EL SUGC por los Derechos Humanos del Movimiento Democrático de la Guardia Civil se persona y activa lo que el Gobierno tiene parado, casta política y banca son lo mismo. La Operación Bettino Craxi activada hace años por el SUGC sigue su rumbo para regenerar la democracia secuestrada por la Casta Política que asola España.


La Audiencia Nacional admite la querella contra cinco exdirectivos de Novacaixa

El juez Ismael Moreno ve indicios de delito de administración desleal o apropiación indebida y ofrece al Estado, al FROB y al particular que denunció la opción de personarse

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.  // F. Alvarado
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. // F. Alvarado 
JULIO PÉREZ - VIGO La polémica alrededor de las prejubilaciones millonarias en la fusión de las cajas gallegas está ya en manos oficialmente de la Audiencia Nacional, que ayer admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra cinco de los antiguos directivos ante los posibles delitos de administración desleal o de apropiación indebida como alternativa. El magistrado Ismael Moreno Chamorro, titular del juzgado de Instrucción número 2, considera que existen indicios de que José Luis Pego, Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, con Julio Fernández Gayoso como "cooperador necesario" pudieron disponer "fraudulentamente" de los fondos de la entidad para elevar sus prejubilaciones y opta por abrir una causa contra ellos. 
El auto abre la puerta a que tanto el Estado, como el FROB y el particular que denunció la situación –Pablo Arangüena, abogado y líder de la corriente Izquierda XXI, que se presenta como una tercera vía dentro de las dos posiciones oficiales que hasta ahora se movían en los socialistas coruñeses– a que se personen en la causa, además de pedir a Novagalicia que remita la información sobre las prejubilaciones que ya le solicitó la Fiscalía el pasado 1 de junio y al FROB la suya, correspondiente a la suscripción de preferentes de los 1.162 millones de euros de la primera inyección pública y "toda la que posea" con los 2.622 millones de la segunda aportación. 
Desde la Audiencia Nacional recuerdan que Anticorrupción alega en su querella "la grave repercusión para la economía nacional" que se deriva del posible "daño patrimonial por medio de engaño o fraude!, ya que, "en parte", los 7.875.474 euros que, según la Fiscalía, se cobraron irregularmente venían de las arcas públicas. A Javier García de Paredes, ex director adjunto procedente de Caixa Galicia –y el único que salió de la entidad cuando ya estaba creado el banco y José María Castellano ocupaba la presidencia– se le reclaman 5.266.014 euros. El Ministerio Fiscal reclama a José Luis Pego, que fue director general y pilotó la unión desde Caixanova, otros 1.443.917 millones. Al exresponsable de la división inmobiliaria, Gregorio Gorriarán, con origen de la caja viguesa, se le reclaman 913.602 euros. Y a Óscar Rodríguez Estrada, también de Caixanova y encargado de la oficina de la integración, 260.940 euros. 
La querella de Anticorrupción sostiene que los cambios en las prejubilaciones para adecuarlas supuestamente a miembros de alta dirección justo antes de formalizar el matrimonio de las dos cajas se hicieron de espaldas al Banco de España y a los respectivos consejos de administración. Dos acusaciones que los denunciados siempre negaron y que, según la Fiscalía, contó "con la necesaria cooperación" del copresidente de Novacaixagalicia y anterior presidente, Julio Fernández Gayoso. Ninguno de ellos se ha pronunciado, aunque en el entorno de Pego se agarran al comunicado que, junto con Gorriarán y Rodríguez Estrada, lanzó en noviembre pasado mostrando su "total" colaboración con Anticorrupción y la defensa de su inocencia. 
La Audiencia Nacional ha remitido a la Fiscalía otra denuncia de un particular, el presidente del Sindicato de Guardias Civiles para la Democracia –un movimiento presente en otros polémicos casos como la Operación Carioca– contra Gayoso, Pego, José Luis Méndez –el anterior director general de Caixa Galicia, que Anticorrupción no incluyó en su querella pese a cobrar más de 16 millones brutos por jubilación y al que el Banco de España culpó de la situación a punto de intervenir de la caja coruñesa– y sus dos hijos, con alta responsabilidad en Caixa Galicia. La organización les acusa de delitos societarios, administración desleal y fraudulenta y apropiación indebida, entre otros.

El nuevo presidente de la caja gallega saldrá del actual consejo 
Teóricamente, en este momento Novacaixagalicia, orientada solo a la gestión de la obra social tras la segregación del negocio financiero al banco NCG, está sin presidente. La dimisión de Mauro Varela ante la oleada de críticas que levantaron sus declaraciones sobre las preferentes –dando por hecho que los compradores, miles de pequeños ahorradores, estaban "al tanto" de su inversión– deja en una situación realmente sorprendente a la gestión, aunque a punto de solucionarse con el consejo de administración ordinario previsto para mañana jueves. 
Según fuentes de la todavía caja de ahorros, la legislación obliga a que el nuevo máximo responsable salga de entre los consejeros que actualmente integran el máximo órgano de decisión y a propuesta de ellos. Además, y para seguir el protocolo que guió la fusión, le correspondería a uno de los miembros que proceden de Caixa Galicia para agotar el segundo turno de alternancia previsto, como ocurría con Varela. Los dos actuales vicepresidentes ligados a la entidad coruñesa son el empresario Alfonso Paz Andrade y el político, antiguo presidente de la Diputación de A Coruña, Salvador Fernández Moreda. En la entidad, en todo caso, sostienen que no es obligatorio que sea uno de ellos.
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La Universidad del País Vasco parece dispuesta a poner un distintivo para diferenciar a aquellos trabajadores que acrediten su conocimiento del euskera y a crear la figura del “susurrante” para traducir al oído a los que no entiendan la lengua vasca para diferenciar a aquellos trabajadores que acrediten su conocimiento.

Para ellos, la UPV tiene una solución: durante los discursos pronunciados en euskera, podrán tener una "persona susurrante" que traduzca al oído a quien no sepa hablarlo. Y es que, para esto discursos la UPV ya anuncia que "seleccionará a personas de competencia adecuada" para desenvolverse en euskera, lengua en la que se oirán, al menos, los saludos iniciales y finales. En esencia se trata de imponer que el euskera sea el idioma prioritario en el día a día de los profesores,  investigadores y personal de administración y servicios de los campus. Pero no solo en el desarrollo de su trabajo: también en sus relaciones personales dentro del recinto universitario.

El capítulo que más llama la atención es el que regulará "las relaciones entre los trabajadores de los centros, departamentos y servicios". Por sistema, todos deben procurar que "si es posible" sus conversaciones y comunicaciones se desarrollen en la lengua vasca.

Esta no es más que otra vuelta de tuerca en la discriminación en el Pais Vasco entre euskaldunes y castellano  hablantes, que en un ambiente nacionalista solo sirve para estigmatizar a los segundos. El método elegido tiene evidentes connotaciones totalitarias y recuerda a la manera en que se identificaba a los kapos en los campos nazis. El virus del fanatismo nacionalista pretende convertir la casa del saber en un barracón de campo de concentración.  
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Con los recortes en FP se demuestra que el Ministerio de Educación no tiene ningún compromiso con la misma y ni siquiera con el sistema educativo.
Hemos comprobado que se ha recortado en un 58% los convenios con las comunidades autónomas para impulsar la formación profesional. Así es imposible apostar por una economía de producción cuya base sustentante sea la cualificación de la ciudadanía. Ahora que habíamos empezado a entender la FP adaptada a la empresa, nos encontramos con que quien tiene que ‘dar la cara’ al progreso — como son el Gobierno central y los autonómicos — no  solo no la dan sino que se ponen de culo a la realidad y al futuro. ¡Qué incomprensión y qué injusticia están cometiendo los políticos con la educación! No hay duda que se merecen ‘gorrazos’, muchos ‘gorrazos’, o lo que ustedes prefieran pensar al respecto.
 Se va a atender a bastantes menos personas que en el ejercicio anterior. Igualmente observamos reducción de presupuesto –casi llega a los siete millones de euros– en la partida para los instrumentos de acreditación y reconocimiento de las competencias profesionales. A ello hay que añadir que va a haber tres millones y medio menos en la partida para el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profesional. Pero hay más, muchas reducciones más, como la correspondiente a la Red de Calidad. Donde no verán ningún recorte elevado es en las dietas de la clase política ni en sus implicaciones para obtener más de un sueldo.
A muchos nos preocupa tanto lo de Bankia como el brutal recorte en la formación profesional. Si en Bankia y en otras entidades solo ha asomado la punta del iceberg, con los recortes en FP se demuestra que el Ministerio de Educación no tiene ningún compromiso con la misma y ni siquiera con el sistema educativo; no hay más que observar el tono de mofa del actual ministro cada vez que se le pregunta por la ‘tijera’ que ha roto la educación y descosido el propio sistema.
 El Ministerio de Educación no quiere saber nada de la formación del profesorado. Allá se las entiendan las comunidades autónomas. Lo cierto es que esas comprueban que el MEC les ha transferido un 98% menos para la citada formación. No se va a poder invertir este año en fomentar y potenciar la FP en la modalidad a distancia ni en la educación a lo largo de toda la vida ni en los proyectos de adaptación de la FP con la empresa. De nuevo huyen de lo correcto que es la FP alemana en su versión más moderna.
 No es que no haya sensibilidad con la Educación, más bien parece que es un tema menor. No hay duda que se resentirán la innovación, la investigación, la iniciativa y muchos títulos de FP ni siquiera podrán implantarse; es decir, más de trescientos ciclos formativos no verán la luz. ¿Y pretenden sacarnos así de la crisis que los mismos políticos han creado? ¿Acaso piensan que la ciudadanía tiene confianza en un sistema  corrupto como el español? No ha salido lo que tiene que salir que, dicho sea de paso, es más grave que lo que ya conocemos. Apunten a la banca grande, Andalucía y al Constitucional. Jesús Salamanca Alonso. Criterio Liberal. Diario de opinión Libre.
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