Amplía la investigación del 'caso Faisán'
El juez ordena identificar qué personas de Interior llamaron en el chivatazo a ETA Los teléfonos pertenecen a la Subsecretaría del Ministerio del InteriorDesde ellos se produjo un intercambio de llamadas con los imputados
Joaquín Manso | Agencias
Los teléfonos son de la Subsecretaría del Ministerio y desde ellos se produjo un intercambio de llamadas con los imputados en la causa.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado en un auto identificar a los usuarios de los teléfonos del Ministerio del Interior que hablaron con los implicados en el chivatazo policial con el que se alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión en 2006.Los tres teléfonos pertenecen a la Subsecretaría de Interior y desde ellos se intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en el denominado 'caso Faisán'.El juez también ha pedido que se amplíe la investigación sobre el tráfico de llamadas de esos teléfonos antes de decidir si cita a declarar o no a sus titulares. Ese tráfico de llamadas se produjo durante el periodo comprendido entre el 4 de mayo de 2006, el día del chivatazo, hasta septiembre de ese año.La identificación de estos usuarios era una de las peticiones formuladas por la acusación popular en esta causa, Dignidad y Justicia, a la que finalmente no se opuso el fiscal, Carlos Bautista, después de que el juez Ruz decidiera el pasado 24 de enero no archivar la causa. Informe ampliatorio En su nuevo auto, el juez considera "preciso aclarar la real significancia de estas llamadas", por lo que pide al equipo conjunto de investigación, dirigido por Carlos G., un "informe ampliatorio" sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa).También les pide que pongan en relación las llamadas realizadas con estos teléfonos con sus anteriores conclusiones y "precisen los motivos por los que fue descartada su inclusión en los anteriores informes de análisis como teléfonos de relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados".Según defendía Dignidad y Justicia, el tráfico de llamadas, que no fue reflejado en el informe que realizó el equipo conjunto de investigación dirigido por Carlos G., pone de relieve que García Hidalgo estuvo en contacto con un número fijo y otro móvil de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, mientras que el jefe superior de Policía del País Vasco contactó con otro teléfono celular de este departamento. Todos ellos, según la asociación, eran números "de seguridad". Cita como testigo a un comisario Ruz también ordena la citación judicial en calidad de testigo del comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), que elaboró un informe en el que defendía que durante el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, Carlos G. "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre".En una entrevista en el Canal 24 horas de TVE, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha dicho que el Gobierno "no tiene ninguna preocupación sobre lo que están averiguando los jueces" y ha apoyado la actuación del Poder Judicial."En un Estado democrático es bueno dejar trabajar a los jueces y no hacer política o pretender desgastes del Gobierno a partir de lo que está ocurriendo en un tribunal de justicia", ha opinado el titular de Justicia, que ha añadido que hay que "respetar los tiempos de la justicia y las decisiones de los jueces".
