SALGADO PRESIDÍA ENTONCES EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE DEL ANÁLISIS
Dos informes ministeriales obviaron en 2008 y 2009 las presuntas irregularidades en la SGAE
Elena Salgado, ministra de Administraciones Públicas entre julio de 2007 y abril de 2009 (EFE). Sandra Remón
Durante los ejercicios de 2008 y 2009, la SGAE fue el objeto de estudio de dos informes realizados por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, a petición del Gobierno, para valorar la actividad desplegada por las Agencias Públicas y sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.
Dicha agencia, creada a finales de 2006, por iniciativa del entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, “para conocer mejor los efectos y resultados de las políticas y programas públicos, así como para mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía”, evaluó la sociedad de gestión (la SGAE y otras) y remitió los resultados al Congreso de los Diputados, peroen los informes no se vislumbraban las irregularidades en las cuentas que hoy investiga la Fiscalía Anticorrupción dentro de la Operación Saga, entre cuyos detenidos, hoy en libertad con cargos, se encuentra el propio Teddy Bautista.
La ‘Evaluación del Sistema de Gestión Colectiva de los Derechos Establecidos por la Política de Propiedad Intelectual’, realizada en dos fases (2008 y 2009), tenía entre sus objetivos“suministrar valoraciones técnicas independientes, con recomendaciones argumentadas y rigurosas, para que quienes deciden lo hagan en mejores condiciones”.
¿Para qué sirve esta agencia?
Al carecer de carácter de auditoría y sistema de fiscalización, estos informes sólo tienen la función de “evaluar” y analizar la “percepción de la ciudadanía”. Es aquí cuando surge la cuestión de su utilidad. Entre los propósitos de esta agencia se encuentra el de “aumentar la rendición de cuentas respecto a los ciudadanos y la calidad democrática, promoviendo la transparencia y la participación”.
Transparencia; un efecto que pasó desapercibido en los dos citados informes, de los que se destacan, entre otros aspectos, que “el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva esheterogéneo y difícilmente comparable entre ellas porque la diversidad de titulares, derechos gestionados, soportes y canales de comunicación de las obras protegidas condiciona decisiones y políticas gestoras distintas entre las diferentes entidades” o se recogen conclusiones, hoy puestas en entredicho, como que “las funciones básicas de las entidades (la recaudación, entre ellas) se realizan con eficacia, que aumenta con el paso del tiempo y la mayor experiencia gestora de las entidades”.
Según la primera parte del informe realizado en 2008, “la transparencia de las entidades puede considerarse adecuada dado el marco legal en el que desarrollan su actividad” y “los repartos realizados pueden considerarse equitativos. Son objetivos y transparentes”. Ambas conclusiones quedarían desechadas hoy.
El informe, que reconoce que “en España (en 2008) hay un clima adverso hacia los gestores de derechos”, señala que “la regulación de las actividades de las entidades de gestión les otorga una amplia autonomía que ejercitan a través de sus órganos de gobierno competentes para establecer sus procedimientos de funcionamiento”, pero reconoce una insuficiencia de regulación en sus procesos gestores”.
La evaluación, que sentenciaba que existía un predominio recaudador de la SGAE con respecto a otras entidades de gestión de menor capacidad, auguraba que “es previsible que disminuya, conforme aumente la experiencia recaudadora de las otras entidades de gestión”.
“Elevada litigiosidad del proceso recaudatorio”
Otro de los errores detectados en el informe se refería a “la elevada litigiosidad del proceso recaudatorio”, que “complica el eficaz funcionamiento de sus objetivos”.Asimismo, apuntaba que “la intervención de organismos de arbitraje y mediación como la Comisión de Propiedad Intelectual es una alternativa de resolución extrajudicial de estos conflictos”, planteándose “si la centralización de las operaciones de recaudación en una sola entidad aumentaría la eficacia del sistema recaudatorio”.
Sobre el sistema de recaudación, hoy en el ojo del huracán, informaba de que “cuatro de cada cinco euros se dirigen directamente a los titulares de los derechos de propiedad intelectual” (“el euro restante (decía) se aplica bien a cubrir las necesidades de los socios más necesitados o a promocionar la actividad de los socios de una forma colectiva o a financiar las actividades recaudatorias”). Hoy se investiga su destino.
Una mayor transparencia
Por su parte, la segunda fase del informe (2009), afirmaba que “las fundaciones creadas por las entidades para la gestión de los fondos cumplen los requisitos regulados por la Ley de Fundaciones y por el artículo 30 de su reglamento” pero pedía “una mayor trasparencia de los mecanismo de recaudación y asignación (página 128 del informe).
Y, sobre las elecciones a su junta directiva -elegida el pasado jueves, volviendo a dar la victoria a los ‘teddystas’-, recogía el poco interés que suscita a sus socios: “Las formas de elección de los cargos de la Junta y las cuestiones relativas al reparto de poder dentro de las entidades son temas de escaso interés para los asociados, siempre que el funcionamiento sea correcto”. Dos años después, el interés es máximo.
