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Asalto a la razón

Carlos Sánchez

Dirigentes del PNV y de EA, en una mesa de negociación (REUTERS)

Camilo José Cela, que conocía como nadie a los gallegos, contó en cierta ocasión una anécdota deliciosa. Un paisano suyo fue a ver al notario y le confesó: ‘Mire, señor notario, si me muero en San Benitiño de Abaixo, quiero que me entierren en San Benitiño de Arriba; pero si me muero en San Benitiño de Arriba, que me entierren en San Benitiño de Abaixo’. El notario, hombre cabal, no podía salir de su asombro ante tamaña ocurrencia y le interrogó sobre las razones. ‘Sólo por joder, señor notario, sólo por joder’, le contestó el paisano.

El mundo etarra es probable que nunca haya leído a Cela, pero hace algunos años -cuando todavía podía presentar candidatos a las elecciones al parlamento europeo- alguien colgó una pancarta en Sevilla en la que se podía leer: ‘Vota Batasuna, es lo que más duele’. Como se ve, un caudal de ideología en tan efímero eslogan..

No hace falta pasar por la Sorbona para deducir que la decisión del Tribunal Constitucional de permitir la participación de Bildu en las elecciones es, sin duda, ‘lo que más duele’. O lo que másjode, como se prefiera. Y no sólo por el hecho de que la llamada izquierda abertzale vuelva a marcar el paso de la agenda política española al comienzo de unas elecciones tan transcendentes, sino, sobre todo, por la deriva institucional en la que se mete un país en el que el Tribunal Constitucional ha horadado un poco más el terreno en su particular descenso hacia los infiernos de la razón. No es, desde luego, la única institución agrietada, pero ahora se explica con toda nitidez por qué Rubalcaba jugó fuerte para que Pascual Sala fuera nombrado presidente en lugar de Manuel Aragón, el candidato del ministro Caamaño y de la ex vicepresidenta De la Vega, en última instancia la enemiga íntima del ministro del Interior. Un doble juego que, sin duda, retrata a quien pretende dirigir a los socialistas españoles en un futuro próximo.

El problema de la sentencia a favor de Bildu no es que los compañeros de viaje de quienes han apoyado históricamente el terrorismo se vayan a presentar a unas elecciones, al fin y al cabo lo han hecho en otras ocasiones y la lucha contra ETA ha funcionado de manera razonable tanto en el frente político como el policial, sino que se da apariencia de legalidad a una sentencia de carácter estrictamente político -en las dos direcciones- que no tiene nada que ver con el cumplimiento del ordenamiento constitucional. Ya sea dando la razón a Bildu -que es el caso- o no haciéndolo. Lo que se ha filtrado de la sentencia del TC no es más que material de análisis político, pero de ninguna manera puede calificarse el fallo como de naturaleza jurídica. Lo que han hecho los magistrados, tanto del Supremo como del Constitucional, es un simple juicio de intenciones. ETA lo sabía, y por eso, el lobo se ha convertido en cordero en pocos meses.

Ese es el fondo de la cuestión. La Ley de Partidos es, desde su nacimiento, un instrumento de carácter político -aunque con fachada de herramienta jurídica- para echar a los terroristas de las instituciones, y en verdad que ha cumplido un eficaz papel en este sentido. Pero como no puede ser de otra manera, se ha mostrado incapaz de resolver otros problemas. En particular, el nudo gordiano de la cuestión. Se puede declarar terrorista a una organización, pero no a sus activistas, lo cual ha provocado una situación tan pintoresca como la actual. Los adláteres de los terroristas se mezclan con gente de bien y aquí paz y después gloria, cuando todo el mundo sabe que estamos ante un inmenso fraude de ley. Parece evidente que a medida que se alejan los atentados terroristas en el tiempo -y la izquierda abertzale lo sabe- la Ley de Partidos es un instrumento cada vez menos útil. No se pueden ilegalizar las ideas.

Correveidiles del poder

Probablemente, el error de esta estrategia parte de querer responder con la vía judicial a un problema de naturaleza exclusivamente política, lo que ha obligado a convertir a los tribunales en correveidiles del poder. Ni que decir tiene que los señores magistrados no han querido morder la mano de quienes les dan de comer mostrando su discrepancia con tan evidente instrumentación de las togas, y eso explica que la Justicia gane día a día en descrédito, sin que nada ni nadie haya sido capaz hasta el momento de detener ese viaje hacia ninguna parte.

La legalización del entorno de ETA era el trágala para seguir gobernando. Todo un sarcasmo en un país con 900 víctimas mortales sobre la mesa. Cruel ironía de la historia servida por Urkullu.

La lucha contra el terrorismo de ETA -aunque suene a obviedad- es política, y por eso lo peor de la sentencia del Tribunal Constitucional es que quiebra una estrategia común de los dos grandes partidos que había funcionado razonablemente bien. Como sostiene Nicolás Redondo Terreros, lo que no es de recibo es que los partidos se parapeten en decisiones judiciales para resolver los problemas. Lo pertinente es el aislamiento de los terroristas y sus secuaces sin cambiar de estrategia a mitad de partido, máxime cuando los terroristas mantienen todavía unidades operativas y un discurso sobre la violencia social de indudable interés para un segmento de la población. Es increíble que todavía la izquierda abertzale se lo coja con papel de fumar a la hora de denunciar el totalitarismo etarra, jugando a un posibilismo indigno en una sociedad democrática.

Y aquí es donde radica otra cuestión fundamental en todo lo relacionado con la sentencia del TC sobre Bildu: el hecho de que la posición de un partido que se dice soberanista, como es el PNV, condicione de manera determinante lo que queda de legislatura. Los nacionalistas han planteado el envite en estos términos. O el PSOE -y sus satélites judiciales- apoyaban la legalización de Bildu o el Gobierno saltaba por los aires por falta de mayoría suficiente para sacar adelante los Presupuestos de 2012 o leyes tan importantes como la reforma de las pensiones, todavía en tramitación parlamentaria. En última instancia, esto quiere decir que la legalización del entorno de ETA era el trágala para seguir gobernando, todo un sarcasmo en un país con 900 víctimas mortales sobre la mesa. Cruel ironía de la historia servida por Urkullu.

Legitimidad perdida

Parece difícil creer que algo parecido hubiera podido suceder en cualquier otro país europeo con un problema de violencia política como tiene España, pero este tipo de escenarios son los que sin duda explican que ETA haya cumplido medio siglo de vida. Lo peor no es, desde luego, que Bildu saque cientos de concejales y el mundo abertzale pueda obtener unos resultados notables, al fin y al cabo ni Bildu va a cambiar la historia del País Vasco ni mucho menos la configuración territorial del Estado. Lo peor es que el mundo de la antigua Batasuna recupera una legitimidad perdida, lo cual, como sostiene Antonio Basagoiti, anima a pensar que el terrorismo no queda erradicado del mapa como una forma de hacer política deplorable. Ese es el error, y habría que añadir la inmoralidad del nacionalismo democrático, para quienes los batasunos siguen siendo los chicos de la gasolina, que diría Arzalluz, que un día decidieron cruzar la muga.

En cualquier futuro momento histórico alguien puede pensar que la lucha violenta puede llegar a dar sus frutos. Y de ahí la necesidad de que el proceso de integración del mundo violento en la democracia sea auténtico y no forzado por movimientos tácticos para no perder respaldo popular o financiación

En cualquier futuro momento histórico -y en el País Vasco se han sucedido hasta tres guerras carlistas- alguien puede pensar que la lucha violenta puede llegar a dar sus frutos. Y de ahí la necesidad de que el proceso de integración del mundo violento en la democracia -sin duda un objetivo loable y necesario- sea auténtico y no forzado por movimientos tácticos para no perder respaldo popular o financiación. De lo contrario, esta falsa conversión puede desembocar en lo que Walter Benjamin distinguía entre violencia explícita y violencia latente. La que no se ve pero que es perceptible. Y sobre la cual ninguna ley puede influir de forma decisiva. Y que conecta directamente con lo que Hannah Arendt denominó banalización del mal. Cuando la violencia se convierte en un acto burocrático y hasta cotidiano mediante la utilización de eufemismos. O que enlaza con la concepción jusnaturalista que sirvió de base ideológica para el terrorismo durante la Revolución Francesa. La violencia es algo natural, una especie de materia prima, cuyo empleo no genera contrariedades siempre que no se abuse poniéndola al servicio de fines injustos: el terrorismo.

Se trata de un envilecimiento intelectual como el que en su día llegaron a sufrir gentes comoJulio Caro Baroja, quien solía recordar que cuando salía de Itzea, en Vera de Bidasoa, los jóvenes le insultaban porque para ellos no era lo suficientemente vasco. Ni que decir tiene que esa instrumentación de la violencia cotidiana y banal es la que alimenta el nacionalismo democrático manteniendo artificialmente el falso objetivo de la independencia. Bildu es, en este sentido, su mal necesario. El Constitucional no ha hecho más que legitimar el uso de la violencia, aunque sea latente.

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