Anula la sanción a un empresario

Un juez prohíbe a Hacienda multar si no detecta intención de fraude

Un error en una declaración tributaria no puede acarrear un castigo económico si el contribuyente actuó de buena fe. Una sentencia del Tribunal Económico-Administrativo de Cataluña da la razón a un empresario que recibió una sanción de Hacienda por calcular con un criterio incorrecto, "aunque razonable", una bonificación en el impuesto de sociedades.

J. Viñas - Madrid
  • J. Viñas - Madrid -

La normativa fiscal es una materia compleja que, a menudo, provoca que los contribuyentes presenten con errores formularios tributarios. Eso le sucedió a una empresa catalana que, al realizar la declaración del impuesto sobre sociedades del año 2006, incluyó una bonificación que ascendía a 43.794 euros. Si bien tenía derecho al incentivo, Hacienda consideró que la forma de cálculo del beneficio fiscal era incorrecta.

El departamento de Gestión de la Agencia Tributaria envió una declaración alternativa. Hasta aquí, nada que reprochar. Sin embargo, la regularización incluía una sanción de 2.800 euros por dos motivos. Por dejar de ingresar la cuota tributaria y por reclamar una devolución indebida.

Sin embargo, ahora, el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Cataluña ha anulado la sanción en una sentencia, a la que ha tenido acceso CincoDías, muy crítica con el departamento de Gestión. La resolución, firmada por el presidente del TEAR catalán, Xavier Suñé, considera que el contribuyente -que obtenía beneficios por el alquiler de vivienda y de locales- calculó de forma "razonable" la bonificación, aunque pudiera resultar incorrecta a ojos de Hacienda.

En cualquier caso, sostiene que en ningún momento la empresa ocultó datos a la Administración ni se observa que tuviera intención de defraudar. En este sentido, fuentes tributarias reconocen que el departamento de Gestión "suele excederse" y recurre con demasiada frecuencia a sanciones tributarias que no siempre están amparadas por la Ley General Tributaria.

El tribunal considera que no hay motivos para sancionar al contribuyente y recuerda que la legislación establece que "las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria ... cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En este caso, el contribuyente aplicó una bonificación, contemplada en la normativa, del 85% por los beneficios derivados del arrendamientos de vivienda. Sin embargo, realizó este cálculo en función del porcentaje que representaban los ingresos por arrendamientos de viviendas sobre el total de rentas obtenidas. Según Hacienda, ello es incorrecto ya que, a efectos del incentivo fiscal, debe tomarse como referencia solo las rentas originadas por el alquiler de viviendas, independientemente del resto de beneficios. Se trata, en cualquier caso, de una cuestión muy técnica.

A efectos prácticos, ello supuso que el contribuyente redujo su factura fiscal en 5.061 euros. El tribunal entiende que la empresa debe abonar esa cantidad pero rechaza de forma contundente que la nueva liquidación incluya una sanción. Por lo tanto, el contribuyente deberá regularizar su situación, aunque sin castigo económico. En esta ocasión, Hacienda perdió. Con todo, la mayoría de reclamaciones que llegan a los Tribunales Económico-Administrativos son desestimadas.

La intención cuenta

Fuentes de Hacienda apuntaron que cuando detectan un error en una declaración solo imponen sanciones si consideran que el contribuyente ha actuado con intención de defraudar. En este sentido, indican que determinar o no si ha existido mala fe es algo "subjetivo". En cualquier caso, corresponde a Hacienda demostrar que el contribuyente ha intentado de forma ilícita rebajar su factura fiscal.

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PSOE: todo vale


Está demostrado que los socialistas hacen cualquier cosa por el poder



Hubo un tiempo en el que la izquierda llamaba a la insumisión contra el servicio militar obligatorio y te ponía gratis los abogados. Entonces el PSOE no gobernaba. Anunciaba que cuando ellos llegaran al poder los ciudadanos disfrutaríamos de una sociedad ética y libre. Mintieron. Hoy, el PSOE está en el poder y, entre otras barbaridades, sanciona la insumisión con 145.000 euros. Ellos ordenan y prohíben. No les importa que miles de trabajadores se vayan al paro de verdad. Ninguno de los empresarios y empleados, víctimas de la Ley del Tabaco, recibirá una gratificación a través de un ERE falso. Robar y mentir, forma habitual de gobernar del PSOE.

Está demostrado que el PSOE hace cualquier cosa por el poder. Mentir y robar ha sido superado por acciones mucho más graves. Todo vale y el fin justifica los medios son las máximas que llevan practicando desde los tiempos de Felipe González. Alumno aventajado de esa escuela es Rubalcaba, al que se le ha cambiado la cara por la indigestión que le está causando El Faisán. Una instrucción bien hecha está poniendo en evidencia que, desde el Ministerio del Interior, se cometió un gravísimo delito de colaboración con banda armada. No sé por qué el PSOE siempre encuentra gente, incluso algún policía y juez, para delinquir con fines políticos. Garzón, por mucho documental hagiográfico que le haga la subvencionada Coixet, puede acabar imputado en otra causa más. Encubrimiento.

No sé por qué me sorprendo de que, después de colaborar con banda armada, algún chico de Rubalcaba haya intentado borrar las pruebas del chivatazo.

Si va a resultar que es una práctica habitual. Con este Gobierno se destruyeron los vagones, las principales pruebas del 11-M. Nada nuevo. Cuando gobernaba Felipe González se eliminaban los cuerpos del delito, las pruebas, enterrándolas en cal viva. PSOE: todo vale.

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José Bono - 15/02/2011

Presentada una querella contra Bono por cohecho, falsificación y fraude


La Asociación Justitia et Veritas presentó el pasado miércoles 9 de febrero una querella criminal contra el presidente del Congreso, José Bono, por delitos de cohecho continuado, falsificación de documentos públicos y posible fraude fiscal.



La Asociación Justitia et Veritas presentó el pasado 9 de febrero ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella criminal contra José Bono, actual presidente del Congreso de los Diputados, por los delitos de cohecho continuado, falsificación de documentos públicos y posible fraude fiscal. La querella también se dirige contra su esposa, Ana Rodríguez Mosquera, como cooperadora necesaria.

En el texto de la querella, la Asociación Justitia et Veritas incluye un análisis de sus ingresos y los de su esposa desde el año 1995; de las declaraciones patrimoniales y de actividades del ex-presidente de Castilla-La Mancha; de sus bienes inmuebles; de sus actividades empresariales y del estado de su patrimonio, datos que destapó La Gaceta.

El estudio revela, en opinión de los querellantes, que las actividades inmobiliarias reales de José Bono no se corresponden con las declaraciones de actividades; que sus ingresos desde 1995 no justifican el notable incremento de su patrimonio y que José Bono podría haber violado la Ley de Incompatibilidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que dispone que el cargo de presidente de la Junta "es incompatible con toda actividad profesional o mercantil".

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