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Papá, si a los socialistas les votan los pobres, querrán que cada vez ha...


Varapalo del juez Pedreira a Garzón y Rubalcaba: "Luis el cabrón" no era Bárcenas

Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, y Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior cuando se destapó el escándalo, quedaron ayer muy tocados por el auto del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que ha archivado la causa por delito fiscal y blanqueo de capitales contra el ex tesorero del PP y ex senador Luis Bárcenas, que renunció a su cargo en Génova y a su escaño en la Cámara Alta por las presiones de los medios de comunicación y de no poc os compañeros de su propio partido.

Este viernes, Pedreira también ha archivado la causa respecto al exdiputado del PP Jesús Merino, al considerar que no se han acreditado los delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública que se le imputaban. La decisión, horas después de sobreseer la causa contra Bárcenas, supone el final de una posible conexión entre el caso Gürtel y las finanzas del partido. Según ha asegurado la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, ·al PSOE le ha fallado el intento de montar un Filesa para el PP·.

El portavoz de Justicia del PP, Fedrico Trillo, aseguró ayer, nada más conocer el auto, que ·todo ha sido un montaje político de los socialistas·, y denunció la ·cacería· dirigida por Garzón y Rubalcaba contr a el PP por el caso Gürtel. ·Han sido las bazas políticas que ha utilizado el Gobierno para tratar de arrinconar a la oposición y presentarla con mentiras e insidias como una alternativa que estaba manchada·, añadió el ex mjinistro de Defensa y ex presidente del Congreso.

En el auto hecho público ayer y fechado el pasado 29 de julio, Pedreira no deja títere con cabeza. Además de cuestionar la instrucción de Garzón y los informes de la policía que entonces dirigía Rubalcaba, el juez del TSJM también deja en entredicho al Tribunal Supremo, a la Fiscalía Anticorrupción y a la Agencia Tributaria. Esta última, según Pedreira, pretendía hacer responsable a Bárcenas de las cuentas de su mujer, Rosalía Iglesias, cuando la esposa del ex tesorero del PP ni siquiera está imput ada en este proceso penal.

Garzón jamás tuvo dudas -y así lo hizo constar en sus autos- de que las siglas ·L. B.· o el apodo ·Luis el cabrón·, que aparecían repetidamente en la contabilidad opaca intervenida al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, correspondían a Bárcenas. Pedreira, sin embargo, rechaza esa interpretación de forma contundente: ·No se ha acreditado que la anotación 'Luis el cabrón' se refiera al señor Bárcenas·. El juez añade que ·existen otras personas a las que sí podría referirse la citada expresión, pues mantenían tensas relaciones con Francisco Correa en 2007·.

·Facilitar actividades delictivas·

Garzón dejó la instrucción del caso Gürtel en abril de 2009 con un auto en el que aseguraba que Bárcenas cobró 1,35 millones de euros de la trama presuntamente dirigida por Correa. Los datos hechos públicos entonces por el magistrado de la Audiencia Nacional ahora suspendido de funciones incluían ·pagos en efectivo o en especie· de la red corrupta al ex tesorero del PP, entre ellos viajes, coches o joyas. Según Garzón, Bárcenas ·aprovechaba su posición en el partido· para ·facilitar las actividades delictivas de la organización a través de la consecución de eventos y reparto de fondos procedentes de los mismos en beneficio propio·.

Pedreira argumenta en su auto que Bárcenas no era funcionario público cuando supuestamente recibió dinero de Correa. Desde 2004 fue senador, pero como tal ·no puede realizar actuaciones que comprometan a la Administración Pú·blica, pues esto sólo lo puede hacer la propia Cámara y no él a título individual·. Esto significa, según el juez, que el ex parlamentario no reúne las condiciones de autoría exigidas en el delito de cohecho.

Garzón también acusó a Bárcenas de conseguir viajes gratis por parte de las empresas de la trama corrupta contratados con la mercantil Pasadena Viajes. Pues bien, según Pedreira ·no existe prueba de que tales pagos hayan sido abonados por el propio Grupo Correa·. En cualquier caso, añade, ·no siendo Bárcenas cargo público, sería irrelevante que se le hubiese invitado a dichos viajes·.

También se le atribuyó un ingreso de 330.000 euros, que el ex senador justificó en un préstamo bancario para la compra de varios cuadros, mientras que Garzón lo achacó a un importe entregado por la trama corrupta, según apuntaron en su día los investigadores de la policía. Pero Pedreira, muy duro, concluye: ·A los informes policiales se les atribuye, de forma interesada y parcial, confusionismo y falta de relevancia·. El juez recuerda que la Agencia Tributaria informó en febrero de 2010 al Tribunal Supremo de que no existen elementos para creer que la operación -la compra de los cuadros alegada por Bárcenas- no se produjera, y que por tanto no existen elementos para considerar irregular el préstamo del Banco Popular.

Merino, exculpado

Nada más conocerse la exculpación de Bárcenas, en fuentes del PP se aseguraba a El Confidencial que el siguiente ex parlamentario que verá lavada su imagen tras su imputación en el caso Gürtel , como así ha ocurrido esta misma mañana, será Jesús Merino, diputado por Segovia que, tras insistir en su ·absoluta inocencia·, dejó el escaño en abril del pasado año para ·defenderse mejor·. Sin relación con la financiación del partido, los presuntos indicios contra Merino eran aún más débiles que contra el ex tesorero. La Fiscalía pretendía vincular al ahora ex diputado con una presunta ramificación de la red Gürtel en Castilla y León basada en informes de la Agencia Tributaria sobre actividades de sociedades mercantiles del dirigente del PP.

Al contrario que Bárcenas, que ocupaba un escaño en el Senado como cargo añadido a sus funciones en la dirección del PP, Merino estaba consagrado a las labores parlamentarias en el Congreso, donde llevaba tres legislaturas como diputado por Segovia. Además, era miembro de la dirección del Grupo Popular en el Congreso que encabeza Sor aya Sáenz de Santamaría con el cargo de coordinador de comisiones. Antes había sido vicepresidente y consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León. Lejos de ser un técnico o alto funcionario del partido, Merino era un peso pesado del PP en la región antes de entrar en el Grupo Popular del Congreso.

La exculpación de Merino por falta de pruebas cierra el capítulo de dirigentes políticos del PP en el ámbito nacional a quienes los informes policiales y de la Fiscalía insistían en presentar como mediadores y/o comisionistas de la red Gürtel.

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Griñán no quiere 'tijeretazos': engorda la deuda y coloca a 30.000 nuevos empleados públicos

En plena ola de recortes en los gastos de las administraciones autonómicas, encabezada porMaría Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y al que se sumarán “en las próximas semanas” Valencia y Extremadura, José Antonio Griñán ha decidido ignorar cualquier tipo de ‘tijeretazo’. De hecho, el presidente andaluz ha enterrado el principal compromiso que hizo al tomar posesión como presidente de la Junta: reducir a la mitad las delegaciones de las 14 consejerías con estructura provincial. No sólo no las ha recortado sino que la ha sobrealimentado colocando en ella como delegados a alcaldes que han perdido las municipales. Entretanto, la deuda sigue creciendo y la ‘ley del enchufismo’, que prevé colocar a otros 30.000 nuevos trabajadores públicos, continúa igual de vigente.

Griñán se encontró al llegar a la Presidencia con 112 altos cargos en la administración periférica de la Junta, con un coste de 17 millones de euros al año, que más que por motivos de eficacia, habían sido colocados al frente de las delegaciones por influencia de los secretarios provinciales del partido, que disponen así de un instrumento de control tanto económico como político en sus respectivos feudos. Cuando prometió recortar a la mitad la estructura provincial, el partido frunció el ceño. Sobre todo el sector chavista representado porLuis Pizarro, que fue promocionado a consejero de Gobernación.

La primera remodelación del Ejecutivo del presidente andaluz recortó en dos las consejerías, pasaron de 15 a 13, pero la estructura provincial continuó de la misma forma. Ahora mismo, la única posibilidad que cabe ya de un recorte, mínimo en este caso, dependerá de que Pérez Rubalcaba cuente con la consejeraMicaela Navarro para las listas electorales. Cuando esto ocurra, Griñán ha prometido de nuevo reducir el número de consejerías, pero a estas alturas –quedan seis meses para las elecciones autonómicas- el recorte que se pueda producir sería imperceptible.

De la administración periférica andaluza dependen nada menos que 42.000 trabajadores, que en gran parte conforman el tejido laboral controlado por el PSOE, y una red social dependiente del partido que tiene su r epercusión en los resultados electorales. Cuando desde la oposición se ha criticado la excesiva estructura territorial de la Junta, el Gobierno andaluz ha contestado que el recorte que se ha hecho en otras comunidades, gobernadas por el PP, ha sido “el chocolate del loro” porque el ahorro en altos cargos no suele ser importante.

Debilidad del presidente de la Junta

Sin embargo, el incumplimiento de esta importante promesa tiene mucho que ver con el peso específico de Griñán en el partido. La inestabilidad interna del PSOE-A, con continuos focos de crisis en la mayoría de las provincias, le impide al presidente llevar a cabo una medida como la anunciada al sustituir a Manuel Chaves. Cualquier movimiento de calado en este sentido provocaría estallidos y agravaría la situación del partido. En estas circunstancias, Griñán ha preferido plegarse e incluso so stener su poder sobre la misma estructura periférica de la Junta que pensaba reducir a la mitad, colocando en ella a gente de su confianza con la que controlar las provincias al margen en ocasiones de las ejecutivas locales.

Pero la falta de ‘adelgazamiento’ en los gastos de la administración andaluza no se limita a las delegaciones provinciales. A esa estructura de la Junta hay que añadir los casi 30.000 empleados de la administración autonómica que van a colarse como trabajadores públicos fijos o funcionariosmediante futuros concursos internos, a través de la denominada ‘ley del enchufismo’ por la que se va a reestructurar el sector público andaluz. De hecho, Andalucía ha destinado en los últimos tres años 3.500 millones de euros más a gasto corriente y es la comunidad autónoma que más ha incrementado la contrataci&oacu te;n de personal, pese a la reducción del 5 por ciento del sueldo de los funcionarios.

Para culminar el panorama, y a falta de que se presente el que será el presupuesto de fin de legislatura, la deuda de Andalucía en 2013 va a alcanzar los 20.000 millones de euros. Al Estado, y según el Banco de España, Andalucía debe 4.600 millones por el anticipo del año 2009 que se hizo según unas previsiones de crecimiento errónea. Ese monto supone la cuarta parte de lo que deben todas las autonomías. Y con el sector privado, por ejemplo, la situación tampoco es mejor. A los constructores, según la Junta, se le deben 300 millones, una cifra que se dispara hasta los 1.100 según la patronal de la construcción. el confidencial

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