Mariluz Alonso y Enrique Morales. Madrid
Los sindicatos mayoritarios han encontrado en los fondos destinados a la prevención de riesgos laborales una fórmula adicional de financiación –que incumple la legalidad–, más allá de las arbitrarias subvenciones de las Administraciones Públicas y las cada vez menores cuotas de los afiliados.
Así lo evidencia el último informe del Tribunal de Cuentas, centrado en la gestión de las partidas de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que no deja dudas de la arbitrariedad, el descontrol y la falta de transparencia y publicidad con la que se manejan los fondos dedicados a evitar los accidentes laborales, que sólo durante los seis primeros meses del año han costado la vida a 275 trabajadores.
