La juez acusa a agentes de la «Operación Galgo» de manipular pruebas sin autorización

Los agentes de la Unidad Central Operativa que participaron en el registro de la vivienda de Marta Domínguez y otros implicados tendrán que prestar declaración

Día 30/09/2011 - 16.06h

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha acordado la nulidad de los análisis efectuados sobre la presunta trembolona que Marta Domínguez hizo llegar a Alberto García y los realizados en el laboratorio de Colonia a una sustancia intervenida al entrenador César Pérez.

En un auto hecho público hoy, la magistrada Mercedes Pérez Barriosque instruye la "operación Galgo" señala que estas últimas analíticas "sobre una ampolla de AMTH-2 se realizaron sin consentimiento ni control de la autoridad judicial" en el laboratorio alemán.

La juez considera también que "los frascos ocupados en el domicilio del atleta Alberto García en el registro efectuado el día 9 de diciembre de 2010, según consta en el acta levantada por el secretario judicial, estaban vacíos, desconociéndose, por tanto, qué frascos fueron analizados en España y remitidos a Colonia".

Los agentes tendrán que declarar

La magistrada acuerda "la nulidad de cuantas actuaciones se han realizado desde la entrada y registro en el domicilio de Alberto García respecto a la presunta entrega de una sustancia prohibida en el deporte por parte de Marta Domínguez y José Alonso a Alberto García y el sobreseimiento de la causa seguida contra los mismos por el delito de dopaje deportivo".

Según el auto, contra el que no cabe recurso, debe "deducirse testimonio de las actuaciones hasta aquí referidas para depurar la responsabilidad en que pudieran haber incurrido los miembros de la Uco Secoma intervinientes en las mismas".

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Silva dio un permiso de derribo que se negó en Barrio do Cura

Urbanismo mantuvo un tratamiento opuesto en dos peticiones de demolición similares
La decisión de la comisión de Patrimonio de la Consellería de Cultura de informar negativamente Barrio do Cura y la exigencia de un nuevo plan especial para poner en marcha la actuación no sorprendió en el Concello y el alcalde aseguró que se haría, aunque llevará varios años en el mejor de los casos.
El solar del número 8 de Cánovas del Castillo, donde se permitió la demolición del edificio. foto: lydia.
El solar del número 8 de Cánovas del Castillo, donde se permitió la demolición del edificio. foto: lydia.

Aseguró que Urbanismo está ultimando una nueva propuesta de planeamiento para que 'terminen las incertidumbres' y dijo que 'solicitaremos a la firma propietaria que vuelva pedir la demolición de los edificios en estado de ruina' para que en un plazo breve esté en condiciones de hacer un derribo 'muy necesario'.

Con todo, la decisión de Patrimonio de la Xunta, una comisión técnica integrada por arquitectos y expertos, podría haberse evitado si el gobierno vigués hubiera seguido el mismo criterio que mantuvo en otra actuación similar.
El 28 de febrero de 2008, la entonces y ahora concejala de Urbanismo, Carmela Silva, dio permiso de derribo al edificio, sin catalogación, situado en el número 8 de Cánovas del Castillo. Esta zona está incluida en el Plan Especial del Casco Vello -por tanto, dentro del BIC, Bien de Interés Cultural- y se considera un área de protección. Pese a ello, Silva decidió permitir la demolición sin solicitar información adicional Patrimonio.

Si ese fue el procedimiento seguido por Urbanismo con Carmela Silva al frente en el caso de Cánovas del Castillo, no el de su sucesor y antecesor en Urbanismo, José Mariño, en Barrio do Cura, pese a que se trata de un ámbito sometido directamente al Plan de Urbanismo y por tanto excluido del BIC Casco Vello. Está protección sí rige para la Panificadora y el entorno del Concello. El proyecto de Barrio do Cura pedía la demolición de todos los inmuebles desocupados y sin vigilancia legal: no había ninguno con esta condición, ni siquiera la iglesia del asilo, aunque Karpin SL decidió conservar la fachada y trasladarla a Navia. Aunque Barrio do Cura está en una zona de respeto, no se encuentra ni en un BIC ni cuenta con edificaciones protegidas. En Cánovas, dentro del BIC, se dió permiso sin preguntar a la Xunta, pero Urbanismo optó por apelar a Patrimonio en otro caso, con resultados opuestos.

Financiación, clientes y ocho años de esperaLa emprea Karpin SL tendrá que seguir esperando, aunque lo más probable es que el proyecto haya llegado a su fin, pese al optimismo expresado ayer por el alcalde sobre un rápido dsenlace con una nueva ordenación. La empresa lleva ocho años de trámites -PGOM, Plan del Casco Vello, evaluación ambiental- y cuando más cerca parecía la puesta en marcha de la actuación llegó la decisión municipal de 'consultar' el último día hábil con Patrimonio, lo que conllevó un parón que ha terminado por resultado definitivo. Se temía, ante la dureza de los arquitectos de Patrimonio, muy poco dados a concesiones, y mucho menos a presiones políticas. Karpin tenía financiación, unos 100 millones de euros, y al menos 150 clientes interesados en hacerse con alguna de las 300 viviendas que se contemplaban construir. La firma no quiso ayer hacer declaraciones, al menos hasta tener una confirmación oficial del fiasco. Atlantico diario
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