El Gobierno ‘enchufa’ en la embajada de París a tres ex altos cargos de Zapatero con un sueldo de 10.000 euros al mes. Uno es Justo Zambrana, secretario de Estado de Seguridad

Número 22 de la avenida Marceau de París. Sede de la embajada de España en Francia y de la representación en la OCEDE. Tres nuevos asesores se han incorporado recientemente a la legación diplomática. Se trata de tres personas que ocupaban puestos de máxima responsabilidad en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Uno de los que ya está trabajando en París es Justo Zambrana, que fue subsecretario de Estado de Interior con Alfredo Pérez Rubalcaba en el ministerio y que ascendió a la secretaría de Estado de Seguridad cuando el hoy secretario general del PSOE pasó a la vicepresidencia del Gobierno. Zambrana ha sido nombrado consejero de Educación en Francia.
También ha llegado a París Juana María Lázaro Ruiz, ex subsecretaria de Economía y Hacienda en la época de Pedro Solbes y Elena Salgado en el ministerio. Es la nueva consejera de Finanzas, con sede en la embajada de la capital francesa.
El tercero en incorporarse, según las fuentes consultadas por El Confidencial Digital, es Alfredo Bonet. Experto en Comercio y ex secretario de Estado de Comercio Exterior con Miguel Sebastián, es el nuevo consejero del ramo en París.
Según las fuentes a las que ha tenido acceso ECD, el sueldo mensual de los tres nuevos consejeros asciende a una cifra cercana a los 10.000 euros. Se trata de un salario base, al que hay que añadir una serie de módulos por residir en el extranjero y que varían en función del país de destino.
Los nombramientos no dependen del embajador, en este caso Carlos Bastarreche. Se trata de nombramientos ‘impuestos’ desde España por los diferentes ministerios. Es decir, ha sido Educación y Economía quienes han decidido sus nombres. Tampoco el ministro García-Margalloha tenido capacidad de decisión.
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Revisar las cesantías

Las compensaciones a los altos cargos que dejan de serlo no pueden derivar en prebendas

Más allá del Poder Judicial, las normas en cuestión le han salido caras al erario español. Cada vez que cambia el titular de uno de los órganos con derecho a ello, los contribuyentes tienen que pagar la retribución del alto cargo entrante, más el 80% de la del saliente durante dos años. Tal compensación se ha pagado también a personas que contaban con otros ingresos, públicos o privados, aunque esa compatibilidad ha dejado de existir a partir de un decreto ley dictado por el Gobierno a mediados de julio —lo cual va a afectar a personas de la Administración de Zapatero—. Los diputados y senadores con más de dos años de escaño, que también reciben compensaciones cuando dejan de serlo, a partir de septiembre habrán de elegir entre esa paga de exparlamentario y la nómina o pensión de otro tipo. Las mesas de ambas cámaras han vedado el cobro simultáneo.
La crisis económica y financiera está incrementando la crítica a los modos de ejercer las funciones públicas, a lo cual se ha adherido un viento de fronda contra los costes que supone pagar a los altos cargos. Hay que rechazar la pulsión populista de negar una retribución justa a la persona que sirve al Estado desde una elevada responsabilidad. Pero es hora de revisar otros gastos que, si tuvieron sentido en la época en que la democracia echaba a andar, se han convertido en algo parecido a prebendas o canonjías. Sobre todo cuando las indemnizaciones al cargo en paro no están ligadas a exigencia alguna de buena gestión

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