El caso Interligare, que por todas las apariencias constituye un episodio más de la corrupción policial que parecemos condenados a soportar, experimenta un giro que agrava aún más las cosas, a juzgar por las informaciones que ayer y hoy hemos venido publicando. Parecía inicialmente un caso de corrupción policial, pero una vez publicadas las primeras informaciones, se está convirtiendo además en un caso de venganzas entre mafias policiales enfrentadas, dispuestas a satisfacer quién sabe qué antiguos odios y qué podridos rencores.
Para que el lector no se pierda en un laberinto de nombres del tipo de Sospechosos habituales, hagamos un resumen casi esquelético: un grupo de mandos policiales bien respaldados por autoridades políticas monta Interligare, una sociedad consultora, o lo que sea, cuyo verdadero fin consiste en hacer algunos trabajos sucios de espionaje ilegal a personas e instituciones y, sobre todo, a procurar el enriquecimiento de los promotores y sus amigos con cargo a las arcas públicas. La tal empresa, a pesar de recibir cantidades muy sustanciosas de varios ministerios por encargos varios, pierde mucho dinero y contrae una deuda enorme con la Seguridad Social. Esta circunstancia es aprovechada por alguien muy dispuesto a tomar venganza de los policías implicados, que filtra a los medios los manejos de Interligare y hace estallar el escándalo.
Pues bien, no han transcurrido ni cien horas y ya ha llegado la reacción de los atacados por la filtración. ¿En forma de reconocer o desmentir las acusaciones o, cuando menos, ofrecer explicaciones a la opinión pública? Ciertamente, no: se ha producido en forma de filtración a los medios que las investigaciones sobre Interligare se realizaron clandestinamente, sin conocimiento de los superiores de los policías que trabajaban en el asunto, y que el motor de esta grave irregularidad fue el jefe de gabinete del actual director general de la Policía, que encargó la investigación cuando era jefe de gabinete del Jefe Superior de Policía de Madrid, antes de las elecciones del 20 de noviembre pasado.
Por lo que respecta a las acusaciones en sí sobre la ya llamada banda de Interligare, la unidad de Asuntos Internos de la Policía ha elaborado un informe, que según los medios amigos del anterior ministro del Interior “exculpa” a los policías de Interligare y, según portavoces del actual Ministerio del Interior, los inculpa. Hemos entrado, pues, en la fase en la cual la guerra entre las mafias policiales adquiere los inevitables ribetes políticos.
Publicamos el miércoles pasado, a propósito de este asunto, un editorial que titulamos “Como en el cine negro”. No nos equivocábamos. Esta es una guerra de malos y malos, que ha emergido a la luz por el incumplimiento de una promesa hecha de unos jefes malos a sus subordinados malos, y estos, al parecer, han decidido tirar de la manta. Ya sabemos que una Policía no se improvisa, y que los gobernantes de todos los partidos han de habérselas con la misma Policía, que sobrevive a los cambios electorales. Pero no puede ser que los Gobiernos, y el país entero, sean rehenes de una pandilla de mafiosos. Hay que cortar de algún modo, y cuanto antes, este nudo gordiano.
