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«Caso Faisán»: La encrucijada del juez Ruz

Tras ser desautorizado por el Pleno deberá dar un giro a la investigación si no quiere ver el caso abocado al archivo

Ruz está a la espera del auto del Pleno para retomar la instrucción

MADRID- ¿Cómo retomar una investigación contra tres imputados que ha sido desvirtuada por tus propios compañeros? ¿Dónde encontrar nuevos sospechosos cuando se tiene la sensación de que ya se ha hecho todo lo posible para esclarecer los hechos? ¿Cómo justificar el carpetazo a una causa después de afirmar la existencia de un «chivatazo» a ETA que desbarató una operación contra su «aparato de extorsión»? Ésta y otras preguntas similares deben de estar, seguramente, rondando la cabeza del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz desde que 14 magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal dejasen el pasado martes en agua de borrajas sus conclusiones para procesar, por el supuesto soplo a los terroristas, al ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y al inspector jefe José María Ballesteros.
No había más que ver las caras de los miembros del Pleno tras adoptar su salomónica decisión para entender que, como les pasa a los políticos tras las elecciones, todos tenían motivos para sentirse satisfechos.
Todos contentos
Quienes defendían el archivo, al no apreciar la existencia de delito alguno, terminaron avalando una resolución que sólo dejaba una cosa clara: que delito, hubo. Pese a todo, por paradójico que pueda parecer, tenían motivos para esbozar una sonrisa, pues se tomaban el revolcón a la investigación y la revocación del procesamiento como una victoria que deja herido de muerte al «caso Faisán». Este diagnóstico tiene hasta estribillo, que se ha escuchado estos días en algún corrillo parafraseando la famosa cumbia: «Se va el “Faisán”, se va el “Faisán”, se va pa´ la alcantarilla...».
Tampoco los magistrados que pensaban que avisar a ETA de una operación policial, con tregua o sin ella, es un claro delito de colaboración con organización terrorista parecían tener razones para sentirse apesadumbrados. Al tanto de que una mayoría de sus compañeros (exigua, pero mayoría) estaba por la labor de enviar el caso a los juzgados de Irún (el lugar donde se produjo el supuesto soplo) al apreciar únicamente un delito de relevación de secretos, les quedaba el consuelo de que el asunto, al fin y al cabo, seguiría investigándose, contra todo pronóstico, en la Audiencia.
Finalmente, los jueces que se decantaban por descartar el delito de colaboración con ETA, encaminando la causa al País Vasco, se daban por satisfechos con no salir señalados en la previsible refriega mediática. Al no entrar formalmente el Pleno a debatir la calificación jurídica de los hechos (si hubo o no colaboración con ETA) su labor quedaba incólume. La historia de héroes y villanos no se iba a escribir esta vez.
¿Y ahora qué? Ruz no tiene más remedio que seguir investigando. El Pleno, de hecho, le marcará en su resolución algunas pautas para continuar las pesquisas. Pero el propio magistrado tiene la sensación de que ya ha practicado todas las diligencias que debía y que poco más se puede hacer, al menos con respecto a los tres imputados. No obstante, el instructor ha dado a entender que intentará reunir más indicios contra García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros pese al tirón de orejas de la Sala. ¿Una forma de ganar tiempo esperando un escenario más propicio para cerrar el caso tras el 20-N o un esfuerzo sincero por aclarar lo sucedido? El tiempo lo dirá, aunque lo cierto es que, si el juez Ruz no es capaz de aunar más pruebas contra los tres mandos policiales o bien contra nuevos procesados, estará obligado a concluir el sumario sin procesamiento y elevarlo a la Sala, que sería la encargada de dictar el sobreseimiento provisional de la causa (a la espera de que, en el futuro, puedan encontrarse indicios más contundentes). Como siempre, los pronósticos van por barrios. Mientras para unos «el “Faisán” está muerto», otros auguran meses de investigaciones y no descartan, incluso, un segundo auto de procesamiento.
¿Y la Fiscalía? El Ministerio Público, que fue el que impulsó la investigación en un principio, pidió el sobreseimiento en octubre de 2009 para, meses después, concluir que los imputados sólo pudieron cometer un delito de revelación de secretos. ¿Dará ahora el fiscal el paso de pedir el archivo o esperará a que muevan ficha las defensas? Otra incógnita, una más, de las muchas que merodean el «caso Faisán».


PROCESADOS DURANTE SÓLO DOS MESES
Víctor García Hidalgo
Para el instructor, el entonces director de la Policía fue informado por Pamiés en todo momento «del desarrollo y evolución de los acontecimientos». La Fiscalía cree que los indicios contra García Hidalgo son especialmente inconsistentes.
Enrique Pamiés
Según el auto de procesamiento del pasado julio, el jefe superior de Policía del País Vasco es la persona que habría avisado al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, de la inminente operación contra ETA. El Pleno, sin embargo, considera endebles los indicios.
José María Ballesteros
Es el policía señalado por Ruz como el encargado de facilitar a Elosua el móvil a través del cual le dieron el «chivatazo» a las puertas del bar Faisán. Tras la resolución del Pleno, su abogado ha sido el primero en pedir el sobreseimiento de la causa.


En manos de Garzón
Como es sabido, Ruz no tiene plaza en propiedad en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que sigue siendo titular el juez Baltasar Garzón a la espera de que se conozca el resultado del juicio por prevaricación que deberá afrontar antes de final de año a cuenta de su investigación de los crímenes del franquismo. Esa sentencia marcará el futuro de Ruz en la Audiencia. El sustituto de Garzón llegó a su actual destino en julio del pasado año en comisión de servicios. Lo único cierto es que los días de Ruz en la Audiencia están contados. Si Garzón es absuelto, recuperaría su puesto en el juzgado (siempre que no sea procesado por algunas de las otras dos causas en las que está inmerso). Por contra, si es condenado perdería automáticamente su plaza, que saldría a concurso. La juventud de Ruz jugaría en su contra frente a candidatos con más dilatado currículum, por lo que volvería a los juzgados de Collado Villalba.

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