 15 años, en condiciones de lujo”.
Lo siguiente fue comprar los activos inmobiliarios invendibles de ocho cajas y bancos que deberían haber sido cerrados según el mandato del MoU porque son inviables. Aunque el memorando exigía comprar los activos a precio de mercado, lo hicieron muy por encima –la vivienda nueva se adquiriría con un descuento del 54%, en un momento en que varios fondos extranjeros compraban en Madrid edificios singulares con descuentos del 80%– y todo con aval del Estado. No solamente nos han arruinado la vida, sino que además ahora tenemos que avalar con nuestro dinero a quienes nos arruinaron. Hasta el momento han comprado los activos más tóxicos del sistema por valor de 55.000 millones de euros en bonos garantizados por el Estado, es decir, por nosotros y por nuestros hijos.
En total unos 200.000 activos inmobiliarios  –107.000, de los cuales 76.000 son viviendas– y activos financieros –90.500 préstamos y créditos–, y todos ellos incobrables, pero lo peor estaba por llegar. El Gobierno necesitaba, como ya se ha explicado, para evitar que el dinero despilfarrado por Sareb no figurara como deuda, que la propiedad de Sareb fuera mayoritariamente privada en un 55%, a la que se le ha garantizado una rentabilidad mínima del 15%, y pública en un 45% a través del robo legal del FROB.
Los sueldazos, las oficinas de lujo, el mantenimiento de los activos y los intereses de la deuda supondrán un mínimo de 1.700 millones de euros en 2013, y los ingresos, a pesar de que están vendiendo las 'joyas de la corona' de la basura que han comprado, por ejemplo créditos con activos inmobiliarios vinculados, difícilmente superarán los 1.100 millones, por lo que la pérdida en 2013 puede ser de unos 600 millones y no los 47 previstos en el plan redactado por estos indocumentados, lo que obligaría a una ampliación de capital a la que los privados no están dispuestos.
Luego, y como era obvio, el hatajo de enchufados mejor pagado del planeta preparó un 'Plan de negocios' que no había por dónde cogerlo, hasta el punto de que el FMI lo ha criticado con dureza porque lo considera una auténtica chapuza. Ante esto, Sareb tuvo que decir públicamente que aunque se cambiara el plan, el 15% a los privados estaba garantizado.
La operación Toro
En la primera 'gran' operación –“un éxito rotundo” según los enchufados de lujo– realizada con un fondo buitre, denominada Toro, el fondo HIG Capital ha adquirido 940 inmuebles –los mejores– por 100 millones de euros. Para empezar, el precio medio por inmueble ha sido de 106.000 euros, frente al compromiso de Sareb de venderlos a un precio medio de 125.000 euros, una pérdida a cargo de los españoles del 18% mínimo, y digo mínimo porque no hace falta ser un lince para percatarse de que en esta primera 'gran' operación se han quedado con lo menos malo, y los 125.000 euros es el precio medio.
Es decir, Sareb vende en pérdidas –por debajo de objetivo– 940 inmuebles, pero ademásfinancia el 40% de los 100 millones a tipos de interés de amigo, y quien compra no es HIG Capital, sino una joint venture al 51% de HIG Capital, o sea que manda, y 49% de Sareb, o sea, que pone el dinero, lo que significa que esta última asumirá el 69,4% de las pérdidas de la operación si fracasa en sus objetivos –40 + 49x60 = 69,4 millones de los 100–, y, si hay ganancias, como HIG pone sólo 30,6 millones –51x60= 30,6 millones de los 100– obtiene un 179% de rentabilidad del capital invertido, recibe el 55% del beneficio, pero sólo ha puesto el 30% del capital –55/30,6 = 179,7%–, lo que para un país crecientemente empobrecido es una infamia inaudita. Después de esta operación, varios fondos se han interesado también, y hay más en marcha. ¡Yo también quiero comprar 1.000 pisos a Sareb!
* Inyecciones de capital, 59.130 millones; esquema de protección de activos, 28.227; adquisición de activos financieros (FAAF), 21.041; Sareb, 52.525; avales del Estado emisión deuda bancaria, 110.616.
*Economista
Fuente: El Confidencial
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Enviado por SAT el Lun, 21/10/2013 - 20:20.

En torno a las 19.00 h. el portavoz nacional del SAT, Diego Cañamero, ha sido detenido por un dispositivo de la Guardia Civil compuesto por dos coches patrulla y un coche camuflado con agentes de paisano. El sindicalista fue detenido a la altura de la localidad de Alcalá del Río cuando regresaba de un acto sindical. Diego Cañamero ha sido presumiblemente trasladado al acuartelamiento de Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla) de la Guardia Civil y mañana por la mañana puede que sea puesto a disposición del Juzgado nº 4 de Utrera que lo reclamaba.

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Aunque el tema no haya trascendido al gran público, las elecciones que se celebraron el pasado 10 de octubre para renovar la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de España, ganadas por el candidato ‘opositor’Gonzalo Aguilera, ha supuesto un fuerte varapalo personal para Mariano Rajoy, que se encuentra en excedencia dentro de este Cuerpo del Estado de tradición conservadora, y para el ministro Ruiz-Gallardón. Ambos han pretendido de forma infructuosa privatizar el Registro Civil, un proyecto alentado por el lobby de la ‘Asociación de Registradores Bienvenido Oliver’ (ARBO) en el que destaca como miembro activo Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno, y que ha generado una guerra sin precedentes dentro de dicho colectivo.
El nuevo decano del Colegio de Registradores, que en la actualidad es titular del Registro de la Propiedad número 1 de Denia, contaba en su candidatura, denominada ‘Compromiso’, con la significada concurrencia de Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda en la IX Legislatura bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero.
De otra parte, la gran derrotada, la candidatura oficialista ‘Futuro Registral’ encabezada porAlfonso Candau, decano en Funciones y también miembro relevante de ARBO hasta la apertura del proceso electoral, contaba con Teresa Touriñan, Registradora de Vilalba (Lugo) y nuera del ministro Ruiz-Gallardón, lo que ha producido un fuerte rechazo entre los electores, aun cuando en su inmensa mayoría se vinculan con la ideología conservadora, y conllevando, en definitiva, el vuelco electoral que ha pasado dura factura a la desastrosa política desarrollada desde el Ministerio de Justicia.
En su programa electoral, los integrantes de ‘Compromiso’, la candidatura ganadora y opuesta a la pretendida reforma de Ruiz-Gallardón, hacían la siguiente manifestación: “A la vista de las reformas y disposiciones legales en tramitación que afectan de forma determinante a la función que los registros desempeñan, ofrecen compromiso de colaboración con la Administración con espíritu positivo y constructivo, proponiendo alternativas que mejoren o desarrollen adecuadamente dichas disposiciones normativas, en beneficio de nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva, de la función registral, del interés público y de los legítimos intereses de los registradores”.
Sobre la privatización del Registro Civil, contemplada en el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros -cuya aprobación corresponde en efecto al Ministerio de Justicia-, impulsada por ARBO, el propio Consejo del Notariado señaló en su momento que la reforma de los registros públicos sería un “lastre” para el tráfico jurídico.
Además, expertos cualificados criticaron también el derroche que supondría la reforma al pretender ‘tirar a la basura’ los cerca de 200 millones de euros invertidos, dentro del Plan Avanza, en la digitalización para facilitar los trámites, adquisición de inmuebles e infraestructuras realizadas. En uno de sus muchos comentarios técnicos, el notario de MadridIgnacio Gomá, subrayó: “Lo que a nadie se le oculta es que este coste -y el previsible más alto excedente para los registradores- no se cubrirá ya por los Presupuestos Generales del Estado, sino por los usuarios”.
En resumen, el Gobierno de Rajoy ya va comprobando, cada vez que se da la ocasión, el rechazo que la torpe política desarrollada por el ministro Ruiz-Gallardón provoca en su entorno electoral más tradicional. Con razón decía el experimentado Rodolfo Martín Villa aquello de“¡Cuerpo a tierra que vienen los nuestros!”.
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El ministro anti militar que mordió el polvo del CESID

El ministro anti militar que mordió el polvo del CESID
NARCÍS SERRA nació el 30 de mayo de 1943 en Barcelona, en el seno de una familia típica de la burguesía catalana. Su vista deficiente y el haber nacido con los “pies planos”, evitaron que cumpliera el servicio militar obligatorio de la época.
Vivió su infancia y juventud en un entorno eclesial, siguiendo sus estudios prescolares en el colegio de la Inmaculada Concepción de su ciudad natal, tutelado por su tía Mercedes (hermana de su madre), monja de la orden y profesora del centro, y los del bachillerato en el Colegio Balmes de las Escuelas Pías. Esta educación y su carácter tranquilo y bondadoso, llevaron a su padre a pensar, erróneamente, que se ordenaría sacerdote. De hecho, ya adulto, solía visitar a las religiosas de su antiguo colegio en reuniones que amenizaba con pequeños conciertos informales de piano, instrumento que llegó a dominar con gran soltura.
Esa delicada afición musical, le proporcionaría un desagradable aprieto político, cuando “Diario 16” (18/11/1988) descubrió y publicó en primera página la compra de un piano con fondos públicos del Ministerio de Defensa para instalarlo en su domicilio madrileño de la calle Ebro (Colonia de El Viso). Una acción desafortunada que Serra superó con habilidad, pero que, trascendida con gran notoriedad a la opinión pública, serviría también más tarde para que un compañero del partido socialista, Eduardo Martín Toval, le caracterizara, irónica y lapidariamente, como “gran pianista”, al requerirle el periodista Carlos Bellver en una entrevista para la revista “Panorama” opinión sobre el personaje, entonces recién nombrado vicepresidente del Gobierno.
Volviendo a su entorno familiar, hay que señalar que a través de su tío Narciso De Carreras, casado con otra hermana de su madre y del que tomó su nombre de pila, estuvo muy influenciado por la Lliga Regionalista, partido de corte conservador y democristiano de gran relevancia antes de la Guerra Civil, considerado precursor de Convergència i Unió (CiU). En su juventud, éste abogado y prohombre catalán fue secretario personal de Francesc Cambó (y en su momento albacea testamentario), alcanzando con el tiempo la presidencia de dos instituciones señeras: el Fútbol Club Barcelona entre 1968 y 1969 (suya es la frase “el Barça es más que un club” que pasaría a adoptarse como lema de la institución) y La Caixa en 1972.
En Cataluña siempre fue conocida la estrecha relación de amistad de Narciso De Carreras con Agustín Muñoz Grandes, el único militar que obtuvo en vida la graduación de capitán general junto a Franco, quien incluso llegó a designarle vicepresidente del Gobierno en julio de 1962, lo que le proporcionó el respeto generalizado del régimen franquista. En su despacho profesional de la Rambla de Cataluña también colaboraría José Serra, padre de Narcís, completándose de esta forma el círculo de su padrinazgo y la gran ascendencia que tuvo sobre él.
Otra de las grandes referencias en el entorno personal de Narcís Serra sería la de Rosendo Rosell, presidente de la Lonja de Cereales de Barcelona y propietario de la empresa PICROSA (Piensos Compuestos Rosell S. A.), en la que hizo participar de forma minoritaria a su padre, y a quien también facilitó ejercer como abogado-secretario de la asociación que entonces integraba a los algodoneros catalanes.
Tras cursar la licenciatura en Ciencias Económicas en la Universidad Central de Barcelona, Narcís Serra ingresó en la Cámara Oficial de Industria de Barcelona en 1965 de la mano de su presidente, el empresario metalúrgico Andrés Ribera Rovira, para dirigir la Sección de Estadística. A continuación realizó estudios de post-grado durante dos años en la prestigiosa “London School of Economics”, culminando en 1974 el doctorado en la Universidad Autónomade Barcelona obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude, momento en el que obtuvo el nombramiento de profesor ayudante en su Facultad de Ciencias Económicas, que ejerció entre 1965 y 1967. Con posterioridad, desde 1972 y hasta 1975, fue profesor titular en esa misma Facultad y profesor agregado en el curso 1976-77.
A pesar de pertenecer a una familia burguesa, durante su andadura universitaria militó en el FOC (Front Obrer de Catalunya), partido creado de forma clandestina en 1961 y disuelto a principios de los años setenta, que llegó a actuar de forma coordinada con otras organizaciones radicales izquierdistas como el FLP (Frente de Liberación Popular, conocido coloquialmente como FELIPE), liderado por Julio Cerón Ayuso, y ESB (Euskadiko Sozialisten Batasuna). En esa incipiente aventura política, Serra ya estaría acompañado por Miquel Roca i Junyent, quien con el tiempo devendría como él en notable político catalán, y por Pasqual Maragall, que sería su sucesor al frente de la Alcaldía de Barcelona. En aquellos años también fue elegido delegado de la Facultad de Económicas en el SDEUB (Sindicat Democrátic de Estudiants de la Universitat de Barcelona), llegando a protagonizar vivas polémicas con Rodolfo Martín Villa, ya curtido como delegado nacional del SEU. La relación entre ambos políticos se estrecharía hasta el punto de que Serra sería uno de los asistentes a la “exclusiva” cena-homenaje que medio siglo después se le tributó a Martín Villa en Madrid con motivo de su ochenta cumpleaños, a la que también asistió Miquel Roca.
Fue precisamente con Miquel Roca con quien Serra montó en pleno franquismo un gabinete de estudios de inmediato éxito profesional y económico, acompañados por Jaime Solé, economista especializado en temas urbanísticos. Dicha consultoría (Roca-Serra-Solé) estuvo apoyada por “padrinos” de gran influencia en el ámbito empresarial catalán, como Narciso De Carreras, Andrés Ribera Rovira, Luis Carulla (propietario de la agroalimentaria Gallina Blanca) y Pedro Durán Farell. Este último, ingeniero, promotor empresarial y auténtico pionero del gas natural en España, fue quien les proporcionó su encargo urbanístico más emblemático: la redacción del “Plan de la Ribera”, frenado inicialmente pero embrión de lo que sería la remodelación de aquel barrio barcelonés en la década de los años noventa.
Tras consolidar una posición profesional y económica cómoda, Narcís Serra se afilió al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en 1978, buscando una plataforma política más pragmática que el FOC, como había hecho Miquel Roca en 1974 afiliándose a Convergència Democrática de Catalunya (CDC). De hecho, cuando el Gobierno de UCD reconoció a Josep Tarradellas como presidente del Gobierno catalán en el exilio para que asumiera en 1977 la presidencia del Gobierno preautonómico de coalición, Serra ya participaría en su gabinete provisional como consejero titular de Política Territorial y Obras Públicas (1977-1979). En 1979, al celebrarse las primeras elecciones municipales democráticas, fue elegido alcalde de Barcelona, cargo que ocupó hasta 1982.
Ese año, con la victoria del PSOE por amplísima mayoría absoluta en las elecciones generales del 28 de octubre (202 escaños), Narcís Serra fue designado ministro de Defensa, nombramiento gestado por el presidente Felipe González con gran discreción y valorando, sobre todo, su mejor ubicación como auténtica “estrella” del Gobierno. Decisivas al respecto fueron su positiva experiencia al frente del Ayuntamiento de la Ciudad Condal y la buena relación que en ese cargo había mantenido con los capitanes generales de Cataluña (Antonio Pascual Galmes, Ricardo Arozarena Girón y José Antonio Sáenz de Santamaría).
Los hagiógrafos más generosos de Serra como ministro de Defensa han destacado de forma insistente, entre otras cuestiones, que fue el responsable de “modernizar y democratizar las Fuerzas Armadas”. Así lo ha debido querer él personalmente, a tenor de lo que ha contado en su libro “La Transición Militar: Reflexiones en torno a la reforma democrática de las Fuerzas Armadas” (Debate 2008). Sin embargo, la tesis que le presenta como re-conductor del golpismo militar hacia un modelo de Defensa Nacional moderno y plenamente integrado en el Estado democrático, es inexacta y en algunos aspectos incluso opuesta a la realidad más evidente.
Para empezar, la supuesta “democratización” de las Fuerzas Armadas es, en sí misma inexistente, dada su naturaleza orgánica jerarquizada. Cosa distinta sería considerar la evolución ideológica de sus miembros o su actitud electoral, que no dejan de ser tan personales y volátiles como las de los demás ciudadanos.
En todo caso, hay que recordar que no fue el ministro socialista Narcís Serra quien recondujo con pulso firme la deriva militar golpista del 23-F, de cuyo conocimiento previo en el entorno del PSOE caben pocas dudas, sino el gobierno de UCD, que juzgó y condenó a sus protagonistas, elevando incluso las penas a que fueron condenados en Consejo de Guerra por deseo expreso del presidente Leopoldo Calvo-Sotelo. Tampoco es de recibo su vana presunción de “democratizar” a todo un estamento militar, que en su inmensa mayoría participó de forma ejemplar en la transición política, abonando con su sangre, más que con ninguna otra, el cambio de régimen y el victimario terrorista.
Del mismo modo, no puede tacharse precisamente de “elegante”, sino más bien de “egocéntrico”, su intento de escamotear el mérito personal de un buen número de altos mandos militares que, a pesar de su inevitable procedencia sociológica, siempre estuvieron a la altura democrática de los mejores políticos civiles. Una larga lista encabezada por el Rey Juan Carlos y en la que los propios socialistas exaltaron públicamente nombres como los de Manuel Díez-Alegría, Manuel Gutiérrez Mellado, Sabino Fernández Campo, Emilio Alonso Manglano, Jesús González del Yerro, Juan Cano Hevia, José María Sáenz de Tejada… Todos ellos auténticos defensores de la democracia frente a la demagógica utilización socialista de movimientos como la Unión Militar Democrática (UMD), en su origen tan innecesario como indisciplinado.
Por otra parte, la modernización material y funcional de las Fuerzas Armadas, que durante el franquismo estuvo ciertamente anclada en la obsolescencia, también tiene su origen en los sucesivos gobiernos de UCD, como sucedió en otros ámbitos de la vida nacional (la reforma fiscal, el divorcio…). Y fue la Ley 44/1982, de Dotaciones Presupuestarias para Inversiones y Sostenimiento de las Fuerzas Armadas, sancionada también con el Gobierno centrista de Calvo-Sotelo, la que estableció el instrumento presupuestario de largo alcance necesario, cuya vigencia sería además “prorrogada” sin cambio sustancial alguno hasta 1998 por los sucesivos gobiernos socialistas, primero con la Ley 6/1987 y después con la Ley 9/1990…
Este “continuismo” fue tan evidente que, tras iniciarse los programas de modernización de la Armada y de la Fuerza Aérea (los más costosos con mucha diferencia), el propio ministro Narcís Serra fue incapaz, por ejemplo, de reconducir el Programa FACA, orientado por la UCD a la adquisición del avión estadounidense F-18 “Hornet”, hacia las ofertas de la industria aeronáutica europea (combinación del “Mirage-2000” y del “Tornado”) respaldadas por los expertos socialistas del momento (Luis Solana, Enrique Múgica…) y por el propio director general de la División de Defensa del INI, Gabriel Peña Aranda… Es más, en contra de la opinión generalizada dentro del PSOE, Narcís Serra mantuvo en el puesto de subsecretario de Defensa al titular heredado de la UCD, Eduardo Serra, elevándole incluso a la categoría de SEDEF (Secretario de Estado de Defensa) para que culminara a su antojo todo ese proceso de modernización diseñado e iniciado por el partido predecesor en el gobierno, que finalmente quiso capitalizar como iniciativa propia.
Lo cierto es que todas las adquisiciones del momento estuvieron presididas por el interés político y comercial, más que por razones técnicas y de necesidad militar práctica. Todo lo contrario de lo que sucedía de forma generalizada en los países incorporados a la OTAN, donde, una vez fijados los presupuestos de adquisición por el gobierno correspondiente, primaba el criterio profesional de las Fuerzas Armadas para seleccionar los sistemas de armas más adecuados al cumplimiento de sus objetivos.
También existe clara constancia de que los ingentes presupuestos de Defensa gestionados por Narcís Serra durante casi una década (octubre de 1982 a marzo de 1991), incumplieron de forma flagrante la condición fundamental impuesta por la citada Ley de Dotaciones Presupuestarias para fomentar, con ellas, el desarrollo de la industria de defensa nacional, fundamentalmente en los subsectores claves de óptica, electrónica y comunicaciones. En el decenio 1982-1991, los gastos de Defensa superaron la increíble cifra de 6,7 billones de pesetas, dedicándose algo más de la mitad (3.463.425 millones de pesetas) a la adquisición de sistemas de armas de tecnología básicamente estadounidense “envueltos en papel de celofán”, es decir listos para usar, impidiendo con esa política que los fabricantes españoles pudieran desarrollar su propio I+D y recortar el diferencial de su “brecha” tecnológica. De hecho, el mangoneo de aquellos presupuestos de Defensa en un marco industrial claramente antieuropeo y sujeto a permanentes sospechas “comisionistas”, propiciaría en julio de 1987 el cese simultáneo de los dos principales colaboradores de Narcís Serra en la materia, Eduardo Serra (SEDEF) y el general José Antonio De Andrés Jiménez (DGAM), muy presionado por el sector “guerrista” del Gobierno.
Entre las críticas vertidas contra aquella comprometida gestión presupuestaria del equipo formado por Narcís Serra y Eduardo Serra, hay que destacar, por su expresividad, el artículo de opinión retrospectiva titulado “Las oscuras cuentas de Serra & Serra”, publicado en “El Independiente (07/08/1991) por Abel Hernández, periodista que en 1996 terminaría siendo contratado por el propio Eduardo Serra como jefe de prensa del Ministerio de Defensa para reconducir el descrédito público que le habían producido sus gravísimas acusaciones previas:
Las cuentas del Ministerio de Defensa durante la etapa socialista no están claras, como ha puesto de relieve este periódico. La etapa de los Serra –Narcís y Eduardo- ofrece indicios de despilfarro y descontrol. De 1982 a 1987 hay, según el Informe del Tribunal de Cuentas, un “agujero” de 162.000 millones de pesetas sin justificar. La compra de armamento para modernizar las Fuerzas Armadas, después del golpe del 23-F y la arrasadora victoria socialista en las urnas, se presenta como uno de los escándalos más graves desde la muerte de Franco. Hasta ahora se ha procurado echar tierra encima, pero ya no tiene más remedio que intervenir el Parlamento. Puede que también la justicia ordinaria.
Durante esa época, Eduardo Serra, un personaje clave, muy relacionado con USA, que viene de la UCD y que está en el ojo del huracán, era secretario de Estado y encargado del área económica del departamento. En estas páginas hemos dado rigurosa noticia este verano del “proyecto Orión”, un puesto de mando antinuclear en los Montes de Toledo, en el que se han enterrado inútilmente unos 10.000 millones de pesetas. Tras el informe del Tribunal de Cuentas se confirma la “alegría” gastadora del Ministerio de Defensa en la década de los ochenta.
Izquierda Unida es, sorprendentemente, la única fuerza política que se ha apresurado a pedir cuentas en el Parlamento. Es preciso conocer en cuántos proyectos de estudio o fabricación de armas ha entrado España en ese tiempo, cuántos ha abandonado, cuánto han costado, en qué bancos extranjeros se han depositado los cuartos, qué fondos hay ahora mismo en bancos USA para comprar material de defensa, con destino a qué empresas, cuándo autorizó Hacienda esos pagos, etc… Son algunas de las preguntas elementales del diputado Antonio Romero, mientras el Tribunal de Cuentas pide inútilmente facturas. Si no se aclara convincentemente este caso, el vicepresidente Serra verá limitada o cortada su prometedora carrera política, aunque esto sea España.
En ese mismo contexto “modernizador” de las Fuerzas Armadas, mucho habría que decir también acerca de otras cuestiones planteadas antes y durante los nueve años en que Narcís Serra fue ministro de Defensa. Por ejemplo, se tendría que recordar quién introdujo de hecho a España en la OTAN y quién, a continuación, cuestionó la plena incorporación de nuestras Fuerzas Armadas a su estructura militar… Y, desde luego, quién fue el ministro de Defensa que obstaculizó la modernización material del Ejército de Tierra hasta límites de difícil recuperación…
Narcís Serra, personaje sibilino que elevó el “secretismo” de su política ministerial a cotas realmente paradigmáticas, también supo enmascarar ante la opinión pública la implicación directa de España en la Guerra del Golfo (la “Operación Tormenta del Desierto”, 1990-1991), apoyando al “gendarme” estadounidense de forma soterrada. Una intervención centrada básicamente en la “logística” militar, pero sin duda decisiva en el conjunto estratégico y de planeamiento bélico.
Por otra parte, la labor de Serra en el ámbito normativo fue realmente devastadora, colisionando en muchos casos de forma frontal con su supuesta acción “democratizadora” de las Fuerzas Armadas, con la que ha querido resumir su particular versión de la “transición militar”. A título de ejemplo, conviene recordar algunos de sus “decretazos”:
  • Real Decreto-Ley 3/1985, de 10 de julio, por el que se modifica la estructura y funciones de los Consejos Superiores de los tres Ejércitos.
En realidad, esta disposición suprimió las funciones más importantes de los Consejos Superiores, cuestionando su propia razón de ser. En su disposición transitoria derogó expresamente el artículo 12 de la Ley 48/1981 de clasificación de mandos y regulación de ascensos en régimen ordinario para los militares de carrera del Ejército de Tierra, en el que se disponía que los ascensos al generalato y sucesivos “se otorgarán por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, por elección entre [los que cumplieran ciertas condiciones] y hayan sido incluidos en los cuadros de elección por el Consejo Superior del Ejército”.
Sobre este Real Decreto-Ley, cabe añadir la acendrada defensa de los Consejos Superiores, a punto de quedar vacíos de contenido, que entonces hizo el diputado de AP (Alianza Popular) Jorge Verstrynge.
También merece la pena recordar la anécdota que, al respecto, marca la personalidad de Narcís Serra: A finales de septiembre de aquel año (1985), y ya con pocas esperanzas de que los Consejos Superiores se volvieran a reunir, el CESID informó precipitadamente al ministro de que el organismo de Tierra, con todos sus tenientes generales, se encontraba “concentrado” en el Palacio de Buenavista, sede de su Cuartel General, éste activó descompuesto todas las alarmas “contragolpistas” hasta que el JEME le recordó telefónicamente que le estaban esperando para celebrar su habitual almuerzo mensual, que, en aquella ocasión, el propio Serra tuvo que encargar al restaurante “Jockey” literalmente a uña de caballo.
Finalmente, sería su “segundo de a bordo”, el adaptable Eduardo Serra, quien, nombrado con el tiempo ministro de Defensa por José María Aznar, consumaría con la Ley 17/1999, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, el artificio funcional de los Consejos Superiores, limitando sus competencias a “emitir informes” y “ser oídos” en relación con el nombramiento de sus jefes de Estado Mayor respectivos así como en los expedientes disciplinarios de carácter extraordinario que afectasen al personal correspondiente.
  • Orden Ministerial 360/18522/82, de 23 de diciembre, para la realización de la clasificación atenuada de la VIII Promoción de la Academia General Militar.
En contra de lo dispuesto en el Reglamento correspondiente (una mera “ordenación” de las promociones cuyos componentes, todos ellos, realizarían el Curso de Mandos Superiores) esta orden ministerial dispuso a priori la “no clasificación” del 40 por 100 de esa VIII Promoción, anomalía en principio casi desapercibida y que se debió a la argumentación del entonces director de la Escuela Superior del Ejército, el teniente general Juan Cano Hevia, de que en sus aulas no cabían promociones completas.
Con aquel criterio tercermundista, se cercenaban incluso las carreras de los dos profesionales teóricamente más brillantes de la primera promoción sobre la que se aplicaba: José Romero Alés y Miguel Alonso Baquer. El teniente general Ascanio, entonces al frente del Estado Mayor del Ejército, no aceptó una situación tan absurda e hizo llegar al ministro Narcís Serra el desacuerdo que existía al respecto entre el Consejo Superior del Ejército y la Junta de Clasificación, intentando nombrar un nuevo órgano colegiado para establecerla con mayor coherencia. Aquella posibilidad fue rechazada por los retrasos que iba a producir y el propio JEME ordenó, fuera de toda norma conocida, que se “apeara” de la clasificación elaborada a sus dos últimos candidatos, incluyendo en su lugar a los dos reconocidos profesionales que habían sido eliminados previamente.
Ante tales anomalías, y desde luego con la tibieza propia del innato apego militar a la obediencia --en aquel caso sin duda “indebida”--, se empezaron a presentar una serie de recursos jurisdiccionales, propiciando que la Audiencia Nacional anulara las correspondientes “no clasificaciones”, al considerar que el sistema empleado era ilegal, unas veces per se y otras por la indefensión que suponía desconocer a los propios “clasificadores”, cuyo nombramiento era secreto. Dichos clasificadores (una decena larga de generales de brigada y más de cien coroneles), cumplieron servilmente su función, sin tan siquiera vislumbrar que la llamada “clasificación atenuada” a la que debieron someter a los miembros de las seis promociones anteriores a la XIV no era esa “clasificación básica” que aceptaron realizar y que consumaron de forma ilegal.
No obstante, Narcís Serra llevó el sistema a sus últimas consecuencias, puesto que, aun cuando la Audiencia Nacional ratificó su ilegalidad de forma reiterada, los sucesivos jefes de Estado Mayor no lo variaron por la previsible avalancha de reclamaciones que produciría un reconocimiento de esa naturaleza. En cualquier caso, nunca se podrá restaurar el tremendo daño que su Orden Ministerial 360/18522/82 causó en el seno del Ejército de Tierra, truncando con la mayor arbitrariedad del mundo cientos de carreras profesionales y desmotivando a sus miembros ante la bochornosa visión de un mando militar que aceptaba cualquier manipulación ministerial con tal de seguir cobijado a la sombra del poder político.
  • Real Decreto-Ley 13/1984, de 12 de diciembre, por el que se añade un nuevo apartado (número 3) al artículo 4 de la Ley 20/1981, de 6 de julio, de creación de la situación de reserva activa y fijación de las edades de retiro para el personal militar profesional.
Constaba de un único artículo, que disponía: “El Jefe del Estado Mayor de la Defensa y los Jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos permanecerán en el Grupo de Mando de Armas o Grupo ‘A’ mientras continúen en el desempeño de sus cargos. Esta continuidad no podrá determinar que el periodo de permanencia en aquel cargo sea superior a cuatro años”. El prudente mandato recogido en la segunda frase del artículo fue, no obstante, dinamitado por el mismo ministro Narcís Serra con la Ley 17/1989, hasta que su homólogo Eduardo Serra consagrara la “inmortalidad” profesional de los JEME,s diez años más tarde con la Ley 17/1999, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas.
  • Orden Ministerial 33/1985, de 10 de junio, por la que se modifica la redacción de los artículos 86 y 87 del Reglamento de Clasificación.
Con esta Orden Ministerial, Narcís Serra autorizaba al Consejo Superior del Ejército a alterar arbitrariamente el criterio de la Junta de Clasificación, con el interés subrepticio de no clasificar a un teniente coronel de la XI Promoción, sobrino del teniente general Jaime Milans del Bosch condenado por su participación en el golpe del 23-F, al que la Junta de Clasificación ya había declarado objetivamente apto para realizar el Curso de Mandos Superiores. Lo más vergonzoso del caso fue que el “leguleyo” responsable de aquella modificación torticera, el incombustible Miguel Silva Vidal, no tuvo en cuenta que los citados artículos 86 y 87, de superior rango legal, se referían además a las “clasificaciones básicas”, cuya aplicación se hubiera debido comenzar en el tercer trimestre de 1987 con la XIV Promoción, y no en diciembre de 1982 con la “clasificación atenuada” de la VIII Promoción.
  • Real Decreto 1128/1985, de 3 de julio, sobre situaciones de retiro o segunda reserva.
En equiparación con el funcionario civil, redujo a los 65 años de edad el retiro de los militares, pero conservando un “pre-retiro” en la situación de reserva, al que pasaban al menos siete años antes con la perdida de su puesto de trabajo y de una importante parte de sus retribuciones ordinarias. Más tarde, esta expectativa de retiro se alargó, pero a favor exclusivo de la cúpula militar, primero con la Ley 17/1989 (de Narcís Serra) y después con la Ley 19/1999 (de Eduardo Serra).
Ésta sería la primera disposición normativa contestada de forma masiva por el personal militar. Contra ella se plantearon casi trescientos recursos, solicitando que, dado su carácter igualatorio en relación con el funcionario civil a efectos de la edad de retiro, tuviera también el mismo reflejo de continuidad retributiva hasta los 65 años de edad. El entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Sáenz de Tejada, afirmó públicamente que la JUJEM había trasladado esta inquietud al propio ministro de Defensa, Narcís Serra, acordando con él que, como se  seguirían interponiendo recursos, la igualación retributiva se produciría al año siguiente… El desánimo y las presiones ministeriales encubiertas lograron que no se presentaran más recursos y que la igualación reclamada quedara aparcada sine die en el limbo administrativo.
  • Real Decreto 1000/1985, de 19 de junio, de creación de la reserva transitoria en el Ejército de Tierra.
Esta normativa tuvo por objeto eliminar los excedentes de plantilla del Ejército de Tierra, siendo ampliada al año siguiente a la Armada y al Ejército del Aire.
Narcís Serra la desarrolló imponiendo dos condiciones ilegales. Por un lado que, siendo el acceso a la reserva transitoria en sí mismo irreversible, quienes se acogían a ella no recuperaban la totalidad de sus derechos fundamentales --restringidos al personal militar-- hasta cumplir tres años de permanencia en la misma. Y, por otro, que el ascenso al empleo superior reconocido en la propia norma, se otorgaba también a quienes no cumplían las condiciones legales previas para ello.
El primer beneficiario de esta manifiesta ilegalidad, fue uno de sus más conspicuos impulsores, el entonces capitán del Arma de Ingenieros Miguel Silva Vidal, devenido con el tiempo nada menos que en “legislador” oficioso del Ministerio de Defensa, entonces destinado en el gabinete técnico de su titular, Narcís Serra. Con anterioridad, el capitán Silva había renunciado a realizar el curso legalmente indispensable para ascender a comandante, rango que sólo pudo alcanzar por esa heterodoxa vía. Pero tal artimaña ministerial, no beneficiaría solo a su patrocinador. También sería un regalo para otros miles de compañeros que, sin cumplir tampoco las condiciones legales previas de acceso al empleo superior, se acogieron naturalmente a la misma prebenda, generando así repercusiones económicas en cascada de miles de millones de pesetas que convirtieron el ascenso de Silva en el más gravoso de todos los tiempos para el erario público; cuestionando, como es lógico, el “ojo clínico” del ministro-economista Narcís Serra formado en la reconocida “London School of Economics”.
  • Real Decreto 1751/1990, de creación del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS).
Con esta iniciativa, basada en su experiencia previa de especulador urbanístico (en el despacho Roca-Serra-Solé), Narcís Serra creó un organismo ministerial autónomo cuya misión era desalojar sucesivamente todas las casas que los militares ocupaban legalmente al amparo de la normativa anteriormente vigente. Se trataba de una operación inmobiliaria tan indecente como oscura, denunciada de forma reiterada por la oposición política del PP, pero que, no obstante, concluiría “a la baja” su ministro de Defensa Eduardo Serra durante la VI Legislatura.
En todo caso, este Real Decreto de Narcís Serra fue sin duda alguna el más recurrido e inútil de toda la historia jurídico-legal española. Significó también el éxito corporativo de la primera asociación militar nacida en el nuevo régimen democrático (la antigua HEPERMISA, reconvertida más tarde en AME - Asociación de Militares Españoles), que tuteló legalmente a los amenazados de desahucio hasta conseguir las sentencias favorables, dictadas por la Audiencia Nacional, contra la resolución del INVIFAS que calificó como “viviendas de apoyo logístico” la casi totalidad de las 48.000 que integraban el parque residencial del Ministerio de Defensa…
Al margen de todas estas disposiciones “menores”, realmente poco edificantes, y de otro nefasto paquete normativo que por tener rango de Ley habría que criticar de forma menos personal, en el balance de la “democratización” de las Fuerzas Armadas al que con tanta desenvoltura se afecta el propio Narcís Serra, habría que incluir también sus actuaciones ministeriales “omitidas”, algunas realmente flagrantes y reprobables en un sistema político democrático, como el que dice haber promovido. Entre ellas, destacan sobre todo dos, en efecto reveladoras.
En primer lugar, durante su largo mandato ministerial, que incluyó dos legislaturas con mayoría parlamentaria socialista absoluta, no tuvo el menor interés por adecuar el contenido de la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales, modificada con criterios preconstitucionales por la Ley 48/1978, de 7 de octubre, al espíritu y la letra de la Carta Magna. Su conocida y abusiva política de “secreteo”, bien alejada de los auténticos “secretos de Estado”, navegó pues tan ricamente como quiso al socaire de los mismos aires franquistas que con tanto descaro afirmó haber purificado con su vocación “reformista” y “democrática”. Una línea de actuación perfectamente asimilada por los sucesivos ministros de Defensa, incluidos los del PP, Eduardo Serra y Federico Trillo-Figueroa.
Por otra parte, el ministro Narcís Serra también hizo caso omiso de los compromisos del PSOE con el asociacionismo militar más reivindicativo, proclamados públicamente en su XXVII Congreso (Madrid, diciembre de 1976), que fue el primero celebrado en España tras la Guerra Civil. Las resoluciones de dicho Congreso superaron con creces la propuesta realmente “democratizadora” ya formulada por la UMD en su Segundo Manifiesto, fechado en diciembre de 1975, exigiendo “reconocer al militar los derechos de reunión, asociación y libre expresión, en igualdad de derechos con el resto de la población civil…”.
Aún más, como ministro de Defensa, y en un ejercicio de deslealtad institucional sin precedentes, Serra mantuvo expresamente incumplido el mandato parlamentario recogido en la disposición final segunda de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas: “El Gobierno deberá dictar las normas de desarrollo relativas al ejercicio de deberes y derechos individuales en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley”. Una disposición bien comprensible, de inequívoca interpretación legal y política, incluida in extremis por los parlamentarios constituyentes para enmendar aquellos contenidos que, dada la precipitación histórica con la que fueron redactados y sancionados, en una consideración más sosegada se mostraran discordantes con el propio texto de la Carta Magna. Con su comportamiento interesadamente “ignorante”, Narcís Serra también dejó en evidencia la autoridad de las Cortes Generales para emitir mandatos sobre iniciativas legislativas gubernamentales.
En parecido orden de irresponsabilidad y dejación política, habría que situar el control, o más bien el “descontrol”, de los Servicios de Inteligencia bajo su directa autoridad. Porque ¿quién, sino él, derivó el obligado servicio del CESID al Estado hacía intereses gubernamentales y aún partidistas, implicándole también en la lucha ilegal contra ETA y en otras actividades delictivas…?
De hecho, en esta última consideración (la escandalosa degeneración de los Servicios de Inteligencia durante sus años de responsabilidad competencial) se encuentra precisamente su “evasión” del ministerio de Defensa en marzo de 1991, pretendida personalmente con algo de anterioridad y vetada por el vicepresidente Alfonso Guerra para que asumiera o purgara los entuertos pendientes. Sólo el desencuentro final de Guerra con González, consumado con la dimisión del número dos del gobierno socialista en enero de 1991 por un caso de corrupción “colateral” (protagonizado por su hermano Juan), permitiría a Serra abandonar aquella cartera y sustituirle como vicepresidente “multiuso” durante un cuatrienio. Con ese nombramiento, y por fin alejado del “polvorín” de Defensa, se le abría la posibilidad de consolidar su imagen política y relevar a Felipe González en su momento como candidato-líder del PSOE en las elecciones generales.
Tras la nueva victoria socialista de 1993, Serra reafirmó su estrategia “sucesoria” manteniéndose como vicepresidente del Gobierno y proyectando una imagen de “presidenciable” impecable: siempre amable, sibilino y constante en su objetivo de acreditación pública; prudente sin dejar de ser ambicioso, como buen valido encubierto; evolucionando sutilmente hacia el neoliberalismo más avanzado; halagador y condescendiente con el aparato partidista que le rechazaba… Todo ello hasta que los “secreteos” y las potentes minas que había sembrado en el CESID estallaron con efecto retardado, desalojándole de la vicepresidencia del Gobierno y hundiendo cualquier aspiración política de futuro.
Su dimisión y finiquito político se produjo el 2 de julio de 1995, prácticamente dentro de un “paquete” sin precedentes en la vida política nacional, que arrastró también a su sucesor como ministro de Defensa, Julián García Vargas, y al “intocable” director general del CESID, el teniente general Emilio Alonso Manglano. Oficialmente, las tres dimisiones fueron consecuencia del “escándalo de las escuchas ilegales” realizadas por el CESID, pero tenían raíces mucho más profundas en la eventual colaboración prestada por los Servicios de Inteligencia a la lucha irregular contra ETA, puesta en marcha a través de los GAL, y en el posible conocimiento que de esta lamentable actuación hubieran podido trasladar a las más altas magistraturas del Estado. En definitiva, era consecuencia del “jaque mate” que entonces planteaban las “microfichas” con información clasificada en poder del coronel Juan Alberto Perote, acusado de proporcionárselas a Mario Conde.
La mala gestión de aquel contencioso, concomitante con una larga lista de abusos y escándalos subyacentes en el entorno gubernamental, incluido el delicado territorio de la Seguridad del Estado, condujo a Narcís Serra desde la plataforma “presidenciable” que entonces suponía el emblemático Ministerio de Defensa hasta su irreversible defenestración política. También supuso un impulso importante para que la oposición política liderada por José María Aznar alcanzara su primera victoria en las elecciones generales celebradas el 3 de marzo de 1996.
Prueba evidente de su singular interpretación de los hechos y de su escasa sensibilidad militar, son las “perlas cultivadas” que, aun siendo poco locuaz, fue regalando como ministro de Defensa en los medios informativos del momento. Parte de ellas fueron recogidas por el periodista Graciano Palomo en su libro “El valido - Operación Sibila: la ascensión de Narcís Serra a la Moncloa” (Temas de Hoy, 1992):
  • “Señor Presidente de la Junta de Andalucía…” (durante un discurso en el Parlamento gallego).
  • “Un avión puede planear, pero a un helicóptero le disparas y hace ¡pam! (con motivo del derribo a pedradas de un helicóptero militar).
  • “Señora, no se alarme, esto es sólo una bombeta” (ante TVE, dirigiéndose a una ama de casa cuyo cuarto de estar había sido destrozado por un artefacto desprendido de un avión basado en Torrejón de Ardoz).
  • “Un polígono de tiro protege el ecosistema” (defendiendo el campo de maniobras de Cabañeros ante la oposición frontal del pueblo).
  • “No se alarmen, sólo es un pequeño susto” (cuando el 21 de julio de 1986 ETA logró explosionar dos granadas de carga hueca en despachos del Ministerio de Defensa contiguos al suyo, produciendo heridas leves a un contralmirante y una grave alteración cardiaca al general Federico Michavila).
  • Cuando en julio de 1985 el anuncio oficial de la primera crisis de gobierno socialista coge a Narcís Serra girando una visita oficial a un acuartelamiento militar de Villaverde (Madrid), un periodista presente le pregunta sobre el cese del ministro Fernando Morán y la incorporación al Consejo de Ministros de Fernández Ordóñez (¿Cree que es bueno para España y para el propio Gobierno?). Después de meditar la respuesta, Serra sonríe irónicamente y responde:“¿De verdad cree usted, joven, que le voy a contestar a esa pregunta…?
A continuación, el mismo autor recoge en el mismo libro otra anécdota de Narcís Serra no menos descriptiva de su auténtica personalidad:
No dejan de sorprender también en un hombre tan meticuloso como Serra otros garrafales fallos de tacto, como cuando en octubre de 1988 interpretó al piano en un programa televisivo de “La Trinca” el himno oficioso del extinto Pacto de Varsovia, teniendo en cuenta que él mismo se sentaba en la mesa del Consejo de Ministros de la Alianza Atlántica. De muy pocos es conocido hasta hoy que el alarde del ministro de Defensa levantó agrios comentarios entre los altos mandos militares de la OTAN, a cuyos responsables costó mucho convencer de que no se trataba de una posición política, sino de una “gracieta” en un programa de “gracietas”.
No obstante, y desde luego salvando la valoración que pueda merecer cualquier información ajena, peor carga personal tendrían algunos otros párrafos también de la misma obra, incluidos en el capítulo titulado maliciosamente “Los años de la leyenda rosa”:
… Sin demasiado fundamento, la intoxicación va tomando cuerpo. La idea de que la “corte” del ministro Serra está repleta de “gente rara” y miembros del Opus Dei se propaga como la pólvora, algo que tiene desconcertados a los militares “tradicionales”. Uno de ellos, poco agraciado físicamente, comenta a un periodista amigo con el que toma unas copas en el pub “113”, situado junto al Ministerio:
-- Chico, aquí para hacer carrera o te haces la estética o te vistes en Givenchy o haces pasillos con el rosario en una mano y un cirio en la otra.
Los rumores van “in crescendo”, y en el verano de 1986 por el Ministerio y los medios militares circula profusamente un panfleto escrito con gracia, titulado “La fiesta nacional”, que alguien firma con el seudónimo del soldado Eloy Gonzalo “Cascorro”. Son catorce folios perfectamente mecanografiados y fotocopiados. En ellos se lee:
“Hay revuelo en la arena política. En el aire se huele a torero, se siente la fiesta. La polémica y los retos embisten al viento de las ideologías (…)
Saludos, susurros y miradas de soslayo cumplen la espera del punto en boca de la tarde. Los ujieres abren plaza y los clarines de la megafonía anuncian el verbo ilustre de los oradores (…)
De gris perla y plata va Narciso “el Bayonetas”, un socio-torero de poco garbo y valor “se le supone” que, a pesar de su vocación de teniente cupletero, nunca presentó armas ni practicó variedad alguna de la “gallardita”, suerte tan acreditada en los medios cuarteleros.
Narciso “el Bayonetas” acumuló con el tiempo todo un sinfín de otros apodos, según las armas y los cuerpos donde nacieran. Así, la marinería, entre la que tenía gran predicamento, le llamaba “Barquerito de las Ramblas”, los artilleros “Cojoncitos”, los del Aire “Narciso el polivalente”, “Pianista de la Trinca” los mal pensados del CESID y la basca legionaria en vez de “El novio de la muerte”, “La novia de Reverter” (ojo: no el torero, que era Reverte, sino el droguero, que era su mamporrero jefe de noche).
Finalmente, y para chinchar a Reverter “el Droguero”, sus soldaditos de Pavía particulares y chupalculzas de confianza le llamaban cariñosamente “Aromas de Montserrat”. ¡Si el caballo de Espartero levantara la cabeza!”.
A partir de 1996 Narcís Serra ocupó la secretaría general del PSC hasta ser sustituido por José Montilla en el año 2000, manteniendo también de forma sistemática su escaño como diputado a Cortes por la circunscripción de Barcelona durante cinco legislaturas seguidas, desde 1986 hasta 2004.
Apartado progresivamente de la política activa, en el año 2000 Serra fue nombrado presidente de la Fundación CIDOB (Centro de Estudios Internacionales de Barcelona) y, en paralelo, de su fundación filial IBEI (Institut Barcelona d’Estudis Internacionals). También es miembro del Capítulo Español del Club de Roma, patrono de la Fundación Consejo España-EEUU y copresidente del Foro España-Italia y del Foro España-Francia.
En marzo de 2005 accedió a la presidencia de la entidad financiera Caixa d’Estalvis Catalunya, cargo compaginado con otras responsabilidades empresariales en diversos Consejos de Administración (Telefónica Internacional SAU, Telefónica Chile, Telecomunicaciones de Sao Paulo, Gas Natural, Libertytown, Volja Plus…).
Cuatro años más tarde, en marzo de 2009, traicionó su definitivo sentimiento “neoliberal” cuando, ni corto ni perezoso, desarrolló como presidente de Caixa Catalunya una intensa campaña con la pretensión de que el Gobierno socialista “recapitalizara” de forma generalizada todo el sistema de Cajas, es decir que el Estado aportara un “manguerazo” de dinero público (del conjunto de los españoles) a todas ellas sin distinción para superar la mala gestión de sus últimos responsables (“El Mundo” 01/04/2009). La fórmula que propuso Narcís Serra, especialmente criticada por la Asociación Española de Banca (ABE), que consideraba más adecuado discriminar entre las entidades que tuvieran problemas y las que no, fue descartada totalmente por Pedro Solbes, entonces vicepresidente segundo del Gobierno, por su elevado coste y sus dudosos efectos.
En el marco de aquellos particulares intereses, se daba la circunstancia de que la Fitch Ratings, agencia vanguardista de evaluación global, había rebajado el 13 de marzo de 2009 la calificación de la Caja presidida por Serra a BBB+ “por el negativo impacto en su rentabilidad del ajuste de la economía española y del sector inmobiliario”. Esta calificación suponía el escalón más vulnerable de las entidades situadas al borde de la calidad crediticia, compartida con otras cuatro Cajas (Sabadell, Layetana, Tarragona y Caja Círculo Católico de Obreros de Burgos), pero siendo entre ellas la de mayor tamaño y con peores implicaciones técnicas. La Caja de Castilla-La Mancha (CCM) estaba en ese escalón hasta bajar a BB antes de su intervención oficial.
Por su parte, el presidente del banco JP Morgan en España y Portugal, Enrique Casanueva, también había presentado un informe en el Foro de la Nueva Economía advirtiendo que, después de CCM, la entidad importante que peor combinación presentaba de morosidad y solvencia era Caixa Catalunya. De hecho, terminó el Ejercicio de 2008 con una morosidad media del 5,28 por 100, mientras que su “Tier One”, el coeficiente de capital básico que es un referente de solvencia, se movía en el 6,34 por 100, situado en la parte baja del sector.
En el ámbito cultural ha ejercido como presidente del Patronato del MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya), presidente de la Fundación Caixa Catalunya y miembro del Patronato de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.
Nota de ampliación biográfica remitida por uno de nuestros lectores
Durante el mandato de Narcís Serra como ministro de Defensa, se aprobó la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal militar Profesional, cuya Disposición Transitoria Quinta cercenó los derechos adquiridos e impidió el ingreso en la Escala Auxiliar (EAUX), con el empleo de Teniente, de los Subtenientes de las Armas y del Cuerpo de Especialistas, a pesar de tener aprobado el curso y obtenido la aptitud para el ingreso en la Escala Auxiliar y el Cuerpo Auxiliar de Especialistas (CAE) del Ejército de Tierra, habiéndose publicado en el BOD la Orden Ministerial de dicha aptitud y posterior escalonamiento por la puntuación obtenida en el mencionado curso.
En esta injusta situación permanecieron los componentes de los cursos afectados (XXXII al XXXV de la Escala Auxiliar (EAUX) y IX al XVI del Cuerpo Auxiliar de Especialistas (CAE), mientras estuvo en el poder el Partido Socialista Obrero Español, recurriendo de forma infructuosa tal injusticia ante las instancias pertinentes. Cuando accedió al poder el Partido Popular, la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, restituyó parte de los derechos de este nutrido grupo de suboficiales, aunque lamentablemente después de 34 años continúan intentando recuperar todos los derechos que creen les pertenece.
FJM 
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