¿Qué dirían los que lucharon por una España distinta?


YO SÓLO OPINO QUE, HAY 3 CLASES SOCIALES EN ESPAÑA, LOS RICOS, LOS POLÍTICOS Y LOS POBRES. LA CLASE MEDIA AGONIZA LENTAMENTE.

SEGÚN LIBERTAD DIGITAL:

D. SORIANO. Libertad Digital, Miércoles, 22/12/2010
El Congreso se niega a acabar con la pensión de oro de los parlamentarios

La próxima reforma de las pensiones traerá un importante recorte para todos los trabajadores españoles. Bueno, para todos no. Los parlamentarios han votado por mantener su privilegiado sistema. La propuesta de Rosa Díez ha sido derrotada. Ellos no se merecen lo mismo que el resto de ciudadanos.

D. SORIANO. Libertad Digital,

La pasada semana, el Pacto de Toledo (la comisión sobre pensiones que reúne a todos los partidos con representación parlamentaria) emitió sus conclusiones sobre la próxima reforma de las pensiones públicas. En el texto aprobado, se apuesta por una elevación del período de cálculo y se aboga por elevar la edad real de jubilación. Además, los anuncios del Gobierno apuntan a que la reforma final incluirá el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años. Y la mayoría de los expertos ya han realizado estudios en los que se muestra que ésta no será la última de los cambios: los jóvenes españoles ya saben que se tendrán que jubilar a los 70 años y que la prestación será mucho más reducida que la que cobran sus padres. Sin embargo, este martes se conocía una buen noticia para estos mismos jóvenes. Hay una manera de conseguir una pensión digna sin necesidad de ahorrar, ni de invertir en un plan privado cada mes: sólo hay que hacerse parlamentario. Hasta ahora, a muchos les parecía una desvergüenza que los políticos españoles dispusieran de un sistema de pensiones diferente al resto, pero pasaba desapercibido entre los numerosos privilegios de los que disfrutan los parlamentarios. Pero que estos días, con la reforma de las pensiones aún calentita, el Congreso y el Senado se mantengan en sus trece es algo que puede enfadar mucho a numerosos ciudadanos. La secuencia de los hechos Esta noticia ha saltado ahora, después de que las Mesas del Congreso y el Senado, que se reunieron este martes en la Cámara Baja, hayan estudiado algunas de las cuestiones comunes. Entre ellas estaba la solicitud, realizada hace ocho meses, de Rosa Díez para reformar el sistema de pensiones de los parlamentarios e igualarlo al del resto de los españoles. Pues bien, según informa Efe, ambas Mesas han decidido comunicar a la líder deUPyD que el sistema de complemento de pensiones de los Parlamentarios es "válido y adecuado". Rosa Díez también reclamaba que éstos pudieran cobrar el subsidio de desempleo en lugar de indemnizaciones por cese de actividad. En definitiva, lo que Rosa Díez quiere es que se eliminen todos esos privilegios "inalcanzables" para el resto de los trabajadores.

La pensión de oro En realidad, el sistema de pensiones de los diputados es un complemento a las pensiones públicas. De esta manera, las Cámaras complementan la paga que les correspondería hasta llegar al máximo legal en la Seguridad Social. Por ejemplo, si la pensión de un parlamentario, de acuerdo a sus cotizaciones es de 1.000 euros y el máximo previsto por el sistema en ese momento es de 2.300 euros, el Congreso se hace cargo de los 1.300 euros restantes. Los servicios de prensa de las Cortes se esconden detrás de estos hechos (es un complemento, lo pagan las Cámaras y no la Seguridad Social, etc...), para tapar lo que es un privilegio evidente costeado con dinero público y al que no tienen acceso los demás españoles. Los requisitos Para obtener a estas ayudas, un parlamentario sólo tiene que tener cumplidos los 65 años y haber ejercido en las Cortes durante siete años (hay que recordar que para el resto de los españoles el mínimo cotizado para tener derecho a una prestación contributiva es de 15 años). No sólo eso, sino que esos 7 años en las Cortes les garantizan el 80% de pensión, mientras que 15 años cotizados (que serán 20 ó 25 tras la reforma) para un trabajador normal sólo sirven para cobrar un 50% de la pensión que corresponda a su base de cotización. Además, con 12 años en el Parlamento ya se tiene derecho a la pensión máxima desde el momento de la jubilación, mientras que los demás curritos tienen que tener al menos 35 años cotizados (y se habla de aumentar este cifra a 40) para cobrar esa cantidad. Prejubilaciones El régimen de prejubilaciones también es mucho más favorable a los políticos. Faltaría más, después de una vida dedicada al bienestar de sus ciudadanos, están tan cansados que se han aprobado a sí mismos la posibilidad de prejubilarse a los 55 años cobrando el 60% de su asignación, que en la actualidad es de 3.125 euros mensuales de media (este es el sueldo base, que es sobre el que se calculan estas prestaciones; el salario real medio, con dietas y complementos por trabajos en comisiones es bastante más alto). Además, un senador o diputado con 60 años, si ha cotizado durante 40, también pueden cobrar el 100% de la pensión, algo no permitido al resto de trabajadores hasta los 65 por mucho tiempo que hayan cotizado. Plan privado También causará sorpresa a algunos saber que las Cortes dedican un 10% adicional del sueldo de cada parlamentario a un "plan de previsión social". Esto quiere decir que los mismos que hablan cada día de la "sostenibilidad" del sistema, de su "solidez" y de la "solidaridad" del mismo tienen planes de pensiones pagados por todos los españoles y en los que las Cámaras les ingresan más de 300 euros al mes. Será un buen complemento para esas pensiones de oro que se han garantizado tal y como explicábamos en el párrafo anterior. Prestación por desempleo Rosa Díez también había planteado en su propuesta la posibilidad de que los ex parlamentarios puedan percibir la prestación por desempleo con los mismos requisitos y cuantías que cualquier otro trabajador. Hasta ahora no podían cobrar el subsidio del paro. Esto había llevado a las Cámaras, en un claro gesto de altruismo hacia sus compañeros desempleados (gesto, con el dinero de los contribuyentes, eso sí) a fijar una indemnización equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales y hasta un límite de 24 mensualidades. Esta indemnización, además, se abonará mensualmente. Es decir, que si un congresista pierde su cargo en la elecciones tras haber estado 12 años en la Cámara, tendrá derecho a cobrar su sueldo base durante un año, para que reingrese en la vida civil sin sobresaltos. Por supuesto, este sueldecillo de nada es compatible con otros ingresos por trabajos en el partido o en la empresa privada, aunque no lo cobrarían si acceden a otro cargo público. No son éstas las únicas ventajas de las que disfrutan nuestros políticos. Los miembros del Gobierno tienen incluso más prerrogativas (como cobrar un sueldo al dejar de ser ministro incluso aunque se siga siendo parlamentario), aunque sería imposible detallarlas todas aquí. ¿La justificación? Cuando los periodistas preguntan a los políticos el por qué de todos estos privilegios, la respuesta es que hay que proteger a los representantes públicos una vez que dejan de ser diputados o senadores. También se alude a los bajos sueldos de los políticos hispanos en comparación con los del resto de Europa. Sin embargo, para una justificación bastante poco sólida. Para empezar, un político ya sabe lo que cobrará cuando decide presentarse a unas elecciones. Si le parece poco, que no lo haga y se busque la vida en la empresa privada, a ver si allí les pagan los 3.125 euros (más dietas y complementos se van fácilmente por encima de los 4.000 euros) que cobran los diputados. En segundo lugar, cabría preguntarse si necesitan más protección contra el desempleo o la jubilación que el resto de los trabajadores españoles. Es cierto que cuando un diputado pierde unas elecciones puede verse en el paro (como un fontanero al que despiden de su empresa). Casi nadie tendría nada en contra de que cobrase el paro el tiempo correspondiente, como el resto. Pero, ¿por qué una indemnización especial? En realidad, los parlamentarios hacen muchos contactos durante el ejercicio de su función, conocen a mucha gente muy relevante y se dan a conocer en sus partidos. Además, muchos de ellos tienen excedencias y vuelven a su trabajo anterior con normalidad. Se hace difícil imaginar que un senador cesante esté peor y necesite una indemnización más alta que el fontanero del ejemplo. Este tipo de explicaciones idealizan a los políticos como unos trabajadores desinteresados, que dejan pasar grandes oportunidades en el sector privado para sacrificarse por los ciudadanos. Pero si esto es así o no, tendrá que juzgarlo cada votante en cada caso concreto, otorgándoles su confianza y su respeto, no con un sueldo autoimpuesto por votación (por cierto, en esto las mayorías son casi absolutas; es un tema en el que el tan anhelado consenso se alcanza rapidísimo).

http://www.libertaddigital.com/economia/los-parlamentarios-se-niegan-a-acabar-con-sus-privilegios-1276410210/

Publicado por JOSMAN para JOSMAN (JOSé MANuel García García) el 1/08/2011 02:11:00 PM
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ARTUR MAS Y ANTONIO DE LA ROSA MARTÍ, O LAS ESTAFAS DE LOS "DE LA ROSA".

Rafael del Barco Carreras

Barcelona 9-1-11. Los árboles impiden ver el bosque, o lo que es lo mismo la niebla de la Gran Corrupción nos ciega el conjunto; total, que el heredero de Jordi Pujol está tan pringado como su capo, y perdón por la generalmente admitida evidencia, pero es que estos tópicos de taberna se han de demostrar.

Ayer la opción “buscar” de mi ordenador me situó ante mi escrito “Chirac versus Pujol”, 2007 www.lagrancorrupcion.com, comparando el desmantelamiento de cargos y oficinas por el actual gobierno de Artur Mas con los jefes-funcionarios fantasma que despiden los socialistas en el 2004, caso Antonio de la Rosa Martí. En Francia la utilización por el Partido de Chirac de personal pagado por el Ayuntamiento de París le acarreó al presidente francés un sumario con petición de 10 años de cárcel. En este caso los ultrafranquistas De la Rosa ni siquiera pertenecían a CIU. Pero un cruce de fechas me dice que en lugar de Jordi Pujol en ese escrito debería haber añadido, o mejor sustituido, Pujol por Artur Mas.


Maciá Alavedra, consejero de Economía y Finanzas, dimite el 24 de julio de 1997por su tortuosa trayectoria en los casos del juez Luis Pascual Estevill y Juan Piqué Vidal, Gran Tibidabo, Javier de la Rosa, y otros. En general merodea por todas las grandes estafas de entonces con millones en negro a ganar, y que continuará en privado asociado a Lluis Prenafeta, otro cesado, y varios socialistas (el alcalde de Santa Coloma y otros) con recalificaciones y obras públicas hasta que el caso Pretoria descubra su “modus vivendi”. Maciá es sustituido en 1997 por Artur Mas, que a más redundancia alcanzará el “Consellé en Cap” en el año 2000; y el extraño personaje, Antonio de la Rosa Martí, que “no acudía a su puesto de trabajo”, se incorpora en 1998 hasta el 2004 ¡seis años sin aparecer! en que los triunfadores socialistas levantan la alfombra de “los contratados-fantasma”.

Pero para entender esta evidente estafa a la Generalitat se ha de leer y releer la noticia del 27-1-2004 de EFE, y no solamente buscándole truculencias a Jordi Pujol, sino también alAyuntamiento de Narcís Serra y Pascual Maragall donde desde los 70 “presta sus servicios de abogado funcionario” el hermano de Javier de la Rosa:

“NO ACUDÍA A SU PUESTO DE TRABAJO
La Generalitat destituye al hermano de De la Rosa de su puesto en la Conselleria de Gobernación

EUROPA PRESS

BARCELONA.- El Gobierno catalán ha destituido a Antonio de la Rosa Martí, hermano del financiero Javier de la Rosa, de su puesto de jefe de la unidad técnica de seguimiento de régimen económico-administrativo de los entes locales de la Dirección General de Administración Local.
Al parecer, Antonio de la Rosa disfrutó de una contratación eventual sin ejercer ninguna función conocida.
El cese se hace oficial con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de la resolución de la Conselleria de Gobernación y Administraciones Públicas, con fecha del pasado 20 de enero.
El cese, firmado por el secretario general de la consellería, Ramón Canal, se realiza basándose en el reglamento general de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Generalitat de Cataluña y la ley de organización, procedimiento jurídico y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat.
El citado reglamento permite que los funcionarios nombrados para puestos de trabajo por el procedimiento de libre designación puedan ser cesados con carácter discrecional por el mismo órgano que los nombró. Aún así, hasta que no le encuentren otro destino, estará a disposición del secretario general de la Consellería, que deberá atribuirle con carácter provisional un puesto de trabajo o funciones adecuadas a su escala.
De la Rosa era hasta 1998 funcionario del Ayuntamiento de Barcelona y, desde esa fecha, funcionario de la Generalitat. Según informó CiU, el 24 de diciembre de 1997 se convocó un concurso para proveer un puesto de responsable de la unidad técnica de seguimiento de régimen económico administrativo de los entes locales de la dirección general de Administración Local.
La convocatoria se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) el 2 de enero de 1998 y el 17 de febrero se emitió una resolución por la que se nombró a Antoni de la Rosa para cubrir esta plaza y que igualmente fue publicada en el DOGC. El sueldo bruto anual de esta plaza es de 51.226 euros, ya que tiene rango de subdirector general.”

Ya solo el concurso para cubrir una jefatura que no existirá por falta de presencia de su responsable es un cúmulo de prevaricaciones… y !robo!, porque se retribuye. Pero es peor, porque alguna misión y justificación tendría ese sueldo que por supuesto ni Pujol o Mas y menos Serra y Maragall justificarán jamás. Ante semejantes delitos la imaginación es libre; no es aventurado afirmar que esa jefatura se hallara en las cloacas de la Plaza San Jaime entre Ayuntamiento y Generalitat. Los “negocios” sociovergentes.

El puzle encaja a la perfección. Un muy conocido mío, ex funcionario del Ayuntamiento, me informó en 1980 que Antonio no se cansaba de repetir y jurar que Serena y yo “pagaríamos muy caro lo que le habíamos hecho a su padre, y que su hermano Javier no pararía hasta vernos en prisión”. La fantástica historia de que habíamos pervertido al santo varón que en su fábula representaba su padre. Versión que consolidaría a favor de los De la Rosa y corruptos asociados un desfalco de mínimo 10.000 millones entre los años 1975-1979, caso Consorcio de la Zona Franca. Pero también aseguraba mi conocido funcionario, ya jubilado e íntimo de un familiar, que el hermano del “empresario modelo” era poco menos que un inútil “hijo de papá”, por lo que no creo que sirviera para los conjuntos “negocios estafa”, pero ¡nunca se sabe! “las apariencias engañan”. ¡De casta le viene al galgo! Primera de las grandes fábulas de la Barcelona Democrática, alimentadas al dictado de los corruptos por la corrupta y subvencionada o comprada Prensa barcelonesa.

Y la gran Burbuja Inmobiliaria (el vaciado de caixas tipo Caixa Catalunya de Narcís Serra) causa de la presente Crisis, que arrancará con fuerza por los años 2000, necesita más “piernas” que “cerebros”, pues para dirigir se bastan los citados entonces cuatro insignes jefes o capos de CIU (Pujol-Mas) y PSC (Serra-Maragall). El turbio mundo de las recalificaciones de por ejemplo Diagonal Mar, donde como se demuestra en el actual juicio pendiente de sentencia, caso Hacienda de Barcelona, los dobles y triples precios de terrenos antes y después de la recalificación fueron moneda corriente. Y si por el juicio sabemos algunos de los “hombres de paja” (el muerto en extrañas circunstancias en Panamá John Rosillo) jamás sabremos quienes se repartían las diferencias en negro, pues según la propia fiscalía no se comprobaron los talones y dinero por expresa negativa bancaria ¿¿??. Igual sucedió en el caso Consorcio. La más suculenta de la recalificaciones, caso Macosa 1988, asciende a ¡12.000 millones! ¡y las hay a docenas antes y mucho después de la Barcelona Olímpica donde Generalitat y Ayuntamiento actúan perfectamente coordinados! Ver mis comentarios sobre el juicio en www.lagrancorrupcion.blogspot.com


“de jefe de la unidad técnica de seguimiento de régimen económico-administrativo de los entes locales de la Dirección General de Administración Local.”

“responsable de la unidad técnica de seguimiento de régimen económico administrativo de los entes locales de la dirección general de Administración Local.”

Apostaría que en la actualidad el jubilado Antonio de la Rosa Martí cobra el máximo de jubilación por antiguo funcionario de alto nivel del Ayuntamiento de Barcelona, traspasado con excedencia a la Generalitat; al igual que siempre he maliciado que su padre Antonio de la Rosa Vázquez (clases pasivas por Abogado del Estado) lo haría desde 1998, cuando su hijo Antonio, con quien dicen convivía, pidió y obtuvo de una sospechosa Sala de Justicia, presidida por el magistrado Fernando Pérez Máiquez “inquilino” de Juan Piqué Vidal y futuro comprador del piso a precio de ganga, la prescripción de sus delitos sin la preceptiva presentación. El padre Antonio falleció en Barcelona en el 2004. ¡Roban y prevarican hasta la muerte!
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LA COSA NOSTRA DE LA CASTA POLÍTICA, UNA VERSIÓN DESDE LA LEGALIDAD QUE APOYÁNDOSE EN LA DEMOCRACIA NOS ROBAN LEGALMENTE, ASI VA ESPAÑA, LOS POLÍTICOS ROBANDO, LOS SINDICATOS MIRANDO PARA OTRO LADO CON LA MANO ABIERTA, LA FISCALIA DEL GOBIERNO PARTIDISTA, EL PRESIDENTE BONO ACOSTÁNDOSE CON EL POCERO,LA JUSTICIA SOLO PARA LOS POBRES, ESTO SÍ QUE ES UNA MAFIA.


Está comprobado que los millones de msn, correos, vía móvil e Internet ha logrado exasperar a los políticos de este país. No ha sido el reconocimiento de la crisis lo que les ha llevado a bajarse el sueldo, bajada testimonial y ridícula, sino la entrada en sus medios de comunicación de correos como el que ha circulado por el país, millones de ellos con su mensaje de INDECENTE han goleado día y noche la coraza ,mejor decir, la cara dura, de unos políticos que estiman a Las Españas como dominios donde ejercer sus derechos de clase aristócrata.

Hay que seguir denunciando y dar curso a todos estos mensajes que les pongan en evidencia.

¿Por qué un diputado con tan solo siete años de ejercicio, ya opta a la jubilación con todos sus derechos y un trabajador necesita 35 años?

Pues hay más cosas por las que denunciarlos:

Ser político es un chollo con privilegios al alcance de ellos y sus herederos. Un círculo de alrededor de 80.000 personas cerrado y opaco.

TODOS TENEMOS QUE SABER:

1.- Con lo que gana Rajoy en un mes, una pensionista con cuatro hijos vive durante dos años y medio.

2.- Tal es el descontrol, que en España no hay ni una sola institución que conozca cuántos políticos cobran del Estado.

3.- Un español tiene una pensión máxima de 32.000 euros anuales, pero los políticos tienen derecho a pensiones vitalicias muy superiores. 74.000 euros en el caso de los primeros espadas de La Casta. Además estas pensiones no son incompatibles con otros sueldos de la Administración o con otras actividades económicas. Un diputado o senador tiene que estar sólo siete años en el cargo para optar a la pensión máxima, mientras que un trabajador autónomo o por cuenta ajena necesita 35 años cotizados.

4.- La retención de las nóminas de diputados y senadores es sólo del 4,5%

5.- ¿Sabía usted que paga de su bolsillo las multas que la DGT impone a los políticos? ¿Y que además las paga con recargo?

6.- ¿Viajes innecesarios? Una comisión del Congreso pide permiso para que 60 diputados viajen cuatro días a Canarias a estudiar el cultivo del plátano.

7.- Zapatero es el único presidente de la UE que carga sus gastos vacacionales a los presupuestos estatales. Viaja con 100 personas durante tres semanas.

8.- AZNAR, JOSÉ MARÍA: es el único ex presidente del Gobierno que ha solicitado el sueldo vitalicio que supone sentarse en el Consejo de Estado: 74.000 euros anuales. Nómina que pretendía sumar a la de ejecutivo del magnate de la prensa Rupert Murdoch. Se lo denegaron pero le salió rentable. Aznar renunció por un sueldo de 220.000 euros al año, tres veces más de lo que cobraba como consejero de Estado. [Resulta difícil cifrar, como en el caso de otros ex presidentes, cuánto dinero suman sus actividades privadas y públicas].

9.-ABSENTISMO: no existen datos oficiales sobre la falta al trabajo de los políticos o al menos no se han h! echo públicos.

10.-AVIONES: los diputados pueden utilizar a su antojo con cargo a las arcas del Estado aviones, trenes o barcos. Disponen de 5.000.000 de euros al año para viajes.

11.-BONO, JOSÉ: entre sueldo y complementos, el presidente del Congreso cobra13.856 euros al mes: 3.126 por diputado, 3.605 como complemento, 3.915 para gastos de representación y 3.210 de libre disposición. Las dos últimas partidas suman más de 6.000 euros mensuales para comidas, regalos y actos de protocolo. Todo este dinero sin contar las indemnizaciones previstas por ley para sufragar «gastos que sean indispensables para el ejercicio de su función».

12.-BOTELLA, JOSÉ: el cuñado de José María Aznar fue fichado en Bruselas, desde las oficinas del PP en esa capital. En el tribunal que lo examinó para funcionario estaba un miembro determinante, Gerardo Galeote, que presidía la delegación popular en Europa. En menos de dos años el hermano de Ana Botella se! blindó con un sueldo europeo para toda la vida.

13.-CALDERA, JESÚS: el ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales recibe 6.319 euros mensuales por su escaño en la cámara baja, donde redondea su sueldo como vocal de la Diputación Permanente y presidente de una comisión. Cuando era ministro subió el salario mínimo a 600 euros. Cuatro años después, su sueldo es 10 veces superior a esa cifra, que recibe simp! lemente por no abrir la boca. Caldera no ha presentado ni una sola iniciativa ni ha intervenido en el Congreso desde que comenzó la actual legislatura. Al final, cobró en 2009 más de 120.000 euros por los servicios prestados.

14.-CARGOS: Hay 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán.

15.-CASTIGO: nunca se ha sancionado a ningún político por incumplir el Código del Buen Gobierno, que se supone que controla las buenas prácticas del Ejecutivo.

16.-COCHES: el lujo de muchos dirigentes autonómicos les lleva a sentar sus posaderas en automóviles de más de 100.000 euros. Gallardón, el alcalde de Madrid, se mueve en un Audi A8 de 591.624 euros. Fue contratado en arrendamiento hasta 2011, así que el alcalde gasta 150.000 euros al año del bolsillo de sus ciudadanos para moverse por la ciudad y alrededores. Catorce de los 17 presidentes autonómicos usan Audi. El valenciano Francisco Camps tiene varios a su disposición (esa comunidad dispone de 200 vehículos para sus altos cargos, la mayoría de ellos Volvo S80, de 40.000 euros), lo mismo que sucedía con Chaves en Andalucía, cuyo Gobierno cuenta con 234 coches oficiales.

17.-CHAVES, MANUEL: cobra al año 81.155 euros por ser ministro más una indemnización de 46.000 al año por abandonar la presidencia de Andalucía. O sea, 127.155 euros anuales. Dos sueldos del Estado compatibles sólo para altos cargos. Para los demás españoles está prohibido por ley.

18.- DESPILFARRO: el Congreso gasta cada año 160.000 euros en regalos navideños. 11.000 cargos públicos reciben obsequios por esas fechas, un gasto quesuma al año 2.200.000 euros.

19.-DEUDAS: cada español debe a los bancos 566 euros por la deuda de los ayuntamientos.

20.-DESCONTROL: es tal en la administración de fondos públicos que en España no hay ni una sola institución que conozca cuántos políticos cobran del Estado.

21.-DIETAS: los parlamentarios que no viven en Madrid reciben, además del sueldo, otros 1.823 euros al mes por sus supuestos gastos de manutención y alojamiento. Los locales, 870 para gastos, libres de impuestos. La suma de estos sencillos complementos supera el sueldo de 12 millones de ciudadanos. Además, cobran 150 euros cada día si salen al extranjero, y 120 si viajan por el país.

22.-ENCHUFADOS: hasta hace tres meses, cada eurodiputado disponía de 17.140 euros al mes para contratar a familiares. El ex presidente del PP de Cataluña y vicepresidente de la cámara europea, Alejo Vidal-Quadras, puso en nómina! como secretario en Bruselas a Albert Fuertes, hermano de su esposa. Y el eurodiputado cacereño del PP, Felipe Camisón (fallecido en mayo de 2009) contrató a su cónyuge como asistente, al igual que hizo la también diputada popular Cristina Gutiérrez-Cortines con su hija. Y lo mismo hizo el socialista Enrique Barón con la hija de un militante afín. [En la actualidad, los familiares directos han sido eliminados de las plantillas de los diputados españoles. Sin embargo, los parientes de sangre han sido reemplazados por personal próximo al partido].

23.- FUNDACIONES: 52 políticos nacionales ocupan cargos en 74 funda! ciones distintas: 31 por el PSOE, 28 por el PP y 4 por el resto de grupos. La conservadora Soledad Becerril parece la más activa: es miembro del patronato de seis fundaciones. No todas tienen un marcado carácter político.

24.-GUERRA REINA, ALFONSO: hijo del ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Fue elegido a dedo como asistente del vicepresidente del Parlamento Europeo, el socialista Miguel Ángel Martínez. Más de 140 millones al año se van en sueldos de 1.200 recomendados. Con ese dinero se podrían mantener los servicios de una ciudad española de 115.000 habitantes durante un año.

25.- HACIENDA: la retención de las nóminas de los diputados y senadores es sólo del 4,5%.

26.-HORAS EXTRAS: en 2008 el Gobierno de La Rioja pagó 200.000 euros extras a sus conductores. Realizaron 870.182 kilómetros, unos 2.300 al día, lo suficiente para cruzar tres veces España de este a oeste. Un gasto curioso ya que es la comunidad más pequeña del país y que su población es inferior a la de cualquier ciudad dormitorio de Madrid. El uso de coches oficiales para asuntos particulares es una práctica tan común como soterrada.

27.-IBARRETXE, JUAN JOSÉ: el ex lehendakari del Gobierno vasco recibe unos 45.000 euros al año, la mitad de lo que ingres! aba cuando era presidente. Y lo cobrará de por vida, igual que todos los miembros de su ejecutivo. Este tipo de jubilaciones están muy por encima del límite legal para el resto de los españoles, que no pueden cobrar más de 32.000 euros anuales, por mucho que hayan cotizado toda su vida.

28.-IMPUESTOS: un ciudadano, por ejemplo, de Madrid sustenta con sus impuestos el salario de 27 concejales, 120 parlamentarios de la Asamblea madrileña, 264 senadores, 350 diputados nacionales y 54 del Parlamento Europeo. ! En total, 815 cargos electos con un sueldo base que supera los 3.000euros. Y sin contar los puestos de confianza que arrastra cada uno.

29.-JUBILADO DE ORO: tras abandonar el FMI, Rodrigo Rato regresó a España con una! pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales. Sumados al sueldo de ex ministro, en 2006 percibía 37.070 euros mensuales. [Un español necesita cotizar al menos 35 años, 15 con la base más alta, para poder cobrar la jubilación máxima de 32.000 euros al año].

30.-MARISCADAS: no hay límite legal para las comidas de representación de los políticos españoles. Tampoco hay fiscalización previa a la hora de compra! r jamón, champán o puros de alta cava. Ejemplo descontrol es el socialista valenciano Vicent Costa. Acababa de perder las elecciones municipales a favor del PP, pero seguía siendo alcalde en funciones. Y como tal se gastó casi 500 euros del dinero público en gambas, cigalas, langosta, navajas, jamón y caldereta. Una buena despedida.

31.-MÓVILES: los senadores cuentan con 1,7 millones de euros al año para gastos de teléfono. El ayuntamiento de San Lúcar de Barrameda tenía 270 dados de alta. Entre los servicios! que pagó figuran descargas de juegos, llamadas a Cuba y a varias líneas eróticas.

32.-MOROSOS: los miembros de La Casta invirtieron 66,6 millones de euros en la celebración de las elecciones general de 2008. De ese dinero, 44 millones fueron prestados por bancos españoles para financiar campañas publicitarias megalógamas. Las mismas entidades que ese año de crisis embargó las casas a 60.000 familias por falta de liquidez. 180.000 personas se quedaron sin techo. Sin embargo, los partidos de La Casta deben a los! bancos 144,8 millones de euros.

33.-NEGOCIOS: sólo el 33% de los diputados del Congreso se dedica en exclusiva a su labor política. El resto engorda sus cuentas corrientes con la participación en empresas privadas, fundaciones y colaboraciones varias. Algunos, como el diputado del PP Miguel Ángel Cortés, aglutinan hasta 12 actividades extraparlamentarias.

34.- NÓMINAS: los sueldos de los políticos electos (80.000 miembros de La Casta, que llenarían un estadio como el del Real Madrid) cuestan a los ciudadanos unos 720 millones de euros al año, más que el presupuesto anual de toda la red ferroviaria, tres veces superior al dinero dedicado a cuidar el patrimonio nacional y 60 veces más que lo que gasta el país en salud bucodental para jóvenes.

35.- PAJÍN, LEIRE: en 2000 se coronó como la diputada más joven de España. Ocho años después, con 33 de edad, ya tiene derecho a una indemnización de 85.000 euros anuales del Estado. Recibe 5.500 euros al mes por su trabajo al frente del PSOE, tiene derecho al 80% de su sueldo como ex secretaria de Estado de Cooperación, 103.000 euros anuales con todos los complementos, a lo que hay que sumar 3.126 como senadora.

36.-PENSIÓN DE ESCÁNDALO: los ex ministros mantienen durante dos años unapensión por cese de 58.000 euros anuales, cifra seis veces superior a la pensión media española. En la actualidad, cuatro ex ministros compatibilizan ese dinero con el sueldo de diputado: José Anton! io Alonso, Fernández Bermejo, María Antonia Trujillo y Jesús Caldera.

37.-PROSTITUTAS: el concejal de Palma de Mallorca, Rodrigo de Santos, gastó más de 50.000 euros en prostitutos y bares de ambiente. En Estepona, varios miembros municipales están siendo investigados por cobrar 42.000 euros a una red investigada por la Audiencia Nacional para abrir un local de alterne. En 2002, el ex alcalde de Dolores (Alicante) fue condenado a seis meses de prisión por abonar la factura de un local de altern! e, al que acudió con siete comensales.

38.-REGALOS: no hay una ley concreta sobre los obsequios que pueden aceptar o no los políticos. En EEUU, por ejemplo, pasan al Estado. Condolezza Rice recibió el año pasado en sus viajes oficiales joyas por valor de 360.000 euros. Aquí nadie tiene obligación de declararlos. Se pueden quedar con ellos. Sin más.

39.-SOLBES, PEDRO: tras dejar la política en abril de 2009, el ex ministro de Economía se encontró con un retiro de unos 12.000 euros mensuales (una pensión de 2.725 euros por ser funcionario, su pensión vitalicia como ex comisario europeo y otros 5.700 al mes como compensación, durante dos años, por ex ministro). A Solbes, pues, le esperaba una jubilación cinco veces mayor que la de cualquier español.


40.-SECRETOS: el oscurantismo sobre los gastos llega al absurdo. El Parlamento Europeo cuenta con una Oficina de Lucha Contra el Fraude (OLAF, por su siglas en inglés). Sin embargo, sus informes son confidenciales y su contenido completo sólo es conocido por los parlamentarios. Los votantes pueden saber de las buenas acciones de los políticos, pero sólo La Casta conoce datos sobre el fraude.

41.-SIN LÍMITES: cada parlamento autonómico, diputación o ayuntamiento fija el sueldo de sus cargos electos sin límite ni baremo alguno. José Bolarín, alcalde de Ulea (Murcia), con 900 habitantes, cobra unos 4.000 euros. El de Ricote, cerca del pueblo anterior, se lleva 40.000 al año en una población que no alcanza los 1.300 vecinos. Y la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, cobraba más que el presidente del Gobierno: 84.462 euros al año en un ayuntamiento que estaba en bancarrota.

42.-TAXIS: la comodidad de sus señorías para hacer su trabajo es tal que el Congreso regala a los que no disponen de coche propio una tarjeta personalizada con un saldo de 250 mensuales para que viajen en taxi por Madrid.

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Contra Rajoy (2º asalto)

José Antonio Zarzalejos -

Permítanme un argumento personal para acreditar un reconocimiento hacia Francisco Álvarez Cascos. Vivo en Madrid y, desde hace muchos años, tengo una pequeña casa en el Oriente asturiano. Gracias a su gestión en el ministerio de Fomento hoy se llega desde la capital de España a ese concejo de Asturias conduciendo un vehículo ininterrumpidamente por autovía. En otras palabras: Cascos, al frente de la vicepresidencia del Gobierno, primero, y de Fomento, después, fue un gestor eficiente que miró por su tierra de manera muy particular. Pero su eficacia se produjo -he aquí el meollo de la cuestión- bajo la autoridad de José María Aznar, única persona a la que Álvarez Cascos ha mostrado un permanente respeto y una constante fidelidad. Más allá de Aznar, el ex secretario general del PP no reconoció autoridad alguna ni sometió a comedimiento su explosivo e insoportable autoritarismo temperamental. Y lo mismo que trabajó por mejorar las infraestructuras asturianas, Cascos fue directamente responsable de la crisis del PP en 1998 provocando una escisión -la encabezada por Sergio Marqués con la Unión Renovadora Asturiana (URAS)- y de los enfrentamientos internos posteriores que han llevado a Gabino de Lorenzo, alcalde de Oviedo y otrora casquista, a considerar al ex secretario general de su organización como “un rompedor de partidos”.

Cómo se fue y cómo quería regresar

Por lo demás, la forma en que en 2004 hizo mutis por el foro fue tan abrupta y arbitraria -sin encomendarse ni a Dios ni al diablo- como intempestiva y caprichosa ha sido la manera en que ha querido regresar seis años después. Para lograrlo, en vez de negociar, pactar y persuadir, ha exigido ser aclamado como líder indiscutible del PP asturiano después de haber trasladado por despecho su filiación al partido desde Gijón al distrito madrileño de Chamberí, no participar en el Congreso ordinario del PP de Asturias de 2008 -que eligió una nueva dirección- y expresar a quien le ha querido oír toda clase de críticas y descalificaciones a la dirección popularactual del Principado, de la que pretendía prescindir exigiendo a Rajoy y a la dirección nacional del partido la convocatoria de un congreso extraordinario. La inviabilidad de sus pretensiones, que hubiesen requerido decisiones arbitristas y anti estatutarias, la ha entendido Cascos como una desafección irreversible, a tal punto de apearse del PP y confrontarse con él en el territorio asturiano.

María Dolores de Cospedal, en tanto que secretaria general de la organización, ha tenido fuertes encontronazos con Cascos, no sólo a cuenta de sus desmedidas pretensiones, sino con relación a otros temas delicados como el del ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, muy vinculado al asturiano. De ahí que el desencuentro entre Cascos y la dirección nacional del PP no se reduzca sólo al contencioso de Asturias.

Cascos es un jugador de mus que siempre envida por el órdago a la grande. Es un hombre de todo o nada. Si estas características personales tan inflamables se combinan con los modelos de decisión de Rajoy, era prácticamente imposible evitar este desenlace.

Por más que determinados medios auguren -con una inmediatez demoscópica inverosímil para ser creíble- que un presunto “partido de Cascos” ganaría las elecciones en Asturias, lo cierto es que es más el daño que se ha auto infligido el ex secretario general del PP que el beneficio que podría obtener con una representación parlamentaria en el Principado. Porque, aun obteniendo un buen resultado a costa de que el PP perdiese la oportunidad histórica de regresar al Gobierno de Asturias en unos comicios en los que ya no se presenta el incombustible socialistaÁlvarez Areces, Cascos se ha excluido de un futuro en la organización acorde con su trayectoria y circunstancias actuales. Amonestar a la dirección nacional de los populares por una supuesta falta de modos y maneras en el tratamiento de las pretensiones del ex vicepresidente es tanto como desconocer que Cascos es un jugador de mus que siempre envida por el órdago a la grande.Es un hombre de todo o nada. Si estas características personales tan inflamables -que cursan, además, con una visión autoritaria y hermética del ejercicio del mando- se combinan con los modelos de decisión de Mariano Rajoy, era prácticamente imposible evitar un desenlace como el acontecido.

El arsenal crítico contra Rajoy

Pero Cascos, en su visceralidad, dispone de instinto político. Y sabe que su papel aquí y ahora -a la espera de montar una estrategia electoral en Asturias- es hacer pagar a Rajoy lo que considera una afrenta. De esa manera, en apenas una semana, el ex secretario general del PP se ha convertido en el banderín de enganche del arsenal argumental crítico contra Mariano Rajoy en un nuevo intento de deteriorarle, subsiguiente al que se produjo en 2008 en el Congreso de Valencia. Entonces, Cascos, Aguirre, Mayor y algún otro dirigente (Zaplana y Acebes, se retiraron del escenario, el segundo con un señorío que le ennoblece) no pudieron o no quisieron dar la batalla al sucesor de Aznar y, con una reticencia invencible que llega hasta el día de hoy, asumieron su liderazgo sin dejar de cuestionarlo bisbiseándolo en los pasillos y en los envenenados off the record con los medios que estuvieron en sintonía con el intento de derrocamiento del gallego tras las últimas generales. Ahora -caretas fuera- Cascos cuestiona abiertamente la idoneidad del presidente del PP. Buen conocedor del partido que acaba de abandonar, ha recogido los argumentos de los críticos a Rajoy y los está sembrando cuidadosamente para que crezcan ferazmente.

Primer argumento: el presidente nacional del PP es un holgazán político, de tal manera que “no se gana esperando en un sillón el tsunami de los votos”. Puede que la táctica de Rajoy no entusiasme, pero habrá que esperar a las elecciones. Las encuestas de modo constantes le son favorables. Cuando él era secretario general del PP, su partido necesitó tres intentos para colocar a Aznar en la Moncloa y lo consiguió en 1996 por solo 300.000 votos de diferencia después del despliegue de una oposición hiperactiva contra un González al que le caían chuzos de punta. Habrá que darle al gallego iguales márgenes de confianza que antaño.

Segundo argumento: Rajoy no es como Aznar porque con él “siempre se facilitó el debate en el seno del partido y jamás se toleró una desconsideración con nadie y menos con un militante”. Que se lo pregunten a Alejo Vidal Cuadras, que fue decapitado por Cascos para hacer posible el Pacto del Majéstic con CiU y al que el ex secretario general del PP prohibió volverse a presentar como líder de la formación en Cataluña, o al propio Sergio Marqués, expulsado del partido manu militari. En cuanto a “desconsideraciones” es mejor no hurgar en la hemeroteca. Sus enfrentamientos con los periódicos asturianos -primero con El Comercio de Gijón y ahora con La Nueva España de Oviedo- revelan un peculiarísimo modo de relacionarse con los medios de comunicación.

Tercer argumento: en el PP no hay democracia interna. Puede ser que, efectivamente, no la haya. Pero tampoco la había cuando Cascos era secretario general de la organización o, si la había, era de la misma calidad que la actual, sin olvidar que Rajoy fue designado sucesor, primero por Aznar y, luego, ratificado en 2008 en el Congreso de Valencia y la dirección asturiana del PP, igualmente elegida por los delegados de su congreso ordinario.

Un favor al PSOE

Pese a que los argumentos contra Rajoy sean perfectamente discutibles y a que Cascos resulte el menos indicado para esparcirlos, suenan a música celestial a los dirigentes popularesque hasta el momento no habían podido verbalizar de forma pública y contundente estas críticas de las que participan -en algunos casos, fervorosamente- desde hace ya años. El contratiempo para los dinamiteros de Rajoy es que sus cargas explosivas -lanzadas por un Cascos en clara huida hacia ninguna parte- detonan a destiempo, demasiado tarde, cuando la delantera del PP sobre el PSOE resulta prácticamente irreversible y cuando el propio Rajoy ha constituido discretamente unos cuadros de mando en el partido -tanto en Madrid como en las comunidades autónomas- que se han instalado en la conducción de la organización y a los que el tronante Álvarez Cascos no les impresiona. ¿Llegará la crítica del ex secretario general del PP a permear en el electorado potencial más duro del PP? Es posible pero improbable.

Quienes aprovecharán el aquelarre casquista serán, sin duda alguna, los socialistas, a los que el ex general-secretario ha surtido en abundancia de una mercancía muy efectista y resultona en los mítines y alegatos. Triste rendimiento el que va a ofrecer esta segunda parte -fuera de tiempo ya- de la ofensiva contra Rajoy que, por una parte, confirma que su sistema de toma de decisiones (consistente en demorarlas e, incluso, en no tomarlas) sigue alterando el patio popular, y por otra, que, por fin, el gallego se consagra como más líder al disponer de un enemigo público de cierta talla. Hasta el momento, en su “normalidad”, Rajoy carecía de enemigos declarados (tiene muchos en estado de latencia); ahora, Cascos le da categoría y dimensión convirtiéndole en diana de sus invectivas. Ventajas y desventajas, activo y pasivo, necesidad y virtud de una crisis que no será ni tan apocalíptica como quisieran algunos, ni tan venial como gustaría en la calle Génova, por más que el errado en este asunto parece que es Francisco Álvarez Cascos.

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La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, comparece en la Comisión de Exteriores del Congreso. /EFE

Sanidad alteró las pruebas del MIR para colar a médicos extranjeros sin convalidación


Decenas de facultativos dominicanos se presentaron a los exámenes como si fuesen miembros de la Unión Europea. Ya hay 22 personas implicadas en el escándalo por la Policía Judicial. El socialista Puche Oliva les facilitó los NIE para el examen. Trinidad Jiménez era ministra de Sanidad cuando se produjeron las irregularidades.

José Luis Cervero. Madrid

Un total de 27 médicos dominicanos llegados a España entre 2008 y 2010 ejercen como facultativos en distintos centros de salud de Murcia, Cuenca y Alicante sin poseer la titulación de Medicina Familiar Comunitaria ni haber superado el examen de MIR (Médico Interno Residente). Tampoco presentaron su título universitario extranjero para ser homologado por el Ministerio de Educación español, tal y como exige la vigente ley para poder desempeñar un puesto de medicina general en el régimen general de la Seguridad Social. La Policía no descarta que alguno de estos supuestos títulos universitarios pudiera ser falso, según se desprende de las diligencias previas 772/10 que por supuesto delito de estafa instruye el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia y a las que LA GACETA ha tenido acceso.

Las investigaciones policiales corren a cargo del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Tetuán de Madrid, el Grupo VII de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid y el Grupo I de la Brigada de Extranjería y Documentación de Murcia, coordinados todos ellos por el Grupo I de la UCRIF de la Comisaría General de Extranjería y Frontera.

Estos agentes investigan la situación legal en la que se encuentran los médicos extranjeros que este mismo mes acuden al Ministerio de Sanidad a examinarse para su ingreso como MIR por si fuera irregular. Lo descubierto hasta ahora podría ser la punta del iceberg que pondría a flote la situación en la que se encuentra la sanidad pública española al detectarse que en determinados centros de salud ejercen como médicos de familia licenciados extranjeros sin la suficiente titulación universitaria o por no haber superado el examen MIR y encontrarse en situación ilegal en nuestro país.

De acuerdo con las diligencias judiciales, “se tiene conocimiento de la posible existencia de una red de inmigración dedicada a traer médicos dominicanos con destino a la Comunidad Autónoma de Murcia y que alguno de sus títulos universitarios pudiera ser falso”.

Alterar las normas

En una declaración prestada ante la Policía en calidad de testigo por Elvira García Arias, jefe de servicio de Gestión de Formación Sanitaria Especializada del Ministerio de Sanidad y Política Social, al ser preguntada por el motivo por el cual “en la convocatoria de 2008 (enero 2009) del ministerio hubo solicitantes extranjeros no residentes a los que se adjudicaron plazas que no les correspondían, excediendo por ello el número de plazas fijadas para estos extranjeros (cupo)”, contestó que lo que ocurrió es que “se permitió cambiar la situación administrativa de los ciudadanos extranjeros afectados por el cupo hasta la fecha de la asignación de las plazas”.

Otra de las preguntas que a este respecto formuló la Policía a Elvira García Arias fue en el sentido de que “si ese cambio de situación administrativa estaba permitida en la convocatoria y por qué”, la funcionaria contestó que “no estaba expresamente permitida, pero que se hizo una interpretación abierta de la norma para evitar el mal mayor que para el sistema nacional de salud hubiera supuesto que se quedaran alrededor de 300 o más plazas sin adjudicar”.

Requerida sobre quién autorizó este procedimiento administrativo pese a tratarse de temas previamente reglados por normas, acuerdos entre países y directivas promulgadas por la Unión Europea, Elvira señaló directamente como responsable al subdirector general que estaba ocupando el puesto en esa fecha, marzo de 2009, aunque no recordaba su nombre. En aquel tiempo Trinidad Jiménez dirigía el Ministerio de Sanidad.

Presunta estafa

Según consta en las diligencias judiciales en poder de LA GACETA, todos estos médicos dominicanos que se presentaron en Sanidad como aspirantes a MIR fueron traídos a España tras abonar cantidades de dinero que en algunos casos sobrepasan los 8.000 €. Los organizadores de estas expediciones –una de 49 y otra de 118– de universitarios caribeños a España utilizaron el señuelo de realizar un curso de preparación para el examen, con clases que serían impartidas tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como en la Facultad de Medicina.

Según las diligencias policiales, el encargado de reclutar en Santo Domingo a estos licenciados en Medicina es el ex rector de la Universidad de aquel país,el doctor Diómedes Robles Cid. Por parte española, el jefe de estudios de la Unidad Docente de Medicina Familiar del Servicio Murciano de Salud, el doctor Antonio Martínez Pastor, y Jesús Navarro Caballero, director de la Academia MGI&NEVA.

Siempre según las mismas fuentes, “en noviembre de 2008 y a través de un abogado llamado ‘Campillo’, se reunieron el jefe de la Oficina Única de Extranjería de Murcia (Fulgencio Puche Oliva), y el jefe de estudios de la Unidad Docente de Medicina Familiar del Servicio Murciano de Salud (Antonio Martínez Pastor) porque en Murcia existía un gran déficit de médicos. En la misma [reunión], Antonio Martínez se ofreció para solucionar el problema trayendo médicos del extranjero y preparándoles para el examen MIR en una academia de la capital, que a la postre resultó ser MGI&NEVA, dirigida por Jesús Navarro Caballero, lugar donde el propio Antonio Martínez trabaja dando clases”.

“La primera solicitud de visado –sigue la investigación– fue realizada a mediados de diciembre de 2008 y figuraba la Academia MGI&NEVA como centro donde iban a realizar los estudios, siendo denegada por carecer la misma de homologación. Posteriormente realizan otra solicitud de visado, el día 29.12.08, figurando como centro Formación Profesional San Antolín, que es concedida de manera urgente, comprobándose sólo antecedentes y homologación de centro de estudios, previo informe favorable de la Delegación de Gobierno de Murcia”.

Fulgencio Puche Oliva, actualmente jefe de la Oficina Única de Extranjería de Murcia, fue alcalde del PSOE de Molina de Segura desde 1983 a 1991. La oficina que dirige depende del delegado del Gobierno Rafael González Tovar, médico de profesión.

Los implicados

Veintidós personas han sido hasta ahora imputadas por la Policía en estas diligencias que tramita el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia por los presuntos delitos de estafa, asociación ilícita, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros e intrusismo. Entre ellas se encuentran el subdirector de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y Política Social, Juan Antonio López Blanco, el vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, los tres altos directivos del Servicio Murciano de Salud, Pablo Alarcón Sabater, Fátima Núñez Martínez y Antonio Martínez Pastor, el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Diómedes Robles Cid, el ex director de EXPO-MIRIP, José Ramón Mogorrón y el abogado murciano Fernando Campillo.

Otro de los imputados por el supuesto delito de intrusismo es el médico dominicano Cristián Rafael de León Almanzar, que está cursando estudios en la Academia Militar de Sanidad para ser promovido a capitán de complemento de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas españolas. Este futuro oficial de la Sanidad Militar se encontraba en situación irregular en España cuando la Policía denunció que era uno de los dominicanos a los que el Servicio Murciano de Salud les facilitó trabajo en la Seguridad Social careciendo de la titulación para superar el MIR.

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Los policías del 'caso Malaya' recurrían a Sitel sin pedir antes una orden judicial


Los agentes no cumplen las órdenes del magistrado. “Mírame si este teléfono es de contrato o tarjeta y dónde se encuentra”, pregunta el jefe de la investigación de la trama. “Es de tarjeta y está en Valencia”, le responden.



Roberto R. Ballesteros. Madrid

Las grabaciones realizadas por Asuntos Internos al investigador del caso Malaya no sólo muestran los comportamientos irregulares de la cúpula policial, que facilitó filtraciones de información que estaba bajo secreto de sumario y trasladó datos reservados a altos mandos del Ministerio del Interior. Las conversaciones pinchadas por el Sistema de Interceptación de las Telecomunicaciones (Sitel) ponen de manifiesto cuál era el modo habitual de proceder de los policías que instruían la investigación de la Policía contra el Ayuntamiento de Marbella.

Según una de esas interceptaciones telefónicas, el 7 de julio de 2006 a las 12.53 horas el comisario que dirigía las pesquisas de la Malaya, Valentín Bahut, llama al móvil de un tal Sergio. Bahut le pide que le “mire” un teléfono y que le indique “si es de contrato o de tarjeta y dónde se encuentra”. Se trata de información considerada personal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al mismo nivel que la propia conversación privada, cuyo derecho al secreto de la comunicación viene amparado por la Constitución Española.

Un cuarto de hora después, Sergio le devuelve la llamada a Bahut y responde a sus preguntas. “Es de tarjeta y está en Valencia”, una contestación que debería haber pasado por el filtro judicial, pero que se salta cualquier permiso y se lleva a cabo directamente de policía a policía. Este modo de funcionar evidencia una situación que LA GACETA viene denunciando desde hace más de un año: la falta de una regulación adecuada y la escasa formación técnica de los jueces en relación con las escuchas hace posible que puedan llevarse a cabo abusos sobre Sitel por parte de los policías.

El PP propuso actualizar la cobertura legal de las escuchas en España a través de una ley orgánica, pero el PSOE se opuso en el Congreso y por el momento continúa habiendo una escasa regulación al respecto. Así lo reconocieron dos magistrados del Tribunal Supremo que firmaron un voto particular en febrero de 2010 en el que señalaban que “Sitel es un retroceso en las garantías constitucionales”.

¿Y las cintas?

Las citadas conversaciones telefónicas están incluidas en las diligencias previas 5940/2005 instruidas por el Juzgado número 11 de Málaga, que permitieron a la Brigada Primera de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía intervenir los teléfonos de dos agentes que en esos momentos investigaban la operación Malaya.

En este proceso, el juez ordenó a los policías encargados de la interceptación entregar semanalmente en sede judicial “los soportes magnéticos originales donde se graben las conversaciones”. La petición del magistrado ya hacía ver que el juez aún creía que las grabaciones telefónicas se hacían a través de “soportes magnéticos”; es decir, las tradicionales cintas analógicas.

Muestra esto, por lo tanto, que el magistrado no había sido formado en el funcionamiento del nuevo sistema de grabación (Sitel), que proporciona datos personales asociados a la conversación que permiten vigilar la vida de una persona diariamente, algo que evidentemente desconocía el instructor.

La contestación de Asuntos Internos a la orden del juez resulta igualmente llamativa. Los agentes argumentan que no tienen más remedio que desobedecer la orden “por razones técnicas”. Aseguran que las conversaciones están almacenadas en Sitel y “centralizadas en Madrid”.

La excusa, además de mostrar la facilidad con que los policías burlan la orden, supone un drama para el proceso judicial, ya que el magistrado pierde el control del proceso, que queda en manos de los agentes, según reconocen los juristas consultados. Hoy por hoy continúa sin funcionar la firma electrónica ni existe un certificado digital que garantice que lo que luego se envía al juez es lo que se grabó.

Al estar digitalizadas en el ordenador central de Sitel, las conversaciones telefónicas previamente intervenidas por la operadora se almacenan como cualquier otro archivo electrónico, que por lo tanto resulta fácilmente manipulable. Al igual que cualquier otro archivo digital, se puede copiar, pegar y cambiar con suma facilidad.

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Una empresa pública indemniza 'a dedo' con 238.000 euros falseando la antigüedad

@D.Toledo

No hace mal el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en cortejar a China en beneficio de las empresas españolas. Sin embargo, resulta prioritario que adecente antes su propia casa. Sobre todo cuando en Cofides, empresa estatal cuya misión es financiar proyectos de inversión en el exterior, parece sobrar el dinero. Y es que esa sociedad gastó 238.000 euros en indemnizar a un trabajador al que reconoció de forma arbitraria 15 años de antigüedad, cuando sólo había ofrecido servicios a la empresa durante 12 meses. Esa es al menos una de las denuncias que sobre esa sociedad plantea en su último informe la Intervención General del Estado (IGAE).

“En uno de los despidos, como consecuencia de que a la persona despedida se le reconoció de manera discrecional una antigüedad a todos los efectos de 15 años, hubo de pagársele una indemnización de 238.000 euros, por menos de un año de servicios efectivos en la empresa”, denuncia el documento del IGAE, publicado hace apenas días por el Ministerio de Economía y que analiza las auditorías realizadas al sector público empresarial en 2008. Una queja que essólo la punta del iceberg de una política de despilfarro en materia laboral y gestión de los recursos humanos.

Y es que a esos 238.000 euros deben añadirse las compensaciones desembolsadas por otras rescisiones de contrato tratadas como improcedentes de forma irregular. “Esta empresa ha tramitado todos los despidos como improcedentes, con el consiguiente coste indemnizatorio, cuando la documentación soporte de algunos de ellos acredita causas para despidos procedentes", subraya la Intervención. Anomalías a las que se suma el descontrol a la hora de cubrir vacantes y que hace que la sociedad abone dinero de más, en plena crisis y cuando el Gobierno ha hecho bandera de la austeridad y la necesidad de ajustes en la Administración.

“Un caso singular en la gestión de personal es el de la empresa Cofides, que para cubrir la misma vacante ha simultaneado con varias empresas de selección de personal la selección de candidatos, lo que genera un incremento injustificado de gastos”, denuncia el informe. Y todo para, en determinados ocasiones, no decidirse por ninguno de los aspirantes propuestos por las consultoras contratadas. “Además, en algunos casos, ha terminado contratando a personas distintas a los candidatos seleccionados por las empresas, por lo que los gastos realizados fueron innecesarios”, se remacha.

Cofides fue fundada en 1988 y tres empresas públicas -el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Empresa Nacional de Innovación (Enisa)- atesoran el 61% de su capital social. Completan el accionariado el Santander, el BBVA y el Banco de Sabadell. La sociedad se implica, según asegura, en “proyectos privados viables de inversión en el exterior en los que exista algún tipo de interés español”. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se acordó en noviembre del sector exterior, tres años después de que arrancara la crisis, en parte por el desolador diagnóstico de los principales empresarios del país sobre el posicionamiento de la marca España.

Mala gestión de los fondos

Cofides gestiona por cuenta del Estado los fondos FIEX y FONPYME, creados para financiar proyectos de inversión en el exterior “con independencia del grado de desarrollo del país destino del proyecto”. Y tampoco es que se pueda estar tranquilo a este respecto. La intervención no sólo detecta un “exceso de fondos disponibles respecto de la actividad realizada”, sino que en el caso de los FIEX denuncia “la toma de decisiones con información incompleta y desactualizada, lo que junto a otras deficiencias de gestión, han dado lugar a importantes gastos y pérdidas para el FIEX”.

Además, el IGAE cuestiona el dinero que percibe la compañía por su gestión de esta dotación. “Cofides percibe una comisión por su labor como gestora del Fondo, que se calcula con arreglo a una norma de 1999 cuyos criterios han devenido en obsoletos y perjudiciales para el Fondo, por lo que debería procederse a su modificación”, subraya en su análisis.

Las anomalías detectadas por el organismo dependiente de Elena Salgado también alcanzan a los concursos públicos. La auditoría exige una “una mejor y más detallada publicidad de los criterios de adjudicación” en los mismos, en línea con las recomendación efectuadas a otros organismos como Loterías del Estado o la Fundación ICO. La Intervención recuerda que fijar de forma imprecisa los criterios de valoración en un concurso limita la concurrencia e insiste en que “los pliegos que recogen los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación deberían incluir también los métodos de valoración concreto de dichos criterios”.

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Zapatero, rey de los estuardos

Carlos Sánchez

Uno de los momentos estelares de la humanidad -que diría Stefan Zweig- se produjo en 1688. Aquel año fue derrocado el manirroto (y cruel) rey inglés Jacobo II por una confluencia de conspiradores que se rebelaron contra el poder absoluto del monarca.

La Revolución Gloriosa se recuerda como el nacimiento del parlamentarismo y el ocaso de un sistema de gobierno que permitía al soberano gastar ingentes cantidades de dinero sin control alguno, la mayoría en guerras inútiles. Desde entonces, los sistemas democráticos han pretendido con mayor o menor fortuna hacer valer el viejo principio: No taxation without representation. O lo que es lo mismo, no hay impuestos sin democracia. Quien paga manda, que diría un castizo.

Los gobiernos están obligados a presentar cada año sus cuentas anuales y a revelar en qué gastan el dinero de los contribuyentes. Pero a medida que ha progresado la democracia, los sistemas de control se han perfeccionado, aunque también habría que decir que en otros casos se han envilecido. La fragmentación del poder -al menos en teoría- ha pretendido crear un sistema de representación política que exige la existencia de contrapoderes capaces de neutralizarse mutuamente en el ejercicio de sus funciones. Precisamente, para evitar que uno sólo o varios de ellos configuren un sistema oligopolístico.

No es desde luego el caso de España. La tendencia a la concentración del poder en manos de unos pocos ha desvirtuado tanto el sistema democrático que bien podría decirse que estamos ante una especie de partida de mus en la que apenas caben cuatro jugadores.

La hiperrepresentación de los partidos políticos ha acabado por configurar un panorama desolador. El funcionamiento de las cajas de ahorros (la mitad del sistema financiero), de las empresas y sociedades públicas, de las universidades, de los órganos reguladores, de los tribunales, de las instituciones culturales y hasta la elección del último concejal del pueblo más pequeño está condicionado de manera determinante por decisiones que se toman en Ferraz o en Génova, los últimos herederos de la dinastía Estuardo. Aquella que fue derrocada por el avance de la Revolución Gloriosa.

Los elevados endeudamientos, por lo tanto, no son sólo un problema de naturaleza económica -lo más evidente-, sino que además inciden en el corazón del sistema democrático.

Hete aquí, sin embargo, que la presión de los mercados ha obligado a algunos gobiernos a ‘desnudarse’. Y eso ha permitido conocer con toda su crudeza información estadística que en otro contexto hubiera costado años y hasta varias preguntas parlamentarias. El Tesoro Público, por ejemplo, ha tenido que reconocer en la página 51 de este documento que este país está endeudado hasta el año 2041, lo cual pone de relieve hasta qué punto decisiones de gasto que se toman hoy condicionan el futuro de los ciudadanos. No sólo el más inmediato sino también el más lejano.

La cuantía de las deudas a pagar ese año no es, desde luego, irrelevante. Dentro de tres décadas habrá que devolver más de 22.000 millones de euros que el Estado ha tenido que pedir prestado a los mercados para mantener artificialmente un nivel de vida de sus ciudadanos que ahora se desmorona por culpa de un sistema productivo agotado. Otros 18.000 millones habrá que devolverlos en 2037 (capital e intereses), y así hasta los 537.559 millones de euros -la mitad del PIB- que es lo que debía el Estado (sin contar administraciones territoriales o empresas públicas) hasta el pasado 30 de noviembre.

El hecho de que un gobierno pida dinero a tan largo plazo no es necesariamente equivocado. En algunos países hay incluso emisiones a 50 años. Tampoco yerra quien hace presupuestos plurianuales, lo que es coherente con la necesidad de realizar grandes inversiones que necesariamente no se pueden pagar en un solo ejercicio. Pero al margen de estas consideraciones lo que es evidente es que el endeudamiento a largo plazo más allá de lo razonable exige renovar en cada momento el contrato social intergeneracional. Claro está, si lo que se pretende es gobernar de forma democrática. Y en este sentido, parece que este principio se ha roto con la existencia de altísimos endeudamientos a muy largo plazo que hipotecan la capacidad de maniobra de los futuros gobernantes.

El caso del ayuntamiento de Madrid es el más evidente. El alcalde Ruiz-Gallardón ha dejado a su sucesor (probablemente él mismo) un agujero de 7.134 millones de euros que deja sin margen de maniobra alguno a futuras administraciones, lo cual es profundamente antidemocrático. Su caso no es desde luego el único. Como ha puesto de manifiesto el historiador Harold James, el proceso de endeudamiento desmedido evoca a la última revolución financiera, que rompió el vínculo entre gobiernos representativos y finanzas públicas. Los gobiernos echaron mano de derivados e instrumentos financieros opacos para camuflar la verdadera dimensión del gasto público, lo cual denigra los sistemas de control parlamentario.

Los elevados endeudamientos, por lo tanto, no son sólo un problema de naturaleza económica -lo más evidente-, sino que además inciden en el corazón del sistema democrático. Pero no parece que esto preocupa. El Gobierno Zapatero, con una exigua mayoría parlamentaria que le exige gobernar a salto de mata, llevará la deuda pública a niveles históricamente elevados que deja sin herramientas de política económica a futuros ejecutivos.

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